Racionalización, eficiencia... ¿por qué no dicen recortes?

El pasado 20 de abril el Gobierno español aprobó un Real Decreto-ley "de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo". La propia denominación de la medida es, pues, iluminadora: cuando se habla de racionalizar ya sabemos que se quiere decir recortar, en este caso por el expeditivo método de incrementar los grupos en las escuelas, aumentar las horas lectivas del personal docente y limitar las posibilidades de contratación o de sustituciones.

Como Navarra, y las Comunidades Autónomas, tienen competencias en educación, hay que salvar el escollo legal que supone la intromisión estatal en un ámbito que no le corresponde. El truco, ya manido, consiste en declarar la norma como básica, lo que implica la preeminencia estatal. El acomodo de tal carácter básico se busca en el objetivo de equilibrio presupuestario que, se dice, persigue el Decreto-ley, hasta el punto de tratarse de medidas "imprescindibles para cumplir con la senda de consolidación fiscal fijada". Se trata de una coartada, como pone de manifiesto el informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra, según el cual se invaden competencias de Navarra, por no justificarse ese carácter básico, en lo relacionado con dedicación docente y sustituciones de profesorado.

El Decreto-ley pretende, además, "introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable". Y aquí aparece otro mot d'ordre de la acción de gobierno (en España y en Navarra) desde que comenzó la crisis: eficiencia. Y tiene trampa. La eficiencia consiste en obtener el mejor resultado posible, dados unos recursos. Hay, pues, una decisión previa, que es la dotación de recursos, al día de hoy en franco retroceso (véanse los presupuestos de Navarra de los últimos años). La eficiencia se puede alcanzar con unos recursos de 10, de 50 o de 100. Lo relevante, la madre del cordero, es, pues, que se destinen 10, 50 o 100.

La conclusión que se obtiene con facilidad es que hay un objetivo explícito, ahorrar, que, sin embargo, es sólo una parte de un objetivo primario, mucho más amplio y no formulado explícitamente (al menos con claridad). Y es que estamos inmersos en una auténtica ofensiva ideológica contra lo público y, especialmente, la educación y la sanidad, con la pretensión de cambiar drásticamente las bases del sistema educativo y sanitario que conocemos, borrar cualquier atisbo de preeminencia de lo público y privatizarlo en la mayor medida posible. No se necesita mucha capacidad de predicción para adivinar el resultado: dualización del sistema educativo y sanitario, con una educación para pobres y otra para ricos, una sanidad para pobres y otra para ricos, pero sostenidas ambas por el presupuesto público. Otra vuelta de tuerca en ese proceso de redistribución negativa de rentas, en favor de las clases acomodadas que eclosionó con la burbuja inmobiliaria, alimentada tanto por el Gobierno del PP como por el del PSOE.

¿Qué va a hacer el Gobierno de Navarra? Desde la publicación del Decreto-ley el Consejero Iribas ha sostenido con contumacia la inevitabilidad de su aplicación. La posible inconstitucionalidad no ha alterado el discurso, fundamentalmente porque el objetivo es ahorrar. De hecho, al Gobierno de UPN-PSN le viene bien la excusa del carácter básico de estas normas para aplicarlas sin mojarse. Una razón más para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Si, por un lado, es esencial para evitar que se laminen competencias, por limitadas que éstas sean, por otro, contribuye a clarificar el panorama político, porque sitúa a cada quien en su sitio y obliga a que, de una vez, los partidos del Gobierno salgan de esa ambigüedad calculada, dejen de escudarse en el “nos obligan” y expliquen a la opinión pública su visión de las cosas y sus propuestas. Que digan sin ambages que comparten esa ofensiva contra lo público en que se ha embarcado el PP.