martes, 22 de noviembre de 2011

A vueltas con la contabilidad creativa

Es de sobra conocido que el 28 de septiembre el Gobierno de Navarra acordó un recorte presupuestario estimado en 294,3 millones de euros. De éstos, 190,6 eran recorte “puro”, es decir, gasto que deja de realizarse, aunque una parte se traslada a 2012. Pero había una partida de 61,76 millones, que quedaba como “otras medidas de ajuste” hasta el 31 de diciembre de 2011. El 19 de octubre el Consejero de Economía compareció ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para responder a una pregunta sobre esos 61,76 millones.


De acuerdo con la información proporcionada por el Consejero Miranda, una parte de esa cantidad, 37 millones de euros, se cubre retrasando la devolución del Impuesto sobre Sociedades; un dinero que, dicho sea de paso, es de las empresas. La ley otorga un plazo máximo de seis meses a la Hacienda Pública para realizar estas devoluciones. Plazo que, dicho sea de paso, no siempre se cumple. En 2008, dentro de un paquete de medidas anticrisis, el Gobierno de Navarra decidió acortar dicho plazo hasta los tres meses. Parecía una medida razonable, puesto que de lo que se trata es de facilitar la actividad de las empresas en un momento en que encuentras fuertes restricciones para obtener financiación. Pues bien, ahora el Gobierno ha dejado sin efecto esta medida y vuelve al plazo máximo de seis meses. En realidad, de lo que se trata es de mover la partida de un ejercicio presupuestario a otro, sin tocarla.


En cuanto al resto de la partida, la respuesta de Miranda fue que “hasta el final del cierre del ejercicio del 2011 no podremos tener certeza absoluta de dónde se han aplicado estos tres conjuntos de medidas [mayores ingresos, menores gastos y mejores ajustes de Contabilidad Nacional]”. Es decir, vaya usted a saber. Es evidente que cuando se cierren las cuentas sabremos qué se ha gastado y cómo. Pero ocurre que las cuentas no entran al Parlamento hasta septiembre del año siguiente y para entonces poco se podrá hacer o decir.

Cuando nos encontramos con este tipo de respuesta, caben, creo yo, dos opciones. La primera, que el Consejero nos esté tomando el pelo. La segunda, que esté hablando muy en serio. Francamente, ninguna de las dos me parece satisfactoria y ambas son preocupantes.


Miranda volvió a su cantinela de siempre (y la de UPN): "¿Quieren ustedes o no quieren que se cumpla [el objetivo de déficit]?" Según él, deberíamos estar exigiéndole el cumplimiento. Miranda sabe lo que debemos hacer y lo que no, hasta llegar a decir: “Usted no se preocupe, que ya nos preocupamos nosotros” y terminar con un “Déjenos trabajar”. Pues bien, lo que me preocupa es precisamente que Miranda se preocupe, y se ocupe, de nuestras cuentas. Y lo que pretendemos es, precisamente, que, ya puestos, haga su trabajo, parte del cual es mantener debidamente informado al Parlamento; una obligación que cumple con escasa diligencia y menor eficacia.


¡Claro que no nos gusta el déficit! Como tampoco nos gusta la deuda ni el desbarajuste o la creatividad presupuestaria. Pero eso no significa que no haya que aceptar déficit cuando la situación está mal y una política demasiado restrictiva puede hundir la economía en el pozo de la recesión. Y, en cualquier caso, una misma cifra de déficit se puede alcanzar con muchas combinaciones distintas de ingresos y gastos. Ahí es, precisamente, donde radica la diferencia con UPN-PSN. Argumentar, como decía el Consejero, que al final estamos hablando del 0,5 por ciento del presupuesto, es frívolo cuando la probabilidad de que el recorte recaiga es partidas sociales es elevada y esos pocos millones de euros pueden ser esenciales para muchas personas.

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