La cuestión de la UPNA es recurrente
desde hace unos años, lo que indica dos cosas: la primera, que se viene
apretando el cinturón desde los mismos inicios de la crisis, seguramente antes
que nadie. La segunda, que constituye una obsesión para UPN, que no ceja en su
empeño de asfixiar económicamente la institución y de lanzar mensajes equívocos
sobre la misma. Mensajes, por cierto, sólo contradichos de boquilla, pero no
con los hechos, por su socio de Gobierno.
Por poner un ejemplo, no hace mucho
el Consejero de Economía decía que la UPNA no podía ser “un pozo sin fondo” y
que la financiación debía estar ligada a resultados. Pues bien, dudo mucho que
en la UPNA haya mucha oposición a que así se haga, entre otras cosas porque
resultados puede ofrecer, y buenos.
Resultados en docencia y en
investigación, no porque lo diga yo, o la propia UPNA, sino porque así lo hacen
constar evaluadores externos en cada una de esas facetas; gran capacidad, en
relación con su tamaño, para la captación de fondos destinados a la
investigación; rentabilidad económica, cuantificada en un retorno para la arcas
públicas de 1,7 euros por cada euro destinado a la Universidad; rentabilidad,
en fin, social, consecuencia inmediata de todo lo anterior. Sin embargo, desde
2008 el presupuesto se ha reducido en un 17%, que en términos reales (teniendo
en cuenta la inflación) es del 20%. En cuanto a la aportación del Gobierno de
Navarra, se ha reducido en un 9,33% en términos nominales y en un 13,24% en
términos reales.
El Gobierno de UPN ha venido quitando
importancia a estos recortes con dos argumentos: el primero, que la Universidad
también debe asumir su parte en la situación de crisis. Afirmación discutible,
puesto que precisamente la crisis debería llevar a redoblar el esfuerzo
educativo. El segundo, que la Universidad está sobrefinanciada. Es cierto que
la financiación por estudiante es elevada (aunque la UPNA no ocupa el primer
lugar, como se suele decir, sino el séptimo), debido fundamentalmente a
características estructurales derivadas de su pequeño tamaño y el elevado peso
de las carreras técnicas. Alguna responsabilidad tiene el Gobierno de Navarra
en el reducido número de titulaciones. Pero si ponderamos la financiación por
el PIB per cápita la situación no es tan boyante. Y si medimos el esfuerzo
financiero en relación con el PIB la situación es muy pobre: la UPNA no llega
al 60% de la media.
Estos duros ajustes (muy por encima
de la media) se producen, además, cuando se está en pleno proceso de reforma de
las enseñanzas universitarias. La reforma implica un nuevo mapa de titulaciones,
así como cambios en la estructura de las mismas y en los métodos docentes y
discentes. Si afrontar este proceso con los mismos recursos ya plantea
problemas, llevarlo adelante con menos recursos entraña tremendas dificultades.
¿Es posible en estas condiciones mantener la calidad docente e investigadora de
la Universidad Pública? Parece muy difícil. Y, desde luego, de convertirse la
actual situación en estructural, está claro que no. Lo que, por otra parte, no
dejaría de constituir un fraude a la sociedad navarra porque supone dilapidar
lo ya realizado.
Las universidades públicas son, a
diferencia de otras instituciones públicas o privadas, las únicas capaces de
desarrollar plenamente las tres funciones de docencia, investigación y
transferencia, esenciales las tres para el progreso social y económico. Al
inicio de la crisis había un consenso, al menos de palabra, en relación con la importancia de la educación para
sentar las bases de una salida airosa. La experiencia de Navarra demuestra que
del dicho al hecho hay un trecho enorme. Da la impresión de que en algunos ámbitos
políticos y administrativos se prefiere una Universidad Pública disminuida y
dedicada exclusivamente a la docencia. Pero de academias caras vamos sobrados. Habrá
que ver si el actual Gobierno UPN-PSN está dispuesto a asumir la
responsabilidad del actual estado de cosas y del desmantelamiento de hecho de
la actividad universitaria pública en Navarra.
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