Más patadas a la crisis en el culo de los débiles: congelación del SMI y el IPREM

El Gobierno del Partido Popular congeló el salario mínimo interprofesional para 2012. Dice en la exposición de motivos del Real Decreto que el momento económico “exige la adopción de políticas salariales durante el año 2012 que puedan contribuir al objetivo prioritario de recuperación económica y a la creación de empleo”. También la reforma laboral se justifica así. Es el mantra de la derecha política y económica, que no encuentra mejor remedio que la explotación laboral y la precarización extrema del trabajo.

El SMI tiene una gran trascendencia social, por cuanto es la referencia, tanto para quienes no tienen un convenio de referencia, como para algunas prestaciones. Pero va mucho más allá y hay razones económicas para abogar, no ya por su mantenimiento, sino por su incremento.

Quienes critican la existencia de un salario mínimo suelen aducir que excluye del mercado de trabajo a personas que, sin ese suelo salarial, encontrarían empleo. Bendita doctrina social, ésa que consiste en desproteger a las personas en situación más débil arrojándolas a la jungla de la explotación laboral. La evidencia empírica disponible no avala esta hipótesis. Y, en cualquier caso, aunque así fuera (siempre en un número reducido de casos), no es necesariamente negativo. Por ejemplo, en la última expansión se intensificó el abandono escolar (sobre todo en áreas donde la burbuja inmobiliaria fue especialmente desaforada), con el señuelo de unos empleos precarios que aseguraban unos magros ingresos a corto plazo pero pérdidas quizá irreparables en el largo plazo. Una sociedad moderna debe tener mecanismos para solucionar este problema, mediante la formación y la atención, pero no facilitando la explotación laboral de colectivos desfavorecidos o más vulnerables.

El SMI afecta a un porcentaje muy reducido del empleo (se calcula que menos del 1%), pero no cualquier empleo, por cuanto se trata fundamentalmente de mujeres y jóvenes desescolarizados. Por tanto, lejos de ser una medida de exclusión, ha de ser contemplada como de protección.

Los efectos positivos del salario mínimo son diversos. Contribuye a reducir la desigualdad, así como la discriminación por razón de sexo. Incluso puede contribuir a reducir la pobreza, aunque este efecto no es amplio, por cuanto las personas en situación de pobreza habitualmente están también desempleadas. Pero puede mejorar la situación de los denominados “trabajadores pobres”, personas que a pesar de tener un empleo se mueven en el entorno del umbral de pobreza. Evidentemente, a determinados empresarios les pueden importar poco estos efectos, si a cambio abaratan sus nóminas. Este es otro caso en el que beneficio individual (de la empresa) e interés social no discurren por el mismo cauce.

Como decía, el Gobierno ha congelado el SMI en 2012, cuando más bien habría que procurar su mejora progresiva. Es cierto que desde 2002 se ha incrementado un 14% real (45% nominal), fundamentalmente gracias al impulso que se le dio durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, a partir de 2004. Pero todavía estamos, en términos reales, aproximadamente al nivel de 1980. El impulso del gobierno socialista llegó hasta 2009 y en 2010 y 2011 retrocedió en términos reales, alejando la posibilidad de cumplir la promesa de llegar a 800 euros en 2012. No ha podido ser, por el cambio de Gobierno, pero se quedó a considerable distancia, puesto que en 2011 fue de 641,40 euros. La Carta Social del Consejo de Europa recomienda una cuantía alrededor del 60% del salario medio. En 2010 era del 39%. Así pues, tanto si atendemos al número de personas afectadas, como a su nivel relativo, el SMI es bajo y la evolución reciente lo ha deprimido aún más.

Otro indicador relevante todavía peor tratado que el SMI es el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). A diferencia del SMI no ha sido formalmente congelado, pero lo está de hecho porque le afecta la prórroga presupuestaria. Ya veremos qué le depara el presupuesto de 2012, pero no creo que haya lugar para el optimismo. Digo peor tratado porque ya fue congelado por el Gobierno del PSOE en 2011. Desde su puesta en marcha en 2004 se ha reducido en torno a un 6% en términos reales. El IPREM se utiliza como indicador de renta para becas, justicia gratuita o mínimos fiscales exentos. También es la referencia para la cuantificación de muchas prestaciones sociales.

Puede que la intención cuando se creó el IPREM en 2004 fuera buena y que realmente se pretendiera dejar el SMI para cuestiones estrictamente laborales (aunque no se entienda la necesidad). Pero de hecho ha servido para deprimir el gasto social puesto que, como decía, su evolución real ha sido negativa. Por un lado, se le llenaba la boca al Gobierno de su política social y, por otro —y obras son amores— buscaba indicadores cómodos para que ese gasto social se moderara. Algo de trampa hubo, pues, en esa primera legislatura “social” del PSOE; la segunda, se mire como se mire, fue descarnadamente antisocial. Y algún poso quedó de esa forma de hacer las cosas, porque es el truco que ha utilizado la Consejera Torres (PSN) para mangonear la renta básica al antojo de Miranda: desligarla del SMI para convertirla en meros guarismos a fijar en los presupuestos.

Resumiendo, ni recuperación económica ni creación de empleo. Pero una vez más se pasa la factura de la crisis a los grupos sociales más débiles, fiándolo todo a un dogma sin sustento práctico, la supuesta creación de empleo en un futuro indefinido. Muy cristiano, por otra parte: a cambio del sufrimiento en este valle de lágrimas se nos promete el Paraíso.

Se dice de los Borbones que no aprenden nada y no olvidan nada. En esta materia no llegamos ni siquiera al nivel de los Borbones, que ya es decir: no hemos aprendido nada y lo hemos olvidado todo. Así mal vamos.