Zapatero y la «realpolitik»: ¿Se desvanece el impulso del 14-M?

Parece que hasta las matemáticas se alían con el bueno de Zapatero. Y si no, fíjense: si llamamos —como es habitual— Z al conjunto de los números enteros y consideramos aquéllos que son múltiplos de un número natural p, el resultado es un conjunto, Zp, cuya estructura se
denomina ideal. Quizá sea por esta concatenación de elementos favorecedores —todo recuerda las cartas astrales de los reyes de la Antigüedad— que de ser un bambi objeto de burlas y chistes fáciles, se ha convertido en la bestia negra de la derecha, un monstruo agazapado en las espesas brumas de las peores pesadillas del ZAR (el clan Zaplana-Acebes-Rajoy). Es cierto que el período de gobierno de Zapatero ha dado alas a cuantos, desanimados por el desbarajuste de los últimos años de gobierno de González y la regresión del aznarato, desconfiaban ya de la posibilidad de acometer cambios con una orientación progresista. Sin embargo, a medida que Zapatero y su gobierno perdían la virginidad (en política eso ocurre poco a poco y las más de las veces el interesado ni se entera) surgían sombras, medias tintas o francos incumplimientos que empobrecen el saldo final. Veamos algunos ejemplos.

En primer lugar, la conocida coloquialmente como Ley de la Memoria Histórica, uno de los señuelos en que el presidente más había insistido, dando a entender que se trataba de un empeño personal suyo. Era evidente que se imponía algún tipo de reparación a quienes soportaron incluso el oprobio de ser condenados por rebelión militar debido a su lealtad constitucional y republicana, sin que nadie se haya molestado en anular esas causas (no hablemos de enjuiciar a tantos responsables de aquello y de lo que vino después: ¿dónde está el Garzón chileno que haga aquí su trabajo?); y ello por mucho que pese a quienes se dedican a publicar esquelas de «asesinados por las hordas (marxistas, rojas, republicanas, póngase lo que mejor acomode)»; muertos que, en todo caso, no cesaron de generar honores, prebendas y aun pensiones durante bastante más de cuarenta años. Sin embargo, después de presentar un proyecto ya de por sí limitado, aunque admisible, la propia Presidencia del Gobierno dio instrucciones para rebajar y diluir drásticamente las pretensiones iniciales. La excusa, atraer al PP a un consenso al que difícilmente se va a prestar porque lleva mucho tiempo recibiendo en longitudes de onda incompatibles con emisores democráticos.

Un segundo aspecto a considerar del período de Zapatero es el de la inmigración. Después de un comienzo prometedor, incluyendo una regularización tan beneficiosa como mal explicada, se cae en la trampa pueril tendida por el PP a cuenta de la llegada de cayucos a Canarias (que es, recuérdese, una ínfima parte de la inmigración total) y comienzan los bandazos al socaire de las encuestas. Una de las consecuencias la estamos viendo estos días, con el vídeo del PP en el que se liga de forma nada sutil inmigración y delincuencia. Algo que ya hizo el Gobierno de Aznar en su día, violentando sus propias estadísticas para apelar a los instintos más viles.

Igualmente pobre ha sido la actuación gubernamental en relación con la financiación de la Iglesia y el tratamiento de la asignatura de religión, perdiéndose una nueva oportunidad y dejando el problema latente. Era una ocasión excelente para denunciar los inconstitucionales acuerdos con la Santa Sede, establecer unas relaciones España-Vaticano propias de estados modernos, resolver la escandalosa situación laboral de los profesores de religión (tolerada y, lo que es peor, financiada por el propio Estado) y llevar la impartición de doctrinas religiosas y el proselitismo a su ámbito natural. Lejos de eso, se eleva la financiación pública a la Iglesia nada menos que en un 40%. Para colmo, se vende la historia como si no fuera una subvención, sino una especie de derecho privativo de la Iglesia Católica y se da a entender que desaparece la financiación presupuestaria. El mismo obispo de Pamplona así lo afirma: «Esta modificación permitirá prescindir del complemento presupuestario que el Gobierno añadía cada año para completar el resultado de la asignación tributaria hasta la cantidad prevista». Debe quedar
claro que esa cantidad es sólo para sostenimiento del clero, no para las actividades sociales que puedan desempeñar organizaciones católicas, que se financian por otras vías. Por tanto, lo único que ha hecho el Gobierno ha sido incrementar más que generosamente la financiación de la Iglesia con cargo a los presupuestos públicos. Y a cambio sólo obtiene una oposición política feroz y muy sesgada hacia postulados extremistas, al tiempo que alienta la desobediencia civil (¿procesará algún juez al portavoz Camino?).

Para terminar el catálogo, la última rebaja fiscal, aprovechando el superávit presupuestario: una acción socialmente regresiva y que socava las bases de la acción redistribuidora que usualmente se reconoce al sector público. Y ello no por la existencia en sí del superávit. La idea del ministro Solbes de contemplar el objetivo del equilibrio presupuestario en el conjunto del ciclo económico es razonable. Las alegrías presupuestarias en fases expansivas terminan por ser dañinas para los más desfavorecidos cuando llegan las recesiones, porque el déficit se hace insostenible y da lugar a la reducción o eliminación de prestaciones sociales. Baste recordar lo que ocurrió durante la crisis de principios de los noventa. Pero traducir el superávit en rebajas fiscales cuando el Estado del Bienestar deja en España tanto que desear es otra historia. Debería ser la última medida en contemplar, nunca la primera.

Habría más aspectos de la actividad gubernamental a comentar, pero este pequeño catálogo es, entiendo, el más significativo. Da la impresión que se gobierna a golpe de encuestas y sondeos, algo peligroso y de resultados inciertos, porque relega ideologías y principios a favor de un
pragmatismo no siempre coherente. Como ejemplo, ahí tienen a Blair, a punto de concluir su período de gobierno sin logros particulares que exhibir, como no sea la guerra de Irak o la habilidad para ganar elecciones sin tener nada que ofrecer. Y, mientras tanto, practicando políticas de seguridad y derechos humanos dignos de la derecha más rancia en su obsesión por la ley y el orden. Zapatero olvida que ha llegado al Gobierno por el entusiasmo de una izquierda que busca algo más que un progresismo social de gestos. Si se empeña, como hizo en su día González, en sobornar a la clase media para mantenerse en el poder, olvidando su base social natural, se quedará sin base y sin poder.

(Diario de Noticias, 28 de noviembre de 2006)

De impuestos y transferencias: ¿qué política fiscal?

El pasado 17 de septiembre hubo elecciones en Suecia y las ganó el bloque conservador, en lo que se interpretó como una reacción de hastío tras doce años de gobierno socialdemócrata. Conviene aclarar que desde 1930 los conservadores apenas han gobernado diez años (1976-1982 y 1991-1994). Su último período concluyó abruptamente debido, al parecer, a que el electorado no veía con buenos ojos la aplicación de las teorías neoliberales en lo que a intervención pública en la economía y sistema de prestaciones sociales afectaba. El señuelo de las reducciones impositivas no funcionó. En 1994, cuando la derrota conservadora parecía inminente, los empresarios intervinieron en la campaña electoral, advirtiendo que de ganar los socialdemócratas podría haber un desplazamiento masivo de empresas e inversiones a países con menores exigencias ambientales, fiscales y laborales.

Pues bien, nada de eso ocurrió. La situación de Suecia es hoy envidiable en muchos aspectos. Incluso tiene superávit presupuestario y todo ello a pesar de permanecer fuera de la unión monetaria europea. Hace unos años se llegó a pensar en realizar un referéndum para aprobar rebajas impositivas y se renunció porque los estudios de opinión señalaban que una mayoría amplia de la población prefería pagar más impuestos a cambio de mantener el sistema de prestaciones sociales. ¿Qué ha pasado en estos años para que los conservadores hayan podido llegar al gobierno? Algo tan simple como que han renunciado a sus viejas aspiraciones y ya no hablan de adelgazar el Estado del Bienestar.

Desde que se iniciara la denominada revolución conservadora , la reducción de impuestos ha sido objeto de una competencia frenética entre gobiernos de todo signo; nadie quiere aparecer como el elevador -ni siquiera mantenedor- de impuestos (otra cosa es la carga fiscal, como bien sabe el PP). Puesto que unos menores ingresos dan menor capacidad de gasto (y, no se olvide, menores posibilidades de reacción cuando vienen mal dadas), el resultado es una reducción (asimétrica y regresiva) de las prestaciones y servicios sociales, en cantidad y calidad.

A pesar de todo, hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.

La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.

Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proveer de recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. No estaría de más en este contexto alguna reflexión sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias.

Viene esto a cuento de la presentación al Parlamento del proyecto de presupuestos de Navarra para 2007 y las declaraciones del consejero Iribarren en torno a los mismos. El consejero planteó dos cuestiones que son muy reveladoras de la concepción que tiene la derecha acerca del funcionamiento de la economía y el papel del sector público, así como de la actuación de UPN en sus años de gobierno (dejemos aparte el ciclo electoral del gasto público, que daría para mucho, especialmente en los presupuestos de 2007, buen indicador de hasta dónde cunde el nerviosismo). Y explican el ya evidente deterioro de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Deterioro que no se arregla a última hora proyectando algún colegio o vacunando contra la varicela.

Iribarren reconoció que no es posible incrementar el gasto social, pero el argumento es, como mínimo, irrespetuoso con los asalariados: el 87% de la recaudación del IRPF procede de los salarios y los trabajadores no van a querer que se les suban los impuestos. Es decir, los salarios representan algo más de la mitad de las rentas de la economía, pero el 87% de la recaudación por IRPF. En esas condiciones es lógico que los asalariados no quieran pagar más. Pero seguro que se puede incrementar el exiguo 13% de las rentas del capital. Aplicado a los presupuestos de 2007 ello equivaldría a recaudar de media el 14% de los salarios, pero sólo el 2% de las rentas del capital. Eso sí que es un paraíso fiscal. Y para colmo, el consejero alardeando de que se premia el ahorro. Hagan una cuenta sencilla: con unos ingresos netos anuales de 18.000 euros (sin deducciones familiares ni de otro tipo), la cuota a pagar es de casi un 50% más si las rentas son del trabajo que si proceden del capital; y para tener unas rentas del capital así es necesario un patrimonio de cierta entidad. El viejo cuento de vender reducciones de impuestos y mejora de prestaciones termina por ser insultante y demagógico porque, a diferencia de lo que afirma el consejero, no incrementa el bienestar. Y ahora nos viene con que no vale compararse con Alemania. Quizá hay que compararse con Haití. Cuando conviene, Navarra es el ombligo del mundo. ¿Y cuando no, qué es? ¿Una hemorroide?

(Diario de Noticias, 8 de noviembre de 2006)