Lo que más escándalo ha suscitado ha sido la enumeración de injerencias en la actividad propia de la Hacienda y, particularmente, de la inspección, con el fin, al parecer, de condicionar la actuación inspectora, ya sea en beneficio de clientes de la asesoría de la consejera, ya sea en favor de contribuyentes influyentes, así como la petición de información de Caja Navarra, con fines seguramente inconfesables. Escándalo lógico, habida cuenta de que son reflejo de una concepción de Navarra como un cortijo, una finca privada, en el que es posible hacer y deshacer a voluntad y que pone lo público al servicio de intereses privados, a menudo bastardos.
Pero si esas corruptelas son graves, hay otra cuestión puesta de manifiesto también por Nieves que, en mi opinión, no lo es menos. Quizá incluso más, por las implicaciones sociales y económicas que acarrea. Se trata de la política presupuestaria seguida por UPN, en el que se enmarca el episodio no banal del aplazamiento de las devoluciones del IVA.
La evolución de la recaudación de IVA venía siendo llamativamente baja a lo largo de todo 2013, con los efectos que eso podía tener para un presupuesto ya de por sí recortado (y bloqueado de hecho desde principios de año), dado que el único objetivo conocido del Gobierno de UPN, y perseguido con empeño por Barcina, es el de déficit. Semejante caída de la recaudación no se compadece con lo ocurrido en el Estado o en las demás haciendas forales. Ciertamente, el cambio en la forma de comercialización de la producción de Volkswagen y de cálculo del ajuste por IVA con el Estado a partir del 1 de abril de 2012 hace difícil comparar datos, pero en cualquier caso las cifras son sorprendentes.
El dato de recaudación es neto, esto es, ingresos menos devoluciones. Y aquí está el meollo de la cuestión, que las explicaciones de Nieves han contribuido a aclarar. Ahora las cuentas van cuadrando, algo que no ocurría con la información proporcionada por la consejera Goicoechea, de quien se puede decir sin ambages que mintió al Parlamento.
El origen del embrollo está en la decisión de retrasar las devoluciones por IVA al ejercicio siguiente. La ley establece un plazo máximo de seis meses, por lo que las devoluciones deben hacerse antes de final de año. Se puede discutir si es legal o no (yo entiendo que, al menos, no es ilegal), pero constituye un abuso e implica el pago de intereses de demora. De hecho, en el Parlamento se ha reclamado en diversas ocasiones no sólo no alargar los plazos de devolución, sino acortarlos. La práctica de retrasar las devoluciones al ejercicio siguiente se remonta a 2011 y su finalidad es acomodar las cuentas al objetivo de déficit. El problema es que sólo funciona si se aplica como solución de emergencia un año. Si se prolonga en el tiempo, pierde sus efectos porque se compensan unos años con otros. Si a ello añadimos que la subida del IVA y las devoluciones a Volkswagen incrementan considerablemente las cantidades a devolver, el desaguisado está servido.
Puesto que se trata de devoluciones, son ingresos indebidos de Hacienda y, por tanto, una liquidez de la que ésta se aprovecha en detrimento de sus propietarios, que son las empresas. Supone, pues, drenar liquidez en un momento económico particularmente delicado en el que el principal problema de las empresas es precisamente la financiación del circulante. Por tanto, sólo cabe esperar efectos adversos de una medida así, en términos de actividad económica, de empleo e, incluso, de posibilidades de supervivencia de muchas empresas.
La recaudación directa por IVA fue de 1.037 millones en 2011, 584 en 2012 y 273 en 2013. La total fue, respectivamente, de 1.208, 1.068 y 919 millones. La diferencia son los ajustes con el Estado. Pero la cifra de 2013 tiene trampa, porque incluye 200 millones a cuenta del ajuste definitivo a realizar en marzo de 2014, adelantados en diciembre por el Estado tras una apresurada negociación y que Barcina vende como un logro, cuando no es más que un remiendo, un parche para ocultar una caída de la recaudación del 33% (sin ese adelanto hubiera sido de 719 millones).
¿A qué se debe semejante desastre? Precisamente a la gestión presupuestaria. En 2012 se aplazaron a 2013 devoluciones por importe de 67 millones. El impacto total va más lejos, puesto que incide directamente en la forma de calcular el ajuste por IVA con el Estado. Así, el coste presupuestario en 2013 de la obsesión por cumplir el objetivo de déficit en 2012 supera los 250 millones de euros. Dicho de otra manera, la ingeniería financiera del Gobierno de UPN lleva a una reducción de las disponibilidades (y por tanto del gasto) de más de 250 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable cuando se están recortando de forma inmisericorde servicios públicos y prestaciones sociales esenciales.
Pero la cosa no acaba ahí. A perro flaco todo son pulgas y como se podía ir a peor, efectivamente se fue a peor. En los últimos años se aplicaba, con el fin de calcular el déficit, el principio de caja para contabilizar la recaudación. Es decir, los ingresos o las devoluciones tributarias se contabilizaban cuando efectivamente entraban o salían de la caja de Hacienda. En 2013 Eurostat cambió este criterio por el de devengo. De esta manera, las devoluciones se contabilizan cuando se reconoce la deuda (se solicita la devolución). ¿Qué significa esto? Que la Hacienda de Navarra se ve obligada a contabilizar en 2013 tanto las devoluciones aplazadas de 2012 como las propias de 2013. Ya no es posible trasladar éstas al año siguiente. Eso hace crecer aún más el agujero y dispara el déficit. La solución es, como decía, adelantar a diciembre 200 millones del ajuste definitivo que se realiza en marzo. Es un pago a cuenta que apaña las cuentas de 2013, pero lastra las de 2014, que ya de partida se enfrentan a una merma de 200 millones.
El asunto se agrava si consideramos las condiciones en que se fija el objetivo de déficit. Formalmente el de 2013 no se negoció con el Estado hasta finales de año, lo que ya dice mucho de la diligencia de Barcina en estas materias tan sensibles. No obstante, el Gobierno de UPN aceptó tácitamente y desde principios de año el que se le imponía desde Madrid, renunciando a hacer valer su teórica capacidad negociadora. Se asume así sumisamente un planteamiento tramposo. Efectivamente, el reparto que el Estado hace del objetivo de déficit entre la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no se corresponde con las responsabilidades reales de gasto y penaliza a las administraciones responsables del gasto social. La distribución del objetivo de déficit tiene profundas connotaciones ideológicas, puesto que supone una vuelta de tuerca añadida al deterioro del Estado de bienestar. Su aceptación, no ya acrítica, sino entusiasta, por parte de Barcina es un buen indicador de donde se sitúa ésta en el panorama ideológico y político. Pero esa es otra historia y será tratada en una entrada posterior.
En suma, un despropósito tras otro y el recurso continuado a ejercicios de contabilidad creativa con el único fin de cumplir el sacrosanto objetivo de déficit, erigido en becerro de oro al que se rinde adoración. Si la cosa se quedara únicamente en el desplazamiento de partidas presupuestarias de un año a otro podría tener un pase. Pero tal manipulación conlleva recortes añadidos y un coste social y económico desmesurado, dada la complicada situación económica. El Gobierno de UPN ha renunciado a la gestión presupuestaria y se limita a hacer cuadrar los gastos con los ingresos, convirtiéndose así en agente activo de la depauperación económica y social de Navarra.
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