Techo de gasto y PIB

Andaba hasta hace unos días el río autonómico revuelto (la convocatoria de elecciones lo relega todo a un segundo plano) a cuenta de los dineros. Por un lado, demandan las Comunidades Autónomas la ampliación del plazo previsto para devolver al Estado lo recibido de más. Con argumentos de mal pagador, pretenden que la culpa es del Estado por errar en los cálculos. La mala gestión no va con ellos. Este problema pone de manifiesto, una vez más, el deficiente diseño del sistema de financiación autonómica, que no ha sabido resolver el divorcio entre quien recauda y quien gasta, la dichosa corresponsabilidad fiscal. Añádase a eso una concepción caciquil y decimonónica de la acción política —que se exacerba conforme se desciende en el nivel de gobierno— y ya tenemos todos los ingredientes para el desastre. Y no se libra nadie, porque los ejemplos de pésima gestión, derroche y corrupción surgen por doquier. Lo último, a modo de pataleta infantil, el amago de algunos gobiernos (del PP) de devolver transferencias. Que lo hagan, seguramente les vienen grandes. Es una muestra clamorosa del fracaso de la estrategia del “café para todos” pergeñada en su día para descafeinar o desnaturalizar el autogobierno vasco y catalán.


Por otro lado, se debate sobre el establecimiento de un techo de gasto para las Comunidades Autónomas, como el fijado ya para la Administración General del Estado. No es un tema nuevo, Zapatero se comprometió a ello el pasado marzo. Se trata de vincular el límite de gasto a la evolución del PIB. Sobre esta idea inicial, el Gobierno de Navarra lanza a bombo y platillo la propuesta de que la referencia para el techo de gasto no sea el PIB español, sino el de cada Comunidad. Según Miranda, eso significaría reconocer que “las cosas se han hecho bien en Navarra” (se han hecho bien porque estamos menos mal que otros; olvida Miranda que también estamos bastante peor que algunos). Para Barcina, por su parte, se trata de una propuesta “justa para Navarra y el resto de España”.

Si aceptamos la mayor, esto es, que se fije un techo de gasto en función de la evolución del PIB (se tomarían los cinco años anteriores, el corriente y los tres siguientes), la pretensión parece razonable (en cualquier caso, sólo afectaría a los cinco años ya pasados, los otros cuatro serían previsiones estatales), puesto que la situación económica varía mucho de unas Comunidades Autónomas a otras (habrá que ver cómo cuadra, en buena lógica barciniana, con los criterios de equilibrio territorial y cuán justa es para “el resto de España”, pero ese es otro cantar). También parece claro que la administración de los recursos públicos debe hacerse con mesura y rigor, evitándose la adquisición de compromisos insostenibles a largo plazo. Pero la cuestión relevante es el hecho mismo de tomar la evolución del PIB como referencia para fijar el techo de gasto.

¿Qué significa eso? Para empezar, se renuncia a cualquier posibilidad de incidir en el ciclo económico. Es un paso más en ese proceso de rendición a los (mal llamados) “mercados”, la dejación de responsabilidades, la abdicación de una de las razones de ser fundamentales del sector público, en beneficio de una minoría depredadora que obtiene réditos sea cual sea la situación económica y que, por lo mismo, abomina de cualquier intervención (ellos dirían mejor intromisión) pública. Es la lógica tramposa del liberalismo (sea en su versión clásica o en la neoliberal), que sólo predica la abstención del sector público cuando conviene a sus intereses. ¿Y no es acaso tal abstención una forma de intervención? Los “mercados”, esto es, los bancos y las grandes corporaciones, resucitaron brevemente al detestado y denostado Keynes para salvar su precioso culo en los momentos más duros de la crisis financiera internacional, cuando parecía que el casino global se iba al garete. Hecho lo cual, lo volvieron a asesinar y procedieron a ocultar bien el fiambre, mientras se aprestaban a exprimir y chantajear a ese sector público ahora aplastado por el peso de la deuda contraída, he aquí la paradoja, con esos “mercados” y para salvarlos de sí mismos.

Pero, además, la renuncia a intervenir con afanes de estabilización no es neutral en sus efectos. Aunque el automatismo parezca inocuo y razonable, implica de hecho una opción política procíclica que sería derrochadora y suicida en las fases expansivas, lo mismo que es devastadora en las recesivas, al intensificar el ciclo y contribuir, por tanto, a agudizar la crisis económica. A falta de reformas estructurales profundas —que parecen haberse esfumado de la agenda— una política presupuestaria sana requiere, además de un sistema fiscal sólido, la generación de superávit en las fases expansivas del ciclo como forma de afrontar el tirón del gasto, fundamentalmente social, con el consecuente incremento del déficit, en las recesivas. Con el criterio propuesto, se alimentaría el derroche dejando al sector público sin medios de acción al cambiar el ciclo y se promueve que, crisis tras crisis, el sistema de prestaciones sociales vaya menguando hasta desaparecer. Se dice que se podría generar un superávit con el que alimentar un fondo para amortiguar las recesiones, pero eso sólo ocurriría si la economía creciera por encima de lo previsto, es decir, debido a errores de cálculo. No parece muy apropiado fiar las posibilidades de actuación en períodos de crisis a errores de previsión en las expansiones.

Ciertamente, la existencia de un techo de gasto no implica que deba agotarse. Pero, insisto, no garantiza el ahorro cuando la economía crece e impone una pesada losa cuando vienen mal dadas. El problema es mucho más complejo y no depende sólo de los balances públicos. De hecho, el endeudamiento público no es alarmante en el momento actual, pero sí lo es el privado. Y el endeudamiento privado ha llegado a tales niveles impulsado por unas políticas (iniciadas en la época del PP y continuadas con entusiasmo por el PSOE) que alimentaron una economía de humo.

¿Qué países han tenido problemas en la UE? Precisamente los más endebles fiscalmente. Y las recetas propuestas, techo de gasto ligado al PIB incluido, no sólo no van a facilitar que la situación mejore, sino que condenan a estas economías a una existencia anémica y comatosa durante bastante tiempo. Eso sí, para tranquilidad de Alemania y de “los mercados”.