La Corporación Pública Empresarial y la transparencia

El pasado 15 de marzo se debatió en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra una modificación de la Ley Foral que regula la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPE). Hasta la fecha, la CPE está presidida por el Consejero de Economía y Hacienda. La reforma asigna a éste la condición de Consejero Delegado y reserva la presidencia para quien ostente la del Gobierno de Navarra.

Se ha hablado mucho de las razones de este cambio. Sin pretender juzgar intenciones, no parece descabellada la hipótesis de que se debe a la necesidad de que la Presidenta ostente cargos de responsabilidad en el sistema empresarial público para poder percibir el complemento salarial previsto en la Ley de Presupuestos (23.000 euros). Pero, al margen de ello, parece razonable que un órgano de la entidad de la CPE, que además controla empresas adscritas a distintos departamentos, esté presidido por la Presidenta del Gobierno.

Aun de acuerdo con ese principio, Nafarroa Bai presentó una enmienda para modificar la composición del Consejo de Administración de la CPE. Actualmente un tercio de sus integrantes son designados a propuesta del Gobierno, otro tercio del Parlamento y el tercio restante se selecciona “entre profesionales independientes de reconocido prestigio”. Nuestra propuesta consistía en que la mitad de los miembros del Consejo sea designada a propuesta del Parlamento, a razón de uno por cada Grupo Parlamentario (que no tiene por qué ser miembro del mismo) y la otra mitad del Gobierno.

Las razones son dos: primera, la presencia de todos los Grupos Parlamentarios ayuda a conseguir la necesaria transparencia que ha de impregnar un órgano como la CPE. Segunda, el concepto de "profesionales independientes" está superado, podríamos decir que es arcaico, máxime cuando no se establecen los criterios y mecanismos de selección. Tal como se vienen haciendo las cosas, es más probable que sea un reducto para repartir canonjías.

El preámbulo de la Ley ahora modificada ya reconocía en 2009 que se pretendía “dotar a la necesaria y deseable transparencia en la organización y funcionamiento del sector público empresarial (…) estableciendo los oportunos mecanismos de control público, haciendo posible la utilización de nuevos instrumentos de gestión administrativa sin que ello suponga la opacidad en sus actuaciones”. Hoy por hoy todos los miembros del Consejo de Administración pueden ser de la confianza del grupo o grupos que sustentan al Gobierno y no hay ningún mecanismo para que estén presentes grupos de la oposición. Este auténtico “yo me lo guiso, yo me lo como” no va precisamente en beneficio de la transparencia sino que, por el contrario, incrementa la opacidad, dejando en nada la pretensión enunciada.

Una de las razones exhibidas por el portavoz de UPN para oponerse a la enmienda es que con 19 escaños no se puede tener el mismo peso que un grupo que tenga, por ejemplo, tres. Admitiendo la validez del argumento, con nuestra propuesta siempre tendría, al menos, un representante; con la suya, de no estar en el Gobierno (aunque fueran el grupo mayoritario del Parlamento) podrían no tener ninguno, lo que es aún menos razonable.

Hay un aspecto más que resulta llamativo en esta modificación de la CPE. No es de calado jurídico, pero sí muy representativo de cómo están las cosas. En la exposición de motivos se dice que “el sector público empresarial es uno de los instrumentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que debe incardinarse plenamente en esta política de supresión de duplicidades, optimización del gasto público, máxima eficiencia y contribución positiva al control y reducción del déficit público”. ¿Y si hay superávit? ¿Y si las circunstancias aconsejan una política expansiva aunque haya déficit? En la obsesión por el déficit, que va adquiriendo tintes enfermizos y que no es más que una manifestación de dogmatismo económico, se llega al estrambote de asignar a las empresas públicas el objetivo de reducir el déficit, cuando tal objetivo no es más que una de las posibilidades en que se puede centrar la acción de la política económica. Es cierto que una exposición de motivos no obliga a nada y que, por lo ridículo del asunto no tiene recorrido práctico, pero es un síntoma del enfoque de los asuntos económicos en Navarra.

En suma, una modificación menor, razonable en su contenido, sean cuales sean sus verdaderas intenciones, pero corta, al no aprovecharse para una mejora efectiva de una estructura opaca.