Andaba hasta hace unos días el río autonómico revuelto (la convocatoria de elecciones lo relega todo a un segundo plano) a cuenta de los dineros. Por un lado, demandan las Comunidades Autónomas la ampliación del plazo previsto para devolver al Estado lo recibido de más. Con argumentos de mal pagador, pretenden que la culpa es del Estado por errar en los cálculos. La mala gestión no va con ellos. Este problema pone de manifiesto, una vez más, el
deficiente diseño del sistema de financiación autonómica, que no ha sabido resolver el divorcio entre quien recauda y quien gasta, la dichosa corresponsabilidad fiscal. Añádase a eso una concepción caciquil y decimonónica de la acción política —que se exacerba conforme se desciende en el nivel de gobierno— y ya tenemos todos los ingredientes para el desastre. Y no se libra nadie, porque
los ejemplos de pésima gestión, derroche y corrupción surgen por doquier. Lo último, a modo de pataleta infantil, el amago de algunos gobiernos (del PP) de devolver transferencias. Que lo hagan, seguramente les vienen grandes. Es una muestra clamorosa del fracaso de la estrategia del “café para todos” pergeñada en su día para descafeinar o desnaturalizar el autogobierno vasco y catalán.
