El pasado 23 de agosto acudió al Congreso a solicitar la convalidación de su último paquete de medidas contra la crisis. Desde que ésta se inició, han sido numerosos tales paquetes, conteniendo quizá miles de medidas que, en una confesión clamorosa de la ineficacia e incapacidad gubernamental, se arrastraban penosamente de un plan a otro, casi siempre las mismas, para terminar tristemente arrumbadas en alguna ignota papelera ministerial. La estrella de este último paquete es la reducción del IVA que grava la compra de vivienda nueva, del 8% al 4%. Una vez más, y ya son muchas, sacando las castañas del fuego a la banca y obstaculizando el tan necesario proceso de ajuste del precio de la vivienda.
Pero Rodríguez Zapatero aprovechó su comparecencia para hacer algunos anuncios. Uno de ellos, el reconocimiento de la ineficacia de aquella reforma laboral tan urgente en su momento, tan demandada por “los mercados” y tan necesaria para salir de la crisis. El otro, la reforma de la Constitución para incluir el mandato de la estabilidad presupuestaria.
Según el presidente del Gobierno español, “se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas”. El anuncio contiene dos elementos susceptibles de debate, no necesariamente conjunto: el primero, el concepto de “estabilidad presupuestaria”, ligado al de “déficit estructural”; el segundo, la procedencia de incluirlo como un mandato constitucional y el método a seguir.
La estabilidad presupuestaria puede entenderse de distintas formas. Por ejemplo, la vigente Ley de Estabilidad Presupuestaria busca el equilibrio en el conjunto del ciclo económico. Evidentemente, la más sencilla consiste en buscar la igualdad de ingresos y gastos en cada ejercicio presupuestario. Esto plantea un problema cuando la economía entra en recesión, porque automáticamente van a caer los ingresos. Si, para mantener el presupuesto equilibrado, se reducen los gastos en la misma cuantía, el sector público estará alimentando la recesión, generándose largas fases de estancamiento, cuando no procesos deflacionarios. Por ello, se suele distinguir entre déficit cíclico, el debido al cambio del ciclo económico y déficit estructural, que sería el existente cuando la economía está en pleno empleo.
El concepto de déficit estructural es elusivo y de difícil concreción. Constituye uno de esos términos tan habituales en economía, que se presentan como objetivos e inobjetables y no son más que artefactos seudocientíficos para legitimar una visión parcial de la economía. Ya nos vamos acostumbrando: así se vendió la reforma laboral y el retraso en la edad de jubilación, y así se venderá el copago en los servicios sanitarios.
A pesar de que en el discurso de Zapatero aparece la expresión “déficit estructural”, no está claro el contenido que se le da. A tenor de declaraciones realizadas posteriormente por la vicepresidenta Salgado, parece que se pretende relacionar la estabilidad presupuestaria con el ritmo de crecimiento: para tasas “normales” (en torno al 2%-3%) debería haber equilibrio presupuestario. Con un mayor crecimiento debería haber superávit. En caso de dificultades, en forma de un menor crecimiento, se admitiría cierto déficit. Éste no se ha concretado, aunque la referencia más socorrida es el 0,35% del PIB que se recoge en la ley alemana. Lo último que se sabe es que, quizá por miedo ante la reacción suscitada, PSOE y PP renuncian a que el mandato constitucional establezca una cifra concreta.
Todo depende, pues, de la forma concreta que adopte la regla y de si se aplica sobre el déficit estructural (sea como sea que se calcule) o sobre el déficit total (podemos encontrarnos con posibilidades de variación del déficit de hasta seis puntos porcentuales del PIB, aunque no parece ser el caso). Pero una regla de este tipo puede dar lugar a resultados contraproducentes, por cuanto pasa por alto que la situación de una economía depende de la suma del sector público, el privado y el exterior. Por ejemplo, en el momento actual el problema de fondo no es el endeudamiento público, que no es tan elevado, sino el privado, consecuencia de una política demencial iniciada por el PP y continuada con ardor por el PSOE. Eso explica el brutal incremento del déficit público, al haberse debilitado la base fiscal y dependerse en un alto grado de ingresos extraordinarios ligados a la burbuja inmobiliaria. Por tanto, no es la existencia de estabilizadores automáticos (y entre ellos de mecanismos de protección social) lo que genera la insostenibilidad de las cuentas públicas, sino el juego irresponsable por el lado de los ingresos.
La propuesta de Rodríguez Zapatero puede tener efectos devastadores sobre el sistema de prestaciones sociales, cuyo diseño y amplitud se deja al albur de “los mercados” y de la coyuntura económica. Como las cifras de déficit que se barajan aportan escaso margen, es previsible un proceso de deterioro más o menos lento pero continuado, porque las reducciones en las depresiones difícilmente se recuperarían en las expansiones. Y, por sus mismas oscilaciones, no podría ser un sistema basado en derechos, sino meramente asistencial. Salvo, claro está, que para asegurar una base sólida se opte por diseñar un sistema fiscal acorde, lo que implicaría subidas de impuestos (seguramente ineficaces, además, a corto plazo) que ni PSOE ni, por supuesto, PP, parecen dispuestos a asumir. La estabilidad presupuestaria por sí misma no dice nada de la dimensión y ámbitos de actuación del sector público, pero suele haber una conexión ideológica entre ambos elementos.
En cuanto a la forma elegida, resulta pueril. Pueril por lo que tiene de asunción de una imposición externa sin otra justificación que venir dictada por el matón de la clase. Pueril por hacerse deprisa y corriendo, para llegar a las elecciones con el desaguisado perpetrado y evitar que la ciudadanía opine sobre una reforma en ciernes que contribuiría quizá a dispersar el voto en detrimento del bipartidismo. Pueril por los argumentos esgrimidos para evitar un referéndum, a pesar de reconocerse el calado de la reforma (UPN llega a justificar que no haya referéndum por las prisas: gran talante democrático).
En suma, injusta, innecesaria e impuesta. Tres íes para caracterizar una reforma a la que Zapatero pondrá, previsiblemente, los puntos, cerrando así un historial de gestión económica atrabiliaria y de retrocesos sociales. Todo un bagaje para quien pretende quedar en los anales como el gran reformador.
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