Parece que hasta las matemáticas se alían con el bueno de Zapatero. Y si no, fíjense: si llamamos —como es habitual— Z al conjunto de los números enteros y consideramos aquéllos que son múltiplos de un número natural p, el resultado es un conjunto, Zp, cuya estructura se
denomina ideal. Quizá sea por esta concatenación de elementos favorecedores —todo recuerda las cartas astrales de los reyes de la Antigüedad— que de ser un bambi objeto de burlas y chistes fáciles, se ha convertido en la bestia negra de la derecha, un monstruo agazapado en las espesas brumas de las peores pesadillas del ZAR (el clan Zaplana-Acebes-Rajoy). Es cierto que el período de gobierno de Zapatero ha dado alas a cuantos, desanimados por el desbarajuste de los últimos años de gobierno de González y la regresión del aznarato, desconfiaban ya de la posibilidad de acometer cambios con una orientación progresista. Sin embargo, a medida que Zapatero y su gobierno perdían la virginidad (en política eso ocurre poco a poco y las más de las veces el interesado ni se entera) surgían sombras, medias tintas o francos incumplimientos que empobrecen el saldo final. Veamos algunos ejemplos.
En primer lugar, la conocida coloquialmente como Ley de la Memoria Histórica, uno de los señuelos en que el presidente más había insistido, dando a entender que se trataba de un empeño personal suyo. Era evidente que se imponía algún tipo de reparación a quienes soportaron incluso el oprobio de ser condenados por rebelión militar debido a su lealtad constitucional y republicana, sin que nadie se haya molestado en anular esas causas (no hablemos de enjuiciar a tantos responsables de aquello y de lo que vino después: ¿dónde está el Garzón chileno que haga aquí su trabajo?); y ello por mucho que pese a quienes se dedican a publicar esquelas de «asesinados por las hordas (marxistas, rojas, republicanas, póngase lo que mejor acomode)»; muertos que, en todo caso, no cesaron de generar honores, prebendas y aun pensiones durante bastante más de cuarenta años. Sin embargo, después de presentar un proyecto ya de por sí limitado, aunque admisible, la propia Presidencia del Gobierno dio instrucciones para rebajar y diluir drásticamente las pretensiones iniciales. La excusa, atraer al PP a un consenso al que difícilmente se va a prestar porque lleva mucho tiempo recibiendo en longitudes de onda incompatibles con emisores democráticos.
Un segundo aspecto a considerar del período de Zapatero es el de la inmigración. Después de un comienzo prometedor, incluyendo una regularización tan beneficiosa como mal explicada, se cae en la trampa pueril tendida por el PP a cuenta de la llegada de cayucos a Canarias (que es, recuérdese, una ínfima parte de la inmigración total) y comienzan los bandazos al socaire de las encuestas. Una de las consecuencias la estamos viendo estos días, con el vídeo del PP en el que se liga de forma nada sutil inmigración y delincuencia. Algo que ya hizo el Gobierno de Aznar en su día, violentando sus propias estadísticas para apelar a los instintos más viles.
Igualmente pobre ha sido la actuación gubernamental en relación con la financiación de la Iglesia y el tratamiento de la asignatura de religión, perdiéndose una nueva oportunidad y dejando el problema latente. Era una ocasión excelente para denunciar los inconstitucionales acuerdos con la Santa Sede, establecer unas relaciones España-Vaticano propias de estados modernos, resolver la escandalosa situación laboral de los profesores de religión (tolerada y, lo que es peor, financiada por el propio Estado) y llevar la impartición de doctrinas religiosas y el proselitismo a su ámbito natural. Lejos de eso, se eleva la financiación pública a la Iglesia nada menos que en un 40%. Para colmo, se vende la historia como si no fuera una subvención, sino una especie de derecho privativo de la Iglesia Católica y se da a entender que desaparece la financiación presupuestaria. El mismo obispo de Pamplona así lo afirma: «Esta modificación permitirá prescindir del complemento presupuestario que el Gobierno añadía cada año para completar el resultado de la asignación tributaria hasta la cantidad prevista». Debe quedar
claro que esa cantidad es sólo para sostenimiento del clero, no para las actividades sociales que puedan desempeñar organizaciones católicas, que se financian por otras vías. Por tanto, lo único que ha hecho el Gobierno ha sido incrementar más que generosamente la financiación de la Iglesia con cargo a los presupuestos públicos. Y a cambio sólo obtiene una oposición política feroz y muy sesgada hacia postulados extremistas, al tiempo que alienta la desobediencia civil (¿procesará algún juez al portavoz Camino?).
Para terminar el catálogo, la última rebaja fiscal, aprovechando el superávit presupuestario: una acción socialmente regresiva y que socava las bases de la acción redistribuidora que usualmente se reconoce al sector público. Y ello no por la existencia en sí del superávit. La idea del ministro Solbes de contemplar el objetivo del equilibrio presupuestario en el conjunto del ciclo económico es razonable. Las alegrías presupuestarias en fases expansivas terminan por ser dañinas para los más desfavorecidos cuando llegan las recesiones, porque el déficit se hace insostenible y da lugar a la reducción o eliminación de prestaciones sociales. Baste recordar lo que ocurrió durante la crisis de principios de los noventa. Pero traducir el superávit en rebajas fiscales cuando el Estado del Bienestar deja en España tanto que desear es otra historia. Debería ser la última medida en contemplar, nunca la primera.
Habría más aspectos de la actividad gubernamental a comentar, pero este pequeño catálogo es, entiendo, el más significativo. Da la impresión que se gobierna a golpe de encuestas y sondeos, algo peligroso y de resultados inciertos, porque relega ideologías y principios a favor de un
pragmatismo no siempre coherente. Como ejemplo, ahí tienen a Blair, a punto de concluir su período de gobierno sin logros particulares que exhibir, como no sea la guerra de Irak o la habilidad para ganar elecciones sin tener nada que ofrecer. Y, mientras tanto, practicando políticas de seguridad y derechos humanos dignos de la derecha más rancia en su obsesión por la ley y el orden. Zapatero olvida que ha llegado al Gobierno por el entusiasmo de una izquierda que busca algo más que un progresismo social de gestos. Si se empeña, como hizo en su día González, en sobornar a la clase media para mantenerse en el poder, olvidando su base social natural, se quedará sin base y sin poder.
(Diario de Noticias, 28 de noviembre de 2006)
martes, 28 de noviembre de 2006
miércoles, 8 de noviembre de 2006
De impuestos y transferencias: ¿qué política fiscal?
El pasado 17 de septiembre hubo elecciones en Suecia y las ganó el bloque conservador, en lo que se interpretó como una reacción de hastío tras doce años de gobierno socialdemócrata. Conviene aclarar que desde 1930 los conservadores apenas han gobernado diez años (1976-1982 y 1991-1994). Su último período concluyó abruptamente debido, al parecer, a que el electorado no veía con buenos ojos la aplicación de las teorías neoliberales en lo que a intervención pública en la economía y sistema de prestaciones sociales afectaba. El señuelo de las reducciones impositivas no funcionó. En 1994, cuando la derrota conservadora parecía inminente, los empresarios intervinieron en la campaña electoral, advirtiendo que de ganar los socialdemócratas podría haber un desplazamiento masivo de empresas e inversiones a países con menores exigencias ambientales, fiscales y laborales.
Pues bien, nada de eso ocurrió. La situación de Suecia es hoy envidiable en muchos aspectos. Incluso tiene superávit presupuestario y todo ello a pesar de permanecer fuera de la unión monetaria europea. Hace unos años se llegó a pensar en realizar un referéndum para aprobar rebajas impositivas y se renunció porque los estudios de opinión señalaban que una mayoría amplia de la población prefería pagar más impuestos a cambio de mantener el sistema de prestaciones sociales. ¿Qué ha pasado en estos años para que los conservadores hayan podido llegar al gobierno? Algo tan simple como que han renunciado a sus viejas aspiraciones y ya no hablan de adelgazar el Estado del Bienestar.
Desde que se iniciara la denominada revolución conservadora , la reducción de impuestos ha sido objeto de una competencia frenética entre gobiernos de todo signo; nadie quiere aparecer como el elevador -ni siquiera mantenedor- de impuestos (otra cosa es la carga fiscal, como bien sabe el PP). Puesto que unos menores ingresos dan menor capacidad de gasto (y, no se olvide, menores posibilidades de reacción cuando vienen mal dadas), el resultado es una reducción (asimétrica y regresiva) de las prestaciones y servicios sociales, en cantidad y calidad.
A pesar de todo, hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.
La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.
Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proveer de recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. No estaría de más en este contexto alguna reflexión sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias.
Viene esto a cuento de la presentación al Parlamento del proyecto de presupuestos de Navarra para 2007 y las declaraciones del consejero Iribarren en torno a los mismos. El consejero planteó dos cuestiones que son muy reveladoras de la concepción que tiene la derecha acerca del funcionamiento de la economía y el papel del sector público, así como de la actuación de UPN en sus años de gobierno (dejemos aparte el ciclo electoral del gasto público, que daría para mucho, especialmente en los presupuestos de 2007, buen indicador de hasta dónde cunde el nerviosismo). Y explican el ya evidente deterioro de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Deterioro que no se arregla a última hora proyectando algún colegio o vacunando contra la varicela.
Iribarren reconoció que no es posible incrementar el gasto social, pero el argumento es, como mínimo, irrespetuoso con los asalariados: el 87% de la recaudación del IRPF procede de los salarios y los trabajadores no van a querer que se les suban los impuestos. Es decir, los salarios representan algo más de la mitad de las rentas de la economía, pero el 87% de la recaudación por IRPF. En esas condiciones es lógico que los asalariados no quieran pagar más. Pero seguro que se puede incrementar el exiguo 13% de las rentas del capital. Aplicado a los presupuestos de 2007 ello equivaldría a recaudar de media el 14% de los salarios, pero sólo el 2% de las rentas del capital. Eso sí que es un paraíso fiscal. Y para colmo, el consejero alardeando de que se premia el ahorro. Hagan una cuenta sencilla: con unos ingresos netos anuales de 18.000 euros (sin deducciones familiares ni de otro tipo), la cuota a pagar es de casi un 50% más si las rentas son del trabajo que si proceden del capital; y para tener unas rentas del capital así es necesario un patrimonio de cierta entidad. El viejo cuento de vender reducciones de impuestos y mejora de prestaciones termina por ser insultante y demagógico porque, a diferencia de lo que afirma el consejero, no incrementa el bienestar. Y ahora nos viene con que no vale compararse con Alemania. Quizá hay que compararse con Haití. Cuando conviene, Navarra es el ombligo del mundo. ¿Y cuando no, qué es? ¿Una hemorroide?
(Diario de Noticias, 8 de noviembre de 2006)
Pues bien, nada de eso ocurrió. La situación de Suecia es hoy envidiable en muchos aspectos. Incluso tiene superávit presupuestario y todo ello a pesar de permanecer fuera de la unión monetaria europea. Hace unos años se llegó a pensar en realizar un referéndum para aprobar rebajas impositivas y se renunció porque los estudios de opinión señalaban que una mayoría amplia de la población prefería pagar más impuestos a cambio de mantener el sistema de prestaciones sociales. ¿Qué ha pasado en estos años para que los conservadores hayan podido llegar al gobierno? Algo tan simple como que han renunciado a sus viejas aspiraciones y ya no hablan de adelgazar el Estado del Bienestar.
Desde que se iniciara la denominada revolución conservadora , la reducción de impuestos ha sido objeto de una competencia frenética entre gobiernos de todo signo; nadie quiere aparecer como el elevador -ni siquiera mantenedor- de impuestos (otra cosa es la carga fiscal, como bien sabe el PP). Puesto que unos menores ingresos dan menor capacidad de gasto (y, no se olvide, menores posibilidades de reacción cuando vienen mal dadas), el resultado es una reducción (asimétrica y regresiva) de las prestaciones y servicios sociales, en cantidad y calidad.
A pesar de todo, hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.
La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.
Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proveer de recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. No estaría de más en este contexto alguna reflexión sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias.
Viene esto a cuento de la presentación al Parlamento del proyecto de presupuestos de Navarra para 2007 y las declaraciones del consejero Iribarren en torno a los mismos. El consejero planteó dos cuestiones que son muy reveladoras de la concepción que tiene la derecha acerca del funcionamiento de la economía y el papel del sector público, así como de la actuación de UPN en sus años de gobierno (dejemos aparte el ciclo electoral del gasto público, que daría para mucho, especialmente en los presupuestos de 2007, buen indicador de hasta dónde cunde el nerviosismo). Y explican el ya evidente deterioro de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Deterioro que no se arregla a última hora proyectando algún colegio o vacunando contra la varicela.
Iribarren reconoció que no es posible incrementar el gasto social, pero el argumento es, como mínimo, irrespetuoso con los asalariados: el 87% de la recaudación del IRPF procede de los salarios y los trabajadores no van a querer que se les suban los impuestos. Es decir, los salarios representan algo más de la mitad de las rentas de la economía, pero el 87% de la recaudación por IRPF. En esas condiciones es lógico que los asalariados no quieran pagar más. Pero seguro que se puede incrementar el exiguo 13% de las rentas del capital. Aplicado a los presupuestos de 2007 ello equivaldría a recaudar de media el 14% de los salarios, pero sólo el 2% de las rentas del capital. Eso sí que es un paraíso fiscal. Y para colmo, el consejero alardeando de que se premia el ahorro. Hagan una cuenta sencilla: con unos ingresos netos anuales de 18.000 euros (sin deducciones familiares ni de otro tipo), la cuota a pagar es de casi un 50% más si las rentas son del trabajo que si proceden del capital; y para tener unas rentas del capital así es necesario un patrimonio de cierta entidad. El viejo cuento de vender reducciones de impuestos y mejora de prestaciones termina por ser insultante y demagógico porque, a diferencia de lo que afirma el consejero, no incrementa el bienestar. Y ahora nos viene con que no vale compararse con Alemania. Quizá hay que compararse con Haití. Cuando conviene, Navarra es el ombligo del mundo. ¿Y cuando no, qué es? ¿Una hemorroide?
(Diario de Noticias, 8 de noviembre de 2006)
martes, 31 de octubre de 2006
Anda la paz por el coro
La actitud del PP (es decir, de sus dirigentes) desde que perdió las elecciones generales de 2004 recuerda la de esas personas que mientras no consiguen lo que quieren generan conflicto tras conflicto hasta que, por cansancio, deseo de tranquilidad o pura racionalidad, los demás les dejan hacer y salirse con la suya. Sólo entonces llega la calma. Pero lo que entre personas denota simplemente características más o menos patológicas de la conducta, elevado a la categoría de estrategia de una organización —más si es un partido político— puede tener
consecuencias graves, en la medida en que traslada a su funcionamiento ordinario rasgos de intolerancia y escaso fuste democrático, buscando socavar la posición del oponente y llegar al poder a cualquier precio, aunque éste sea la generación de incertidumbre y la puesta en solfa de la propia legitimidad del sistema. Y cada día que pasa la radicalización antidemocrática se agudiza y el partido es rehén de un grupo de exaltados extremistas seguramente precursores de alguna forma posmoderna de autoritarismo (por no decir fascismo).
En la guerra como en la guerra, se aprestan todas las armas y se ataca por todos los flancos. El deterioro de la actuación parlamentaria es evidente, y a ella se añade la actuación de la judicatura, nunca tan politizada ni tan inclinada a una opción concreta, por lo demás muy radical. Viendo los acontecimientos en perspectiva, se explica el desembarco y la actuación de Grande Marlaska, la decepción de mucha gente con la vuelta de Garzón, el procesamiento de Ibarretxe o las últimas decisiones del Tribunal Supremo. Los jueces suplantan los otros poderes del Estado ignorando cualquier contención y con total indiferencia ante una degradación de la Administración de Justicia que llega a extremos insoportables para una conciencia democrática.
No podía faltar tampoco la Iglesia, que de la mano del templado tándem Rouco-Cañizares anda a la greña, escandalizando conciencias y haciendo política como no se había visto desde su bendecida cruzada: la unidad de España es sagrada y negociar con ETA es inmoral. Estos señores —acompañados por el jesuita Camino— harían parecer un rojo herético al mismísimo Guerra Campos, no digamos al moderado Tarancón que, paradojas de la vida, ha terminado por ser considerado progresista y demócrata.
A tal punto han llegado las cosas que, superado y demonizado hace tiempo ABC como reo de polanquismo, el propio Pedro J. Ramírez, otrora oráculo del PP triunfante e inspirador de su deriva derechista en la segunda legislatura del aznarato, ha sido rebasado ampliamente en su populismo cuasifascista de corte latinoamericano (a medio camino, si ello es posible, entre Perón y Chávez). Ramírez fue el inspirador de la estrategia del váyase señor González y el enturbiamiento máximo de la situación política como medio de conquista del poder. Hoy, evidentemente, la situación es bien distinta, sin que nadie parezca (querer) captar el matiz. Pero la base conceptual ya no la pone Ramírez y su tenaz fijación con la última legislatura de González, sino seudohistoriadores dedicados a tergiversar y manipular el período republicano (guerra incluida) (Moa, Vidal) y periodistas (Jiménez Losantos), obsesionados por recrear el clima inmediatamente posterior a la victoria electoral del Frente Popular en 1936 y previo a la sublevación militar. Hay, pues, un cambio cualitativo sustancial en el poso ideológico que anima a la dirección del PP. Cambio enormemente peligroso para el actual régimen.
Poco importa el agotamiento de los argumentos. Cuando el Estatuto catalán no da más de sí a pesar de estar Cataluña en campaña electoral; cuando el 11-M agoniza lánguidamente en las preguntas parlamentarias y el ácido bórico es motivo de rechifla en las propias filas ultramontanas (por más que parezca ser el leit motiv del diputado Del Burgo), la cantinela se vuelve machacona, reiterativa e insultante hacia el proceso de paz. Y como no se paran en barras, intentan explotar el filón más rancio y montaraz de la España profunda, apelando a una concepción nacionalista, autoritaria, centralista y carpetovetónica, muy arraigada en capas sociales sensibles a la añoranza imperial patéticamente resucitada por el franquismo. Se desnuda la argumentación de formalismos o de apariencias jurídico-democráticas. Viene a las mientes un famoso discurso de Areilza en Bilbao: «Bilbao no se ha rendido sino que ha sido conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra dura, viril, inexorable. Ha habido, vaya que sí ha habido, vencedores y vencidos: ha triunfado la España una, grande y libre»; sospechosamente parecido a lo que se está oyendo últimamente. Por cierto, utilizando a Navarra sin pudor, convirtiéndola —esta vez sí— en moneda de cambio y medio de chantaje, enviando sus huestes a hacer gala de atributos viriles en defensa de la españolidad de Navarra, sin que los corresponsales locales de quienes tales veleidades exhiben se despeinen ni les cambie el gesto.
Mientras tanto, para variar, ETA elige la estrategia equivocada. Se dedica minuciosamente a crear tensión, quizá con la intención de aumentar su precio en la negociación y segura de que cualquier gobierno actuaría de la misma forma que éste y el anterior. Pero el aumento de la tensión, la permanente atención a un proceso que necesariamente ha de desarrollarse pausada y discretamente, así como el tremendo ruido originado por la extrema derecha y sus corifeos en el PP, terminarán por restar apoyo al gobierno de Zapatero y la población se volverá hacia quien promete seguridad y mano dura. Sería un craso error seguir por ese camino: el PP ya no está por negociaciones, ha quemado sus naves y ahora sólo contempla el exterminio del enemigo (da miedo pensar en la extensión que pueda dar a ese concepto), cualquiera que sea su coste. Hora es de dejar de juguetear y ponerse a la tarea con aplicación y seriedad o todos saldremos perdiendo.
(Diario de Noticias, 31 de octubre de 2006)
consecuencias graves, en la medida en que traslada a su funcionamiento ordinario rasgos de intolerancia y escaso fuste democrático, buscando socavar la posición del oponente y llegar al poder a cualquier precio, aunque éste sea la generación de incertidumbre y la puesta en solfa de la propia legitimidad del sistema. Y cada día que pasa la radicalización antidemocrática se agudiza y el partido es rehén de un grupo de exaltados extremistas seguramente precursores de alguna forma posmoderna de autoritarismo (por no decir fascismo).
En la guerra como en la guerra, se aprestan todas las armas y se ataca por todos los flancos. El deterioro de la actuación parlamentaria es evidente, y a ella se añade la actuación de la judicatura, nunca tan politizada ni tan inclinada a una opción concreta, por lo demás muy radical. Viendo los acontecimientos en perspectiva, se explica el desembarco y la actuación de Grande Marlaska, la decepción de mucha gente con la vuelta de Garzón, el procesamiento de Ibarretxe o las últimas decisiones del Tribunal Supremo. Los jueces suplantan los otros poderes del Estado ignorando cualquier contención y con total indiferencia ante una degradación de la Administración de Justicia que llega a extremos insoportables para una conciencia democrática.
No podía faltar tampoco la Iglesia, que de la mano del templado tándem Rouco-Cañizares anda a la greña, escandalizando conciencias y haciendo política como no se había visto desde su bendecida cruzada: la unidad de España es sagrada y negociar con ETA es inmoral. Estos señores —acompañados por el jesuita Camino— harían parecer un rojo herético al mismísimo Guerra Campos, no digamos al moderado Tarancón que, paradojas de la vida, ha terminado por ser considerado progresista y demócrata.
A tal punto han llegado las cosas que, superado y demonizado hace tiempo ABC como reo de polanquismo, el propio Pedro J. Ramírez, otrora oráculo del PP triunfante e inspirador de su deriva derechista en la segunda legislatura del aznarato, ha sido rebasado ampliamente en su populismo cuasifascista de corte latinoamericano (a medio camino, si ello es posible, entre Perón y Chávez). Ramírez fue el inspirador de la estrategia del váyase señor González y el enturbiamiento máximo de la situación política como medio de conquista del poder. Hoy, evidentemente, la situación es bien distinta, sin que nadie parezca (querer) captar el matiz. Pero la base conceptual ya no la pone Ramírez y su tenaz fijación con la última legislatura de González, sino seudohistoriadores dedicados a tergiversar y manipular el período republicano (guerra incluida) (Moa, Vidal) y periodistas (Jiménez Losantos), obsesionados por recrear el clima inmediatamente posterior a la victoria electoral del Frente Popular en 1936 y previo a la sublevación militar. Hay, pues, un cambio cualitativo sustancial en el poso ideológico que anima a la dirección del PP. Cambio enormemente peligroso para el actual régimen.
Poco importa el agotamiento de los argumentos. Cuando el Estatuto catalán no da más de sí a pesar de estar Cataluña en campaña electoral; cuando el 11-M agoniza lánguidamente en las preguntas parlamentarias y el ácido bórico es motivo de rechifla en las propias filas ultramontanas (por más que parezca ser el leit motiv del diputado Del Burgo), la cantinela se vuelve machacona, reiterativa e insultante hacia el proceso de paz. Y como no se paran en barras, intentan explotar el filón más rancio y montaraz de la España profunda, apelando a una concepción nacionalista, autoritaria, centralista y carpetovetónica, muy arraigada en capas sociales sensibles a la añoranza imperial patéticamente resucitada por el franquismo. Se desnuda la argumentación de formalismos o de apariencias jurídico-democráticas. Viene a las mientes un famoso discurso de Areilza en Bilbao: «Bilbao no se ha rendido sino que ha sido conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra dura, viril, inexorable. Ha habido, vaya que sí ha habido, vencedores y vencidos: ha triunfado la España una, grande y libre»; sospechosamente parecido a lo que se está oyendo últimamente. Por cierto, utilizando a Navarra sin pudor, convirtiéndola —esta vez sí— en moneda de cambio y medio de chantaje, enviando sus huestes a hacer gala de atributos viriles en defensa de la españolidad de Navarra, sin que los corresponsales locales de quienes tales veleidades exhiben se despeinen ni les cambie el gesto.
Mientras tanto, para variar, ETA elige la estrategia equivocada. Se dedica minuciosamente a crear tensión, quizá con la intención de aumentar su precio en la negociación y segura de que cualquier gobierno actuaría de la misma forma que éste y el anterior. Pero el aumento de la tensión, la permanente atención a un proceso que necesariamente ha de desarrollarse pausada y discretamente, así como el tremendo ruido originado por la extrema derecha y sus corifeos en el PP, terminarán por restar apoyo al gobierno de Zapatero y la población se volverá hacia quien promete seguridad y mano dura. Sería un craso error seguir por ese camino: el PP ya no está por negociaciones, ha quemado sus naves y ahora sólo contempla el exterminio del enemigo (da miedo pensar en la extensión que pueda dar a ese concepto), cualquiera que sea su coste. Hora es de dejar de juguetear y ponerse a la tarea con aplicación y seriedad o todos saldremos perdiendo.
(Diario de Noticias, 31 de octubre de 2006)
martes, 17 de octubre de 2006
Pegenaute, las encuestas y la Ley del Vascuence
He decidido dedicar el 75% de mis oraciones diarias a pedir por la salud y el bienestar de Pedro Pegenaute, director general —ahí es nada— de Universidades y Política Lingüística. Sus intervenciones, sean en una materia u otra, pero muy especialmente las que tienen que ver con el euskera («bueno, vascuence»), son motivo de alborozo a la par que alimento cultural para nuestros ignaros y prosaicos espíritus. Bien pensado, no hay nadie en la Administración navarra tan de las hechuras del lehendakari Sanz (que es el único que le supera en locuacidad y enjundia, lo cual ya dice mucho en su favor). Como ambos demuestran una y otra vez, comparten un amor por la lengua vasca sólo superado por el que profesan por la castellana, cuidada con un mimo y un esmero de los que el magistral uso que de ella hacen es sólo un pálido reflejo.
Pero el señor Pegenaute añade a ésta otras muchas cualidades, consolidadas a lo largo de una dilatada carrera política, entre las que destacaría tres, porque son las que vienen al caso, a saber: el exquisito respeto por la verdad histórica, huyendo de manipulaciones, tergiversaciones y falsificaciones; una comprensión más que cabal de los datos y procedimientos estadísticos; finalmente, una devoción reverencial por la libertad, entroncado con las más profundas raíces de la navarridad que con tanto acierto encarna el lehendakari. No voy a entrar, pues, en el meollo de las atinadas declaraciones de Sanz y Pegenaute (y especialmente las de este último en Radio Euskadi el pasado
día 11) en relación con la lengua vasca (¿para qué aprender euskera pudiendo estudiar inglés? ¿en qué piensan los franceses llamando fromage a una cosa que se ve bien a las claras que es queso?) y con la universidad (el bilingüismo barato es carísimo y daría lugar a una mala
universidad). Veamos.
Dada la obsesión que parece haber últimamente en UPN por los sondeos (que, lejos de calmar los ánimos en el predio regionalista, añaden sobresalto tras sobresalto), seguro que alguien habrá en el partido capaz de explicarle al señor Pegenaute que la utilidad de un sondeo consiste precisamente (si se hace con el debido rigor técnico) en extrapolar los resultados al conjunto de la población objetivo. Decir que los partidarios de extender la zona mixta son el 1,57% de la población porque es el peso de los que han respondido así a la encuesta (149) en el total de la población de los municipios afectados (11.347), es un disparate de tal calibre que no puede ser fruto de la premeditación: nadie metería así la pata a propósito. Aplicar ese razonamiento en otros casos lleva a conclusiones llamativas. Por ejemplo, en el estudio de opinión publicado por el Parlamento en junio pasado (el denominado navarrómetro), declaran su intención de votar a UPN 484 personas, es decir, el 0,082% de la población. ¿Cómo, a la vista de tan magros apoyos, se atreven a seguir ocupando sus puestos el lehendakari Sanz o el propio señorPegenaute?
No es la única muestra de su capacidad para el manejo de datos. Hay otra, ligada además a su acreditada predisposición a la falsificación de hechos por más que los mismos sean sobradamente conocidos en sus menores detalles. Y expone sus versiones con desembarazo, sin rubor ninguno y con la firmeza y rotundidad de quien cree en lo que está diciendo. Su facundia permite disponer de numerosos ejemplos, que van desde los debates constitucionales a los informes europeos sobre la situación del euskera en Navarra, pasando por el proceso de creación de la Universidad Pública. Y, por supuesto, por la Ley Foral del Vascuence (LFV). Recuerda a la obsesión de Stalin por reescribir continuamente la historia y borrar de las fotografías a los que iban cayendo en desgracia. En versión Navarra-foral-y-española, faltaría más.
Dice el señor Pegenaute que la modificación de la LFV ha de hacerse con el mismo consenso que hubo en su elaboración. Es decir, según él, el acuerdo de UPN, CDN y PSN, que es, concluye, el ochenta y tantos por ciento de la población. La LFV obtuvo veintinueve votos favorables, tres en contra y hubo once abstenciones y siete ausencias. Apliquemos de nuevo el método Pegenaute de análisis de datos. Si atribuimos a cada lista la totalidad de votos que obtuvo en las elecciones de 1983, resulta que la LFV recibió un apoyo equivalente al 26% de la población (el 35% del censo y el 50% de los votos).
Pero la cosa no acaba ahí. Pegenaute el tergiversador da por hecho que la LFV fue aprobada por un amplísimo consenso que incluía a UPN. Sin embargo, votaron a favor el PSN, Grupo Moderado (encabezado, todo hay que decirlo, por el propio Pegenaute) y Grupo Mixto (fundamentalmente la entonces denominada Coalición Popular, cuyo portavoz era Del Burgo). Votó en contra EA (recién escindido del PNV) y se abstuvo UPN (según Alli, a la sazón portavoz, no era su ley). HB, con 6 escaños, no acudía al Parlamento pero se opuso a la LFV. Andando el tiempo y con UPN en el Gobierno se ha visto muy claro por qué no era su ley, y ello a pesar de que el debate parlamentario podó considerablemente el proyecto enviado por el Gobierno, ya de por sí pacato y alicorto; proyecto que UPN había combatido ásperamente.
La última perla de las declaraciones de Pegenaute puede ser muy ilustrativa del concepto de la democracia y la libertad que tiene el personaje. Así, dice que con su política (se está refiriendo a la que realiza la Dirección General de Política Lingüística) «se puede ser partidario de estar en una zona y otra». Acabáramos. Al señor Pegenaute debemos nada menos que la libertad de pensamiento y la de opinión. Y nosotros sin enterarnos. A ver cuándo nos concede, además, la libertad de expresión y podemos manifestarlo.
Decía que dedico el 75% de mis oraciones a pedir que Dios nos conserve este portento. El 25% restante es para Osasuna. No saben sus socios lo que se perdieron al no votarle como presidente, todos dormiríamos más tranquilos. Mi única duda es cómo demonios se llamaría ahora el club: ¿Salud? ¿San Francisco Javier Español y Navarro Universal? ¿CA Boina (que no txapela) Navarra?
(Diario de Noticias, 17 de octubre de 2006)
Pero el señor Pegenaute añade a ésta otras muchas cualidades, consolidadas a lo largo de una dilatada carrera política, entre las que destacaría tres, porque son las que vienen al caso, a saber: el exquisito respeto por la verdad histórica, huyendo de manipulaciones, tergiversaciones y falsificaciones; una comprensión más que cabal de los datos y procedimientos estadísticos; finalmente, una devoción reverencial por la libertad, entroncado con las más profundas raíces de la navarridad que con tanto acierto encarna el lehendakari. No voy a entrar, pues, en el meollo de las atinadas declaraciones de Sanz y Pegenaute (y especialmente las de este último en Radio Euskadi el pasado
día 11) en relación con la lengua vasca (¿para qué aprender euskera pudiendo estudiar inglés? ¿en qué piensan los franceses llamando fromage a una cosa que se ve bien a las claras que es queso?) y con la universidad (el bilingüismo barato es carísimo y daría lugar a una mala
universidad). Veamos.
Dada la obsesión que parece haber últimamente en UPN por los sondeos (que, lejos de calmar los ánimos en el predio regionalista, añaden sobresalto tras sobresalto), seguro que alguien habrá en el partido capaz de explicarle al señor Pegenaute que la utilidad de un sondeo consiste precisamente (si se hace con el debido rigor técnico) en extrapolar los resultados al conjunto de la población objetivo. Decir que los partidarios de extender la zona mixta son el 1,57% de la población porque es el peso de los que han respondido así a la encuesta (149) en el total de la población de los municipios afectados (11.347), es un disparate de tal calibre que no puede ser fruto de la premeditación: nadie metería así la pata a propósito. Aplicar ese razonamiento en otros casos lleva a conclusiones llamativas. Por ejemplo, en el estudio de opinión publicado por el Parlamento en junio pasado (el denominado navarrómetro), declaran su intención de votar a UPN 484 personas, es decir, el 0,082% de la población. ¿Cómo, a la vista de tan magros apoyos, se atreven a seguir ocupando sus puestos el lehendakari Sanz o el propio señorPegenaute?
No es la única muestra de su capacidad para el manejo de datos. Hay otra, ligada además a su acreditada predisposición a la falsificación de hechos por más que los mismos sean sobradamente conocidos en sus menores detalles. Y expone sus versiones con desembarazo, sin rubor ninguno y con la firmeza y rotundidad de quien cree en lo que está diciendo. Su facundia permite disponer de numerosos ejemplos, que van desde los debates constitucionales a los informes europeos sobre la situación del euskera en Navarra, pasando por el proceso de creación de la Universidad Pública. Y, por supuesto, por la Ley Foral del Vascuence (LFV). Recuerda a la obsesión de Stalin por reescribir continuamente la historia y borrar de las fotografías a los que iban cayendo en desgracia. En versión Navarra-foral-y-española, faltaría más.
Dice el señor Pegenaute que la modificación de la LFV ha de hacerse con el mismo consenso que hubo en su elaboración. Es decir, según él, el acuerdo de UPN, CDN y PSN, que es, concluye, el ochenta y tantos por ciento de la población. La LFV obtuvo veintinueve votos favorables, tres en contra y hubo once abstenciones y siete ausencias. Apliquemos de nuevo el método Pegenaute de análisis de datos. Si atribuimos a cada lista la totalidad de votos que obtuvo en las elecciones de 1983, resulta que la LFV recibió un apoyo equivalente al 26% de la población (el 35% del censo y el 50% de los votos).
Pero la cosa no acaba ahí. Pegenaute el tergiversador da por hecho que la LFV fue aprobada por un amplísimo consenso que incluía a UPN. Sin embargo, votaron a favor el PSN, Grupo Moderado (encabezado, todo hay que decirlo, por el propio Pegenaute) y Grupo Mixto (fundamentalmente la entonces denominada Coalición Popular, cuyo portavoz era Del Burgo). Votó en contra EA (recién escindido del PNV) y se abstuvo UPN (según Alli, a la sazón portavoz, no era su ley). HB, con 6 escaños, no acudía al Parlamento pero se opuso a la LFV. Andando el tiempo y con UPN en el Gobierno se ha visto muy claro por qué no era su ley, y ello a pesar de que el debate parlamentario podó considerablemente el proyecto enviado por el Gobierno, ya de por sí pacato y alicorto; proyecto que UPN había combatido ásperamente.
La última perla de las declaraciones de Pegenaute puede ser muy ilustrativa del concepto de la democracia y la libertad que tiene el personaje. Así, dice que con su política (se está refiriendo a la que realiza la Dirección General de Política Lingüística) «se puede ser partidario de estar en una zona y otra». Acabáramos. Al señor Pegenaute debemos nada menos que la libertad de pensamiento y la de opinión. Y nosotros sin enterarnos. A ver cuándo nos concede, además, la libertad de expresión y podemos manifestarlo.
Decía que dedico el 75% de mis oraciones a pedir que Dios nos conserve este portento. El 25% restante es para Osasuna. No saben sus socios lo que se perdieron al no votarle como presidente, todos dormiríamos más tranquilos. Mi única duda es cómo demonios se llamaría ahora el club: ¿Salud? ¿San Francisco Javier Español y Navarro Universal? ¿CA Boina (que no txapela) Navarra?
(Diario de Noticias, 17 de octubre de 2006)
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