¿Darle la vuelta o darle a la Vuelta?

Ya tenemos aquí la Vuelta a España 2012, ese evento tan calurosamente defendido y negociado en su día por el entonces Vicepresidente Jiménez (sic transit gloria mundi). Su coste aparente para las arcas públicas puede estar entre 1,1 y 1,3 millones de euros. Por supuesto, y tal como se ha repetido incesantemente, a cambio el acontecimiento dejará en Navarra enormes beneficios. Al menos es lo que no se cansaba de decir el señor Jiménez y reitera ahora el Consejero del ramo. Claro que su fuente no es ningún estudio técnico, ningún análisis coste-beneficio o de impacto económico. Su fuente es Unipublic, la empresa que organiza la Vuelta: ¡Nos ha jodido mayo con las flores! Se ha llegado a hablar de retornos de hasta diez euros por euro “invertido”. ¿Un tocomocho con ropajes sofisticados?

Ni que decir tiene que no hay nada nuevo en todo esto. La justificación de eventos así se centra habitualmente en los beneficios que reportan, que se suelen resumir en dos: de imagen, con vistas a la atracción de turismo (esos millones de personas que van a ver Navarra en la televisión y sentirán un impulso irrefrenable por visitarnos); y económicos, fundamentalmente para la hostelería. Son muchos los trabajos técnicos sobre el particular que llaman la atención sobre la tendencia a sobrevalorar tales beneficios (e infravalorar los costes), en gran parte por la dificultad técnica de su estimación, pero también por la utilización de métodos poco rigurosos o por proceder los datos de fuentes interesadas.

Por ejemplo, del primer tipo de beneficios no hay evidencias claras y muchas razones para el escepticismo. ¿Quién sabe dónde ha sido la última exposición universal? ¿O dónde será la próxima? ¿Cuántas personas han decidido visitar una de las innumerables ciudades que han sido final de etapa de la Vuelta a España, justamente por haberlo sido? ¿Alguien ha sentido la imperiosa necesidad de acudir a gastar a la ciudad donde se inició la Vuelta en 2011? ¿O en 2010? A pesar de lo que se dice (sin base empírica ni demostración fehaciente), todos los indicios apuntan a que la gran mayoría de quienes presencian estos espectáculos se abstraen de su ubicación concreta. En cuanto al segundo tipo de beneficios, están muy localizados y son estrictamente privados. Cuando se han hecho estimaciones a posteriori, el resultado es casi siempre ruinoso para el erario público y magro para el sector privado.

Ahí están los resultados del tan cacareado Circuito de Valencia. Los del inicio de la Vuelta 2011 en Benidorm. O, por ir a un caso más cercano, el del Circuito de Los Arcos, nuestro elefante blanco por antonomasia. La empresa que lo gestiona (Navarra Deporte y Ocio S.L.) reconoce en su propio Plan Director que los eventos de primer nivel (dentro de los que puede albergar el Circuito, que no son los de primer nivel) no son rentables, por lo que, de conseguir atraerlos, requieren subvenciones del Gobierno de Navarra. Es decir, si el Circuito ya es de por sí deficitario, el agujero se incrementa a medida que se organizan más eventos y de mayor nivel.

Para centrar el razonamiento puede ser útil recurrir al concepto de coste de oportunidad. Éste es el coste de la mejor alternativa a la que se renuncia. Dedicar fondos públicos a financiar la Vuelta a España significa que los mismos dejan de estar disponibles para otros usos. El coste de oportunidad no es fijo, sino que varía, entre otras cosas, según la situación económica y social. Se admitirá que el coste de oportunidad de organizar unos Juegos Olímpicos no es el mismo, por ejemplo, para Londres que para Río de Janeiro, puesto que los déficits y carencias económicas y sociales son muy distintas en ambas ciudades.

Cuando sobra el dinero, no es que se justifique, pero no se nota demasiado, el coste de oportunidad es menor y el Gobierno de turno raramente puede evitar caer en la tentación de aprovechar el acontecimiento para promocionarse ante la opinión pública. Se junta el hambre con las ganas de comer: la necesidad de los organizadores de recursos públicos para cuadrar sus cuentas y el ego desmedido de muchos gestores políticos. En la situación actual, inmersos en una gigantesca operación de ajuste de cuentas con el Estado de bienestar (y, por tanto, contra trabajadores y clases medias asalariadas), cuando se suceden los recortes en partidas cada vez más sensibles socialmente, hasta alcanzar a las mismas posibilidades de supervivencia de miles de personas, el coste de oportunidad se incrementa y es grotesco que el Gobierno de Navarra se embarque en esta aventura con justificaciones tan endebles.

El pasado noviembre se debatió en el Parlamento de Navarra una moción del PPN para que la financiación del tránsito navarro de la Vuelta fuese estrictamente privada. UPN y PSN la enmendaron y la versión final descafeinaba completamente el contenido original, al no excluirse la aportación pública. Aquí radica el meollo de la cuestión. Como ya se ha dicho, los únicos beneficios claros y cuantificables son privados, principalmente para la hostelería. Por tanto, costes y beneficios discurren por canales distintos. De ahí que hablar del retorno del gasto tenga mucho de engañoso, porque quien arriesga no es quien recoge los réditos. Si los beneficios son tan evidentes, lo lógico sería que el patrocinio fuera estrictamente privado. Sin embargo, la iniciativa privada se abstiene, quizá porque las cuentas no están tan claras.

No significa lo anterior que el sector público deba estar ausente de estos eventos (sea la Vuelta a España, el Tour de Francia o la Vuelta a Suecia si, de existir, se decidiera comenzarla en Pamplona), mediante apoyo organizativo y facilidades logísticas (gestión del tráfico, acceso a servicios e infraestructuras, disponibilidad de viario urbano, policía y seguridad, etcétera) que, no se olvide, también tienen su coste. Pero la financiación debe ser privada.

El discurso ideológico dominante en los ámbitos de decisión política ha llevado a utilizar la crisis como excusa para la privatización de los problemas sociales, por la vía de convertir a las personas afectadas en responsables de su situación. Las víctimas se transmutan en victimarios y su situación pasa a ser una cuestión estrictamente privada de su exclusiva responsabilidad. En este contexto, socializar un gasto argumentando un beneficio económico privado es difícilmente sostenible, al menos si se contempla con una perspectiva social. Dejemos al sector privado lo que le corresponde, para que el sector público pueda realizar las funciones que le son propias.