Muchos planes y pocas nueces

Una vez más, el Gobierno de Zapatero vuelve por sus fueros y, perseverante en su vicio, anuncia una y otra vez las mismas medidas, como si fueran diferentes, seguramente para generar apariencia de actividad gubernamental cuando, en realidad, no es que no se haga nada, es que ni siquiera hay ideas. O quizá no hay margen, pero entonces habría que sincerarse y reconocerlo.


Hasta la fecha se han puesto en marcha, siempre con ruidosa profusión de anuncios y alharacas tres «planes» para hacer frente a la crisis económica. La medida estrella del primero de ellos, con soniquete de soborno electoral, fue la deducción de los 400 euros. El resto de aquel decreto poco tenía que ver con la situación de la economía. En el segundo destacaba la concesión de avales a PYMES y la previsión de ahorros en gasto corriente del Estado por valor de 250 millones de euros en dos años. El tercero, allá por agosto de 2008, se centró en la habilitación de 10.000 millones en dos años para la concesión de avales para VPO, ampliación de la partida de avales a PYMES, supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y una serie de medidas peregrinas, al menos en lo que a su relación con la crisis respecta, pero publicitadas como si contuvieran el secreto de la piedra filosofal: pago de multas de tráfico por Internet, Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales o la obligada transposición de la Directiva Bolkestein.

Cabe recordar que la deducción de los 400 euros tuvo un efímero recorrido y que la vicepresidenta Salgado ya ha reconocido que la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio fue un error (¿cómo iban a saber ellos que la crisis iba a adquirir ese cariz? Lo dice y se queda tan a gusto).

La última jugada es la propuesta de un pacto de Estado contra la crisis, para cuya gestación se buscó el palacio de Zurbano. Después de muchas idas, venidas, fotos, acuerdos y desacuerdos, finalmente sólo UPN apoya el pacto como tal. Un somero repaso al último texto disponible (a expensas de lo que finalmente apruebe el Consejo de Ministros) sugiere algunas consideraciones.

Los dos primeros grupos de medidas pretenden facilitar el funcionamiento empresarial, sobre todo de las PYMES, mejorando su acceso al crédito, flexibilizando algunas operaciones o incentivando la salida a mercados exteriores. Destaca la concesión de préstamos directos del ICO: puede ser un buen comienzo para plantearse seriamente la recuperación de la banca pública.

Otro grupo de medidas pretende impulsar la creación de empleo incentivando la rehabilitación de viviendas. Son medidas que cabe considerar sensatas, pero no por razones de estímulo económico, sino de diseño urbano, política de movilidad, reducción del derroche de recursos o sostenibilidad. Su eficacia estimuladora viene condicionada, a mi modo de ver, por dos consideraciones. La primera, que las familias están muy endeudadas y el acceso al crédito sigue restringido. La segunda, que al estallar la crisis una parte del sector se «sumergió», lo que previsiblemente mermará los efectos de una reducción del IVA. En cuanto a la propuesta de incrementar la financiación de VPO para venta, es perseverar en el error y empezar a crear las condiciones para un nuevo desastre.

El apartado de medidas «con el fin de impulsar el desarrollo de las infraestructuras de transporte, el transporte público y la movilidad sostenible» no contiene iniciativas de enjundia (lo que no quiere decir que sean rechazables) salvo una referencia vaga a un «Plan Extraordinario de Infraestructuras Sostenibles» que parece insistir en un enfoque más productivista que de sostenibilidad. Tampoco parece que las medidas de política turística ataquen los problemas estructurales del sector ni que vayan más allá de fomentar la desestacionalización del uso de la infraestructura existente. Y una política más agresiva en la materia (y ambientalmente cuidadosa) no carecería de interés, por ser un sector intensivo en trabajo.

En cuanto al sector público, el objetivo de austeridad y rigor en el gasto es de sentido común. Lo que sorprende es que, de repente, se vean tantas posibilidades de hacer economías a base de controlar mejor. La conclusión obvia es que hasta ahora se estaba derrochando conscientemente. Lo que no se explica, y es preocupante, es el encaje, en ese contexto, de las prestaciones sociales y la dependencia. Como también es de sentido común mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos: ¿hay que esperar a que haya crisis para percatarse de ello?

Pero hay una medida que resulta particularmente llamativa, por lo absurdo de los términos en que se plantea, cual es la de «elevar el peso de la industria en el PIB acercándolo a la media europea». Para empezar, el peso de la industria era en 2007 del 17,5% del PIB, frente al 20,4% del área euro, con países como Francia (14,1%) o el Reino Unido (16,7) con porcentajes menores (en Alemania es del 26,4%). Además, hay notables diferencias entre las regiones europeas, dependiendo, entre otras cosas, de su nivel de renta. La pérdida de peso del sector industrial tiene que ver, no tanto con la pura desindustrialización, esto es, reducción del tejido industrial (ya sea por simple desaparición, ya por deslocalización), como con el mayor dinamismo relativo de otras actividades, singularmente las de servicios, y es inherente al carácter dinámico de los procesos económicos. Por tanto, buscar como objetivo de la política económica el aumento del peso del sector industrial, además de complicado de instrumentar, es absurdo en su misma concepción y puede llevar a resultados contraproducentes, como ocurre a menudo con las políticas poco selectivas. Otra cosa es que se busque el fomento de determinadas actividades industriales (alguna referencia hay en el documento) pero en ese caso estamos en otra situación y el resultado final puede implicar, o no, un aumento del peso del sector industrial.

En definitiva, nos encontramos con un conjunto de medidas en general bienintencionadas y, salvo algunas excepciones ya comentadas, sensatas y dignas de consideración e incluso de puesta en práctica. Pero no constituyen un plan para hacer frente a la crisis económica. En este aspecto estamos donde estábamos: un gobierno inoperante tratando de vender humo, como si la crisis se resolviera a golpe de ruedas de prensa. Pero los problemas estructurales que explican la amplitud y profundidad de la crisis siguen incólumes porque nadie los ha atacado.