¿Optimización de recursos o destrucción de capital social? El caso de los ECI

(Es coautor de este texto Aitor Lakasta Zubero, concejal de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona. Fue publicado en Diario de Noticias el 13 de octubre de 2011)

Ya se va desgranando el rosario de recortes (hay quien dice ajustes) de ese papel mojado a fuerza de enmiendas y tachaduras que es el presupuesto de Navarra. Se dice, y el PSN pone como garantía de ello su presencia en el Gobierno, que no hay recortes sociales, aunque empezaron antes incluso de que se anunciara el gran recorte (en junio los de educación; otros aún madrugaron más, dándose la callada por respuesta o no ejecutándose partidas). Pero los recortes no sólo son los que se derivan directamente de partidas de gasto del gobierno de Navarra. También están las menores transferencias a entidades públicas y privadas o a los ayuntamientos, que alguna repercusión han de tener en el gasto social. El Ayuntamiento de Pamplona da ejemplo denunciando los convenios que mantenía con los Equipos Comunitarios de Infancia (ECI).

Precisamente por ser tiempos de crisis, crece la población infantil y juvenil susceptible de caer en situaciones de desprotección a dificultad social. Por tanto, adquieren gran importancia los programas de prevención destinados a evitar situaciones de exclusión social. Esto es lo que vienen haciendo los ECI. El propio Ayuntamiento de Pamplona lo reconoció al definir su actividad como servicio público en 2004, asumiendo implícitamente, creemos, que es obligación de las instituciones evitar dicha exclusión social, condición necesaria, en definitiva, para garantiza los derechos de los menores.

Por tanto, hay razones sobradas para considerar imprescindible la labor de los equipos comunitarios, con una experiencia, además, de veinticinco años. Los programas que llevan a cabo se basan sobre todo en la realización de acciones comunitarias, elaboradas y desarrolladas en el propio barrio, en solidaridad con los convecinos más jóvenes que están sufriendo desprotección. Una forma de hacer las cosas a la que difícilmente puede acceder ese ente abstracto que todo parece justificarlo y que es comúnmente conocido como el mercado. Así, los Equipos Comunitarios de Infancia realizan un acompañamiento social y educativo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del barrio, al favorecer el bienestar de niños y niñas, sin discriminaciones. Se parte, y así debe ser, de que los niños y las niñas son sujetos de derechos y no meros objetos de protección.

Siendo esto así, no vemos razones que justifiquen la decisión del equipo de gobierno municipal de denunciar los conciertos con las asociaciones responsables de los ECI. Para empezar, y no es sorprendente, por las formas, con notificaciones a última hora que forzosamente han de generar alarma y desasosiego. Las razones aducidas no son nuevas y últimamente se han convertido en habituales, comodines facilones para colar los recortes. El fin, dicen, es optimizar los recursos públicos. Pues bien, si un ejemplo hay de optimización de recursos, ese es precisamente el de estas asociaciones. Cuando se cuenta con la colaboración completamente desinteresada de más de 300 personas, cuando las condiciones laborales de los tres miembros con que cuenta cada ECI pueden calificarse de pésimas, asombra que se use como excusa esa optimización: se ve que la solidaridad, la buena voluntad y la participación ciudadana suponen derroche de recursos.

La prevención, que quede claro, es una inversión; social, sí, pero también económica. A medio y largo plazo supone un ahorro para las arcas públicas. Si además, como ya se ha dicho, en época de crisis las situaciones de dificultad social y el volumen de trabajo se incrementan, el simple mantenimiento de los conciertos en su forma actual ya sería de hecho un recorte.

Así pues, corremos el riesgo de dilapidar un valioso capital social acumulado a lo largo de tantos años, con resultados quizá difíciles de medir en términos monetarios, pero de enorme trascendencia social; y no sólo para las personas directamente afectadas, sino para el conjunto de la sociedad, por cuanto evita problemas futuros y mejora la cohesión social. El problema es que la derecha sólo suele contemplar dos posibilidades para este tipo de servicios: extirparlos o, si se atisba alguna posibilidad de negocio, externalizarlos a empresas afines, en un proceso de mercantilización que obvia consideraciones de calidad para centrarse en las puramente monetarias. En cierta forma, se hace de la necesidad (social) virtud (privada) con la coartada de la competencia, el mercado y la eficiencia.

A UPN, interesado en transmitir una visión idílica, y falsa según vamos conociendo, de Navarra, le molesta que se diga que aquí hay personas que pasan hambre, de la misma manera que no soporta y oculta la cuantificación real del riesgo de pobreza. Estrategia del avestruz propia de nominalistas ingenuos convencidos de que lo que no se nombra no existe. Pero la realidad es tozuda y nos muestra día a día que los problemas están ahí, que los problemas sociales están ahí, y que hay que darles una respuesta. La callada es una de las posibles. La privatización de beneficios a costa de la miseria ajena (en gran medida generada por políticas irresponsables) otra. El esfuerzo por mantener la cohesión social otra. Ideológicamente a la derecha le interesa mayormente la primera y subsidiariamente la segunda. Pan para hoy y hambre para mañana, cuando la cohesión social se ha convertido en un imperativo, no ya para la legitimación de la democracia más allá del ejercicio del derecho al voto, sino para la misma supervivencia económica de las sociedades avanzadas. Ni siquiera el discurso más convencional de la productividad, la innovación y el crecimiento económico se sostiene en sociedades desestructuradas con brechas sociales y desigualdades crecientes. Ignorar este hecho puede tener graves repercusiones en el futuro.