domingo, 23 de noviembre de 2008

Las lecciones de la crisis

Dice un personaje de Alejo Carpentier en La consagración de la primavera que «las batallas se vuelven batallas de verdad, cuando se han ganado o perdido. Entonces cobran un nombre y —si son importantes— pasan a la Historia». Es lo que ocurre con la actual situación económica, que sólo sabremos si es histórica cuando termine, por mucho que pese a agoreros y políticos al uso, innecesariamente empeñados en otorgar calificativos a cual más truculento. Parece como si el juicio de lo hecho hasta ahora dependiera de la magnitud del desastre que pueda avecinarse. Quizá ello tenga que ver con que esta es, seguramente, la primera crisis transmitida en tiempo real, lo que favorece la dramatización e incrementa la alarma del público y con ella la desconfianza. Añádase que en tiempos turbulentos proliferan siempre los profetas del desastre, porque es una actividad fácil, cómoda, en la que no se asumen riesgos y no hay que justificar nada de lo que se dice. Si la evidencia del error obliga a dar explicaciones, siempre es posible interpretar los hechos a posteriori para que quepan en el marco apocalíptico del agorero.

viernes, 14 de noviembre de 2008

Deflactan, luego cabalgamos

Gobierno de Navarra y PSN (esto es, el Movimiento, en versión foral y reseteada) anuncian con evidente autocomplacencia la deflactación (vaya palabro) de la tarifa del IRPF para 2009 en un 2,5%. No deja de sorprender la capacidad de Miranda para decir con toda naturalidad una cosa y la contraria en plazos de días, vendiéndolo, además, como idea propia. Lo hizo con los 400 euros, lo repitió con los Presupuestos Generales del Estado y lo vuelve a hacer ahora. Está claro que este hombre tiene futuro en UPN.

A lo que iba. ¿Qué están anunciando a bombo y platillo? Simplemente, que cumplen con su obligación de gobernar. Más o menos como si Miranda diera una rueda de prensa cada mes para dejar constancia de que ha firmado la nómina del personal de la Administración navarra. La medida acordada no significa reducir impuestos, sino dejarlos como están. Por el contrario, no deflactar la tarifa supone una subida (encubierta y, se presume, menos dolorosa) de impuestos. Luego lo que, en su caso, hubiera debido anunciarse es precisamente la renuncia a la deflactación. Demasiado a menudo da la sensación de que estos gobernantes consideran que las entendederas de la ciudadanía son escasas o que apechuga con cualquier tontería que se le pretenda encasquetar.

Pero el asunto aún da más de sí. En una nueva profesión de fe en su peculiar —por cutre, alpargatera y casposa— noción del keynesianismo, nos salen con que, magnánimos ellos, la reducción de la tarifa no se queda en la inflación prevista sino que añaden ¡un 0,5% más! a fin de aumentar la renta disponible de las familias «para que ahorren, consuman o paguen préstamos» (la cita quizá no sea literal, es lo que se recoge en la prensa, pero me da pudor no entrecomillarla, no sea que parezca mía). Es, dicen, «una nueva medida social». ¿Qué entenderá la gente del Movimiento por «social»? ¿Un sistema sólido de prestaciones sociales y solidaridad interpersonal? ¿Pagar un 0,5% menos de IRPF? Porque los sedicentes socialistas navarros están haciendo todo lo posible para que lo primero sea inviable…

Y es que lo del «regalo» del 0,5% suena a cachondeo, porque se basa en una inflación prevista para 2009 del 2%. De risa. ¿Apostaría Miranda su congeladísimo sueldo de lo que queda de legislatura a una inflación del 2% en 2009? ¿A que no? Porque no se cree esa cifra. Una nueva burla, dar a entender que hay un regalo adicional cuando es muy probable que la inflación esté en 2009 por encima de ese 2,5%. Miranda ha dejado claro este mismo año, con su propio sueldo, la seriedad con que se toma la cifra de inflación prevista.

De este paripé cabe extraer dos conclusiones: la primera, que el Gobierno de Navarra está paralizado, es incapaz de afrontar situaciones críticas y carece de propuestas distintas a las de asegurar el negocio a sus socios en la sombra de tantos años, sobre todo del mundo inmobiliario. La segunda, que necesitan dar pábulo al PSN para que parezca que tiene iniciativas y puede ser un socio eficaz. Ya sólo falta oficializar el noviazgo. A tal fin, si me permiten, propondría una denominación de síntesis para el Movimiento. La unión de UPN y PSN daba UPNPSN. Como el orden de los factores no altera el por otra parte indefinible producto, podemos escribir UPPNSN, esto es, U(PPN)SN. Dado que el PPN voló, lo que nos queda es USN ¿Que qué quieren decir esas siglas? Qué más da. Si hasta ahora no ha importado, no vamos a empezar a preocuparnos ahora…

martes, 4 de noviembre de 2008

El «negro» Obama

Por si alguien no se ha enterado, hoy (hora más, hora menos, no es cosa de andar con pejigueras con los husos horarios) son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América (en México suelen decir la Unión Americana porque ellos también son Estados Unidos). Puestos a elegir, parece preferible Obama a McCain, aunque tampoco hay que dejarse deslumbrar. Mi candidata era Clinton, la veía mucho más capaz, decidida y con algunas ideas claras. Obama no parece contener nada bajo esa envoltura brillante y atractiva, puro fenómeno mediático más preocupado por los vaivenes de los sondeos que por dotar de contenido real a su programa.

Hay que tener cuidado al trasladar la jerga política estadounidense a sus equivalentes fonéticos europeos, porque su significado es bien distinto. Téngase en cuenta que Estados Unidos es un país gobernado por una plutocracia apuntalada por una clase media profundamente identificada con el sistema. Sistema que, no se olvide tampoco, goza de una fuerte legitimación entre las clases populares, aunque no participen habitualmente en el proceso político. Así, una lectura cuidadosa del programa económico de Obama revela que se dirige fundamentalmente a la clase media, con sus ofertas de rebajas fiscales y mejoras sociales.

Pero el análisis de las políticas de Obama queda para su —deseable, dadas las alternativas disponibles—puesta en práctica. Aquí me interesa sacar a colación una cuestión que me llama la atención, como es que reiteradamente se diga que Obama puede ser el primer presidente negro en la historia de su país. Fijémonos en la expresión: negro. Hay un sustrato racista en ello. No por resabios políticamente correctos sobre si usar ese u otro término, sino porque el mismo hace referencia a un concepto de «blanco» restrictivo y excluyente. ¿Por qué, por ejemplo, a una persona que tenga sólo un progenitor blanco ya no se le considera blanco? ¿Por qué personas cuya blancura de piel supera la de muchos blancos de generaciones, no son consideradas como tales si tiene una sola gota de sangre no blanca? ¿No es un a estupidez todo esto? Y sobre todo, ¿no es una estupidez con tintes racistas, que implícitamente supone que el estándar con el que medir todo lo demás es «lo blanco»?

Y ello sin entrar en el hecho de que las diferencias de color son accidentales y que puede haber diferencias biológicas de mucho mayor calado entre personas del mismo color. Pero ahí seguimos, alimentando concepciones falsas y, lo que es peor, dañinas. Mundo estúpido…

lunes, 3 de noviembre de 2008

Las cuentas de Navarra: cemento vs. educación

Ya tenemos proyecto de presupuestos de Navarra. La primera impresión es que no hay sorpresas: se amoldan a lo previsible en un gobierno de derechas sin alternativas. A falta de un análisis más detallado, sólo apuntaré algún aspecto particularmente llamativo.
  1. Las partidas de mayor contenido social (educación; salud; asuntos sociales, familia, juventud y empleo), se incrementan por debajo del IPC, es decir, se reducen en términos reales.
  2. De entre ellas, destaca el caso de la partida de educación, que sólo se incrementa un 0,51%, esto es, retrocede significativamente, cuando hay una mayor demanda que atender. A consignar que dentro de esta partida la transferencia a la Universidad Pública se reduce casi un 20%.
  3. También el presupuesto de cultura se reduce, en este caso y siempre en términos nominales, en casi un 21%.
  4. Como no hay mal que por bien no venga, menos mal que la partida de obras públicas, transporte y comunicaciones se incrementa ¡un 28,35%! sobre el presupuesto de 2008.
Esta es la respuesta del regional-socialismo (UPSN) a la crisis: más cemento, menos gasto social, reducción significativa del esfuerzo en educación. Muy típico de sociedades poco desarrolladas que sólo son capaces de pensar en el cemento cuando vienen mal dadas: en otro tiempo eran pantanos y ahora son autovías. Keynes sigue vivo, a pesar del suntuoso funeral que se le oficiara en los ochenta, pero el Keynes foral es un remedo, un espantajo, un zombi del verdadero.

Lo que ahora toca no es refundar el capitalismo, sino rearmar ideológicamente la izquierda para ofrecer una alternativa viable y humanista a la barbarie del liberalismo a ultranza y la lógica tramposa del mercado por el mercado. ¿Quiénes están en Navarra en condiciones de acometer la tarea?

domingo, 2 de noviembre de 2008

Al César lo que es del César

Tiene razón Santiago Cervera en el artículo publicado el sábado uno de noviembre en Diario de Noticias. Al menos en el diagnóstico que hace del resultado de tantos años de gobierno de UPN y la generación de una auténtica casta de cazadores —término más apropiado que el de «buscadores»— de rentas, un entramado confuso de empresas, empresarios, profesionales, algunos de toda la vida, otros recién llegados, muy puestos en los entresijos del presupuesto y expertos en su ordeño eficaz, sistemático y exhaustivo. La mayoría ha medrado al calor de la obra pública, pero no es el único campo de juego y el de las prestaciones sociales también ha permitido negocios muy rentables y pingües beneficios. En demasiados casos no es aventurada la sospecha de que muchas iniciativas, ya sean de obras públicas, servicios sociales, política tecnológica o diseño urbano, se ponen en marcha no tanto por su aparente justificación económica, política o social, sino únicamente para alimentar esas «ventajas y parabienes» de que habla Cervera y que no siempre es fácil distinguir del puro saqueo. El gran problema es que este núcleo ha adquirido una fuerza considerable y se ha convertido en un agente activo de la política de Navarra. La alarma que se generó en su seno ya antes de las elecciones forales de 2007 y muchas actuaciones posteriores (entre las que destacan las del hostelero —¿confundirán algunos hoteles con pensiones?— maldito del PP) tienen mucho que ver con el desenlace del entuerto y el mantenimiento del statu quo. Se pasa así de una relación parasitaria a otra simbiótica. Para cerrar el círculo faltaba un simbionte, tan esencial como experto en esas lides. Ahí está la clave fundamental del revuelo de las últimas semanas, el cambio de pareja de UPN y el cabreo de Cervera.

Otra cosa es que meta en el mismo saco (seguramente para que no parezca que sólo arremete contra UPN) demandas sociales para satisfacer necesidades básicas. O que alardee de liberalismo, cuando estamos asistiendo al enésimo fracaso de la ensoñación liberal. O que, siendo tan consciente de la situación, sólo la haya denunciado cuando parece irle mal en UPN (por no decir que le han dado la patada). No lo hizo siendo consejero y mucho menos —todo lo contrario— lo hizo en la última campaña electoral.

lunes, 13 de octubre de 2008

Doce de octubre

Dice Rajoy que el desfile del doce de octubre es un coñazo. Ciertamente, la expresión utilizada es inoportuna y, diría, improcedente, no por malsonante, que a estas alturas nadie se va a escandalizar por un palabro bastante ñoño para los tiempos que corren, pero sí por sus connotaciones sexistas. De acuerdo con el DRAE, mejor utilizar adjetivos como latoso o insoportable. No obstante, atendiendo a la estructura profunda de la frase, resulta difícil no estar de acuerdo con él. Por eso, ante la avalancha de críticas que casi lo sepulta, es menester expresar el más entusiasta apoyo (no confundir con la adhesión inquebrantable, que todo tiene su medida) al bueno de Mariano. El desfile del doce de octubre es una lata por muchas más razones de las que parecen animar a Rajoy en su desahogo, que yo diría relacionadas con el aburrimiento, el envaramiento, el ditirambo y todo ello adobado con efluvios de enebro y conversaciones cuya fluidez va pareja a la riqueza del vocabulario, ínfimo y las más de las veces ordinario y soez (ay, la sencillez borbónica).

Seguro que hay muchas personas, algunas, seguro también, del propio Gobierno o del Partido Socialista, para las que asistir al desfile es una incomodidad. Pero era de prever que se utilizaría como arma política contra Rajoy. Sonrojan las declaraciones de tantos sedicentes progresistas en cerrada defensa del estamento militar, cuya dignidad ha sido, dicen, menoscabada por Rajoy. En cuanto alguien hace el más nimio e inocuo comentario sobre el Ejército español (caso del pobre Rajoy: el alguacil alguacilado), el establishment se siente todavía obligado a salir en defensa de la institución y le dedica loas sin cuento. Ni siquiera con la judicatura o la Iglesia católica se anda con tantos remilgos. Se observa una mitificación de lo militar ampliamente difundida, que, si bien puede observarse en todos los países, tiene en España connotaciones particulares, herencia de una historia de pronunciamientos sin parangón en Europa, cuya culminación es el bonapartismo cutre del general Franco. Por lo mismo, es una noticia relevante para muchos medios que el jefe del Ejército diga que los militares asumen la austeridad presupuestaria: ¡Nos ha jodido mayo con las flores!

Charles Maturin pone en boca de su personaje Melmoth el Errabundo —quizá el mejor logrado de la novela gótica— estas lúcidas palabras (las reclamaciones, al clérigo irlandés): «El mozalbete desocupado, que odia el cultivo del intelecto y desprecia la bajeza del trabajo, gusta, quizá, de ataviar su persona de colores chillones como los del papagayo o el pavo real; y a esta afeminada propensión se le bautiza con el prostituido nombre de amor a la gloria; y esa complicación de motivos tomados de la vanidad y el vicio, del miedo y la miseria, la impudicia de la ociosidad y la apetencia de la injuria, encuentra una conveniente y protectora denominación en un simple vocablo: patriotismo. Y esos seres (...) son aclamados, mientras viven, por el mundo miope de sus benefactores, y cuando mueren, canonizados como sus mártires. Murieron por la causa de su país: ése es el epitafio escrito con precipitada mano de indiscriminado elogio sobre la tumba de diez mil hombres que tuvieron diez mil motivos para elegir otro destino..., y que podían haber sido en vida enemigos de su país, de no haberse dado el caso de caer en su defensa, y cuyo amor por la patria, honestamente analizado, es, en sus diversas formas de vanidad, inestabilidad, gusto por el tumulto o deseo de exhibirse... simplemente amor a sí mismos». Todo sería más natural si en lugar de tanta verborrea patriotera y tanta adulación política, los militares fueran tratados como cualquier otro colectivo profesional.

Pero el desfile es una lata en un sentido mucho más profundo y relevante que el sugerido por Rajoy. Es latoso, para empezar, para muchas de las personas participantes que, de grado o por fuerza, habrán debido aguantar horas a pie quieto y obviando las condiciones atmosféricas en un alarde de falta de consideración, simplemente para representar una pantomima a mayor gloria… ¿de quién?

Es una lata porque es lo mejor que se les ocurre para celebrar la «fiesta nacional». Qué país (y qué Zapatero) más triste, que cuando quiere celebrar algo saca los uniformes a la calle y no hace efectiva la aconfesionalidad que proclama la Constitución porque la liturgia católica queda bien en los funerales de Estado (y en las ceremonias de la familia que patrimonializa la jefatura del Estado).

Es una lata porque, oficial u oficiosamente, todavía se mantiene la denominación de «día de la Hispanidad», residuo tardofranquista de aquel ridículo e inquietante «día de la Raza». Triste país, insisto, que celebra disparates y barbaridades. Celebra el inicio de un genocidio implacable y un saqueo que todavía continúa de manos de las élites que Castilla dejó en América y que alardean aún hoy de genealogía y blancura de piel; una persona entrevistada por un canal de televisión afirmaba sin rubor que «les dimos [a los indígenas americanos que, pobres, antes de aquel doce de octubre estaban cubiertos] una cultura, una religión y una civilización». Lo mismo que se celebra el oscurantismo y el absolutismo en ese dos de mayo que en este año fue objeto de grandilocuentes exaltaciones del reaccionario bando de los alcaldes de Móstoles, esperemos que por desconocimiento más que por asentimiento. O las dudosas glorias de un ejército desplegado hasta hace cuatro días no con criterios defensivos, sino de ocupación de un territorio considerado hostil. Y la Legión es siempre la unidad más aclamada, cimbreantes cinturas escoltando a paso vivo a una cabra de nombre Rudolf…

Por cierto, que a cuenta del doce de octubre se oyó mucho llamar «parada» a lo que era un desfile. Una parada es otra cosa, muchas otras cosas. Como un alzamiento. ¿Obsesión priápica?

viernes, 26 de septiembre de 2008

Las medidas de «gran alcance» de Sanz

El Parlamento está debatiendo un proyecto de ley foral «de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 2009-2011», remitido por el Gobierno y en cuya exposición de motivos se argumenta que una iniciativa de «gran alcance» como el plan Navarra 2012 requiere ser complementada con medidas fiscales y financieras. El proyecto no contiene grandes novedades. Se trata de trasladar a Navarra medidas ya adoptadas por el Gobierno de Zapatero.

En primer lugar, se regula la devolución de los 400 euros en versión foral. Con la excusa de mejorar la progresividad del impuesto, se introducen cuatro tramos que van desde los 440 euros para las rentas del trabajo más bajas a 0 euros para las que superen los 45.800 euros. Claro que el proyecto habla exclusivamente de «rendimientos netos del trabajo», sin ninguna cautela adicional, lo que significa que, por ejemplo, una persona que tuviera 100.000 euros de rentas del capital y 9.000 euros de rendimientos del trabajo (por ejemplo, por asistencia a algún consejo de administración), se podría deducir 440 euros. Pero una persona cuya renta salarial sea tan reducida que no tenga obligación de declarar y no se le haya retenido nada, no se deduciría nada. Para poder obtener la deducción de 440 euros una persona sin obligaciones familiares tendría que percibir, como mínimo, 4.000 euros de rendimientos del trabajo y, unos 7.800 de ingresos totales (11.200 si tiene dos hijos). Eso es lo que significa, para el Gobierno de Navarra, “acentuar la progresividad del tributo”, favoreciendo “a las rentas laborales más bajas”. Regresivo, inconsistente y demagógico.

Una segunda medida se refiere a las deducciones por rehabilitación de vivienda. A falta de una revisión en profundidad del tratamiento fiscal de la vivienda, es, creo, una medida acertada, que llega con retraso. Pero acertada no por las razones que aduce el Gobierno. Mientras los promotores hacían su agosto con la vivienda nueva, le ha importado poco la rehabilitación. Ahora que falta el negocio, se apresura a facilitarles las cosas. Últimamente el único objeto de la acción de gobierno parece ser asegurar los beneficios a un grupito reducido y bien identificado de empresas y empresarios. Entiendo, por el contrario, que es una medida acertada tras años de fomentar una expansión urbana irracional que ha generado un tejido urbano deslavazado y caótico, la pérdida de consistencia del centro urbano, el deterioro y desperdicio de buena parte del patrimonio construido y unos enormes costes sociales y ambientales. Por algo se empieza, aunque sea con tanto retraso.

Hay dos medidas más que pretenden facilitar la actividad de las empresas y que afectan a la amortización acelerada de activos y a la concesión de avales. Son medidas típicas de tiempos de crisis, que no aportan nada nuevo y de las que no cabe esperar tampoco grandes efectos.

Pero en este caso el interés no está en las medidas en sí, sino en la justificación, que no tiene desperdicio. Quizá para intentar ocultar que el proyecto no es más que un cascarón vacío; quizá para dar la sensación de que se gobierna; quizá, simplemente, por pura ignorancia.

Que se diga que al aplicar una escala a la deducción de los 400 euros se «acentúa la progresividad del impuesto» no deja de ser una burla, cuando las rentas del capital tributan al 15%. La progresividad fiscal no se puede analizar figura a figura, impuesto a impuesto, sino en conjunto. Queda por ver si el sistema fiscal navarro es progresivo. Lo que está claro es que no es nada progresista.

Otro objetivo declarado de la medida es incrementar la renta disponible de las familias, «propiciando un impulso de la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, estimulando la producción y generando una mayor actividad». Nada menos. Si el mismo Banco de España reconocía que la medida similar (más generosa, incluso) aplicada por el gobierno de Zapatero va a tener escasos efectos, ¿qué cabe esperar en una economía tan pequeña y abierta como la de Navarra? La medida sólo tendría efectos reseñables (y, con todo, reducidos) si la totalidad de la deducción se tradujera en consumo de productos y servicios plenamente navarros, algo impensable. Conmueve tanta ingenuidad.

A continuación el texto del proyecto de ley foral ofrece una perla para saborear con delectación. Dice que «la disminución de la carga tributaria de estos rendimientos amplía los incentivos a incrementar la oferta de trabajo y favorece la productividad, como consecuencia de la disminución del coste del factor trabajo». Es cierto que para disfrutar plenamente de la frase hay que tener cierta familiaridad con la jerga espantosa y triste de la economía, pero quizá se pueda hacer algo.

Conviene aclarar que la oferta de trabajo la realizan los trabajadores, mientras que las empresas demandan trabajo. ¿Cómo una deducción así puede incrementar la oferta de trabajo? ¿Es que como consecuencia de la deducción habrá más personas dispuestas a trabajar? ¿Quienes viven de las rentas preferirán ponerse a trabajar (por menos de 45.800 euros) para beneficiarse de tan cuantioso premio? Si Sanz inventó el keynesianismo foral, esto parece también la versión foral (y aplicada al mercado de trabajo) de la curva de Laffer (una elucubración con ecos etílicos que sólo se creyeron el astrólogo de cabecera de Reagan, Montoro y ahora, al parecer, Miranda).

Pero la medida no sólo incrementa la oferta de trabajo, sino que favorece la productividad, al reducirse el coste del trabajo. El disparate es antológico. ¿Cómo puede afectar al coste del trabajo una deducción en la cuota del IRPF? No se me ocurre, salvo que forcemos el razonamiento hasta extremos inverosímiles: al ver los contribuyentes que se reduce su carga fiscal, estarían dispuestos a trabajar a un menor salario… sin comentarios. Que, además, dé lugar a un incremento de la productividad es algo que se me escapa, porque el coste de un factor no interviene en el cálculo de aquélla; lo que no significa que no estén relacionados, pero desde luego no en el sentido que apunta el texto del proyecto de ley. Igual es que, al sentirse mejor tratadas, las masas trabajadoras acudirán al tajo más contentas y producirán más…

¿En qué manos estamos? Tenemos un borrador de medidas económicas rebozadas en el disparate. Se habla de caídas de los ingresos del 13%, pero en los presupuestos del próximo año se prevé una reducción del 3%. Se actúa con notable irresponsabilidad al dramatizar la situación por intereses espurios. A la desafortunada gestión del consejero Miranda se añade la guinda del lehendakari Sanz, nervioso, errático e histérico. Es consciente de que su política ha llevado a Navarra a un callejón sin salida y busca cómplices desesperadamente para compartir el desaguisado. Habrá que ver el precio de esa complicidad. Jiménez debería tentarse la ropa, no vaya a ser que la marca del PSOE en Navarra termine siendo UPN. Y es que detrás de Sanz parece adivinarse últimamente la meliflua sonrisa de un seminarista gallego…

jueves, 11 de septiembre de 2008

La crisis

Tal como están las cosas, entre dimes y diretes sobre si hay o no crisis y la competición que se empieza a vislumbrar sobre quién le otorga el calificativo más fuerte, estridente o imaginativo, mejor titular esta entrada con brevedad, rotundidad y borbónica sencillez. El documento que sigue es, advierto, prolijo (quizá en todas sus acepciones). Contiene algunas ideas sobre la actual situación económica, su impacto en Navarra, así como posibilidades de actuación. Me he ceñido al problema concreto, consciente de que hay un debate subyacente sobre modelos económicos globales y el mundo que queremos. Pero esa es otra historia y será contada en otra parte (no necesariamente por mí). El texto tiene tres apartados:
  1. El diagnóstico
  2. La respuesta
  3. ¿Qué hacer?

1 El diagnóstico

La crisis económica obedece a una multitud de causas, porque se juntan aspectos coyunturales con otros estructurales. Algunas de ellas son inmediatas en el tiempo, otras se han gestado en un período más largo. En eso es igual que todas las crisis. A veces, incluso, lo que suele aparecer como causa principal no es más que un detonante. Es lo que ocurrió en los setenta con la subida de los precios del petróleo, que no hizo sino sacar a la luz con toda crudeza una situación muy deteriorada que se arrastraba desde mediados de los sesenta. Es lo que pasa también ahora con la crisis hipotecaria en los Estados Unidos.

Las causas de una crisis pueden ser exógenas, generadas en la economía internacional y más allá de la capacidad de control del ámbito de decisión política; pero sus efectos finales sobre una economía dependen de la estructura de ésta y de las políticas que se apliquen. Por ejemplo, la economía española está en peor situación que la alemana para enfrentarse a una crisis, a pesar del «buen» comportamiento de los agregados macroeconómicos en los últimos diez o doce años. El crecimiento era ficticio, especulativo, con unas bases tan poco sólidas como el consumo y la burbuja inmobiliaria.

Se pueden distinguir tres factores que han coincidido en el tiempo y han contribuido al deterioro galopante de la situación económica internacional. Se ha llegado a hablar, incluso, de una «tormenta perfecta», término que en meteorología alude a una poco probable pero catastrófica conjunción de circunstancias.

El primero de ellos es la subida del precio del petróleo. Para empezar, es conveniente situar las cifras en su contexto. Aunque la subida ha sido espectacular, vino precedida de una caída en términos reales. Entre 1986 y 2004 el precio estuvo por debajo del de 1974. Y ha sido recientemente, en 2008, cuando se ha superado el nivel récord de 1984 (con las últimas caídas está aproximadamente al nivel que alcanzó ese año). A diferencia de crisis anteriores, esta vez el problema no viene por el lado de la oferta, sino por un fuerte incremento de la demanda, alimentada por el dinamismo de las economías emergentes, singularmente China e India. La oferta ha respondido con mayor lentitud de lo esperado, en parte por la insuficiencia de la capacidad de refino, en parte por razones técnicas asociadas a los nuevos yacimientos.

El segundo es el incremento en precios de otros productos básicos, como los alimentos, especialmente cereales. Fenómeno que, unido al mencionado de los precios de los combustibles, pone en cuestión el modelo de «desarrollo» económico occidental, iniciado en el siglo XVIII y basado en la depredación de recursos, el derroche de energía barata y el incremento de la capacidad de consumo de una parte relativamente pequeña de la población mundial (el 15% disfruta del 80% de la riqueza). Cuando países de gran tamaño como China o India (juntos representan casi el 40% de la población mundial) intentan seguir el mismo modelo, el sistema se muestra incapaz de responder a corto plazo. Y aunque en Occidente los problemas de adaptación a los nuevos precios (se prevé que, al menos los del petróleo sigan siendo elevados por bastante tiempo) pueden ser duros, el mayor drama se va a vivir en los países más pobres, incluida la población rural china e india, porque no pueden pagar esos precios. Parte de la subida de los precios de los cereales se achaca a la producción de biocombustibles, si bien los datos disponibles indican que su responsabilidad (aun existiendo, sobre todo por su incidencia en los mercados de futuros) es pequeña, porque —al menos de momento— absorben una parte muy reducida de la producción total.

El modelo de desarrollo ha fracasado también en el terreno ambiental. A la depredación de recursos hay que unir la generación de residuos y otros problemas ambientales que hacen imposible, por razones de sostenibilidad, su extensión a otras áreas y países.

El tercer factor, o la tercera crisis que coincide en el escenario actual, es la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que genera desconfianza en los mercados financieros, sobre todo entre los bancos, y va a ocasionar grandes problemas de liquidez: los bancos que necesitan dinero no lo consiguen fácilmente porque nadie se atreve a prestar, dando lugar a una restricción del crédito a los agentes privados (empresas, consumidores). En ausencia de otros factores, sin embargo, el impacto de la crisis de las subprime hubiera sido pasajero y, seguramente, muy centrado en la economía estadounidense.

Esta situación se da en un contexto de creciente globalización, sin que ésta haya venido acompañada por una profundización de los mecanismos institucionales de coordinación internacional, lo cual genera efectos negativos y contribuye a incrementar las diferencias entre ricos y pobres (internacionales e intranacionales), porque las relaciones económicas y políticas son asimétricas. Se carece de un entramado internacional digno de tal nombre que fije unas mínimas reglas del juego y las haga respetar (algo parecido al «keynesianismo multinacional» que reclamaban algunos autores en los años ochenta).

Junto a estas causas, que podemos considerar específicas de la crisis actual, están las que se presentan en toda crisis. Alguien dijo que lo único que un economista puede predecir con alguna solvencia es que después de una expansión viene la recesión, y al revés. La economía se mueve a ciclos, que se pueden suavizar más o menos mediante políticas económicas, pero no eliminarlos. La última expansión ha sido larga (no se conocían fases expansivas así desde los años sesenta), estimulada en nuestro caso por la unión monetaria europea, que dará lugar a una reducción de los tipos de interés hasta niveles históricamente bajos. Se alimentó así la expansión del consumo, del endeudamiento de las familias y, significativamente, de la construcción. Las políticas públicas (especialmente la de vivienda) han sido en parte procíclicas, coadyuvando al proceso y generando efectos negativos que empiezan a manifestarse con crudeza en la actual fase.


2 La respuesta

En Navarra la respuesta ha sido tímida y a remolque de las circunstancias. Ha consistido en juntar proyectos de obras ya previstos y, en algunos casos, adelantar algo su realización. También se ha realizado un recorte significativo del gasto en el actual ejercicio (150 millones de euros). Además, la hacienda foral se ha plegado a las promesas electorales del PSOE y ha introducido, con matices, la reducción fiscal de 400 euros, una medida que no sólo no cabe considerar progresista, sino que contribuye a agravar los problemas presupuestarios.

El Gobierno de UPN se propone, igualmente, trasplantar a Navarra las medidas adoptadas por el Gobierno español, que plantean serias dudas sobre sus efectos. Se trata, en suma, de una actitud meramente reactiva aderezada con dosis de histeria y desconcierto. La tormenta desatada por Sanz en torno a la hipótesis —que no futurible— del apoyo de UPN a los presupuestos del Estado es una buena muestra. La polémica y su torpe manejo revelan el nerviosismo que cunde y la búsqueda desesperada de complicidades para avalar unos presupuestos sumamente restrictivos y con un recorte social que cabe esperar sustancial.


3 ¿Qué hacer?

Para empezar, no queda más remedio que asumir la parte exógena del problema, esto es, la que nos viene impuesta desde fuera. No son aconsejables medidas paliativas de, por ejemplo y como reclaman algunos sectores, la subida de los combustibles. Es un ajuste forzado por las circunstancias, más duro que si se hubiera hecho con inteligencia y gradualmente, pero al que hay que amoldarse, porque el modelo actual es insostenible. El «lado bueno» de la crisis —si alguno hay— es, pues, que va a obligar a cambios que hace tiempo reclamaba el sentido común, pero que no se acometían por su coste político, presiones interesadas, falta de visión de largo plazo o, simplemente, cobardía política.

En situaciones como la actual es muy importante combinar medidas a corto plazo para paliar los efectos más duros, con medidas estructurales para introducir cambios profundos que permitan adaptarse a las nuevas circunstancias. En un planteamiento de izquierdas, la actuación pública deberá tener una orientación fundamentalmente social, para compensar a los más afectados por la crisis, que suelen ser los grupos sociales más desfavorecidos. La «calidad» de una sociedad se mide por su capacidad para reducir desigualdades y generar derechos sociales. No se trata tanto de frenar u obstaculizar cambios que, muchas veces, vienen impuestos desde fuera, como de tener un entramado institucional sólido para atender a los perjudicados. Precisamente uno de los problemas a que nos tendremos que enfrentar será seguramente la insuficiencia de los mecanismos fiscales y presupuestarios, dado que las reformas fiscales que se han sucedido en los últimos veinte años han ido siempre en la misma dirección: reducir impuestos.

Igualmente, responder adecuadamente a la situación significa «olvidarse» del saldo presupuestario por un tiempo. No es de recibo justificar el superávit de los años de bonanza en que hay que ahorrar para cuando vengan mal dadas y, llegado el momento, buscar el equilibrio presupuestario. Hay capacidad para soportar cierto déficit. Por esa razón, es necesario vigilar el gasto social estrechamente, porque aunque el Gobierno no va a reconocer que esté en sus planes reducirlo, terminará haciéndolo. Igualmente deberá explicar qué se ha hecho con los superávit acumulados en los últimos años, en qué se han utilizado y por qué no están disponibles —como debería ser— para paliar los efectos sociales de la crisis. Las transferencias a empresas públicas no sólo sirven para dar opacidad al uso de recursos públicos, sino que previsiblemente van a servir para sostener el esfuerzo en obras públicas, evitándose usos alternativos a esos fondos.

Junto a las medidas de corte social y redistribuidor, hay que acometer otras de mayor calado por cuanto buscan reformas estructurales. Reformas que, además, son insoslayables si se quiere mantener la sociedad navarra en sus niveles actuales de bienestar. En Navarra hay un «divorcio» entre indicadores de renta y otros de mayor calado cualitativo. Así, el puesto que ocupa en nivel de PIB per cápita en la Unión Europea es más alto que el que le corresponde, por ejemplo, por esfuerzo tecnológico o indicadores sociales y educativos. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo de las rentas del pasado, de un modelo que está ya agotado, basado exclusivamente en la atracción de inversiones foráneas y la despreocupación creciente por el tejido empresarial autóctono, la innovación o el sistema educativo. «Que inviertan ellos», podría ser un buen eslogan de toda una época, que ha dado buenos resultados pero que ya no sirve. Ya no se pueden ofrecer incentivos financieros tan generosos. Las posibilidades futuras sólo pueden venir de la atracción de inversión de calidad y la generación interna de iniciativas e inversiones.

Hay que tener en cuenta, además, que en ámbitos económicos tan abiertos, la política económica se ha de desenvolver en el largo plazo. Y en este campo no hay nada nuevo: esfuerzo tecnológico, esfuerzo educativo y política social, teniendo en cuenta que cualquier política ha de cumplir unos requisitos mínimos en materia ambiental, es decir, los criterios de sostenibilidad han de impregnar todas las políticas públicas.

La política social ni es un adorno ni es beneficencia laica. No debe ser entendida sólo como un problema de justicia, sino, también, como un imperativo económico, porque aporta algo esencial para el bienestar colectivo, como es la cohesión de la sociedad mediante la reducción de las desigualdades.

Desde hace bastantes años asistimos a un deterioro de las rentas salariales, que crecen muy por debajo de las rentas del capital. Además, la evolución es muy desigual entre los propios salarios, de manera que los más bajos se deterioran en términos reales. No es sostenible socialmente un contexto en el cual en los años de bonanza se pide moderación, para hacer recaer en períodos de crisis el coste del ajuste en los trabajadores, tanto por la vía de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios como por el aumento del desempleo. Es obsceno, por ejemplo, que Miguel Sanz chantajee a los trabajadores públicos y los haga responsables del recorte social. Es necesario hacer políticas de rentas, que podrían pasar, incluso, por fórmulas de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas o el diseño de nuevas formas jurídicas para iniciativas sociales de carácter empresarial.

La búsqueda de competitividad mediante los salarios es una arma peligrosa, sobre todo si va acompañada de incrementos en la precariedad laboral, porque da lugar a pérdida de calidad del empleo y, por tanto, al empeoramiento de las expectativas a medio y largo plazo. Hoy sólo es posible mantener niveles de renta elevados y un sistema de prestaciones sociales avanzado mediante una alta productividad. La batalla de los salarios bajos está perdida. Productividad y salarios elevados no sólo son compatibles, sino que están íntimamente relacionados. Para ello es necesario el esfuerzo tecnológico, pero también el educativo, y no sólo en los niveles superiores, sino especialmente en los intermedios. La gran asignatura pendiente sigue siendo la formación profesional, que es el eslabón fundamental para incorporar las nuevas tecnologías en el sistema productivo. A medio plazo nos podríamos enfrentar, incluso, a un problema serio de falta de personal cualificado, que podría significar un retroceso económico y social.

La política tecnológica debe tener un componente social acusado, no puede consistir simplemente, como es el caso, en el diseño de medidas para incentivar la incorporación de nuevas tecnologías por las empresas, Se trata de un paso necesario, pero no suficiente. De hecho, el número de empresas innovadoras todavía es reducido, especialmente entre las más pequeñas. Por tanto, se trata de imbricar el esfuerzo tecnológico en la sociedad y no exclusivamente en el sistema productivo. Es decir, los planes tecnológicos deben plantearse para quién es la innovación. La respuesta no puede ser simplemente para las empresas, por más que sean ellas las que realizan, prima facie, el esfuerzo.

La aplicación intensiva de nuevas tecnologías a la Administración, por ejemplo a través del teletrabajo, puede servir, además, como un factor de equilibrio territorial, para frenar el despoblamiento de algunas áreas. Igualmente, la política social debe servir para fomentar la innovación y la exploración de yacimientos de empleo de calidad. En este sentido, es contraproducente la política seguida en los últimos años de externalizar los servicios sociales mediante su subcontratación a empresas privadas, lo que redunda en la pérdida de calidad del servicio, la mercantilización de derechos sociales y la merma en la calidad del empleo. La sustitución de prestaciones sociales por compensaciones dinerarias actúa de la misma manera, además de precarizar la propia existencia de la prestación, puesto que es más fácil su eliminación (basta con suprimir la partida presupuestaria).

La globalización y la deslocalización no son amenazas por sí mismas. Incluso, hablando en rigor, no son sino una manifestación del dinamismo inherente a la actividad económica. Sin empresas que se desplazan buscando mejores oportunidades de negocio o, incluso, salarios más bajos, posiblemente Navarra no se hubiera industrializado en los sesenta. Recuérdese que es tan tarde como 1964 cuando la industria sobrepasa en peso económico a la agricultura. Pero se requiere un tejido empresarial autóctono que cuente, además, con empresas de cierta dimensión imbricadas en el mismo. Es un buen argumento para dotar de mayor discrecionalidad la política tecnológica.

jueves, 14 de agosto de 2008

El Presidente gesticular (Bambi atrapado en la maleza de la crisis)

Rodríguez Zapatero es, en esencia, un gobernante gesticular. Fue así desde el inicio mismo de su período de gobierno, con el plausible anuncio de la retirada de tropas de Irak. Mientras la oposición corrió a cargo de un PP asilvestrado y una caverna mediática desenfrenada, resultaba todo muy fácil. Si, además, el ciclo económico era favorable, miel sobre hojuelas.

En este momento la situación ha cambiado drásticamente: el PP está desaparecido (aunque, émulo al fin del Cid, con todo y con eso gana la batalla de la intención de voto: les conviene estar callados), Jiménez Losantos de juicio en juicio, Díez y Savater defendiendo una lengua que, como todo el mundo sabe, está en peligro de extinción. Así que Rodríguez Zapatero se ve en la tesitura, quizá por primera vez, de asumir por sí y para sí la responsabilidad de sus decisiones, de la tarea de gobierno, sin velos, subterfugios ni añagazas. Para su desgracia, justo en el peor momento.

Y sobreviene la parálisis. El Gobierno da una sensación de inacción, quizá de impotencia o, lo que es peor, de incapacidad, que no es un invento mediático. Y no será porque la crisis no estuviera anunciada. Se sabía que el ciclo habría de cambiar. Y se sabía que, dadas las bases insanas del crecimiento de los últimos años, en España la situación sería particularmente dura. Es inverosímil que en el Ministerio de Economía no se hubieran enterado de nada. Pero, comprensiblemente, evitaban generar alarma, en la esperanza de controlar la situación y lograr un aterrizaje suave. Ahí pecaron seguramente de ingenuidad, porque las crisis inmobiliarias suelen ser incontrolables una vez desatadas y se suelen precipitar, al menos hasta que se vuelve a valores normales de mercado. El problema está en las repercusiones de la crisis inmobiliaria, pero sobre todo, de las menguantes rentas de unas familias fuertemente endeudadas y empobrecidas por la subida de los tipos de interés y la inflación, sobre variables como el consumo, la inversión, el empleo o las expectativas empresariales y sociales.

¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué hace Zapatero? Nuevamente nada. O sí: gesticular. Hasta ahora se habían lanzado dos paquetes de medidas contra la crisis. La mayoría sin nada que ver directamente con la situación económica. De las que sí estaban relacionadas con la crisis, muchas, las más, tienen escasa enjundia. Alguna, como la dichosa devolución de los 400 euros, es inútil en sus objetivos y perversa en sus implicaciones.

A pesar de tantos desvelos, la situación sigue empeorando, los malos datos se suceden, la opinión pública entiende que no se hace nada. La solución vuelve a ser la misma: gesticular. Zapatero interrumpe sus beatíficas vacaciones en Doñana, se pone al frente de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y convoca un Consejo de Ministros en pleno mes de agosto con el fin de aprobar un tercer plan. Si atendemos a las notas de prensa y la información oficial sobre el número de medidas a adoptar, diríase que la actividad gubernamental es frenética. Un examen más detenido indica, sin embargo, que no es para tanto. Centrémonos en las más llamativas.

La más publicada es la habilitación de 10.000 millones de euros en dos años para la concesión de avales para VPO: suena a balón de oxígeno para los promotores, tal como propuso en su día el ministro Sebastián. Otras medidas, como la reforma legal del alquiler, o el fomento de la rehabilitación y de la eficiencia energética, ya estaban previstas. Asimismo se incrementan las cantidades asignadas para la concesión de avales a las PYMES. En realidad, se extiende a 2009 y 2010 una medida que ya se había adoptado para 2008 (ampliación de 1.000 a 3.000 millones). Estas son las medidas que, se compartan o no, pueden tener más que ver con la situación económica.

Otra medida propuesta es la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Se trata de una promesa electoral del PSOE que nada tiene que ver con la crisis. Añádase que es dudosamente progresista y reduce en 1.800 millones de euros la ya maltrecha capacidad recaudatoria de la hacienda pública y tendremos alguna idea sobre sus efectos: el principal, «inyectar liquidez» a contribuyentes poco necesitados de ayudas gubernamentales.

El resto de medidas pueden ser más o menos sensatas, más o menos defendibles —que de todo hay—, más o menos vinculadas a la actividad económica pero dudosamente relacionadas con la crisis. ¿Qué decir de la Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales? ¿O de que entre los «procedimientos para impulsar la actividad económica» se cite la opción de pagar multas de tráfico a través de Internet? ¿O del fomento del transporte de mercancías por ferrocarril? Lo mismo cabe decir de un conjunto de medidas que no son más que la transposición de la directiva europea sobre servicios (la famosa Directiva Bolkestein, luego modificada en sus aspectos más polémicos). La transposición consiste en trasladar a la legislación de cada Estado el contenido de las directivas europeas y es obligatoria. En este caso el plazo acaba el 28 de diciembre de 2009 y el Ministerio de Economía estableció ya en julio de 2007 el calendario y el plan de adaptación de la legislación española al contenido de la directiva. También prevé el plan gubernamental la transposición de normas comunitarias sobre ahorro energético. Una vez más, se venden como medidas contra la crisis actuaciones que nada tienen que ver con la misma ni encuentran en ella su causa. Pueden tener algún efecto, puesto que su objetivo es facilitar el desenvolvimiento de las empresas o mejorar la eficacia administrativa, por eso se ponen en marcha. Pero no pasa de ahí. Muchas de ellas son actuaciones estructurales que debían haberse acometido mucho antes, precisamente cuando la situación económica permitía financiarlas con mayor holgura.

Zapatero muestra un rostro político congelado, envarado, entre atónito y demudado. En plena regresión infantil, asemeja un bambi —esta vez sí— atrapado en la maleza y reclamando ayuda lastimeramente al ver que su «economía de Champions League» (si entonces sonó a cachondeo, fíjense ahora) se deshace al mismo ritmo que los beneficios de los promotores que alimentaron su soberbia.

miércoles, 30 de julio de 2008

A san Fermín pedimos...

Ahora que se han terminado las fiestas y que nos vamos recuperando poco a poco —que el cuerpo ya no está para tanto trote— ahí va alguna reflexión que he ido rumiando estos días, irreverente, quizá desatinada y hasta molesta para algunas personas. Qué le vamos a hacer.

No vamos a negar que los sanfermines son muchas cosas, algunas muy positivas y otras no tanto. Después del consabido y anual baño de ditirambos y autocomplacencia (el balance de la alcaldesa merece capítulo aparte), centrémonos en las segundas. Son los sanfermines, por ejemplo, el lugar por excelencia para el tópico y la mistificación, la horterada y el chovinismo cutre. Por algo esta es la tierra del flamante e insigne premio Príncipe de Viana 2008, Alfredo Landa, cuya definición (autodefinición) de navarro debe quedar para los anales de la antropología social y como monumento por excelencia de esa corriente cultural que es el landismo, prez de la nación navarra y española. Y es que hay mucha falsedad en los sanfermines, empezando por esa espontaneidad de que tanto se alardea y que no es las más de las veces sino mascarada, un papel perfectamente estudiado, ajuste a un tópico urdido de la nada y donde el ingenio consiste, simplemente, en molestar al prójimo y hasta ofenderle o vejarle (las inenarrables despedidas del estado solitario que se suceden a lo largo del año sirven de eficaz ensayo). Lo que ahora se hace o se dice sobre las fiestas es de hace cuatro días. Pero en esta tierra basta repetir una cosa dos veces para que se convierta en costumbre. A la tercera es tradición ancestral.

En esta evolución no hay que desdeñar la eficaz aportación de esa derecha tan rancia que padecemos, pervirtiendo la esencia misma de lo espontáneo, borrando con altanería lo que no le gusta (que es casi todo), pretendiendo encerrar los espectáculos y llevárselos de un centro que quieren vacío (temen la algarabía porque temen al pueblo) y cultivando una pseudocultura folclorista y casposa. Barcina es quien mejor ha encarnado esa política, pero no la única. Jaime (¿recuerdan? el de la apología de la lectura) también la aplicó eficazmente. El resultado, la ciudad convertida en un enorme escaparate, presentándose y representándose a sí misma pugnando por ajustarse al tópico.

Y qué decir de la parte musical. Propongo que, al igual que se hace el día del libro, se organice una lectura pública y en alta voz de letras de jotas. Sería muy ilustrativa. Letras que, con honrosas excepciones, cuando no son reaccionarias o machistas son anacrónicas, como esa que dice
«es la jota de tu Navarra, la que hoy te canta…», porque el destinatario, de existir, no tenía pajolera idea de lo que pudiera ser su Navarra (no entiendo de música, pero a mí siempre me ha parecido que la jota no se canta, se grita).

Otro ejemplo sanferminero del mejor jumelage entre la tradición y las bellas artes se puede ver cada mañana justo antes del encierro en forma de cántico pleno de devoción y de calidad poética («a san Fermín pedimos…»). Y, además, con repetición, como manda una liturgia chabacana que sería explicable en su ridiculez por el poso (sedimento, residuo, zaborra) de los siglos, pero que apenas si tendrá media centuria. Cosas veredes...

El velo de la sospecha recae también sobre la propia existencia del santo, el Ferminico este de nuestras entretelas, del que no se tuvo la más remota noción hasta el siglo XII. ¿Cómo va a existir si quien, se dice, le convirtió, le bautizó y fue primer evangelizador de estas cristianísimas tierras, si es que existió, nunca llegó a este Cantábrico oriental que sólo aparece en los mapas meteorológicos como símbolo de mal tiempo y de lo que no debe ser el cambio climático? De Saturnino sólo se empieza a hablar en Pamplona, qué casualidad, cuando llegan los francos a instalarse en su burgo: llegan con armas, pertrechos y santo tutelar, ya habrá ocasión de encajarlo en el imaginario local. Eso si es que que Cernin y Fermín no son ambos trasunto del mismo mito. Vamos, que la historia de Fermín no tiene más enjundia que las mitologías de toda procedencia y condición —incluida la autóctona— y de las que con tanta suficiencia hablan los que se creen a pies juntillas aquélla y hasta la tratan como conocimiento científico.

Puestos a contar historias (en castellano no hay manera de distinguir lo cierto de la pura invención literaria o de la mentira: todo son «historias»), ahí va la mía.

Como todo el mundo sabe, porque está a la vista, Fermín no tenía piernas. No hay más que ir a su capilla en san Lorenzo o a la de Aldapa para constatarlo. Incluso debía de tener algún problema, porque la posición de sus manos (sosteniendo el báculo la siniestra, bendiciendo la diestra) es inverosímil; quizá eran prótesis, y de ahí su textura metálica. Todo lo cual nos conduce a pensar que, dado que la política social de la época era aún más precaria que la de UPN; que la noción de lo políticamente correcto tenía que ver con la calidad de la «carne» que se echaba a las fieras en el circo o el estado de forma de los gladiadores; y, finalmente, que era un uso arraigado que los desvalidos vivieran de la mendicidad, el bueno de Fermín se ganaba la vida como podía en la escalinata de acceso al templo de Vesta, junto al atrio, muy cerca seguramente de la actual catedral (se preguntarán, ¿hay constancia de un templo de Vesta en Pamplona? Pero eso no viene al caso).

Dicho sea de paso, tampoco era Fermín romano, mucho menos patricio (qué manía con convertir a todo el mundo en noble cuando menos; fíjense que quienes creen en la reencarnación siempre han sido en vidas anteriores personajes de nombradía, nunca del común). El nombre procedía, seguramente, del romano a quien servían sus padres. Vamos, que era uno de esos vascos que para la historiografía navarrista al uso nunca han existido, porque aquí sólo ha habido celtas y visigodos. Y quizá hasta tuviese algún rasgo de esa idiosincrasia que con tanto orgullo se exhibe y hasta se cultiva aun hoy, cuando es pura cazurrería (ya saben: ¿A que no hay cojones...?). La cosa es que un buen día, cuando pasaba una vestal (sacerdotisa —lo políticamente correcto manda decir sacerdota, pero no me acostumbro— de Vesta, elegida con esmero y reverenciada social y religiosamente), al bueno de Fermín no se le ocurrió cosa mejor que soltarle un requiebro de mal gusto. En mala hora. La vestal se lo tomó muy mal y lo acusó de sacrilegio. Es cosa sabida que el concepto de proporcionalidad de las penas de los romanos difería del actual. Por ello cabe considerar la pena impuesta, decapitación, benévola, cuando se le podía haber enterrado vivo después de una buena azotaina y obligado a escuchar los discursos completos del lehendakari Sanz hasta morir.

¿No se lo creen? Hacen mal, porque mi historia es tan verosimil como la oficial. Diría incluso que más. Pero así se construyen los mitos. De una historia banal termina por surgir una leyenda dorada donde todo encaja para mayor gloria de quien la inventó y edificación del pueblo ignaro.

martes, 29 de julio de 2008

¿Banca (in)cívica?

Es de sobra conocida —y los excesos publicitarios no son ajenos a ello— la campaña de Caja Navarra de reparto de los fondos destinados a la obra social, denominada «banca cívica», con el lema «tú eliges: tú decides». Las entidades financieras son particularmente proclives a este tipo de campañas, con eslóganes rimbombantes, exhibición de medios y abundante derroche de materiales. Normalmente se refieren a cuestiones relacionadas con el negocio bancario, esto es, la oferta de productos financieros, ya sean de activo o de pasivo, para captar clientes. A veces, especialmente en las cajas por la obligación de destinar parte de sus beneficios a obras sociales, se busca ese objetivo indirectamente, mediante campañas de imagen. Lo habitual es que se una el nombre de la entidad a actividades de promoción y divulgación científica o artística, de recuperación del patrimonio histórico y artístico o de regeneración ambiental.

Caja Navarra da un paso más, pretendiendo que sean los clientes quienes decidan el uso de los fondos destinados a la obra social. La apariencia —tanto en diseño técnico como social— es impecable, pero puede dar lugar —seguramente ya está ocurriendo, por lo que se cuenta— a resultados perversos. Los clientes deben votar a cada proyecto concreto y se obliga a los aspirantes a pelearse por ayudas muchas veces ridículas. Basta con repasar los proyectos ahora en marcha, los que realmente se llevan financiación (y la cuantía obtenida) y el destino que se venía dando a esos fondos anteriormente. De seguir así, Caja Navarra terminará financiando paragüeros para clubes sociales, felpudos en casas parroquiales o porciones de parques infantiles por pueblos y barrios. Que no es que esté mal o sean innecesarios, pero se antoja un triste destino para una obra que se dice social. O quizá es un ejemplo más de la tradicional confusión entre lo social y la beneficencia.

Por supuesto, es una opción, difundir los fondos al máximo y hacerse presente en el último rincón de la Comunidad, aunque suena mucho a uso demagógico de unos fondos, con fines cosméticos. Además, es sabido que en muchas materias susceptibles de empleo de fondos de ese tipo existen mínimos o masas críticas que pueden aconsejar su concentración en proyectos concretos. Caja Navarra parece haber asumido el papel de demiurgo munificente, optando por la visibilidad extrema —no necesariamente transparencia— en la distribución del maná y renunciando de hecho a objetivos de promoción social, cultural y científica que deberían estar entre las prioridades de la entidad, dada su naturaleza. Que se obligue a las universidades a competir, proyecto a proyecto, en esta estrambótica feria, es la mejor prueba de que lo que se busca es exclusivamente imagen (objetivo conseguido, por cierto). Populismo en el reparto de fondo, incluso popularidad, no equivalen a rentabilidad social.

Quizá sería mejor que se dedicara a hacer una banca realmente sostenible, reduciendo el derroche energético de sus oficinas o el enorme e innecesario gasto en folletos, propaganda, revistas, catálogos y demás parafernalia relacionada con la ya desgastada «banca cívica». ¿Cuál será su huella ecológica? Puestos a calcular...

Y ya de paso, que se deje de adorar el becerro de oro de las ratios financieras para ser efectivamente instrumento de progreso económico y social. Todavía hay muchas cosas por aclarar en el asunto de la venta de EHN y la compra de acciones de Iberdrola, pero la información disponible da a entender que en el trasiego de operaciones alguien ganaba siempre (la «banca cívica») y alguien arriesgaba siempre (Sodena, léase Hacienda de Navarra).

No quiero terminar sin una mención a la minúscula presencia del euskera (salvo en la página web), como si no existiera o no fuera con una entidad que presume de estar tan profundamente enraizada. Seguramente habrá que esperar a que se consolide su expansión por la Comunidad Autónoma Vasca para que empiecen a preocuparse de esa lengua. ¿Será que no hay mal que por bien no venga?

jueves, 17 de julio de 2008

Reflexiones sobre la reforma fiscal en Navarra

Aunque a toro pasado, habida cuenta de que la reforma fiscal se ha aprobado, tanto en el Estado como en Navarra, ahí va una reflexión algo extensa en la que se ha basado mi opinión sobre el asunto. Creo que son cuestiones que no conviene olvidar si se parte de que la labor del sector público consiste en algo más que lubricar adecuadamente el sistema productivo para que funcione sin fricciones y asegurar así elevadas tasas de beneficio. No es que eso carezca de importancia, pero es sólo una parte de la historia. Centrarse sólo en ella significa renunciar a las posibilidades de cambio social que ha alimentado la izquierda desde sus mismos orígenes y convertir al sector público en mero agente del capital (productivo y, lo que es más peligroso, financiero).

El esquema del texto es el siguiente:
  1. Introducción
  2. Lo que dice la teoría: la política fiscal como medio para influir en la actividad económica
  3. La rebaja fiscal de los 400 euros
  4. Los 400 euros y la autonomía fiscal de Navarra
  5. Valoración de la medida


1 Introducción

Antes de entrar en materia, conviene hacer tres consideraciones:
  1. La política económica a corto plazo debe ser coherente con la visión de la sociedad y, particularmente, con lo que afecta a la política social, el sistema de prestaciones sociales o la igualdad.
  2. Las subidas y bajadas de impuestos no son simétricas, por cuanto las segundas tienden a ser irreversibles. Por ello, no pueden contemplarse en el mismo plano, por más que en un razonamiento puramente teórico sean similares.
  3. La estructura del presupuesto público da idea de las prioridades sociales, económicas y políticas del gobierno.
Hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo y con matices— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa —es la posición liberal, por ejemplo— que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.

La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el diferente tratamiento de las rentas según su origen, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.

Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proporcionar los recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. Por tanto, habrá de ser capaz para desempeñar esa función, respetándose en su diseño algunos principios básicos, como:
  • Asegurar cierta progresividad.
  • Corregir diferencias de tratamiento según fuentes de renta.
  • Perseguir el fraude fiscal.
Estas consideraciones son relevantes, por ejemplo, a la hora de decidir sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias, como es el caso que nos ocupa.


2 Lo que dice la teoría: la política fiscal como medio para influir en la actividad económica

Aunque desde los años ochenta la corriente académica y doctrinal dominante («ortodoxa») ha tratado de imponer la idea de la «vía única» para la política económica, dista de ser cierta. Hay distintas posibilidades de actuación, que nos van a dar la medida de las concepciones más o menos progresistas, más o menos conservadoras, de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

Por poner un ejemplo, cuando Clinton llegó en 1993 a la presidencia, existía una convicción general de que habría una expansión keynesiana del gasto social, especialmente en educación y sanidad, para contrarrestar los excesos desreguladores de los tres mandatos republicanos anteriores, así como para atender una situación social que muchos sectores del país consideraban preocupante. Sin embargo, no ocurrió eso. Clinton se benefició del llamado «dividendo de la paz» (la reducción del gasto militar como consecuencia del fin de la guerra fría), pero no lo invirtió en políticas sociales sino que siguió una política muy ortodoxa de gestión del presupuesto, saneando las cuentas públicas y dejando el presupuesto federal con superávit.

En Europa, la unión monetaria ha supuesto la atribución de la responsabilidad de la política monetaria al Banco Central Europeo. La política fiscal, sin embargo, queda en manos de los Estados y demás niveles políticos y administrativos con competencias para ello.

La política fiscal actúa sobre los ingresos (impuestos) y los gastos del sector público. En teoría, una expansión del gasto pública y una reducción de impuestos tienen los mismos efectos sobre la economía, expansivos. La reducción del gasto o el aumento de impuestos tendrían efectos opuestos, restrictivos. En el caso de las políticas expansivas, el mecanismo sería el siguiente:
  1. Una rebaja de impuestos incrementa la renta disponible de las familias, que se traduce en un mayor gasto privado y, por tanto, un incremento de la demanda agregada y del ritmo de actividad económica.
  2. Por su parte, el aumento del gasto público supone un incremento del gasto agregado lo que genera también una mayor actividad económica.
Estas medidas deben ser coherentes con los objetivos sociales, económicos y políticos a largo plazo, esto es, con la ideología y las aspiraciones del grupo político. Pero también con el contexto económico: por ejemplo, no es igual una crisis de demanda que una de oferta, como no es igual un contexto inflacionista o deflacionista.

Por otra parte, las economías modernas cuentan con los denominados «estabilizadores automáticos», es decir, mecanismos que hacen aumentar o reducir gastos e ingresos públicos según la coyuntura económica. Por ejemplo, si los ingresos de las familias se reducen, también lo hace su carga fiscal y en una proporción mayor, debido a la progresividad de la tarifa. Igualmente, determinados gastos como los pagos por desempleo se incrementan en fases recesivas.


3 La rebaja fiscal de los 400 euros

La medida aplicada por el Estado consiste en la reducción de la cuota del impuesto en 400 euros. El resultado final es, en determinados casos, un incremento de la renta disponible del declarante hasta esa cuantía:
  • Afecta a los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
  • Las retenciones deben superar esa cuantía.
  • Las rentas del trabajo exentas no obtienen el beneficio fiscal.
Se ha aducido como un inconveniente que la deducción es lineal, esto es, la misma cantidad sea cual sea la renta del contribuyente. Es un inconveniente relativo, puesto que al tratarse de una deducción de la cuota su impacto es proporcionalmente superior en las rentas más bajas y, por tanto, respeta la progresividad. Se trata, en suma, de una medida limitada con el objeto declarado de mejorar la situación económica de las familias.


4 Los 400 euros y la autonomía fiscal de Navarra

La deducción de 400 euros se pone en práctica, jurídicamente, mediante una reforma de la ley estatal que regula el IRPF (Ley 35/2006 de 28 de noviembre) y no es de aplicación en Navarra.
De acuerdo con el vigente Convenio Económico con el Estado, Navarra «tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario», con la condición de que la presión fiscal efectiva global sea equivalente a la existente en el resto del Estado.

Por tanto, la medida en sí no es aplicable en Navarra, donde para aplicar una medida similar es necesaria una reforma de la legislación fiscal foral. Tampoco es posible descontar su coste recaudatorio del cupo, por razones técnicas y conceptuales:
  1. Por razones técnicas, porque es ajeno a la mecánica del Convenio.
  2. Por razones conceptuales, porque supondría poner en cuestión la misma autonomía fiscal de Navarra o convertir la negociación con el Estado en un tira y afloja por ver quién engaña a quién. Es un juego peligroso que sólo serviría para generar desconfianza. Es cierto que habría alguna repercusión en el cupo, puesto que éste se fija para el primer año y en los restantes de vigencia del acuerdo se actualiza según la evolución de la recaudación del Estado por los tributos convenidos, pero sería de escasa cuantía.

5 Valoración de la medida

La medida plantea problemas y objeciones desde distintos puntos de vista. Dada la forma en que se ha planteado el debate, se puede abordar desde dos ángulos: su efectividad y su coherencia con una visión progresista. La referencia será Navarra. Por tanto, se trata de dilucidar la conveniencia de trasladar a Navarra la reforma del IRPF estatal o no, dando por zanjada la discusión sobre el descuento de su coste del cupo. El Gobierno de Navarra se negó a aplicarla tal cual, pero, en cambio, ha pactado con el PSN una reforma fiscal del mismo tipo, aunque matizada, al introducir cierta progresividad en la deducción que, por tanto, tendrá un alcance más limitado. De hecho, el coste recaudatorio es aproximadamente la mitad del que hubiera supuesto la traslación mimética de la norma estatal.

Si la efectividad parece que va a ser reducida en el Estado —así lo ha manifestado, por ejemplo, el Banco de España—, en Navarra lo será (razonando en términos relativos) mucho más, debido a que al ser la navarra una economía completamente abierta, las filtraciones o desbordamientos hacia el exterior son mayores; es decir, de traducirse una proporción significativa de la rebaja fiscal en incremento del consumo privado, una parte del mismo serviría para adquirir bienes y servicios producidos fuera de Navarra. Incluso si se esperara que la medida tuviera efectos significativos en el Estado, cabría objetar su aplicación en Navarra precisamente porque ésta se beneficiaría del efecto expansivo sin asumir su coste recaudatorio. Y, en cualquier caso, el empeoramiento de las expectativas puede hacer que buena parte de la rebaja fiscal se traduzca en mayor ahorro, sin efecto inmediato sobre el nivel de actividad.

También cabe plantearse si esta medida es compatible con una visión progresista de la sociedad y la economía. Los liberales suelen achacar a la izquierda una obsesión por los impuestos y el incremento de la carga fiscal. En la propia izquierda han surgido visiones más o menos dogmáticas que reniegan de cualquier reducción fiscal. En cualquier caso, las posiciones más progresistas suelen apostar por un reforzamiento de los mecanismos sociales. Por su parte, la derecha liberal o conservadora suele ser partidaria de actuar sobre los ingresos, siempre reduciéndolos. La justificación teórica gira en torno a la denominada «curva de Laffer», un artefacto que no ha tenido mucha credibilidad académica pero que ha sido muy utilizado como argumento por gobiernos conservadores (Reagan, Aznar-Rato). La idea es simple: una reducción de impuestos libera recursos para el consumo y el ahorro, lo que genera más inversión, más actividad económica y, de rebote, un aumento de la recaudación fiscal. El problema es determinar en qué punto de la curva se encuentra una economía. Se podría pensar en un escenario así con tipos impositivos confiscatorios, una situación altamente improbable.

No se trata de entrar en ese debate ni de negar a ultranza la posibilidad de aligerar la carga fiscal. Por el contrario, se trata de analizar los beneficios y los perjuicios de la medida desde la mencionada concepción progresista. Es significativo, por ejemplo, que en una sociedad que constituye el paradigma de Estado de Bienestar, como es la sueca, los conservadores sólo consiguieran llegar al gobierno (en 2006) cuando «aparcaron» sus propuestas anteriores de reducción de impuestos. Al parecer, el electorado sueco es muy consciente de la relación entre ingresos impositivos y prestaciones.

Evidentemente, una rebaja fiscal sería admisible, incluso deseable, si la presión fiscal fuera insoportable, estuviera mal distribuida o impidiera el desenvolvimiento económico. No parece ser el caso. Incluso cabría objetar la diferencia en la carga fiscal según su origen, que, sumado al elevado fraude fiscal, convierte el IRPF de hecho en un impuesto sobre las nóminas. Pero, como ya se ha dicho, las rebajas fiscales son prácticamente irreversibles y hoy nadie se plantea elevar la fiscalidad de las rentas del capital. Sin olvidar que la carga fiscal de las familias se reducirá si lo hace la renta debido a la escala progresiva de gravamen.

También se ha dicho que los impuestos son la contrapartida, la fuente que permite alimentar el gasto público y, dentro de éste, el gasto social, todo el entramado de prestaciones sociales que definen lo que conocemos como Estado de Bienestar. También en este aspecto podría justificarse una rebaja fiscal si existiera un exceso en la provisión de servicios públicos, una mala selección de los mismos (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o un manifiesto derroche. Tampoco es el caso. Los indicadores más gruesos, como el peso del presupuesto público en la economía, dan resultados opuestos (con datos estatales, España está en el puesto 16 de la UE-27 y, salvo Irlanda, los países con un menor esfuerzo en protección social son de las dos últimas ampliaciones y menor nivel de renta). Los indicadores sociales muestran en Navarra un deterioro sostenido en los últimos años, siendo especialmente perceptibles en servicios como la sanidad y la educación (a pesar del discurso triunfalista oficial): la formación profesional presenta muchas deficiencias, la productividad evoluciona negativamente, el desempeño tecnológico es mediocre, los niveles de pobreza relativa son preocupantes, hasta la proporción de camas hospitalarias deja mucho que desear. Dada la situación, parece que el camino a recorrer debería ir en la dirección de reforzar los servicios públicos y las prestaciones sociales e incrementarlas.

La rebaja fiscal sería incompatible con estos objetivos. La recesión económica (utilizando el término en sentido extenso) dará lugar de por sí a una reducción de los ingresos o, al menos, a un dinamismo menor, mientras que los gastos tenderán a incrementarse. Si, además, se reduce la capacidad recaudatoria, se corre el riesgo de que buena parte —si no todo— del superávit acumulado en la fase expansiva se dedique a financiar la rebaja fiscal, al tiempo que se limita la capacidad de respuesta del sector público. Se reproduciría así un esquema desgraciamente frecuente: cuando hay superávit se reducen impuestos. Si cambia el ciclo económico, el déficit se convierte rápidamente en insoportable y se reducen gastos y prestaciones sociales, especialmente las dirigidas a los grupos sociales más desfavorecidos. La consecuencia es un incremento de las desigualdades, una menor capacidad de actuación pública y un abandono a su suerte de los estratos sociales más débiles, puesto que la reducción de prestaciones es selectiva y regresiva.

En suma, después de las sucesivas rebajas fiscales habidas en las últimas dos décadas, el raquitismo y la vulnerabilidad del sistema de prestaciones sociales, desaconsejaban —y desaconsejan— la última reforma fiscal, máxime a la vista de su esperable efecto asimétrico y regresivo. Otra cuestión es cómo ve la opinión pública el asunto. Pero frente al electoralismo a ultranza, que justificaría cualquier medida según un cálculo de votos ganados y perdidos, se impone un ejercicio de pedagogía política.

martes, 15 de julio de 2008

Coitus interruptus (el estilo Zapatero)

Uno de los retos —quizá el fundamental— a que se enfrentaba Nafarroa Bai en la última campaña electoral era la fuerte polarización bipartidista a que jugaban —porque a ambos interesaba— tanto PSOE como PP y de la que, por cierto, la gran perjudicada (esa y no la ley electoral es la causa) fue Izquierda Unida. Había que trasladar al electorado el riesgo que suponía caer en esa trampa. Desde una perspectiva progresista, no convenía dar a Rodríguez Zapatero el cheque en blanco del voto útil, y sí condicionar de cerca su acción de gobierno, máxime cuando ya entonces era evidente que se aproximaban tiempos de desolación. Y ello por dos razones: la primera, porque el presidente español parece dar algún valor mágico, taumatúrgico, a las palabras, al margen de su contenido; parece pensar que con tildar algo de progresista ya lo es. Así, inició la campaña electoral con una promesa, la de los 400 euros, típicamente conservadora y regresiva. La segunda es que su supuesto y cacareado optimismo antropológico aparenta ser más bien incapacidad (¿también antropológica?) para enfrentarse a situaciones complicadas. La pasada legislatura gobernó a través del prisma deformante de los sondeos y todo fue un continuo amagar y no pegar, freno y marcha atrás, un ininterrumpido coitus interruptus. Por si no fuera suficiente para ganar, se dedicó a cultivar y alimentar la crispación del PP, en una apuesta muy arriesgada cuyas consecuencias se empiezan a ver ahora.

Pero gobernar así no es demasiado complicado si la situación económica es buena. Claro que, en realidad, no era tan buena. Hemos llegado a un punto en que a la Administración de turno sólo le interesa exhibir agregados macroeconómicos aparentemente brillantes, sin atender a la forma como se alcanzan. De tal manera que se utilizan las cifras para engañar y manipular. Mucho de lo que se exhibía con triunfalismo era ficticio, puro efecto riqueza de una sociedad que vivía de algo tan vaporoso como una burbuja inmobiliaria. Eso significa, primero, que no se puede echar toda la culpa de lo que pasa a la situación internacional; y segundo, que, precisamente por eso, la caída es más rápida y dramática de lo que cabría esperar. Hasta hace unos meses, y en la misma campaña electoral, el PSOE alardeaba de ser el responsable de una situación económica envidiable. Ahora, cuando las tornas han cambiado, se buscan culpables exteriores. Pero el razonamiento debe ser el opuesto. Las cosas van peor de lo que debieran, porque cuando iban bien la gestión no fue la adecuada, no se fortaleció la economía, no se eliminaron viejos desequilibrios, se vivió del aire, desaprovechando una coyuntura y un contexto que, entonces sí, empujaban la economía hacia arriba y hubieran facilitado esas actuaciones.

Resultado: el Gobierno paralizado y Rodríguez Zapatero con la sonrisa congelada como quien piensa que eso no le puede estar pasando a él. Su torpe empecinamiento en evitar la palabra crisis es sintomático. Y eso que coincido en su apreciación, porque prefiero utilizar el término en su acepción más restrictiva. Pero tener al país pendiente de que pronuncie la palabra de marras roza la estupidez. Es lo que pasa cuando se renuncia a la pedagogía en favor del electoralismo.

Hasta la fecha el Gobierno español ha presentado dos planes de contenido económico. El primero, un decreto en el que lo fundamental era la reforma del IRPF para incluir la deducción de 400 euros. El resto de medidas tenían poca enjundia, incluyendo una sobre el calendario de adaptación de las empresas a la reforma contable (¡en un decreto "de medidas de impulso a la actividad económica"!). El segundo plan tampoco contiene medidas relevantes, salvo una ampliación de la partida presupuestaria para otorgar avales a medianas y pequeñas empresas. Eso y algunos pequeños ahorros en gasto corriente (incluyendo la congelación salarial de los altos cargos), que suponen 250 millones de euros en dos años. No han sido capaces de ofrecer nada más, precisamente por la parálisis que afecta al Gobierno, mientras se siguen haciendo pronósticos irresponsables y la población empieza a percibir un rápido empeoramiento de la situación. Ciertamente, hay también mucho agorero empeñado en hacer ver las cosas más negras de lo que son, pero sin la ayuda inestimable de la inacción gubernamental sus mensajes apocalípticos perderían mucha verosimilitud.

Los estudios de opinión revelan con claridad que la población, y el propio electorado del PSOE, percibe la parálisis que aqueja a Rodríguez Zapatero y su Gobierno y duda incluso de su capacidad para manejar la situación. Hasta el punto que el PP, sumido en una profunda crisis desde las elecciones, iguala ya al PSOE en intención de voto. La respuesta gubernamental es, nuevamente, humo: una campaña de propaganda en toda regla, incluyendo entrevistas en periódicos y televisiones saturadas de almíbar y ditirambos (por no hablar de un congreso a la coreana en el que la razón para que se adopten o rechacen acuerdos es que el líder así lo quiere). Y, por supuesto, más coitus interruptus y más intentos de crispar a la derecha. Vuelta a empezar con tantos temas por su repercusión mediática, sin entrar a fondo en ellos: vuelta a empezar con la reforma de la ley del aborto: es decir, con la reflexión sobre la reforma; vuelta a empezar con la laicidad sin tocar la cuestión fundamental, que son los acuerdos con el Vaticano: curioso el giro dado al asunto en mitad del congreso y más curiosa aún la razón esgrimida para no suprimir los funerales de Estado (la liturgia católica queda bien); vuelta a empezar con ese patrioterismo jacobino y sensiblero (al rebufo de triunfos deportivos que, al parecer, muestran bien a las claras la intrínseca superioridad gonadal española), que ya llevó a Rodríguez Zapatero a envolverse la pasada legislatura en la bandera monárquica.

Es triste que el mejor remedio (el más concreto) que se le ocurre a Zapatero para salir de la crisis sea —lo dijo en el congreso del PSOE— consumir. ¿Qué será lo próximo? ¿Instar a los parados a colocarse? ¿Quién será entonces capaz de distinguir si quien habla es el presidente del Gobierno español o un camello?

jueves, 26 de junio de 2008

Salvador Allende In Memoriam (26 de junio de 1908, 11 de septiembre de 1973)

Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.



ALLENDE

Para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
tuvieron que convertirse en pesadilla
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que congregar todos los odios
y además los aviones y los tanques
para batir al hombre de la paz
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama
porque el hombre de la paz era una fortaleza

para matar al hombre de la paz
tuvieron que desatar la guerra turbia
para vencer al hombre de la paz
y acallar su voz modesta y taladrante
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo
y matar mas para seguir matando
para batir al hombre de la paz
tuvieron que asesinarlo muchas veces
porque el hombre de la paz era una fortaleza

para matar al hombre de la paz
tuvieron que imaginar que era una tropa
una armada, una hueste, una brigada
tuvieron que creer que era otro ejercito
pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo
y tenia en sus manos un fusil y un mandato
y eran necesarios mas tanques mas rencores
mas bombas mas aviones mas oprobios
porque el hombre de la paz era una fortaleza

para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
tuvieron que convertirse en pesadilla
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que afiliarse siempre a la muerte
matar y matar mas para seguir matando
y condenarse a la blindada soledad
para matar al hombre que era un pueblo
tuvieron que quedarse sin el pueblo.

Mario Benedetti

sábado, 21 de junio de 2008

Regional-socialismo: keynesianismo de alpargata y regresividad fiscal

La coalición UPN-PSN (con CDN ya no cuentan ni para la galería) tuvo su epifanía hace unas semanas con el anuncio de Navarra 2012, que no es una exposición, ni un aniversario (aunque por esas fechas, si el electorado no lo remedia, Sanz-Lerín y sus eventuales secuaces-sucesores celebrarán —seguro que con todo boato y profusión de recursos públicos— un ominoso centenario). Tampoco es un anuncio de olimpiadas, campeonatos variados o cualesquiera otras formas al uso de prodigarse con cargo a los presupuestos, comprar voluntades, ganar amigos y alimentar a los preexistentes. Nada de eso. El plan Navarra 2012 es una amalgama de obras ya previstas, algunas incluso iniciadas y otras que creíamos desechadas, como el museo de los Sanfermines, sorpresivamente recuperado, quizá por su fuerte efecto dinamizador sobre la economía navarra. Ya puestos, ¿por qué no incluir también el puente de Tudela, la casa consistorial de Pamplona, la ciudadela o el acueducto de Noain? Nadie se iba a dar cuenta.

La segunda entrega de la coyunda regional-socialista es la reforma fiscal. En este caso se da una situación curiosa. Quienes ideológicamente comulgan con los principios de la reforma, esto es, la derecha conservadora (y liberal, pero eso no existe en Navarra), no se atrevían con ella por miedo a la insuficiencia presupuestaria que se puede generar. Y quienes deberían rechazar una medida así, la imponen con chulería porque, no en vano, fue una promesa desesperada de quien se ha demostrado maestro en el manejo de sondeos, a pesar de que no le sirvió para ganar por los pelos unas elecciones en las que se alimentó de los miedos sembrados por el PP.

Decía Elena Torres al presentar el acuerdo que es una medida «realizable, progresiva y progresista». Es realizable, porque se va a hacer. Es progresiva sólo si se interpreta la medida sin ir más allá de su estricta formulación técnica. Si avanzamos en sus implicaciones, es claramente regresiva. Y, en consecuencia, es cualquier cosa menos progresista. El papel, las grabadoras, lo aguantan todo… En esa línea demagógica, dice también Torres que la medida se va a llevar a cabo «sin restar un euro» a las políticas sociales. Eso está por ver. A no ser que, siguiendo la estela del Navarra 2012, nos termine vendiendo como política social atender obligaciones ya contraídas, como los sueldos de los funcionarios o la factura de la luz de sus instalaciones.

Al parecer, la medida «inyecta liquidez, favorece el consumo, da mayor capacidad a las familias y ayuda mucho a los mileuristas». Ahí es nada. No entiendo por qué no se ha hecho mucho antes. A base de repartir cuatrocientos euros de vez en cuando, tendríamos ya el paraíso en la Tierra…

Para empezar, aunque los efectos teóricos agregados de una reducción de impuestos sean similares a los de una expansión del gasto, en la práctica no ocurre así, porque sus efectos sociales, especialmente en lo que se refiere a la redistribución de la renta, pueden ser notoriamente distintos. Tampoco hay que olvidar que la reducción de la actividad económica y, en su caso, de los ingresos de las familias, tiene traducción inmediata en los impuestos a pagar. Por tanto, una reducción adicional implica menor capacidad del sector público para atender una situación de crisis. Cualquier respuesta progresista a la situación actual debe plantearse desde el lado del gasto y con objetivos redistribuidores. Recuérdese la gestión que un gobierno socialista hizo de la recesión de principios de los noventa, que culminó con un recorte brutal del sistema de prestaciones sociales. Llevamos el mismo camino.

En cuanto a la efectividad de la medida, todos los técnicos, de todas las orientaciones políticas, coinciden en señalar que va a ser escasa. El propio Banco de España, junto a las consabidas y cansinas (lleva treinta años diciendo lo mismo) reclamaciones de mayor flexibilidad laboral, critica las reducciones de impuestos por entender que no queda margen para ello y aconseja dejar actuar los estabilizadores automáticos. La inyección de liquidez va a ser insignificante; dado el elevado endeudamiento de las familias, es dudoso que favorezca el consumo y muy probablemente —a la vista de las expectativas sobre tipos de interés— la mayor parte se destinará al ahorro (aunque sea a esa forma salvaje de ahorro forzoso que son las hipotecas). En cuanto a si da capacidad a las familias o ayuda «mucho» a los mileuristas, me temo que los efectos colaterales no van a ir en esa dirección: ¿es una ayuda para las familias tener que recurrir al sector sanitario privado de forma creciente para superar las deficiencias de un sistema público que no va a hacer sino empeorar con medidas como la acordada? ¿cómo se ayuda a los mileuristas, con limosnas o con prestaciones sociales? A cambio, se comen una parte sustancial del superávit acumulado, que pasa de colchón a incómoda estera.

Una rebaja fiscal sería aceptable, incluso sería progresista, si se dieran algunas condiciones: que la presión fiscal fuera insoportable; o que la provisión de servicios públicos fuera excesiva, estuvieran mal seleccionados (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o supusieran un manifiesto derroche. ¿Se puede argumentar eso en Navarra? No es lo que dicen los indicadores. Por ejemplo, Navarra cuenta con 3,85 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. La media de la UE-25 es de 5,81. La OMS, por su parte, estima que el óptimo está entre 8 y 10. Lo mismo pasa prácticamente con cualquier indicador social. El panorama es de deterioro sostenido en los últimos años, especialmente percibido en la sanidad y la educación; la formación profesional presenta muchas deficiencias; la productividad evoluciona negativamente; el desempeño tecnológico es, según la UE, mediocre; los niveles de pobreza relativa son preocupantes; el modelo económico está agotado y no hay capacidad ni entusiasmo por proponer alternativas; y todo ello en un contexto de crisis, de cambios todavía difíciles de percibir en su magnitud pero que se adivinan estructuralmente intensos.

Así las cosas, ¿qué interesa más a la sociedad navarra? ¿Diseñar un sistema económico y social acorde con los tiempos y a la altura de lo que demanda una sociedad avanzada, o hacer seguidismo con tufillo colonial de las promesas electorales a la desesperada de un iluminado?

lunes, 9 de junio de 2008

Plan Navarra 2012: propuestas de mejora

Siempre dispuestos UPN y PSN (UPSN por mejor decir, ahora que la coyunda es plena y celebrada), con paternal amor, a derramar sus bendiciones sobre todos los pueblos de Navarra, dieron en aprobar el denominado Plan Navarra 2012 compuesto, en lo esencial, por obras ya previstas, alguna de ellas en marcha.

Con el mismo afán de novedad, queremos ayudar sugiriendo algunas obras más que contribuirán grandemente a completar el plan, así como al progreso económico y social de Navarra. Obras que —sigamos el consejo de anteriores regidores capitalinos— conviene «ejecutarse por administración, bajo la dirección y dictamen de los facultativos que se destinasen para el efecto, sin fiar la gravedad y delicadeza de sus obras a las contingencias y falibles resultas, litigios y discordias, que producen, según enseña la experiencia, las públicas subastaciones, en que por lo regular suele tener más lugar la emulación y empeño de los licitadores, que el justo miramiento a los propios intereses y los del común, con gravísimo perjuicio del proyecto y de las ventajas que desea el Público, sin que basten a precaverlos las fianzas con que parece se aseguran, pues se frustran todas las precauciones, o por las inteligencias que no se traslucen, o por los encontrados afectos y opiniones, o falta de pericia en los que intervienen en los reconocimientos de las obras que se hicieron a pública subasta, o por otras causas que no se descubren, pero abundan los ejemplares sin salir del Reino de Navarra» (diríase que en doscientos años no hemos avanzado nada...).

Las obras que proponemos (obsérvese que la segunda ha de ser muy del agrado de Sanz-Lerín para mejor tener sujetos a los naturales) son:

Primera. Que los jurados de la muy noble ciudat de Pamplona ayant aber á perpetuo una casa, é una jurería, et ayan á facer la dicha casa de jurería en el fosado que es ante la torr clamada la Galea enta la part de la Navarreria, dejando entre la dicha torr, et la dicha casa, camino suficiente para pasar.

Segunda. Que se vea y reconozca la Fortaleza de la ciudad de Pamplona y habiéndola reconocido y considerado bien, se trace y ordene lo que se oviere de hacer, así en la fortificación de la Ciudadela como en la de la Ciudad; y así mismo las casamatas que será necesario hacer y en qué partes y de qué forma, grandor y suerte.

Tercera. Introducir en la ciudad de Pamplona la agua necesaria para la limpieza de calles y dar salida a las aguas maiores desde las casas, sin arrojarlas, como se hace, a las calles.

Cuarta. Conducción de fuentes de agua dulce a dentro de los muros de la Ciudad de Pamplona, incluyendo la construcción de un puente aqüeducto de 65 pies de elevación desde la superficie de la tierra hasta el asiento de la cañeria, de longitud de 1.550 varas, con 97 arcos iguales de 30 pies de ancho y 15 de circunferencia.

Quinta. Formar trazas para las fuentes que se han de construir en la ciudad de Pamplona, y surtir con el agua de los manantios de subiza.

Sexta. Mejorar el camino real de Pamplona a la Provincia, haciéndolo llegar a la villa de Tolosa, construyendo un puente nuevo que sustituya al de Santa Engracia.

Séptima. Canal nabegable desde el Mar Mediterraneo al Oceano Cantábrico, continuando el Proiecto del Reyno de Aragon, cruzando el de Navarra y la Provincia de Guipuzcoa por los Rios Arga y Oria unidos por varios manantiales y depósitos de agua, en la altura de Lecumberri.

Nos guía el sano propósito de colaborar. Que nadie vea intereses ocultos o ánimo ninguno de escarnio o befa hacia el susodicho plan y, mucho menos, a los preclaros próceres que lo suscribieron. Se nos perdonará que no se acompañe memoria económica, pero hemos tenido algunos pequeños problemas de conversión monetaria. A cambio, solo una cosa: por lo que más quieran, ¡olvídense del museo de los sanfermines!

sábado, 31 de mayo de 2008

¿Crisis inmobiliaria? Un ajuste necesario

Desde que estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos se ha hablado mucho de la conveniencia o no de que la autoridad monetaria (en aquel caso la Reserva Federal) intervenga para paliar sus efectos y salvar los bancos comprometidos, a costa de avalar comportamientos temerarios e incluso aberrantes desde el punto de vista económico y social. Los partidarios de la intervención arguyen que así se evitan males mayores. Los detractores, que de esa manera se traslada a los agentes económicos el mensaje de que todo vale —hasta el falseamiento de datos— en la loca carrera por engordar las cuentas de resultados, siempre que el problema creado sea lo suficientemente grave. Es lo que se denomina un problema de riesgo moral, que se presenta cuando los costes y perjuicios de una decisión no recaen sobre quien decide.

Sin pretender equiparar dos situaciones con denominaciones similares pero bien diferentes en sus características, aquí esta pasando lo mismo con la construcción. Cuando los indicios de debilitamiento, enfriamiento, crisis, o comoquiera que llamemos a la actual circunstancia, se van imponiendo con la perseverancia de lo inexorable, comienza a generarse un estado de opinión favorable a la intervención pública para paliar los perjuicios que se adivinan. Incluso se ha creado un lobby que aglutina a los principales promotores inmobiliarios, con el fin, quizá no explícito pero sí explicitado en pronunciamientos y actuaciones públicas, de presionar al Gobierno y promover políticas que favorezcan sus intereses. Por eso es conveniente un análisis algo más pormenorizado de la situación y hacer un poco de memoria.

Como todo el mundo sabe —y buena parte lo ha sufrido en las carnes cada vez más escuálidas de su renta mensual (los salarios más bajos llevan años reduciéndose en términos reales)— el precio de la vivienda ha experimentado en la última década subidas que, con perspectiva histórica, cabe calificar de espectaculares. El fenómeno es resultado de una concatenación de elementos que van a coincidir cronológicamente en unos pocos años, a los que no es ajena la unión monetaria en Europa: reducción de tipos de interés hasta niveles desconocidos, necesidad de aflorar dinero fiscalmente oculto, fase expansiva del ciclo económico. Todo ello va a redundar en una especulación exacerbada, muy asociada a la corrupción urbanística, un contexto en el que todo vale y cualquier cantidad de viviendas que se construya encuentra inmediatamente compradores. El ritmo de construcción es frenético, sin relación con las necesidades reales y el número de viviendas vacías se incrementa tan deprisa como los precios. El problema ya no es de vivienda, que haberlas haylas, sino de acceso a la vivienda. Para colmo, la dinámica de ocupación de suelo es depredadora y generadora de servidumbres ambientales, económicas y sociales (emisiones de CO2, congestión, incremento de necesidades de movilidad, contaminación en todos sus tipos) difícilmente asumibles en el inmediato futuro.

Así pues, durante bastantes años se ha confiado el crecimiento económico (con lo que lleva consigo, claro, de exhibición de agregados macroeconómicos aparentemente sólidos y positivos) a la construcción; y, como no podía ser de otro modo por ser las bases muy débiles, tal crecimiento va a ser fuerte pero desordenado y enfermizo, con empleo de mala calidad y un peso preocupante (por lo que significa) del sector en la economía. Socialmente, se produce una gigantesca transferencia regresiva de rentas, desde la población de menor nivel de renta y el sector público hacia los grandes promotores (ni siquiera a los constructores, cuyos márgenes no son tan elevados). Basta observar las listas de las personas más ricas. En España, una buena porción de ellas están muy vinculadas a la promoción inmobiliaria y han hecho su fortuna en un plazo relativamente breve. Y es que la misma Administración ha alimentado el proceso mediante políticas miopes, por más que cuenten con un amplio respaldo social, especialmente las desgravaciones fiscales, pero también la VPO.

No contentos con enriquecerse de esa manera, ahora forman un grupo de presión y se permiten —en ocasiones con notable impertinencia— adoctrinar sobre qué políticas hay que aplicar que, casualmente, coinciden con sus intereses. Con el chantaje del aumento del desempleo, tienen el desparpajo de exigir —ése es el verbo adecuado— un aumento de las deducciones fiscales o más fondos para VPO. Saben, naturalmente, que los más beneficiados de medidas así serían ellos. Y saben, también, que pocos políticos tienen la honestidad intelectual suficiente como para explicar a la ciudadanía que el ajuste no sólo es necesario, sino saludable y que el empleo creado al amparo del boom inmobiliario es poco estable y de muy mala calidad. Al mismo tiempo, el coste de oportunidad (en términos de posibilidades perdidas por no invertir en actividades de mayor futuro) de dedicar tan inmensos recursos al ladrillo es muy elevado para una economía que, a pesar del triunfalismo oficial, presenta indicadores poco halagüeños en aspectos esenciales como la educación, la innovación tecnológica, el medio ambiente o la productividad.

¿A qué nos ha conducido todo ello? A la vista está: precios disparatados, una expansión urbana ambientalmente insostenible, la liquidación de patrimonio público, el agotamiento de las posibilidades financieras de muchos municipios y la condena de parte de la población a vivir durante décadas atados a una hipoteca. Buena culpa de ello la tiene la confusión (quizá interesada) entre derecho a la vivienda y derecho a la vivienda en propiedad. Si una sociedad opta por garantizar el segundo, allá ella con sus consensos. Como mecanismo de control social puede ser eficaz, pero ¿es progresista una política con resultados tan retrógrados?