sábado, 31 de mayo de 2008

¿Crisis inmobiliaria? Un ajuste necesario

Desde que estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos se ha hablado mucho de la conveniencia o no de que la autoridad monetaria (en aquel caso la Reserva Federal) intervenga para paliar sus efectos y salvar los bancos comprometidos, a costa de avalar comportamientos temerarios e incluso aberrantes desde el punto de vista económico y social. Los partidarios de la intervención arguyen que así se evitan males mayores. Los detractores, que de esa manera se traslada a los agentes económicos el mensaje de que todo vale —hasta el falseamiento de datos— en la loca carrera por engordar las cuentas de resultados, siempre que el problema creado sea lo suficientemente grave. Es lo que se denomina un problema de riesgo moral, que se presenta cuando los costes y perjuicios de una decisión no recaen sobre quien decide.

Sin pretender equiparar dos situaciones con denominaciones similares pero bien diferentes en sus características, aquí esta pasando lo mismo con la construcción. Cuando los indicios de debilitamiento, enfriamiento, crisis, o comoquiera que llamemos a la actual circunstancia, se van imponiendo con la perseverancia de lo inexorable, comienza a generarse un estado de opinión favorable a la intervención pública para paliar los perjuicios que se adivinan. Incluso se ha creado un lobby que aglutina a los principales promotores inmobiliarios, con el fin, quizá no explícito pero sí explicitado en pronunciamientos y actuaciones públicas, de presionar al Gobierno y promover políticas que favorezcan sus intereses. Por eso es conveniente un análisis algo más pormenorizado de la situación y hacer un poco de memoria.

Como todo el mundo sabe —y buena parte lo ha sufrido en las carnes cada vez más escuálidas de su renta mensual (los salarios más bajos llevan años reduciéndose en términos reales)— el precio de la vivienda ha experimentado en la última década subidas que, con perspectiva histórica, cabe calificar de espectaculares. El fenómeno es resultado de una concatenación de elementos que van a coincidir cronológicamente en unos pocos años, a los que no es ajena la unión monetaria en Europa: reducción de tipos de interés hasta niveles desconocidos, necesidad de aflorar dinero fiscalmente oculto, fase expansiva del ciclo económico. Todo ello va a redundar en una especulación exacerbada, muy asociada a la corrupción urbanística, un contexto en el que todo vale y cualquier cantidad de viviendas que se construya encuentra inmediatamente compradores. El ritmo de construcción es frenético, sin relación con las necesidades reales y el número de viviendas vacías se incrementa tan deprisa como los precios. El problema ya no es de vivienda, que haberlas haylas, sino de acceso a la vivienda. Para colmo, la dinámica de ocupación de suelo es depredadora y generadora de servidumbres ambientales, económicas y sociales (emisiones de CO2, congestión, incremento de necesidades de movilidad, contaminación en todos sus tipos) difícilmente asumibles en el inmediato futuro.

Así pues, durante bastantes años se ha confiado el crecimiento económico (con lo que lleva consigo, claro, de exhibición de agregados macroeconómicos aparentemente sólidos y positivos) a la construcción; y, como no podía ser de otro modo por ser las bases muy débiles, tal crecimiento va a ser fuerte pero desordenado y enfermizo, con empleo de mala calidad y un peso preocupante (por lo que significa) del sector en la economía. Socialmente, se produce una gigantesca transferencia regresiva de rentas, desde la población de menor nivel de renta y el sector público hacia los grandes promotores (ni siquiera a los constructores, cuyos márgenes no son tan elevados). Basta observar las listas de las personas más ricas. En España, una buena porción de ellas están muy vinculadas a la promoción inmobiliaria y han hecho su fortuna en un plazo relativamente breve. Y es que la misma Administración ha alimentado el proceso mediante políticas miopes, por más que cuenten con un amplio respaldo social, especialmente las desgravaciones fiscales, pero también la VPO.

No contentos con enriquecerse de esa manera, ahora forman un grupo de presión y se permiten —en ocasiones con notable impertinencia— adoctrinar sobre qué políticas hay que aplicar que, casualmente, coinciden con sus intereses. Con el chantaje del aumento del desempleo, tienen el desparpajo de exigir —ése es el verbo adecuado— un aumento de las deducciones fiscales o más fondos para VPO. Saben, naturalmente, que los más beneficiados de medidas así serían ellos. Y saben, también, que pocos políticos tienen la honestidad intelectual suficiente como para explicar a la ciudadanía que el ajuste no sólo es necesario, sino saludable y que el empleo creado al amparo del boom inmobiliario es poco estable y de muy mala calidad. Al mismo tiempo, el coste de oportunidad (en términos de posibilidades perdidas por no invertir en actividades de mayor futuro) de dedicar tan inmensos recursos al ladrillo es muy elevado para una economía que, a pesar del triunfalismo oficial, presenta indicadores poco halagüeños en aspectos esenciales como la educación, la innovación tecnológica, el medio ambiente o la productividad.

¿A qué nos ha conducido todo ello? A la vista está: precios disparatados, una expansión urbana ambientalmente insostenible, la liquidación de patrimonio público, el agotamiento de las posibilidades financieras de muchos municipios y la condena de parte de la población a vivir durante décadas atados a una hipoteca. Buena culpa de ello la tiene la confusión (quizá interesada) entre derecho a la vivienda y derecho a la vivienda en propiedad. Si una sociedad opta por garantizar el segundo, allá ella con sus consensos. Como mecanismo de control social puede ser eficaz, pero ¿es progresista una política con resultados tan retrógrados?

miércoles, 28 de mayo de 2008

Zapatero y su dilema: principios sin poder, poder sin principios

Las elecciones del 9 de marzo trajeron consigo cambios en el mapa político que han sacado a la luz el verdadero trasunto del PSOE de Zapatero, caracterizado por un populismo electoralista y el principio de conservación del poder a cualquier coste. Ciertamente, el PSOE tiene motivos para sentirse satisfecho a posteriori con el resultado, dado que puede gobernar con tranquilidad los próximos años, permitiéndose incluso hacerlo con una soberbia de la que ya ha habido sobradas muestras en apenas tres meses.

Pero un análisis detenido muestra que las razones para el triunfalismo no son tantas ni de tanto peso. La estrategia de la tensión seguida por el PP la pasada legislatura impidió que el PSOE se despegara en las encuestas, a pesar de tenerlo todo de cara, empezando por la situación económica. La única respuesta que fueron capaces de pergeñar a última hora los estrategas socialistas fue, junto a sobornos electorales descarados, fomentar la crispación y generar un clima de emergencia que ponía al electorado progresista en la tesitura de elegir entre Zapatero o el caos. Resultado: si el PSOE ganó votos, el PP —aun asilvestrado y extremista— ganó más; especialmente, y esto es relevante, en los feudos que ya eran suyos. La drástica bipolarización se llevó por delante Izquierda Unida y acentuó la quiebra territorial del Estado, dejando como futuros árbitros —algo no deseado ni por populares ni por socialistas— a los nacionalistas. La busca de réditos a muy corto plazo ha podido provocar cambios estructurales de largo alcance, quizá en la dirección opuesta a la pretendida.

También resta dulzura a la victoria socialista que haya sido posible gracias a votos prestados. El extraordinario resultado obtenido en Cataluña (donde había pocas razones internas y externas para votar al PSOE) se debe a un fuerte voto anti-PP (es inaudito que un partido que aspira a gobernar lance campañas, no contra adversarios políticos concretos, sino contra la misma población, en este caso, en forma de boicot a productos catalanes). Con matices, pero algo parecido —aunque Patxi López no esté dispuesto a reconocerlo— puede predicarse de la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra. En este último caso se ha visto cuán acertado estaba José Blanco cuando advirtió a su militancia navarra que los votos de las generales son del PSOE y no del PSN. Algo que la dirección socialista local se empeña en ignorar.

Se trata, pues, de una situación cómoda a corto plazo —no se esperan grandes inconvenientes para gobernar— pero más complicada a medio plazo. Si la izquierda ha tenido tradicionalmente más problemas para mantener su voto movilizado, al tratarse esta vez de votos prestados —el voto del miedo, que no es patrimonio exclusivo de la derecha— la dificultad es aún mayor. Todo ello genera un panorama enrevesado en el que resulta difícil desenvolverse y susceptible de terminar en catástrofe. Por no hablar de la ezquizofrenia organizativa que puede generar.

Por un lado, al PSOE le sigue interesando un PP radicalizado para mantener su propio voto movilizado ante la amenaza de la derecha más montaraz. No es casualidad que se haya resucitado el debate religioso; y Rouco y Cañizares, benditos ellos, no necesitan muchos estímulos para lanzarse en tromba, báculo en ristre y presto el anatema. Que el PP consiga incrementar su base electoral con ese discurso ultranacionalista no es mayor problema, puesto que está incapacitado para ser alternativa real de gobierno, salvo que obtuviera mayoría absoluta, hipótesis esta muy poco probable habida cuenta de su desmoronamiento en Cataluña y Euskadi (ay, si María pudiera sustituir flores por votos).

Por otra parte, da la sensación de que el PSOE ha decidido centrar sus desvelos en el Gobierno en Madrid y, por tanto, en la conformación de mayorías suficientes en el Congreso, con o sin aliados. No es una mala elección, dado que Madrid sigue teniendo las llaves de muchas —demasiadas— puertas. Con el PP aislado, no resulta difícil. Cuenta para ello con sus aliados tradicionales, especialmente CiU (también, aventuro, el PNV), mucho más fiables y menos arriesgados, entienden ahora en Ferraz, que otros como ERC, el BNG o, incluso, los restos de IU. Y ahí comienzan los problemas. El PSOE depende más que nunca para gobernar en Madrid de Cataluña y Euskadi, ya sea por los votos directos (muchos, insisto, prestados), ya sea por los indirectos, en forma de apoyos parlamentarios. Pero es muy probable que la traducción de tales apoyos en pactos de gobierno pase por la ausencia de incompatibilidades o conflictos en el país de origen, esto es, que los nacionalistas no estén en sus respectivos parlamentos en la oposición.

En suma, la aparente deriva socialista le llevaría a preferir ceder el gobierno catalán a CiU y buscar algún entendimiento con el PNV (quizá un gobierno de coalición). Eso choca, desde luego, con los intereses del partido en Cataluña (PSC) y Euskadi (PSE). Y choca —sobre todo en Cataluña— con un discurso progresista: tendrá que explicar por qué lo que vale para Madrid no sirve en Barcelona o por qué concede tan poco valor a sus votos al Parlament. De todas formas, no sería más que el desarrollo de lo que en su momento ensayó en Navarra. Claro que, como siempre, aquí salimos perdiendo y no le han regalado el poder a un partido más o menos conservador, pero de raigambre democrática, sino a una sucursal del PP con demasiadas servidumbres predemocráticas (permítaseme el eufemismo). Así pues, la búsqueda del poder en Madrid a toda costa lleva al PSOE a traicionar a muchos de sus votantes. Hemos de asistir a espectáculos interesantes a cuenta del trío PSOE-CiU-PSC.

De todas formas, sería previsiblemente una estrategia perdedora, porque requiere condiciones muy exigentes. En primer lugar, que el PP se mantenga en sus posiciones actuales: Aguirre, Ramírez y Jiménez están por la labor, pero otros personajes significados parecen remar en distinta dirección. Requiere, en segundo lugar, que las variantes territoriales del PSOE, acepten ser sacrificadas en el altar de intereses que es difícil percibir como superiores y que parecen espurios, cuando no puramente crematísticos. Y requiere, en tercer lugar, que los votantes entren en el juego y no extraigan conclusiones, algo que sólo ocurre en modelos teóricos, partiendo del supuesto de que son imbéciles.

domingo, 18 de mayo de 2008

Condenas y complejos

Supongo que en Nafarroa Bai la costumbre de ser objeto de escrutinio permanente está tan arraigada que puede terminar por generar una especie de adicción a chutes periódicos de adrenalina organizativa (si tal cosa pudiere existir). Y no es que esto ocurra porque se busque deliberadamente, ni siquiera por torpeza, negligencia o falta de previsión (a veces sí, que nadie está libre de pecado). No hace falta ser muy avispado ni estar muy al tanto de los entresijos políticos para adivinar que hay mucha gente (entiéndase: personas, organizaciones, medios de comunicación) vivamente interesada en airear y tergiversar cuanto procede de Nafarroa Bai, haya motivo o no. Que el motivo es nimio, se exagera hasta la caricatura; que ni siquiera existe, se fabrica.

No se confunda esta reflexión con victimismo en ningún grado. Personalmente creo que es saludable para mantener debidamente lubricados los reflejos colectivos. Y, qué diablos, si se ocupan tanto de Nafarroa Bai no va a ser porque consideren que es irrelevante (señal que cabalgamos, que diría alguien). Pero es verdad que a veces afloran complejos, una especie de necesidad de no ser castigados, ser aceptados o, simplemente, obtener una mirada amable del padre padrone.

Con la condena del atentado terrorista de Legutiano parece haberse dado una mezcla de todo. Ha habido mucho de creación de una noticia que no era tal, incluso de manipulación periodística, llegándose a decir que Nafarroa Bai no condenaba el atentado o divagando sobre si Nafarroa Bai apoyaba unas cosas en unos sitios y otras en otros y exigiéndole una coherencia que nadie más tiene. Y también se han manifestado esos complejos.

Vamos con las incoherencias: UPN, por ejemplo, votó en contra (no le bastó la abstención) de un texto en el Parlamento de Navarra que el PP había apoyado en el Parlamento Vasco, distinto a su vez del que el PP y sus acólitos navarros apoyaron en el Congreso de los Diputados. Por primera vez en mucho tiempo, el PP ha permitido la unanimidad en Madrid, al renunciar a imponer su consabido apartado sobre la prohibición al Gobierno de negociar con ETA. El PSOE ha votado tres textos distintos, en Madrid, Vitoria y Pamplona; y en Pamplona se abstuvo respecto al texto que sí había apoyado en Vitoria. ¿Quién da más? ¿Dónde está el problema?

Vamos con el contenido: ¿alguien tiene algo que reprochar al texto propuesto por Nafarroa Bai en el Parlamento de Navarra? ¿por qué hay quien se empeña, también en Nafarroa Bai, en hacer el juego incluso a esa extrema derecha que proclama que si no estás con ella en sus delirios ultranacionalistas eres un terrorista peligroso, que pretende marcar como camino único lo que no es sino su particular visión de las cosas? Nafarroa Bai está obligada a tener su propio criterio, a definir su posición y defenderla. Su calidad de segunda fuerza política en el Parlamento de Navarra la avala. Ni es una vergüenza ni va en menoscabo de su dignidad y capacidad política. Todo lo contrario. Más aún, desde un punto de vista formal, ético y político, el texto de Nafarroa Bai era superior al de UPN.

El problema de las condenas de los actos terroristas es que todo el mundo se siente obligado a decir las cosas más duras y más duras cada vez, de forma que, al final, se convierten en rosarios de palabras altisonantes que no dicen nada por el abuso que de ellas se hace, cuando la lengua (cualquiera de ellas) posee expresiones mucho más sencillas pero igualmente rotundas y claras. Es parte de la perversión de lo políticamente correcto, pero es también fruto de la estulticia, la negligencia o la dejadez. La defensa de los derechos humanos —pues de eso se trata— no requiere insultos, ni desmesura ni palabras grandilocuentes, sino serenidad y palabras claras y sencillas, aunque sean siempre las mismas. Tampoco un comunicado de condena es lugar para hacer comulgar a nadie con ruedas de molino, practicar jugarretas de bajo nivel o entrar en cuestiones de política penal y penitenciaria, mucho menos cuando es institucional.

Por poner un ejemplo, estoy seguro que esta derecha (sociológica) de nuestros pecados no habría consentido una placa como la del monumento a los fueros: «Se erigió este monumento para conmemorar la unión de los navarros en defensa de sus libertades. Libertades aún más dignas de amor que la propia vida». Apostaría a que, hoy, alguien se habría empeñado en añadir algo así como: «dentro de la sagrada e indisoluble unidad de España»; e igualmente habría habido voces, aventuro, partidarias de tragar y callar con tal de no quedar mal. A la vista de cómo han evolucionado otras personas, muchos acomplejados corren el riesgo, de no controlarse, de terminar envueltos en la bandera monárquica y dando vivas a la Virgen del Pilar. Que no es que tenga nada de malo, pero tampoco es eso.

jueves, 8 de mayo de 2008

La dura labor de oposición

Las elecciones de mayo de 2007 marcaron un hito significativo en el devenir político de Navarra. Aun manteniendo UPN la mayoría, los resultados permitían vislumbrar alternativas y un relevo en el liderazgo de la oposición. Bastaba que el PSN se olvidara de su tradicional política de obstrucción a cualquier alternativa a UPN para que fuera posible un gobierno progresista en Navarra.

Con todo, lo más significativo fue la emergencia —y como segunda fuerza— de Nafarroa Bai, una coalición de partidos que comparten una visión integradora y progresista de Navarra. Nafarroa Bai ha conseguido aglutinar buena parte de las esperanzas de cambio, constituyendo todo un fenómeno social y adquiriendo rápidamente entidad propia al sumar —sea cual sea el ámbito de referencia— bastante más que los partidos que la integran.

Pero hay una diferencia entre Nafarroa Bai y otras fuerzas políticas. Así como algunos partidos tienen —o presumen tener— un espacio considerado «propio» y que administran como una finca privada, el que obtuvo Nafarroa Bai no es una finca familiar, mucho menos de recreo. Es un usufructo, un préstamo de la ciudadanía que debe ser gestionado con esmero porque la sociedad espera que le sea devuelto mejorado, con réditos, y no aminorado por una mala administración o por haber sido, simplemente, dilapidado.

Ha pasado prácticamente un año desde las elecciones. Un período que se inicia con un verano traumático de negociaciones imposibles, con fundadas sospechas de que no llegarían a ningún sitio. Se hizo un buen papel y, creo, se estuvo a la altura de las circunstancias. Quedó bien claro que si finalmente no había gobierno progresista en Navarra no sería por culpa de Nafarroa Bai. Pero una vez las cosas establecidas «como Dios manda», «como debe ser», esto es, el orden natural de la derecha, tocaba ponerse a trabajar. Con el agravante u obstáculo de que el PSN mostraba su verdadera cara y se disponía a gobernar en férrea alianza con UPN. Nafarroa Bai quedaba, pues, como la oposición.

Decía Andreotti —tan pragmático y políticamente sabio como oscuro— que el poder desgasta a quien no lo tiene. La tarea de oposición es dura e ingrata. Pero es un trabajo que hay que hacer. Y no consiste simplemente en decir no a todo, ni en buscar las vueltas a lo que dice el Gobierno, ni en no querer
«mojarse» en los temas relevantes, mucho menos en intentar quedar bien permanentemente ante la opinión pública (el «coste cero» de la acción política es un objetivo pernicioso). La tarea de oposición consiste, por el contrario, en escudriñar, averiguar, controlar, conocer los temas y proponer alternativas solventes (aun al coste de perder una virginidad política poco deseable en quien aspira a gobernar). Es la única vía para ganar credibilidad y poder presentarse ante la ciudadanía con réditos suficientes para demostrarle que ha hecho un buen negocio.

Francamente, yo no diría que el balance de este año es alentador. En el debate presupuestario, la presencia de Nafarroa Bai fue testimonial y se desaprovechó el caudal de ideas y proyectos que existen y que con tanto entusiasmo y trabajo se han ido elaborando. En el asunto del Consejo General de Caja Navarra faltó fluidez en las comunicaciones. Y en un tema tan sensible como el euskera, se falla a la ciudadanía clamorosa y flagrantemente. Que es una reforma menor, de acuerdo. Que ha faltado cortesía parlamentaria, de acuerdo. Queda por saber si de haber estado presentes todos los parlamentarios de Nafarroa Bai la reforma hubiera salido igualmente adelante. Pero Nafarroa Bai ha incumplido su contrato. Y no basta con pedir disculpas. Es hora ya de empezar a asumir responsabilidades, también personales.

Y ponerse a trabajar sin dilación en alternativas de gobierno y no en meras glosas de decisiones o proyectos del Gobierno (que van a contar, ya se sabe de antemano, con el respaldo de sus coaligados socialistas). En el momento actual el PSN sólo vota contra UPN cuando se ve acorralado por compromisos electorales que, por haber sido tan voceados, no admiten marcha atrás. Y, con todo, el grupo parlamentario socialista tiene la cintura y el cinismo necesarios para decir diego donde dijo digo, así que las posibilidades no son muchas. Seguramente hay que fortalecer hábitos internos de trabajo en común (no en compartimentos estancos que sólo consensúan conclusiones) e ir creando y consolidando grupos de discusión, reflexión y elaboración de propuestas, plurales en su composición y especializados en su objeto, para apuntalar el trabajo parlamentario.

Quedan tres años de legislatura. Seguramente la legislatura más trascendental a la que se vaya a enfrentar Nafarroa Bai en mucho tiempo. En nuestras manos está aprovecharlos. Cuando el elector deposita su voto en la urna, implícitamente está exigiendo que el destinatario del voto no le falle. No sé si hasta ahora se ha fallado al electorado y a la sociedad. Pero a partir de ahora es un lujo que no está al alcance de Nafarroa Bai.