Banca pública en Navarra

El programa de gobierno acordado por el cuatripartito incluye el análisis de la implantación de una banca pública en Navarra. El Gobierno de Navarra llegó a convocar un concurso —discutido y discutible— para elaborar un estudio sobre el asunto a fin de disponer de una guía para la toma de decisiones. Concurso que finalmente ha quedado desierto; otro caso más, quizá, de esa arrogancia que en ocasiones exhibe el Gobierno de Barkos y que le obliga a hacer viajes de ida y vuelta tan innecesarios como previsibles.

Es de sobra conocido que la oleada privatizadora desencadenada en los ochenta a rebufo del neoliberalismo triunfante acabó en muchos sitios con la banca pública. Subsistió el sector de cajas de ahorros, con un estatus jurídico extraño (es discutible su carácter público), pero también fueron finalmente bancarizadas. Algunas tuvieron que ser rescatadas y muchas desaparecieron en la vorágine, como Caja Navarra, esta última como consecuencia de una nefasta gestión al servicio de la megalomanía de políticos irresponsables seducidos por gestores poco escrupulosos en busca de sus propios intereses. Ahora bien, Caja Navarra —al menos en sus dos o tres últimas décadas— no era tanto un instrumento financiero propio como una entidad financiera con sede en Navarra (lo que, por otra parte, no debe ser minusvalorado). De hecho, su hueco puede ser ocupado perfectamente por cooperativas de crédito como Caja Rural o Caja Laboral.

La crisis desencadenada en 2007 y el fallo de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, con la consiguiente escasez de crédito pusieron de nuevo sobre el tapete la cuestión de la banca pública, aunque sin un resultado tangible. La banca pública aparece en las agendas políticas más como un desiderátum o un eslogan que como una propuesta meditada y elaborada.

Ciertamente, la banca pública es una realidad en países de diversa condición, aunque cualquier generalización es problemática, porque responden a tipologías y pautas de funcionamiento muy distintas y no todas son funcional o legalmente extrapolables a nuestro contexto. Por ejemplo, se habla mucho del Banco de Dakota del Norte (BND). Pues bien, en 2015 sus activos equivalían al 40% de los de Caja Navarra en 2010; casi la mitad de sus préstamos son a estudiantes o hipotecas (éstas adquiridas a bancos comerciales); y aunque admite depósitos de particulares, no presta servicios de banca minorista. A cambio, desarrolla un interesante papel de socio de pequeños bancos locales y cooperativas de crédito y facilitador de proyectos gubernamentales.

En Navarra la cuestión de la banca pública también ha merecido atención en algunos programas electorales y tuvo su reflejo, como ya se ha dicho, en el acuerdo de gobierno. Sin embargo, da la sensación de que falta un mínimo consenso en dos aspectos básicos: qué se entiende por banca pública y para qué se quiere. Así, encontramos posiciones que van desde una banca integral, también minorista, hasta la mera centralización y gestión de las líneas financieras de fomento gubernamentales, al estilo del Instituto Vasco de Finanzas. Habría que definir igualmente la composición de su capital, que incide en la manera de captar los recursos necesarios y tiene diferentes consecuencias para las cuentas públicas. También parece darse por supuesto —quizá con excesiva ingenuidad— que una banca pública resolvería los problemas de escasez de crédito a que nos enfrentamos, cuando sus raíces son más profundas y complejas.

Una vez definido el modelo, crear un banco no es en sí mismo excesivamente complicado, pero los obstáculos prácticos pueden ser de hecho insalvables. Por ejemplo, si requiere una ficha bancaria es harto difícil que el Banco Central Europeo la conceda. Igualmente, la forma de allegar los recursos necesarios puede tropezar con el estrecho dogal que imponen los objetivos de déficit y deuda.

Debe quedar claro que no hay razones objetivas para demonizar la banca pública o excluirla como posibilidad. La crisis financiera ha demostrado bien a las claras que la propiedad privada no asegura, sino todo lo contrario, una gestión más prudente y eficaz. Algún estudio sugiere que el comportamiento de la banca pública ha sido más positivo e incluso contracíclico. Podría desempeñar un papel moderador del sistema bancario y atender objetivos y segmentos de mercado ignorados por la banca al uso, incluyendo el fomento económico o la financiación de proyectos públicos. Por supuesto, ello requeriría un diseño cuidadoso, una gestión rigurosa y unas pautas de funcionamiento que la dejaran fuera del alcance de intereses políticos coyunturales, algo nada fácil.

En cualquier caso, no hay que pensar en la creación de un banco público como una medida a corto plazo para responder a la situación inmediata. Se trata de una decisión estructural, meditada, que no admite apresuramientos y que, además, requiere consensos amplios para asegurar su permanencia.