Las lecciones de la crisis

Dice un personaje de Alejo Carpentier en La consagración de la primavera que «las batallas se vuelven batallas de verdad, cuando se han ganado o perdido. Entonces cobran un nombre y —si son importantes— pasan a la Historia». Es lo que ocurre con la actual situación económica, que sólo sabremos si es histórica cuando termine, por mucho que pese a agoreros y políticos al uso, innecesariamente empeñados en otorgar calificativos a cual más truculento. Parece como si el juicio de lo hecho hasta ahora dependiera de la magnitud del desastre que pueda avecinarse. Quizá ello tenga que ver con que esta es, seguramente, la primera crisis transmitida en tiempo real, lo que favorece la dramatización e incrementa la alarma del público y con ella la desconfianza. Añádase que en tiempos turbulentos proliferan siempre los profetas del desastre, porque es una actividad fácil, cómoda, en la que no se asumen riesgos y no hay que justificar nada de lo que se dice. Si la evidencia del error obliga a dar explicaciones, siempre es posible interpretar los hechos a posteriori para que quepan en el marco apocalíptico del agorero.


Pero sea lo que sea lo que se nos viene encima, hay algunas lecciones que podemos extraer de la situación actual y que sería conveniente que no cayeran en saco roto, tanto en los niveles de gestión política como en los de decisión ciudadana.

Primera: los peligros de adelgazar el sector público. El pensamiento liberal asigna al sector público el único papel de proporcionar seguridad jurídica y asegurar el orden público (el binomio de ley y orden), sin que importe demasiado el coste social al que se pueda conseguir. Sin embargo, en una sociedad moderna el sector público debe desempeñar actividades sociales o económicas que van mucho más allá. De tal manera que su reducción no sólo no resuelve problemas, sino que crea otros nuevos, como ha mostrado la experiencia de los últimos veinte o veinticinco años. En el momento actual vemos cómo adalides del mercado piden paréntesis intervencionistas o presionan para la nacionalización de empresas con problemas, con el cinismo de quienes en épocas de vacas gordas solicitaban la abstención pública para no interferir en sus beneficios. Ahora bien, la capacidad de intervención del sector público depende de su dimensión. Si se reduce en fases expansivas por debajo de su nivel crítico, se le aboca en las recesiones a recortes adicionales.

Segunda: el mercado no lo soluciona todo y hasta puede ser el problema. El mercado es un sistema de asignación de recursos. Nada menos, pero nada más. Cuando funciona bien, suele ser el mejor sistema. Pero hay amplios campos de la vida económica en los que el mercado no sólo no funciona, sino que genera problemas adicionales. Y no vale, como se ha hecho desde algunos foros, achacar al sector público la crisis actual por haber abdicado de su responsabilidad reguladora. Es un argumento tramposo, porque quienes llevaron a esa situación fueron gestores públicos que llegan a sus ámbitos de decisión precisamente para hacer esa tarea. La libertad de mercado ha servido como coartada para dejar un campo tan sensible como el financiero al albur de operadores con mucha más imaginación que escrúpulos.

Tercera: la importancia de las redes sociales. Los sistemas de prestaciones sociales, habitualmente identificados con el concepto de Estado del Bienestar (en sus diversos grados) no son una concesión munificente, una limosna pública, una forma moderna de beneficencia. Por el contrario, cumplen una función esencial en la creación de condiciones adecuadas para la actividad económica y el progreso del conocimiento, así como para redistribuir, reducir desigualdades, mitigar conflictos, crear redes de seguridad y socializar en parte los resultados de una actividad que es social, por más que tenga titularidad jurídica privada.

Cuarta: la importancia de la política de rentas, entendida como concertación social. Hemos asistido en las últimas décadas a un deterioro persistente de las rentas del trabajo, mientras los beneficios empresariales presentaban incrementos en ocasiones espectaculares. La globalización se convierte en el pretexto (muchas veces de endeble armazón) para todo tipo de desmanes, que van desde el agravio en el tratamiento fiscal de los salarios a la reducción de prestaciones sociales o la flexibilización del mercado de trabajo. Como resultado, las rentas salariales se convierten en los sostenedores del entramado público, pero son las damnificadas cuando se reducen las prestaciones. Es necesario un nuevo modelo de concertación social, que tiene mucho que ver con la definición de un nuevo modelo para un tejido económico menos dependiente de centros de decisión foráneos, más ligado a los recursos propios, respetuoso con la restricción ambiental y generador de conocimiento. Desde hace más de treinta años se demanda, como remedio a las épocas de crisis, la flexibilización del mercado de trabajo. Como si el tiempo no hubiera pasado y ese mercado fuera exactamente igual que en los setenta, el Banco de España y la CEOE vuelven a lo mismo. La vacuidad de tan cansina cantinela queda patente en cuanto un representante de la patronal la concreta: reducir el coste del despido (en román paladino: a la puta calle y con lo puesto) y facilitar la contratación a tiempo parcial. Estas demandas sugieren dos cosas: que se pretende hacer recaer, una vez más, el peso del ajuste sobre el empleo y que realmente queda poco por flexibilizar, como no sea legalizar la esclavitud.

Junto a las medidas económicas para paliar la crisis y junto a políticas estructurales que es necesario acometer sin demora, habría que trabajar también por la recuperación de valores abandonados en su día para echarse en brazos del progreso fácil y de las cifras brillantes. Valores como la solidaridad, la igualdad, la educación o la justicia social, que deben impregnar la acción política en una sociedad moderna.

También hay que evitar la tentación, con el pretexto de mantener el empleo, de impedir cambios que, por corregir desmanes anteriores, no sólo son necesarios sino, incluso, saludables. Por ejemplo, el peso excesivo de la construcción, que ha alimentado una bolsa de empleo de muy baja calidad. O la industria del automóvil. Está claro que en Navarra tiene fecha de caducidad, aunque no sea hoy ni mañana. Mejor que empecinarse en ir contra tendencias difícilmente reversibles, es hacer apuestas innovadoras para el futuro y poner los medios. El proyecto de presupuestos de Navarra parece ir en la dirección opuesta: aumento desmedido de la obra pública y reducción del esfuerzo en educación (brutal en el caso de la Universidad Pública). Es necesario rearmar ideológicamente la izquierda para ofrecer una alternativa viable y humanista a la barbarie del liberalismo a ultranza y la lógica tramposa del mercado por el mercado. Hay otras formas de pensar y hacer las cosas.