Sobre el copago sanitario

Hoy ha saltado, por enésima vez desde el famoso Informe Abril, la cuestión del copago sanitario, que puede afectar tanto a la asistencia primaria y especializada (a una de ellas o a ambas; es lo que se denomina ticket moderador) como al gasto farmacéutico (en este caso ya existe un copago para personas en activo, pero no para pensionistas). Una vez más, las malas noticias sociales llegan en el peor momento y lo más ridículo de todo es que el Gobierno parece habérselo planteado como un modo de recaudar o reducir gastos, algo absurdo en temas como este. Por si pueden aportar algo al debate, ahí van algunas ideas apresuradamente hilvanadas al respecto.

• El copago en sanidad (ticket moderador en atención primaria y/o especializada y copago farmacéutico) es una cuestión que surge recurrentemente desde hace ya bastantes años. Los motivos por los que se plantea pueden variar (recaudatorios, de reducción o de racionalización del gasto), si bien se admite que sus efectos recaudatorios son mínimos y que sólo sería aconsejable para racionalizar el consumo y concienciar a la población. Por eso, sorprende que en esta ocasión se haya planteado con afán recaudatorio. Si realmente ha sido así, es de suponer que no se haya llevado a la práctica precisamente por su previsible escasa incidencia.

• La puesta en práctica de un sistema así plantea problemas significativos que requerirían un examen detenido, y tampoco parece existir ninguna urgencia, más allá de los afanes recaudatorios del Gobierno, por lo que sería muy desaconsejable la adopción de medidas al calor de una coyuntura económica concreta, por adversa que sea.

• Un sistema de copago debería tener en cuenta y compensar las desigualdades sociales que se pudieran generar como consecuencia de su implantación, y así se hace en los países que tienen sistemas similares, lo que implica normalmente establecer criterios en función de la renta, de la situación socio-laboral, del tipo de dolencias o de la edad. En economías con tanto fraude fiscal como la española y la navarra, y con desigualdades sociales tan intensas, el establecimiento de tales criterios no necesariamente mejoraría el sistema y, por el contrario, podría empeorar su carácter redistributivo.

• Un principio exigible a cualquier sistema de copago es que no reduzca la demanda necesaria, es decir, que las personas que realmente precisan asistencia acudan a los servicios sanitarios y que, por tanto, no contribuya a la reducción del nivel de salud de la población. En la situación actual creo que es prácticamente imposible asegurarlo.

• Otra cosa es que sea necesario racionalizar gastos y reducir ineficiencias en el sistema. Tampoco es admisible que el gasto farmacéutico aumente a las tasas con que lo ha estado haciendo. Ahí sí hay posibilidades de ahorro, relacionado con la presentación de los medicamentos, las dosis o el uso preferente de genéricos, como lo demuestra la previsión contenida en el decreto recientemente aprobado. Igualmente merece alguna reflexión el elevado consumo de medicamentos per cápita, así como el efecto en la progresividad-regresividad social del sistema de la gratuidad con el único criterio de la edad.

• En suma, es necesario conocer detalladamente la situación, elaborar un diagnóstico riguroso y analizar y agotar todas las posibilidades de racionalización del gasto y de mejora de su eficiencia, antes de llegar a medidas que, en la actual situación, conducirían previsiblemente a un deterioro social aún mayor.