Estas semanas atrás el centro de los debates ha estado en Navarra en
los presupuestos, aprobados finalmente por el Parlamento el pasado día 22.
Hemos oído hasta cansarnos que son los únicos presupuestos posibles, que son
los que Navarra necesita o que no se puede hacer otra cosa si se ha de cumplir
el objetivo de déficit. Pues bien, Navarra no los necesitará tanto cuando ya
son, y se sabía que así iba a ocurrir, papel mojado. Pero es que aun admitiendo
el objetivo de déficit, la distribución del gasto en sus distintas partidas es
una cuestión ideológica, que trasluce una concepción de la sociedad, la
economía y, por qué no, la política. La estructura de los ingresos (peso de
impuestos directos e indirectos, tipos impositivos, progresividad) también nos
dice cuáles son las prioridades, preferencias y lealtades del Gobierno. Puede
parecer perogrullada u obviedad recordarlo, pero se suele olvidar que el
presupuesto tiene dos lados: ingresos y gastos. No hay nada inocente o casual
en la forma concreta que finalmente adquiere el presupuesto.
Cada año, junto a la ley de presupuestos, se envía al Parlamento
una ley que contempla precisamente las modificaciones que se quieren hacer en
el sistema impositivo. El progresivo debilitamiento del sistema fiscal, como
consecuencia de las políticas desarrolladas desde hace años (lo que se suele
llamar la ofensiva neoliberal, asociada al conservadurismo político), ha
llevado a una situación que es ya insostenible. Las recientes decisiones del
Gobierno español del Partido Popular, saltándose limpiamente sus más preciadas
promesas electorales, son buena muestra de ello, dada la perentoria necesidad
de aumentar la recaudación. La vieja máxima de la derecha de que el dinero está
mejor en los bolsillos privados muestra sus limitaciones y el mantenimiento del
sector público, por reducido que sea, requiere allegar recursos suficientes. Pero
hay más razones, junto al aumento de la recaudación, que también exigen
reformas en el sistema tributario. Son razones de equidad y de distribución.
Nuestro actual sistema impositivo es inequitativo, aun diría profundamente
inequitativo, por su propia estructura, por el peso de la imposición indirecta
o por toda esa maraña de añadidos, modificaciones, beneficios fiscales o
exenciones, que dan al traste con la progresividad que inicialmente se
pretendía. Fijémonos en tres datos: primero, los salarios representan el 90% de
los rendimientos declarados en el IRPF, cuando son el 45% de la renta generada
en Navarra; segundo, con unos rendimientos netos de 30.000 euros, los salarios
pagan un 30% más de IRPF que las rentas del capital; si son de 60.000 euros, un
50% más; tercero, las empresas más grandes tributan menos que las pequeñas, principalmente
debido a las deducciones y exenciones a su alcance. Y si el sistema tributario
es inequitativo, no puede ser redistribuidor, al menos en un sentido
progresivo. Es decir, el actual sistema si redistribuye la renta, lo hace a
favor de las capas más ricas y en detrimento de las rentas medias y bajas.
Frente a esta situación, la propuesta de UPN-PSN era muy poco
ambiciosa. Seguramente la modificación de mayor enjundia es la instauración de
una versión edulcorada del antiguo Impuesto sobre el Patrimonio, con una
declarada vocación de transitoriedad. En el IRPF se proponen algunos cambios
menores que afectan sobre todo a la tributación de las rentas del capital
(subida del 18 al 19% a las más bajas), que no cambia el hecho sustancial de
que el IRPF constituye, hoy por hoy, un impuesto sobre los salarios. El resto
de modificaciones no tienen mayor trascendencia y, en todo caso, abundan en la
dirección inadecuada: parcheos, enmarañamiento, complicación. Lejos, por
cierto, de la propuesta de Barcina en su discurso de investidura, de revisar y
simplificar el sistema. Eso sí, se reducen los impuestos sobre el bingo y
máquinas de azar. En relación con esto hubo una cabriola gubernamental. El
proyecto de ley contemplaba una subida del 10% al 25% de un impuesto sobre
apuestas. Durante la tramitación, UPN y PSN presentaron al alimón una enmienda
para corregir su propio texto y volver a dejarlo en el 10%. Al parecer, es una
actividad que interesa fomentar.
La mejora de la progresividad del sistema fiscal se ha venido
contemplando como una cuestión estrictamente de justicia o equidad y, en ese
sentido, considerada una especie de lujo de sociedades ricas. Se suele
contraponer equidad a eficiencia con el sobreentendido de que, en caso de
conflicto, la opción debe ser siempre la eficiencia. Pues bien, la mejora de la
progresividad fiscal no es sólo cuestión de equidad, que también, sino que
contribuye a mejorar la eficiencia económica —esto es, a obtener el mejor
resultado de los recursos disponibles— al redistribuir la renta. Los impuestos
progresivos son redistributivos. Por el lado del gasto lo son también las
prestaciones públicas, incluyendo servicios básicos no dinerarios, como la
sanidad o la educación. Por tanto, el deterioro de la progresividad fiscal (que
viene ocurriendo desde hace mucho) y el de los sistemas de prestaciones
sociales (que últimamente se acelera) conduce al incremento de la desigualdad y
a la fractura social. Por ejemplo, dificulta la movilidad social, inter e
intrageneracional, que se viene considerando uno de los logros fundamentales de
las sociedades avanzadas. El proceso se autoalimenta: cuanto más fracturada
esté una sociedad, menor es esa ganancia de eficiencia; cuanto mayor es la
desigualdad, menor capacidad redistributiva del sistema fiscal.
La desigualdad, la fractura social, tiene un coste de eficiencia,
de forma que la cohesión social se convierte en un imperativo también económico.
Al final se trata de elegir entre sociedades más igualitarias, y más
eficientes, o sociedades fracturadas en las que los ricos sean muy ricos y las
desigualdades insuperables. Sociedades en las que haya colegios para ricos y
colegios para pobres; hospitales para ricos y hospitales para pobres; barrios
blindados para ricos y barrios olvidados para pobres. ¿Cuán lejos estamos de
ese escenario? Porque camino llevamos.
El Vicepresidente Jiménez felicitaba el nuevo año con una cita de Kennedy. Espero que el Kennedy de las tambaleantes convicciones izquierdistas de Jiménez no sea el que fracasó en sus políticas educativas y sanitarias (la famosa Nueva Frontera que quedó en nada). Quizá la frase más citada de aquel presidente es la que aparece en su lápida, y que tiene traslación también a nuestra sociedad: "No preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros, sino lo que vosotros podéis hacer por vuestro país". Se ha tratado muy bien a quienes más tienen,
basándose en supuestos irreales y con argumentos en gran parte falaces. Hora es
de que hagan algo a su vez por la sociedad y por quienes están pagando los
platos rotos de la crisis sin tener responsabilidad en ella.
En esto del juego siguen el ejemplo de aguirre, que se dedica a "En materia de juego, se ha rebajado la tarifa a los casinos, suavizado la fiscalidad de los bingos y congelado la aplicable a las máquinas de dinero y azar." según muestra la pagina oficial de la comunidad de madrid http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142613837616&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227349&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100996
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