El empecinamiento de UPN en el asunto de Donapea, su obsesión por sacar el proyecto adelante a toda costa, pone cada vez más de manifiesto el verdadero fondo de la cuestión, que no es más que satisfacer un interés privado a costa de lo público, de supeditar el interés general al de un grupo particular, eso sí, y como también va quedando más y más claro, muy poderoso.
La base del asunto, recordemos, es un acuerdo firmado por Miguel Sanz en marzo de 2011, apenas dos meses antes de las elecciones, con la Universidad del Opus Dei y la Fundación FIMA, por el cual la Administración vende, “a precio de mercado” establecido por tasadores independientes, las instalaciones que actualmente ocupa el CIP Donapea, para ubicar en ellas tres nuevos centros de investigación. A tal fin, las enseñanzas actualmente impartidas en Donapea, así como las sanitarias, se trasladarían a un centro de nueva construcción en Etxabakoitz Norte.
Aparentemente se trata de una buena noticia, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la Formación Profesional. Sin embargo, la iniciativa ha generado mucha polémica y ha suscitado el rechazo de la comunidad educativa de Donapea y de diversos grupos políticos, en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Pamplona. Por supuesto, de hacer caso al Gobierno de Navarra o a UPN, el motivo de dicho rechazo sería la obsesión de la oposición con el no por el no, seguros como están de ser los únicos que conocen a ciencia cierta qué es lo que le conviene a Navarra.
Conviene aclarar desde el principio que no estamos hablando de investigación o innovación tecnológica, sino de una operación urbanística que se diseña con la excusa de unos centros de investigación. Este detalle es fundamental para entender el proceso y las razones aducidas.
Como el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona rechazó la modificación urbanística necesaria para llevar el proyecto adelante, el Gobierno de Navarra optó por ignorar la autonomía municipal, sacándose de la manga un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS). Este es un instrumento previsto para determinadas dotaciones de interés general en las que puede resultar difícil cohonestar los intereses municipales en juego, por lo que el Gobierno de Navarra asume las competencias urbanísticas. La ley deja claro que se trata de proyectos que rebasan, por una razón u otra, el ámbito municipal, pero exige su justificación más allá de esta circunstancia, porque está previsto como un mecanismo excepcional. Sin embargo, UPN ya nos tiene acostumbrados a la utilización profusa de este mecanismo para saltarse las decisiones municipales, convirtiendo en regla lo que debería ser la excepción.
Tanta insistencia, presiones al PSN incluidas, debe llevar a reflexionar sobre las características del proyecto y sus verdaderas razones. Y sólo se justificaría si se dieran simultáneamente dos condiciones, ambas necesarias pero ninguna suficiente por sí misma: primera, que Donapea fuera la única localización posible para los centros tecnológicos; segunda, que hubiera una ganancia neta, desde el punto de vista del sistema educativo público, con el traslado a Etxabakoitz Norte. Ninguna de las dos se da.
Vayamos con la primera. Es una obviedad que si de algo anda sobrado el Opus Dei es de terreno. El propio Consejero de Fomento reconoció en el Parlamento que el campus es enorme y está prácticamente vacío. Incluso se podría justificar la venta de instalaciones en desuso situadas en otro lugar. Y recuérdese que se construyan donde se construyan los centros de investigación, recibirán las correspondientes ayudas públicas.
En cuanto a la segunda, no se han aportado argumentos convincentes. Entre las brumas de improvisación y ambigüedad en que se va desenvolviendo el proyecto de Etxabakoitz Norte, podemos extraer la conclusión de que hay una pérdida de espacio, máxime cuando en el nuevo centro se acomodaría también la Escuela Técnico Profesional Sanitaria de Navarra (ETSNA). A no ser, claro, que alguna de las líneas que actualmente se imparten en Donapea se “evaporen” en el traslado. A mayor abundamiento, el solar se encuentra en una zona de elevada densidad residencial y se podrían ocasionar molestias, dadas las características de algunas especialidades a impartir, como química o automoción. Por último, tendríamos un centro hipotecado puesto que no hay posibilidades de expansión si en el futuro fuera necesario. A su vez, las sinergias que, dice el Gobierno, se derivarían de la convivencia de especialidades como la automoción con las sanitarias son más que dudosas.
Por tanto, cabe concluir que el origen de todo el asunto está en la demanda del solar por parte de la Universidad del Opus Dei. Las razones, ellos las conocerán. Quizá les moleste que junto a su campus haya una esquinita fuera de su control, pública y de uso educativo para más inri. Quizá tenga que ver con usos futuros del solar. Quién sabe. Hoy por hoy, todos los indicios apuntan a que estamos ante una operación puramente urbanística en la que la investigación y los centros tecnológicos no son más que una cortina de humo, un velo.
No se discute aquí la necesidad de apoyar y fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, también en el ámbito privado, ni se discute la excelencia de los centros previstos, porque el movimiento se demuestra andando. Tampoco se trata, como machaconamente pretende dar a entender UPN, de demonizar la operación porque el comprador sea el Opus Dei. Se critica la operación porque la educación pública, en este caso la Formación Profesional, sale perjudicada. Y es reveladora, además, de un grave defecto de la política del Gobierno de Navarra en materia de investigación, como es la renuncia a potenciar una verdadera investigación pública en el área biomédica, otorgando su monopolio de hecho a una entidad privada y dejándola, por tanto, al albur de las filias y fobias de un grupo religioso con posiciones bien conocidas en temas muy relevantes para el futuro.
Se trata, en suma, de un caso más, el enésimo, de supeditación del interés público, el de la sociedad, al privado, el de unos pocos. El servilismo de UPN a la hora de atender demandas y requerimientos de agentes privados concretos tiene resabios colonialistas y llega al expolio. Con el agravante de que ni siquiera podemos hablar de república bananera sino, meramente, de reyno bananero.
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