La posición gubernamental es de sobra conocida y fue remachada con una reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, de consuno con el PSN (cómo no), para facilitar aún más estas maniobras. Ahora bien, desde que se desató la polémica en torno al traslado del centro de Donapea se ha escrito mucho, se han multiplicado iniciativas sociales y políticas, se han sucedido explicaciones, presiones y hasta mal disimulados chantajes. Y en todo este tiempo nadie, ni el Gobierno de Navarra, ni el PSN, ni el Opus Dei, ha respondido a la pregunta esencial: ¿por qué los centros de investigación deben ubicarse necesariamente en Donapea y no pueden hacerlo en ningún otro lugar? ¿Por qué es necesario el traslado del CIP Donapea para que puedan existir los centros de investigación? Me temo que la falta de respuesta no se debe a que no exista, sino a la dificultad de enunciarla de forma socialmente aceptable en su obviedad.
Sí se ha aclarado, por contra, una cuestión no menor. Inicialmente, y dado que el acuerdo firmado entre la Universidad del Opus Dei y el Gobierno de Navarra en los estertores de la anterior legislatura hablaba de “venta” de los terrenos en función de una tasación a realizar por expertos (qué menos, oiga; no es cosa de que los tase el primero que pase por allí), se insistía mucho en que del presupuesto total del traslado habría que restar lo que se obtuviera por los terrenos, por lo que el coste del nuevo centro de FP se reduciría considerablemente. Por tanto, hasta había alguna ventajilla financiera a añadir al indudable beneficio de disponer de un centro nuevecito para sustituir el viejo que, al parecer, y como se dejó caer en algún momento, para pasmo general y de la comunidad educativa de Donapea, no reúne las condiciones precisas. La evidencia, la experiencia histórica en el trato institucional con el Opus Dei y algunos conocimientos rudimentarios sobre los elementos que determinan el precio de los terrenos, inducían a pensar que las cosas no eran tan claras. A mediados de noviembre llegó el cambio de postura del Gobierno de Navarra, cuando el Consejero de Fomento confirmó que el nuevo campus de FP “ni mucho menos” se financiaría con la venta del centro actual al Opus Dei.
Así pues, el Gobierno de Navarra se mete en una aventura innecesaria (una más, parece que no han aprendido) que va a costar más de veinte millones de euros para satisfacer una exigencia privada injustificada. Conviene insistir una vez más que no se trata de investigación y su fomento, sino de una operación puramente urbanística. La postura de la Universidad del Opus Dei es comprensible: plantea una iniciativa con una envoltura atractiva y pone sus condiciones, chantaje rectoral incluido. Y corresponde a los poderes públicos dirimir si dichas condiciones son ajustadas al fin pretendido o son desmedidas o espurias. Rendirse con armas y bagajes a cualquier demanda (aunque se trate de una organización tan poderosa e incrustada en los mismos centros de decisión de Navarra) con la coartada que sea no es precisamente un síntoma de buen gobierno, sino de debilidad o, en el peor de los casos, de primar intencionadamente intereses privados sobre los generales.
Las escasas razones aportadas por la Universidad tampoco son determinantes. Por una parte, no desean llenar más su campus que, al parecer, está ya saturado. Cuestión de opiniones y percepciones. Y, por otra, consideran que las instalaciones de Donapea son atractivas por su localización y por contar ya con las infraestructuras necesarias. Justo las razones que avalan el mantenimiento allí del centro público.
Por si no hay motivos suficientes para no incurrir en semejante derroche, está también el del coste de oportunidad. En este momento urge en Navarra, por unos motivos u otros, la construcción de al menos cuatro centros: Cascante, Roncal, Sarriguren y Villatuerta. De ellos, sólo el de Cascante parece estar contemplado en los planes gubernamentales para este año. Con el dinero que se piensa destinar al campus de Formación Profesional se podrían construir todos ellos.
Aún hay dos cuestiones más a considerar. La primera, que la decisión tiene como soporte tres páginas escuetas, una para cada centro (a uno de ellos ya se le ha cambiado el nombre: de enfermedades olvidadas ha pasado a enfermedades tropicales), en la que apenas consta el gasto anual previsto para los primeros diez años y el personal que se supone que tendrán. Cualquier empresario que haya solicitado una subvención, o quien simplemente haya tenido que fundamentar alguna petición al Gobierno de Navarra, echará de menos tantas facilidades.
La segunda, que a la vista de lo que anuncia el Gobierno de Navarra en materia de política de innovación, se persevera en fiar la investigación biomédica a una entidad privada que, no se olvide, tiene su particular visión sobre qué temas abordar y dónde están las líneas rojas marcadas por una supuesta (y profundamente humana en su intransigencia) ley natural. Entiendo que hay que apoyar la investigación y el avance tecnológico y para ello ya hay cauces establecidos; no se trata de impedir u obstaculizar ninguna iniciativa. Pero el sector público debe tener algo que decir, yo diría que liderar, en un campo tan sensible para evitar sesgos o exclusiones de hondas repercusiones hacia el futuro.
Mientras tanto, seguimos esperando una justificación convincente para lo que a todas luces es un despropósito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario