Un suspenso para Banca Cívica

Es de esperar que los resultados de la prueba de esfuerzo (stress test) realizada a la banca española y europea no habrán sentado muy bien en la sede de Banca Cívica (en Madrid) ni, por tanto, en la de Caja Navarra (¿en Pamplona?). Los argumentos utilizados para justificar tales resultados han sido pueriles y consisten, en esencia, en el manido truco de matar al mensajero: el problema está, se ha dicho, en la metodología utilizada, sobre la que existe consenso en Europa. Ha faltado tiempo para anunciar la entrada de capital privado (estadounidense) y, por tanto, el inicio de la privatización de la entidad. Ciertamente, hay que situar la prueba de esfuerzo —que no de solvencia, como se ha llegado a escribir— en su contexto y no perder de vista lo que trata de medir. Como tampoco hay que olvidar las razones que llevaron al Gobierno y al Banco de España a realizar la prueba a un número inusitadamente elevado de entidades. Pero, finalmente, sólo cuatro de un total de veintisiete no la superaron. Así pues, las cosas no parecen ir como se anunció a bombo y platillo —en esa permanente confusión de información con propaganda— que iban a ir. La manera misma en que se anuncia la entrada de JC Flowers en Banca Cívica, y los detalles de la operación, no hacen sino añadir leña al fuego. Vayamos por partes.

La ilación de los acontecimientos puede hacer pensar que la entrada de JC Flowers en el capital de Banca Cívica es una respuesta al resultado de la prueba de estrés. Si así fuera, revelaría una gestión errática y alejada de la prudencia que, según los manuales al uso, debe presidir el gobierno de las entidades bancarias. Un socio no se busca de un día para otro, como si de ir al mercado se tratara. Lo cual conduce a pensar que las negociaciones con JC Flowers se venían desarrollando desde tiempo atrás, quizá antes incluso de anunciarse la fusión de las cajas que conformaron inicialmente Banca Cívica. ¿Quiere eso decir que ya se sabía que iba a ser necesaria alguna inyección de capital? Es probable, pero eso descubre lagunas significativas en la información suministrada a la opinión pública navarra.

El socio elegido es un inversor dedicado al sector financiero (según Bloomberg Business Week está especializado en buyouts —compra de participaciones mayoritarias en una empresa; cuando se trata de empresas públicas se denomina going private—). En algún comentario de prensa —escrito en tono laudatorio a raíz del anuncio de su entrada en Banca Cívica— se define a JC Flowers como un «tiburón» financiero, término que se suele aplicar, con matiz claramente despectivo, a operadores que, lejos de crear riqueza, la sacrifican al beneficio inmediato. En todo caso, de lo que se va conociendo se desprende que JC Flowers o bien no es un lince de los negocios, puesto que junto a transacciones claramente beneficiosas ha protagonizado otras ruinosas; o bien se dedica a operaciones de alto riesgo, seguramente buscando eso que en castellano se describe tan gráficamente con el término «pelotazo». Igualmente se observa una preferencia por entidades públicas o semipúblicas en mala situación. Así ha ocurrido con algún banco japonés o alemán y, recientemente, con la mutua británica Kent Reliance o con Cajasur. Un estimable socio de referencia. Habrá que ver cómo queda la distribución accionarial si JC Flowers se hace finalmente con el 30% del capital de Banca Cívica.

En cualquier caso, no se trata de criticar estrategias empresariales en cuanto tales. Las perspectivas de Banca Cívica pueden fortalecerse con estos cambios y el futuro ser brillante. Pero sí cabe cuestionarse si es la estrategia más adecuada para una entidad con un marcado carácter social y territorial en su mismo código genético y bajo la tutela del Gobierno de Navarra. Las preguntas pertinentes son: ¿Quién decide? ¿Con qué criterio?

J.K. Galbraith, un economista brillante que vuelve a estar de moda en estos tiempos de crisis tras años de injusto ostracismo intelectual, venía a decir en su libro El nuevo Estado industrial que la gestión de las grandes corporaciones se evade del control de los accionistas o propietarios y sus objetivos pasan a estar más relacionados con los intereses de los gestores que con la pura maximización del beneficio. Cuando se trata, además, de empresas públicas o de entidades que jurídicamente carecen de propietario, como las cajas de ahorros, es más fácil aún, de tal manera que se dan auténticos «pelotazos» profesionales sin pasar por escrutinio alguno. Un caso paradigmático de ello fue en su día la gestión de Villalonga en Telefónica. ¿Será Banca Cívica otro conspicuo ejemplo? De alguna manera, en todo este proceso ha habido una confluencia, premeditada o no, de intereses entre los gestores de Caja Navarra y el Gobierno de Navarra. Interés político e interés corporativo que convergen para utilizar Caja Navarra en beneficio propio. La mencionada ausencia de propietario y el déficit democrático de la regulación legal de Caja Navarra han favorecido esta situación, así como el uso propagandístico de la entidad. Cuando los resultados no son positivos, se mira para otro lado y se elude cualquier asunción de responsabilidades. Lejos de eso, los muñidores de la cosa quedan bien protegidos y con los riñones cubiertos.

El fondo de la cuestión es una operación política auspiciada por el dogmatismo inclemente y estulto de Miguel Sanz, aunque sea al enorme coste de perder capacidad de decisión e, incluso, ingresos fiscales. Sanz recuerda a Sansón, ese supuesto héroe que, sin embargo, no se para en barras, con tal de hacer daño: «Y exclamó: ‘¡Muera yo junto con los filisteos!’. Después empujó con toda su fuerza, y el edificio se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente allí reunida. ¡Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida!» (Jueces, 16, 30). Ejemplar.