El engaño de la reforma fiscal de UPN

La propuesta de reforma fiscal que ha presentado el Gobierno de Navarra es un engaño. Y lo es sin paliativos y en diversos sentidos. Antes de entrar en materia, conviene aclarar que las medidas que contiene dicha propuesta son numerosas. Algunas, las menos, se pueden compartir; otras presentan aspectos positivos dignos de ser tomados en consideración en una negociación o en el trámite parlamentario; finalmente, otras son claramente inoportunas, ineficaces o nocivas. Lamentablemente, son éstas las que dominan y determinan el tono general de la propuesta gubernamental. En el caso concreto del IRPF consisten fundamentalmente en volver a la situación de 2011.

Decía que la propuesta es un engaño. En primer lugar, porque no tiene nada que ver con aquella “reforma fiscal integral” que nos prometía la presidenta Barcina hace un año. Una mera faena de parcheo que, en lo que a la escala se refiere, consiste en recuperar la existente en 2011. Y si ya entonces se apreciaba un agotamiento del modelo fiscal y la necesidad de reformas, este viaje de ida y vuelta a trompicones nos deja donde estábamos, pero peor.

Es un engaño, también, porque es más que dudoso que la reforma sirva para ese tan manido objetivo de fomentar la reactivación económica y la creación de empleo. Hay una idea que la derecha ha convertido en un mantra, como si su reiteración la fuera a hacer cierta: la de que bajar impuestos a quienes más tienen genera actividad económica y empleo. Es, quizá, el mejor ejemplo de lo que Paul Krugman llama “ideas zombies”, que se mantienen en el programa político a pesar de que la evidencia empírica las refuta una y otra vez. Diríase, por el contrario, que el Gobierno de UPN confía en que el fin de la recesión procure algún alivio a la recaudación con el que compensar la rebaja fiscal. Dicho de otra manera: no es la rebaja fiscal la que genera reactivación, sino la reactivación (si se consolida) la que permite financiar la rebaja. Por tanto, es previsible que actúe más como freno que como acicate. De paso, se imposibilita así la recuperación de prestaciones sociales y mecanismos de solidaridad, muy dañados con la política de austeridad a ultranza seguida estos años.

Es un engaño porque si se pierde equidad y progresividad, difícilmente se puede “asegurar un sistema tributario justo”, como se proclama al enumerar los “pilares” de la reforma. En este aspecto, el Gobierno de Navarra ofrece una información, basada en la bajada generalizada de impuestos, que es capciosa, por no decir tramposa. Vayamos a los datos.

Es evidente que, con carácter general, el IRPF se reduce. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía lo vaya a notar. De hecho, miles de contribuyentes no se van a enterar (incluso, por mor de la técnica del impuesto y de algunos ajustes que se contemplan, puede haberlos que vean aumentar su carga fiscal, aunque dejaremos estos casos a un lado por su excepcionalidad).

Gráfico 1

Dada la diversidad de situaciones personales posibles que determinan el resultado de la liquidación del IRPF, consideremos un caso simplificado, un contribuyente soltero que sólo percibe ingresos del trabajo, y hagamos cálculos, comparando la situación actual con la que prevé el Gobierno para 2016 (2015 se contempla en el proyecto de ley como un año de transición). Quienes perciban unos ingresos netos (descontando cotizaciones sociales) de 10.000 euros, no se van a enterar. Si los ingresos son de 20.000 euros, la rebaja es del 3,83%; 4,39% para 30.000 euros; 4,85% para 40.000 euros; 5,05% para 50.000 euros; 7,31% para 100.000 euros; si los ingresos son de 200.000 euros, la rebaja fiscal es del 9,34%; del 11% si son de 300.000; y del 11,17% si son de 400.000 (beatus ille…) (ver gráfico 1).

Gráfico 2

Así pues, los resultados son contundentes acerca de la supuesta progresividad de la reforma que propone UPN (los porcentajes anteriores pueden variar en su cuantía en función de situaciones personales, pero la ordenación y la magnitud relativa se mantienen). Nada sorprendente, puesto que en una primera aproximación, la simple comparación de las dos escalas de gravamen ya nos lo indica. Así, mientras el tipo del tramo más bajo no varía, el penúltimo (a partir de 175.000 euros) se reduce un 13,72% y el último (a partir de 300.000 euros) el 11,54% (gráfico 2). A ello hay que añadir dos elementos que acentúan la desigualdad de trato a favor de las rentas más altas: el primero, que cuanto mayor es el nivel de renta más peso tiene en su composición la procedente del capital, sometida a un tratamiento fiscal más benévolo; el segundo, la ampliación del mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio y la reducción de todos los tipos de la escala en un 20%, reduce aún más la carga fiscal de la población más rica. Un nuevo drenaje de rentas desde las capas sociales menos favorecidas a las más favorecidas, que, además, han sufrido en mucha menor medida (si es que lo han sufrido) el impacto de la crisis. De esta manera el sector público se convierte en agente activo en el aumento de las desigualdades que se viene observando estos años y que contribuye poderosamente a la fractura social.

Y es, finalmente, un engaño, porque se justifica en una idea absurda que sólo con considerables dosis de bondad podemos evitar calificar de estupidez: eso de que la política fiscal debe atender al criterio de que ningún navarro esté peor que un español. Su aplicación requiere, y algo de eso vamos viendo, la renuncia a un instrumento fundamental de política económica, y por tanto al margen de autogobierno de Navarra, puesto que sólo es factible (y con reservas) trasladando tal cual toda la legislación fiscal del Estado y reduciendo cada uno de los tipos. Esa obediencia ciega a las consignas del PP en Madrid es nefasta para Navarra y para la foralidad, en un momento particularmente delicado.

En suma, una propuesta que abunda en principios ideológicos caros a la derecha, que supone un engaño a la sociedad por la forma de presentarla, que no va a cumplir los objetivos aparentemente pretendidos (los ocultos seguramente sí) y que es inoportuna, dado el momento económico que atraviesa Navarra, puesto que incrementa las desigualdades y debilita la Hacienda pública, drenando recursos que no van a tener un uso productivo. Navarra no se puede permitir ese coste recaudatorio. Una propuesta con una finalidad descaradamente electoralista y destinada a generar una “burbuja fiscal” cuya gestión corresponderá al gobierno que surja de las elecciones de 2015.

En este sentido, hemos asistido hace unos días, al espectáculo del vasallaje de Rajoy a Merkel y sus políticas de austeridad, cuyos principios son compartidos por Barcina y su partido. Si se llevan dichas políticas a su fin previsto, España todavía tiene pendiente un ajuste fiscal de más de 20.000 millones de euros, del que se pretenderá que Navarra asuma una parte y al que habrá que enfrentarse con menos recursos. Una nueva vuelta de tuerca que puede dar al traste con esa tímida recuperación que se proclama a bombo y platillo como si la crisis se hubiera acabado. Eso es lo que Barcina debería explicar con detalle, en lugar de hacer demagogia electoralista con los recursos de todos.