Banca Cívica: ¿operación incívica?

Las negociaciones sobre la formación de lo que se va a denominar Banca Cívica van a buen ritmo y, se dice, el Banco de España ve con buenos ojos la operación. Quizá el Banco de España sepa de qué va el asunto, pero si nos hemos de guiar por la información transmitida, trabajadores incluidos, todo es bastante oscuro. (El Consejo General de Caja Navarra aprobó por unanimidad la integración en Banca Cívica. De los sindicatos del régimen y el PSN cabe esperar bien poco. Pero el apoyo de IUN es incomprensible e ¿inexplicable?).

¿Qué significa que el Banco de España considere positiva la operación? Mucho o casi nada, según se mire. El Banco de España se enfrenta a la patata caliente de unas cajas que han asumido un elevado riesgo en los años del boom inmobiliario y se encuentran ahora, entre otros problemas, con una morosidad en rápido crecimiento. Y a pesar de lo que se ha repetido con insistencia, la responsabilidad del Banco de España en el actual estado de cosas, fundamentalmente por omisión, no es pequeña. Una de las maneras de reducir la fragilidad del sistema es promediar riesgos mediante fusiones. También se pretende mejorar la solvencia incrementando el tamaño, cuestión sobre la que convendría reflexionar. Sorprende la inamovilidad de las concepciones, la rapidez con la que se vuelve a las ideas de siempre, como si no hubiera pasado nada y no estuviéramos inmersos en la mayor crisis financiera desde los años treinta. Por tanto, que una operación así esté bien para el Banco de España no quiere decir que sea buena para Caja Navarra (a expensas, claro, de quién defina lo que es bueno para Caja Navarra) y, mucho menos, para Navarra.

Es esta una primera acotación necesaria para centrar el tema en sus coordenadas, depurando un ruido que nada aporta pero que llega a utilizarse como cortina de humo o coartada para decisiones, insisto, insuficientemente explicadas. Así, hay una serie de aspectos en los que puede ser conveniente detenerse. La mencionada falta de información dificulta saber si se trata de elucubraciones sin fundamento o hay motivos reales para la reflexión (y la preocupación). Veamos.

¿Qué es exactamente ese ente denominado Banca Cívica? No está muy claro. Una caja no. ¿Un banco? Quizá. Inicialmente se dio a entender que sería una especie de puesta en común de determinados recursos con el fin de reducir costes y obtener sinergias. Algo así como una central de compras en versión financiera. Se le ha llegado a denominar fusión virtual o fusión fría. Pero ahora se habla ya de un Grupo Económico Consolidado (GEC). Si este GEC se configura finalmente como un banco, sería previsiblemente una sociedad anónima, lo que abre la puerta a la privatización de las cajas.

De las características del GEC se sabe poco, pero sí que tendrá su sede (servicios centrales de Banca Cívica) en Madrid. La importancia de este dato no es pequeña. Primero, porque, repitiendo lo que ya hizo UPN con EHN, supone llevar capacidad de decisión fuera de Navarra, perder capacidad de control sobre recursos fundamentalmente navarros. Y segundo, porque la expansión del grupo más allá de los territorios naturales de sus integrantes formará parte del GEC. Esto significa la progresiva dilución del Caja Navarra en el ente Banca Cívica. Hay un factor que contribuiría a acelerar esa dilución. En este momento Caja Navarra es la más grande del grupo. Pero, según algunas previsiones que se barajan, podrían incorporarse en el futuro cajas de mayor tamaño.

En la información facilitada, se dice que las cajas «mantendrán su personalidad jurídica, gestión de obra social, marca y gestión de redes comerciales en sus territorios naturales, manteniendo el arraigo local y compromiso con el desarrollo económico, social e institucional». Esto suena muy bien. Pero, se añade, «las políticas estratégica, financiera, comercial, de créditos y riesgos, internacional y de organización se fijarán desde una nueva sociedad, que actuará como una empresa de servicios financieros plenos». Si la estrategia y los aspectos fundamentales que definen la actividad financiera y bancaria se deciden de forma centralizada, ¿qué queda para cumplir ese compromiso con el territorio de origen? A este respecto, hay un detalle significativo. El acuerdo de integración en Banca Cívica de Caja Burgos contiene un mandato al director general de la entidad para intensificar los contactos con Caja Segovia y Caja de Ávila (y otras en el futuro) «coherentemente con la voluntad permanente de Caja de Burgos de reforzar el sistema financiero regional». Es decir, se trata de ganar peso en el grupo para poder inclinarlo en mayor grado hacia Castilla y León. Todos parten, pues, de que se va a perder contacto con el territorio de origen.

Un último aspecto que se presenta como emblemático y es muy discutible es que se pretende que la nueva entidad tenga como filosofía el concepto de banca cívica tan caro a los actuales dirigentes de Caja Navarra. Ciertamente el concepto ha tenido mucho éxito social y mediático. Pero no es más que una mercantilización abusiva de la obra social que, hay que recordar, constituye una obligación de las cajas. El uso de la obra social como instrumento de marketing lleva a su difuminación, a su distribución con criterios poco claros y a la infrafinanciación generalizada, dejándose además de lado proyectos significativos y relevantes que, por diversas razones, no son susceptibles de obtener apoyos. Es un modelo que tiene poco de cívico y mucho de demagógico o populista.

En suma, el ente Banca Cívica parece ser una fusión solapada, por la puerta de atrás, seguramente porque tanto el Gobierno de Navarra como Caja Navarra saben que es difícil argumentar la conveniencia económica y financiera para Navarra de la fusión y, previsiblemente, la opinión pública no lo entendería. El primer efecto, como ya he comentado, es la pérdida de capacidad de decisión (autonomía, por tanto), de la poca que va quedando ya en Navarra. Pero quizá el verdadero trasfondo esté más en la política que en la economía. Principalmente para evitar la que, a todas luces —salvo a las de Sanz, ferozmente distorsionadas por su antivasquismo fanático y visceral— sería, de ser necesaria alguna fusión, la operación organizativa, económica y financieramente más obvia: la fusión con las cajas vascas. Y, de rebote, se consigue un segundo objetivo político, que es diluir aún mas la personalidad de Navarra en España por la vía crematística, que a la postre suele ser la más segura (algo así pretendía hacer el PSE en la Comunidad Autónoma Vasca, fusionando cada caja con otras de fuera, pero parece haberse echado atrás).

Si el conde de Lerín hubiera sabido que cinco siglos después iba a tener un émulo tan eficaz, se habría ido mucho más satisfecho a la tumba. La sucesión lógica de los acontecimientos, como ya ocurriera hace quinientos años, es que los destinos de Navarra pasen a manos de algún funcionario de la corte castellana. Qué más da llamarla lehendakari, presidenta… o virreina.