Sólo en 2011 hubo unos flujos netos con ese destino de 1.122 millones. Las instituciones financieras incrementaron sus activos netos en paraísos fiscales en 2.596 millones. Por paraísos fiscales el Banco de España entiende los siguientes: Andorra, Antigua y Barbuda, Anguila, Barbados, Bahréin, Bermudas, Bahamas, Belice, Islas Cook, Dominica, Granada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isla de Man, Jersey, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucía, Liechtenstein, Liberia, Islas Marshall, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Singapur, Islas Turcas y Caicos, San Vicente y Granadinas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu, Samoa, Aruba, Curazao, Mauricio, Seychelles y San Martín. Se excluyen, pues, destinos que de hecho suponen tratamientos fiscales privilegiados, entre los que destaca Luxemburgo, pero también los Países Bajos. La propia España mantiene una isla de infratributación o elusión fiscal para inversores internacionales, las denominadas ETVE o empresas tenedoras de valores exteriores.
Si nos fijamos en el stock de inversión de cartera, vemos que Luxemburgo representa el 11,9% del total, algo que se compadece mal con su tamaño. Otro tanto ocurre con los Países Bajos, que absorben el 10,2%. Ambos países suman casi 57.000 millones de inversión española. Por su parte, en la Islas Caimán hay más fondos españoles de este tipo de inversión que en Brasil.
En cuanto a la inversión directa, que lógicamente, dada su naturaleza, va a ser menor que la de cartera en esos ámbitos fiscales, la distribución es la siguiente:
Aún hay otras dos formas de inversión, la denominada “otra inversión” y los derivados financieros, de los que el stock invertido fuera de España alcanza, respectivamente, 399.000 y 140.000 millones de euros. Si suponemos que entre el 20 y el 25% se localiza en espacios fiscalmente privilegiados, habría otros 107.000-134.000 millones de euros. Sumado a lo anterior, tenemos entre 240.000 y 267.000 millones de euros. Obviamente, es una estimación, sobre todo en lo que afecta a las dos últimas formas de inversión, aunque dada la naturaleza de los activos en que se materializa, no andará muy lejos. Además, es posible que no todos los fondos invertidos en Luxemburgo y, especialmente, en los Países Bajos, responda a esta casuística. Pero tampoco la lista es exhaustiva, por lo que si hay alguna desviación, lo más probable es que sea al alza. Y téngase en cuenta que se trata de fondos controlados, esto es, legales. A ello habría que añadir el fraude fiscal propiamente dicho.
Los paraísos fiscales y equivalentes son un cáncer social, un tumor para el eficaz funcionamiento de los sistemas fiscales progresivos que corroe la economía, favorece la inestabilidad financiera y socava la capacidad de actuación de los gobiernos en todos los ámbitos. Un cáncer, en suma, para la propia democracia. Pero, al mismo tiempo, son un mecanismo esencial para el eficaz funcionamiento del sistema, que los aprovecha para hacer de su capa un sayo y eludir regulaciones e impuestos. No hay más que ver cómo los utilizan las instituciones financieras.
En los albores de la actual crisis se levantó un clamor desde los propios gobiernos para acabar con los paraísos fiscales. Clamor que se acalló rápidamente y del que ya nadie se acuerda. Incluso la OCDE reduce la importancia del problema, simplemente vaciando su lista de paraísos fiscales.
Una buena forma de empezar sería que la Administración no contratara con empresas e instituciones financieras que operan en paraísos fiscales (en sentido amplio). Como parece que no van por ahí los tiros, también queda la acción social directa, el boicot. En el marasmo económico y social en que nos encontramos, se va demostrando que la presión social es mucho más eficaz de lo esperado y de lo que muchos quisieran.
No hay comentarios:
Publicar un comentario