Tenemos episodios para todos los gustos: los dramáticos, contundentes y serios que surgen del análisis contable y organizativo. Chuscos, como el de los relojes o el del bodeguero mayor del Reyno. De sainete, aunque nada inocentes, como la encerrona a Cervera y Asiain. Obscenos, como el de las dietas y, entre ellas, las de órganos cuasi-clandestinos. E inmorales y plenamente incardinadas en la corrupción política (no me corresponde hacer valoraciones en el ámbito de lo penal), como las participaciones en sociedades creadas para adquirir inmuebles de Caja Navarra. Hasta hay gargantas profundas, ex-gestores preocupados o rebotados y periodistas concienzudos afanados en la búsqueda de pruebas sobre hechos y comportamientos de dominio público, pero sin soporte documental. No falta, pues, de nada, a la espera (y pendientes, por supuesto, de datos e informaciones por aparecer) de ver la forma del desenlace final: explosión, implosión, deflagración o mera bomba fétida, olorosa pero inocua.
La última entrega es la participación de la lehendakari Barcina en Navarra Building, una sociedad creada para adquirir locales de CAN y, posteriormente, arrendárselos. La cuestión va más allá del uso de información privilegiada, puesto que Barcina formaba parte de los órganos que tomaron las decisiones correspondientes. Es corresponsable, en mayor o menor grado, de la decisión de vender las oficinas, del diseño del producto financiero (y por tanto de su rentabilidad) y, por extensión, de la forma elegida de comercialización (ofrecerlo a “clientes preferentes”). Y después compra, por ser uno de esos clientes. Cuando pervive la polémica en relación con las participaciones preferentes (sarcástica denominación), sus características y los métodos de venta empleados, se antoja indecente el contraste con el producto adquirido por Barcina, auténticamente preferente por su rendimiento y por su seguridad. Me pregunto cuántas participaciones preferentes habrán adquirido los "clientes preferentes" que invirtieron en las inmobiliarias de Caja Navarra.
Abundando en el asunto, ¿qué mueve a Caja Navarra a vender sus locales, sede central incluida? Presumiblemente la necesidad de obtener liquidez en un momento delicado, consecuencia de unas decisiones y una gestión que se han revelado desastrosas y en las que Barcina tuvo algo que ver, por acción o por omisión (no estoy seguro de qué es más grave). Por mucho que se apele al contexto general de crisis, un somero análisis comparativo demuestra que el resultado no era inevitable. Salvando todas las distancias, viene a la mente el caso de los pirómanos que luego se lucran con la madera calcinada. O el de clubes de fútbol en quiebra obligados a convertirse en sociedades anónimas, cuyos accionistas pasan a ser, qué casualidad, los gestores que han propiciado ese desenlace. Objetivamente, se puede construir un relato así. Habrá sido todo legal y hasta cándido. Pero es feo, muy feo.
El Gobierno de Navarra entiende que esto es un “asunto privado”. En relación con Caja Navarra se ha alimentado interesadamente una permanente confusión sobre su carácter público o privado. Así, el Gobierno de Navarra se ha negado reiteradamente a proporcionar información al Parlamento alegando que la Caja, primero, y la Fundación, después, eran privadas y que no tenía nada que ver con su gestión y funcionamiento (argumento también esgrimido por Roberto Jiménez). Y, sin embargo, Barcina dio recientemente un golpe de mano eliminando el anterior Consejo de Administración, que llevaba apenas unas semanas, nombrando una gestora y asumiendo el control de hecho de la entidad. Recuérdese que hace muy poco adujo haber estado en los órganos de gobierno de Caja Navarra por imperativo legal; y que el año pasado se subió el sueldo un 33% para compensar la reducción de las dietas de la Caja, lo que implica que hasta entonces se habían considerado tales dietas como parte de la remuneración de la Presidencia del Gobierno (y de algunas Consejerías). ¿Asunto privado? Se constata así la facilidad con que se mezcla lo público y lo privado en ciertos ámbitos, casi siempre en menoscabo de lo público.
En suma, una sucesión de despropósitos en la que es difícil determinar qué es más estrambótico, si los hechos en sí o las explicaciones que se han dado de los mismos, mientras continúa el goteo de noticias, a cual más desfavorable para Barcina, UPN y sus interesados acólitos. Seguramente el aparente desconcierto y parálisis que se observan no son más que el reflejo de la dificultad de encontrar explicaciones creíbles. Todo ello hace más necesario que nunca, un imperativo político y ético, la investigación de lo ocurrido. No es de recibo que se despache el asunto con un lacónico “en Caja Navarra no hay nada que investigar”. La sociedad navarra debe recibir información completa y detallada.
Sin olvidar que se trata sólo de una muestra más (aunque singularmente relevante) de una forma de hacer las cosas cuyas consecuencias apreciamos ahora en todos los ámbitos de la vida social y económica de Navarra y que ha hecho añicos el mito de la capacidad de gestión del regionalismo navarro. La crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria han dejado un paisaje ruinoso y desolador, fiel reflejo del régimen de depredación y rapiña que algunos denominaban (hay eufemismos particularmente crueles) “trabajar por el progreso de Navarra”.
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