Regional-socialismo: keynesianismo de alpargata y regresividad fiscal

La coalición UPN-PSN (con CDN ya no cuentan ni para la galería) tuvo su epifanía hace unas semanas con el anuncio de Navarra 2012, que no es una exposición, ni un aniversario (aunque por esas fechas, si el electorado no lo remedia, Sanz-Lerín y sus eventuales secuaces-sucesores celebrarán —seguro que con todo boato y profusión de recursos públicos— un ominoso centenario). Tampoco es un anuncio de olimpiadas, campeonatos variados o cualesquiera otras formas al uso de prodigarse con cargo a los presupuestos, comprar voluntades, ganar amigos y alimentar a los preexistentes. Nada de eso. El plan Navarra 2012 es una amalgama de obras ya previstas, algunas incluso iniciadas y otras que creíamos desechadas, como el museo de los Sanfermines, sorpresivamente recuperado, quizá por su fuerte efecto dinamizador sobre la economía navarra. Ya puestos, ¿por qué no incluir también el puente de Tudela, la casa consistorial de Pamplona, la ciudadela o el acueducto de Noain? Nadie se iba a dar cuenta.

La segunda entrega de la coyunda regional-socialista es la reforma fiscal. En este caso se da una situación curiosa. Quienes ideológicamente comulgan con los principios de la reforma, esto es, la derecha conservadora (y liberal, pero eso no existe en Navarra), no se atrevían con ella por miedo a la insuficiencia presupuestaria que se puede generar. Y quienes deberían rechazar una medida así, la imponen con chulería porque, no en vano, fue una promesa desesperada de quien se ha demostrado maestro en el manejo de sondeos, a pesar de que no le sirvió para ganar por los pelos unas elecciones en las que se alimentó de los miedos sembrados por el PP.

Decía Elena Torres al presentar el acuerdo que es una medida «realizable, progresiva y progresista». Es realizable, porque se va a hacer. Es progresiva sólo si se interpreta la medida sin ir más allá de su estricta formulación técnica. Si avanzamos en sus implicaciones, es claramente regresiva. Y, en consecuencia, es cualquier cosa menos progresista. El papel, las grabadoras, lo aguantan todo… En esa línea demagógica, dice también Torres que la medida se va a llevar a cabo «sin restar un euro» a las políticas sociales. Eso está por ver. A no ser que, siguiendo la estela del Navarra 2012, nos termine vendiendo como política social atender obligaciones ya contraídas, como los sueldos de los funcionarios o la factura de la luz de sus instalaciones.

Al parecer, la medida «inyecta liquidez, favorece el consumo, da mayor capacidad a las familias y ayuda mucho a los mileuristas». Ahí es nada. No entiendo por qué no se ha hecho mucho antes. A base de repartir cuatrocientos euros de vez en cuando, tendríamos ya el paraíso en la Tierra…

Para empezar, aunque los efectos teóricos agregados de una reducción de impuestos sean similares a los de una expansión del gasto, en la práctica no ocurre así, porque sus efectos sociales, especialmente en lo que se refiere a la redistribución de la renta, pueden ser notoriamente distintos. Tampoco hay que olvidar que la reducción de la actividad económica y, en su caso, de los ingresos de las familias, tiene traducción inmediata en los impuestos a pagar. Por tanto, una reducción adicional implica menor capacidad del sector público para atender una situación de crisis. Cualquier respuesta progresista a la situación actual debe plantearse desde el lado del gasto y con objetivos redistribuidores. Recuérdese la gestión que un gobierno socialista hizo de la recesión de principios de los noventa, que culminó con un recorte brutal del sistema de prestaciones sociales. Llevamos el mismo camino.

En cuanto a la efectividad de la medida, todos los técnicos, de todas las orientaciones políticas, coinciden en señalar que va a ser escasa. El propio Banco de España, junto a las consabidas y cansinas (lleva treinta años diciendo lo mismo) reclamaciones de mayor flexibilidad laboral, critica las reducciones de impuestos por entender que no queda margen para ello y aconseja dejar actuar los estabilizadores automáticos. La inyección de liquidez va a ser insignificante; dado el elevado endeudamiento de las familias, es dudoso que favorezca el consumo y muy probablemente —a la vista de las expectativas sobre tipos de interés— la mayor parte se destinará al ahorro (aunque sea a esa forma salvaje de ahorro forzoso que son las hipotecas). En cuanto a si da capacidad a las familias o ayuda «mucho» a los mileuristas, me temo que los efectos colaterales no van a ir en esa dirección: ¿es una ayuda para las familias tener que recurrir al sector sanitario privado de forma creciente para superar las deficiencias de un sistema público que no va a hacer sino empeorar con medidas como la acordada? ¿cómo se ayuda a los mileuristas, con limosnas o con prestaciones sociales? A cambio, se comen una parte sustancial del superávit acumulado, que pasa de colchón a incómoda estera.

Una rebaja fiscal sería aceptable, incluso sería progresista, si se dieran algunas condiciones: que la presión fiscal fuera insoportable; o que la provisión de servicios públicos fuera excesiva, estuvieran mal seleccionados (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o supusieran un manifiesto derroche. ¿Se puede argumentar eso en Navarra? No es lo que dicen los indicadores. Por ejemplo, Navarra cuenta con 3,85 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. La media de la UE-25 es de 5,81. La OMS, por su parte, estima que el óptimo está entre 8 y 10. Lo mismo pasa prácticamente con cualquier indicador social. El panorama es de deterioro sostenido en los últimos años, especialmente percibido en la sanidad y la educación; la formación profesional presenta muchas deficiencias; la productividad evoluciona negativamente; el desempeño tecnológico es, según la UE, mediocre; los niveles de pobreza relativa son preocupantes; el modelo económico está agotado y no hay capacidad ni entusiasmo por proponer alternativas; y todo ello en un contexto de crisis, de cambios todavía difíciles de percibir en su magnitud pero que se adivinan estructuralmente intensos.

Así las cosas, ¿qué interesa más a la sociedad navarra? ¿Diseñar un sistema económico y social acorde con los tiempos y a la altura de lo que demanda una sociedad avanzada, o hacer seguidismo con tufillo colonial de las promesas electorales a la desesperada de un iluminado?