Deducciones fiscales y ayuda a las familias

El Partido Popular ha presentado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que, presuntamente, pretende mejorar el trato a las familias con más cargas (familias numerosas o con ascendientes o descendientes con discapacidad) y equiparar su trato al que tienen en el régimen común. Digo presuntamente porque tal pretensión se basa en dos errores que conviene desentrañar para poder apreciar la propuesta en su verdadera dimensión. Todo arranca de la última reforma fiscal del PP, claramente electoralista y que ahora su sucursal navarra pretende trasladarnos, quizá con el afán de ganarse el distintivo de protectores de la familia. Pero no sólo no es así, sino que la medida tiene implicaciones perversas. Incluso se han alzado algunas voces a favor de esa iniciativa que serían sonrojantes de no presumirse apresuramiento o superficialidad en su apreciación.

El primer error es dar por hecho que el tratamiento fiscal de las familias es peor en Navarra, simplemente comparando una deducción. La estructura del IRPF difiere en Navarra y el Estado y la base liquidable se determina de distinta manera, lo que hace los respectivos impuestos difícilmente comparables, aunque se puede afirmar que las familias salen mejor paradas con el IRPF foral. Ni siquiera es conceptualmente consistente comparar una figura tributaria con otra para determinar el mejor o peor trato al contribuyente, porque ello exigiría analizar tanto el sistema fiscal en su conjunto como la estructura del gasto, especialmente el social, dado que en nuestras sociedades gran parte del esfuerzo redistribuidor recae sobre éste.

Tabla 1

El segundo error es presumir que la propuesta del PP mejora la situación de LAS familias navarras con mayores cargas. Para empezar, se dirige exclusivamente a sujetos pasivos del IRPF que estén dados de alta en la Seguridad Social. Además, y dada la mecánica del impuesto, se excluyen de sus beneficios las rentas más bajas. Intentaré aclarar este extremo con algunos ejemplos. Partiremos para ello de un supuesto muy simple, una familia con un único perceptor de rentas del trabajo y sin otras rentas, ni cargas hipotecarias u otros conceptos que den derecho a deducción.



Tabla 2

Primer caso (tabla 1): familia con tres hijos. La propuesta prevé una deducción de 1.200 euros. Pues bien, dicha deducción empezaría a actuar a partir de unos ingresos brutos del trabajo de 16.000 euros y desplegaría todo su efecto (la posibilidad de descontarse los 1.200 euros completos) a partir de 21.000 euros.

Segundo caso (tabla 2): familia con tres hijos, uno de ellos con una discapacidad inferior al 65%. La deducción propuesta sería de 2.400 euros, que sólo pueden obtener completa rentas superiores a 29.000 euros.

Tabla 3

Tercer caso (tabla 3): familia con cinco hijos. La deducción sería de 2.400 euros, que sólo es factible a partir de 34.000 euros de renta (a partir de unos 24.000 euros se puede acceder parcialmente a la deducción).

Cuarto caso (tabla 4): familia con solo un hijo, afectado por una discapacidad inferior al 65%. En este caso la deducción (1.200 euros) empezaría a actuar a partir de unos 14.000 euros de renta y sólo la obtendrían completa rentas superiores a 19.000 euros.

Tabla 4

Quinto caso (tabla 5): familia con un solo hijo, afectado por una discapacidad superior al 65%. La deducción prevista sólo la obtendrían completa ingresos netos del trabajo superiores a 25.000 euros (empieza a ser positiva a partir de unos 20.000 euros).

Tabla 5

Así pues, la pretendida ayuda a las familias con mayores cargas es, de hecho, una ayuda a algunas familias, que empieza a actuar a partir de determinados umbrales de renta, por lo que las de menor renta quedan sistemáticamente excluidas. Adviértase que cuanto mayores sean las cargas y más compleja la situación familiar, mayor es el nivel de renta requerido para que funcione la deducción. Si la familia tiene derecho a alguna otra deducción (por ejemplo, por adquisición de vivienda) o dispone de rentas de otras fuentes con menor gravamen, los umbrales se elevan aún más. Curiosa política social.

Esa regresividad de la deducción se ve agudizada por su vinculación a cotizaciones y cuotas a la Seguridad Social, que operan como límite para aquélla. Nuevamente la posibilidad de obtener la deducción completa sólo es factible a partir de unos 20.000 euros brutos. Si bien es cierto que en el caso de varios ascendientes o descendientes con discapacidad este límite actúa de forma independiente para cada uno de ellos, sólo se modera el efecto total.

Incluso, cosas del marketing político, se vende esto como un supuesto pago mensual de 100 o 200 euros, según los casos, a las familias beneficiarias. Una vez más, no deja de ser un engaño, puesto que el resultado final depende de la cuota líquida del IRPF, por lo que aquellas familias con cuota nula o negativa (además de las que no tienen rentas o sin obligación de declarar) pueden verse obligadas a devolver el dinero adelantado. Humo, demagogia y regresividad.

Se deja, pues, de lado, una vez más, a miles de familias para las que el mileurismo es hoy día una meta inalcanzable y que llevan años padeciendo las injurias de recortes sistemáticos en ayudas y prestaciones sociales. No se puede alardear de proteger a la familia cuando son muchas las que deben renunciar a la asistencia a dependientes o personas con discapacidad porque no pueden hacer frente a los copagos (al coste, incluso, de salir del mercado de trabajo). O personas mayores que, por la misma causa, renuncian incluso a salir de casa, so pena de encontrarse en situaciones poco decorosas. No hablemos de los recortes del Estado en dependencia a las comunidades autónomas (1.400 millones entre 2012 y 2014) o la fuerte reducción del gasto social en Navarra (en términos de PIB es la comunidad que más lo ha reducido).

La igualdad y la progresividad sólo pueden garantizarse con servicios públicos universales y para ello el sector público debe contar con ingresos suficientes. Laminar las fuentes de ingresos sólo conduce al deterioro del sistema de prestaciones sociales. Como mal menor, la única manera de tratar a todas las familias por igual sería establecer una compensación directa a aquéllas que por su nivel de renta no puedan acceder total o parcialmente a la deducción. Claro que cuando se proponen medidas de ese tipo enseguida surge el vocablo mágico para denegarlas: sostenibilidad. Se ve que ayudar a quienes más tienen es hacer política social. Lo demás, populismo y demagogia.