El
Gobierno de Navarra concretó el pasado 28 de septiembre la anunciada oleada de
recortes. Conviene empezar con algunas precisiones. En primer lugar, hay quien
todavía habla de ajustes en lugar de recortes (no Miranda, él tiene claro que
son recortes y que las dietas de CAN son parte del sueldo). Ya sabemos que la
política está plagada de eufemismos. Incluso, en un afán justificativo, desde
los aledaños del Gobierno se banaliza —recurriendo a etimologías pueriles o
interpretaciones ingenuas del término (que si es un supuesto previo, que si es
una autorización de gasto)— el mismo significado del presupuesto, como si
modificarlo una y otra vez a lo largo del año fuera algo sin importancia. Pues
bien, el presupuesto no sólo es uno de los principales, si no el principal,
instrumento de política económica (en cualquier caso compendia prácticamente
todos los demás en su materialización económica), sino que nos da una idea
cabal de las prioridades, preferencias y, por tanto, enfoque ideológico de la
cosa pública, de quien lo elabora. Y, además, proporciona información, por lo
que su continua modificación no sólo da sensación (en este caso ajustada a la
realidad, todo hay que decirlo) de desbarajuste, sino que dificulta, ensombrece
o empaña la visión de la situación real de las finanzas públicas. Algunos
próceres de UPN se lamentan de que se les critique y llaman irresponsables a
quienes lo hacen, alegando un supuesto deterioro de la imagen de Navarra para
los inversores. Bonita forma de achacar a terceros la responsabilidad de su
propia incapacidad. Lo que realmente genera mala imagen es ese tráfago de
enmiendas, tachaduras y anotaciones al margen, que le da más apariencia de cuaderno
escolar (de escolar que no hace los deberes) que de documento contable.
