Muchos planes y pocas nueces

Una vez más, el Gobierno de Zapatero vuelve por sus fueros y, perseverante en su vicio, anuncia una y otra vez las mismas medidas, como si fueran diferentes, seguramente para generar apariencia de actividad gubernamental cuando, en realidad, no es que no se haga nada, es que ni siquiera hay ideas. O quizá no hay margen, pero entonces habría que sincerarse y reconocerlo.

Crisis, reformas previstas y reformas escamoteadas

La crisis económica suele asociarse con calificativos que, por manidos, terminan por perder su significado original para convertirse en una coartada, mera excusa de cuanto ocurre. Así, se dice, con razón, que la crisis es global. Pero a estas alturas parece una coletilla dirigida a eludir responsabilidades o disimular la propia inacción o incapacidad. Las causas concretas de la crisis son bien conocidas: las de la internacional y la propia, que aunque se solapen y aquélla alimente ésta, no son plenamente coincidentes. Es igualmente cierto que en el origen de la crisis no sólo hay variables incontrolables y elementos fortuitos, sino políticas discrecionales y decisiones deliberadas. El corto plazo y la ganancia fácil han constituido durante demasiado tiempo guía de la toma de decisiones, por encima de lo que dictaba la razón y una noción elemental del buen gobierno.

El Gobierno de Navarra, sus planes y las cifras de empleo

Que UPN no ha tenido realmente un proyecto económico para Navarra (más allá del engorde de determinadas rentas y beneficios, en su estilo cortijero y caciquil) es evidente. Que, quizá por eso, se ha dedicado a hacer una política económica irresponsable es, a estas alturas, una obviedad; sus desmanes pasaban sin mayor problema (y con el beneplácito de la otra pata parlamentaria del régimen, el PSN), sumergidos en la ola de la bonanza económica y el buen comportamiento de los ingresos. Que tales desmanes son muy regresivos, resultando en un debilitamiento del sistema de prestaciones sociales y perjudicando en mayor medida a las capas sociales más desfavorecidas, se empieza a ver ahora que la coyuntura es bien distinta y adversa. La intensa destrucción de empleo en los últimos meses tiene mucho que ver también con la ausencia de una política industrial digna de tal nombre, que ha relegado a Navarra a la categoría de región manufacturera, sin centros de decisión ni tecnológicos, dando lugar a la generación de empleos precarios y de mala calidad en instalaciones industriales que son meros talleres de montaje final.

Crisis y vivienda en Navarra: ¿no hemos aprendido nada?

Cuando surgen desajustes en los mercados y los precios evolucionan sin relación con la situación real, hasta un economista es capaz de predecir que terminará por darse un ajuste que lleve las cosas a términos más sensatos. Y eso ocurre de forma automática. Pensemos en el mercado de la vivienda. Los precios no han dejado de subir durante bastante tiempo. A la vez, el parque de viviendas crecía más y más. Sin embargo, todo se vendía. ¿Por qué? Simplemente porque existían expectativas de que los precios seguirían creciendo (buena parte del funcionamiento de la economía descansa en comportamientos irracionales como ese). Es la esencia de las «burbujas» (bursátiles o inmobiliarias, por ejemplo). Cuando, por diversas razones, se hace evidente que la situación no es sostenible y la gente empieza a desconfiar, se deja de comprar viviendas y se sacan al mercado las que pueda haber en stock. Aflora, pues, el exceso de oferta y los precios empiezan a caer. El ritmo puede variar. Así, los ajustes bursátiles suelen ser bruscos, mientras que los del mercado de la vivienda son normalmente más duraderos.

Las lecciones de la crisis

Dice un personaje de Alejo Carpentier en La consagración de la primavera que «las batallas se vuelven batallas de verdad, cuando se han ganado o perdido. Entonces cobran un nombre y —si son importantes— pasan a la Historia». Es lo que ocurre con la actual situación económica, que sólo sabremos si es histórica cuando termine, por mucho que pese a agoreros y políticos al uso, innecesariamente empeñados en otorgar calificativos a cual más truculento. Parece como si el juicio de lo hecho hasta ahora dependiera de la magnitud del desastre que pueda avecinarse. Quizá ello tenga que ver con que esta es, seguramente, la primera crisis transmitida en tiempo real, lo que favorece la dramatización e incrementa la alarma del público y con ella la desconfianza. Añádase que en tiempos turbulentos proliferan siempre los profetas del desastre, porque es una actividad fácil, cómoda, en la que no se asumen riesgos y no hay que justificar nada de lo que se dice. Si la evidencia del error obliga a dar explicaciones, siempre es posible interpretar los hechos a posteriori para que quepan en el marco apocalíptico del agorero.

Deflactan, luego cabalgamos

Gobierno de Navarra y PSN (esto es, el Movimiento, en versión foral y reseteada) anuncian con evidente autocomplacencia la deflactación (vaya palabro) de la tarifa del IRPF para 2009 en un 2,5%. No deja de sorprender la capacidad de Miranda para decir con toda naturalidad una cosa y la contraria en plazos de días, vendiéndolo, además, como idea propia. Lo hizo con los 400 euros, lo repitió con los Presupuestos Generales del Estado y lo vuelve a hacer ahora. Está claro que este hombre tiene futuro en UPN.

A lo que iba. ¿Qué están anunciando a bombo y platillo? Simplemente, que cumplen con su obligación de gobernar. Más o menos como si Miranda diera una rueda de prensa cada mes para dejar constancia de que ha firmado la nómina del personal de la Administración navarra. La medida acordada no significa reducir impuestos, sino dejarlos como están. Por el contrario, no deflactar la tarifa supone una subida (encubierta y, se presume, menos dolorosa) de impuestos. Luego lo que, en su caso, hubiera debido anunciarse es precisamente la renuncia a la deflactación. Demasiado a menudo da la sensación de que estos gobernantes consideran que las entendederas de la ciudadanía son escasas o que apechuga con cualquier tontería que se le pretenda encasquetar.

Pero el asunto aún da más de sí. En una nueva profesión de fe en su peculiar —por cutre, alpargatera y casposa— noción del keynesianismo, nos salen con que, magnánimos ellos, la reducción de la tarifa no se queda en la inflación prevista sino que añaden ¡un 0,5% más! a fin de aumentar la renta disponible de las familias «para que ahorren, consuman o paguen préstamos» (la cita quizá no sea literal, es lo que se recoge en la prensa, pero me da pudor no entrecomillarla, no sea que parezca mía). Es, dicen, «una nueva medida social». ¿Qué entenderá la gente del Movimiento por «social»? ¿Un sistema sólido de prestaciones sociales y solidaridad interpersonal? ¿Pagar un 0,5% menos de IRPF? Porque los sedicentes socialistas navarros están haciendo todo lo posible para que lo primero sea inviable…

Y es que lo del «regalo» del 0,5% suena a cachondeo, porque se basa en una inflación prevista para 2009 del 2%. De risa. ¿Apostaría Miranda su congeladísimo sueldo de lo que queda de legislatura a una inflación del 2% en 2009? ¿A que no? Porque no se cree esa cifra. Una nueva burla, dar a entender que hay un regalo adicional cuando es muy probable que la inflación esté en 2009 por encima de ese 2,5%. Miranda ha dejado claro este mismo año, con su propio sueldo, la seriedad con que se toma la cifra de inflación prevista.

De este paripé cabe extraer dos conclusiones: la primera, que el Gobierno de Navarra está paralizado, es incapaz de afrontar situaciones críticas y carece de propuestas distintas a las de asegurar el negocio a sus socios en la sombra de tantos años, sobre todo del mundo inmobiliario. La segunda, que necesitan dar pábulo al PSN para que parezca que tiene iniciativas y puede ser un socio eficaz. Ya sólo falta oficializar el noviazgo. A tal fin, si me permiten, propondría una denominación de síntesis para el Movimiento. La unión de UPN y PSN daba UPNPSN. Como el orden de los factores no altera el por otra parte indefinible producto, podemos escribir UPPNSN, esto es, U(PPN)SN. Dado que el PPN voló, lo que nos queda es USN ¿Que qué quieren decir esas siglas? Qué más da. Si hasta ahora no ha importado, no vamos a empezar a preocuparnos ahora…

Las medidas de «gran alcance» de Sanz

El Parlamento está debatiendo un proyecto de ley foral «de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 2009-2011», remitido por el Gobierno y en cuya exposición de motivos se argumenta que una iniciativa de «gran alcance» como el plan Navarra 2012 requiere ser complementada con medidas fiscales y financieras. El proyecto no contiene grandes novedades. Se trata de trasladar a Navarra medidas ya adoptadas por el Gobierno de Zapatero.

En primer lugar, se regula la devolución de los 400 euros en versión foral. Con la excusa de mejorar la progresividad del impuesto, se introducen cuatro tramos que van desde los 440 euros para las rentas del trabajo más bajas a 0 euros para las que superen los 45.800 euros. Claro que el proyecto habla exclusivamente de «rendimientos netos del trabajo», sin ninguna cautela adicional, lo que significa que, por ejemplo, una persona que tuviera 100.000 euros de rentas del capital y 9.000 euros de rendimientos del trabajo (por ejemplo, por asistencia a algún consejo de administración), se podría deducir 440 euros. Pero una persona cuya renta salarial sea tan reducida que no tenga obligación de declarar y no se le haya retenido nada, no se deduciría nada. Para poder obtener la deducción de 440 euros una persona sin obligaciones familiares tendría que percibir, como mínimo, 4.000 euros de rendimientos del trabajo y, unos 7.800 de ingresos totales (11.200 si tiene dos hijos). Eso es lo que significa, para el Gobierno de Navarra, “acentuar la progresividad del tributo”, favoreciendo “a las rentas laborales más bajas”. Regresivo, inconsistente y demagógico.

Una segunda medida se refiere a las deducciones por rehabilitación de vivienda. A falta de una revisión en profundidad del tratamiento fiscal de la vivienda, es, creo, una medida acertada, que llega con retraso. Pero acertada no por las razones que aduce el Gobierno. Mientras los promotores hacían su agosto con la vivienda nueva, le ha importado poco la rehabilitación. Ahora que falta el negocio, se apresura a facilitarles las cosas. Últimamente el único objeto de la acción de gobierno parece ser asegurar los beneficios a un grupito reducido y bien identificado de empresas y empresarios. Entiendo, por el contrario, que es una medida acertada tras años de fomentar una expansión urbana irracional que ha generado un tejido urbano deslavazado y caótico, la pérdida de consistencia del centro urbano, el deterioro y desperdicio de buena parte del patrimonio construido y unos enormes costes sociales y ambientales. Por algo se empieza, aunque sea con tanto retraso.

Hay dos medidas más que pretenden facilitar la actividad de las empresas y que afectan a la amortización acelerada de activos y a la concesión de avales. Son medidas típicas de tiempos de crisis, que no aportan nada nuevo y de las que no cabe esperar tampoco grandes efectos.

Pero en este caso el interés no está en las medidas en sí, sino en la justificación, que no tiene desperdicio. Quizá para intentar ocultar que el proyecto no es más que un cascarón vacío; quizá para dar la sensación de que se gobierna; quizá, simplemente, por pura ignorancia.

Que se diga que al aplicar una escala a la deducción de los 400 euros se «acentúa la progresividad del impuesto» no deja de ser una burla, cuando las rentas del capital tributan al 15%. La progresividad fiscal no se puede analizar figura a figura, impuesto a impuesto, sino en conjunto. Queda por ver si el sistema fiscal navarro es progresivo. Lo que está claro es que no es nada progresista.

Otro objetivo declarado de la medida es incrementar la renta disponible de las familias, «propiciando un impulso de la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, estimulando la producción y generando una mayor actividad». Nada menos. Si el mismo Banco de España reconocía que la medida similar (más generosa, incluso) aplicada por el gobierno de Zapatero va a tener escasos efectos, ¿qué cabe esperar en una economía tan pequeña y abierta como la de Navarra? La medida sólo tendría efectos reseñables (y, con todo, reducidos) si la totalidad de la deducción se tradujera en consumo de productos y servicios plenamente navarros, algo impensable. Conmueve tanta ingenuidad.

A continuación el texto del proyecto de ley foral ofrece una perla para saborear con delectación. Dice que «la disminución de la carga tributaria de estos rendimientos amplía los incentivos a incrementar la oferta de trabajo y favorece la productividad, como consecuencia de la disminución del coste del factor trabajo». Es cierto que para disfrutar plenamente de la frase hay que tener cierta familiaridad con la jerga espantosa y triste de la economía, pero quizá se pueda hacer algo.

Conviene aclarar que la oferta de trabajo la realizan los trabajadores, mientras que las empresas demandan trabajo. ¿Cómo una deducción así puede incrementar la oferta de trabajo? ¿Es que como consecuencia de la deducción habrá más personas dispuestas a trabajar? ¿Quienes viven de las rentas preferirán ponerse a trabajar (por menos de 45.800 euros) para beneficiarse de tan cuantioso premio? Si Sanz inventó el keynesianismo foral, esto parece también la versión foral (y aplicada al mercado de trabajo) de la curva de Laffer (una elucubración con ecos etílicos que sólo se creyeron el astrólogo de cabecera de Reagan, Montoro y ahora, al parecer, Miranda).

Pero la medida no sólo incrementa la oferta de trabajo, sino que favorece la productividad, al reducirse el coste del trabajo. El disparate es antológico. ¿Cómo puede afectar al coste del trabajo una deducción en la cuota del IRPF? No se me ocurre, salvo que forcemos el razonamiento hasta extremos inverosímiles: al ver los contribuyentes que se reduce su carga fiscal, estarían dispuestos a trabajar a un menor salario… sin comentarios. Que, además, dé lugar a un incremento de la productividad es algo que se me escapa, porque el coste de un factor no interviene en el cálculo de aquélla; lo que no significa que no estén relacionados, pero desde luego no en el sentido que apunta el texto del proyecto de ley. Igual es que, al sentirse mejor tratadas, las masas trabajadoras acudirán al tajo más contentas y producirán más…

¿En qué manos estamos? Tenemos un borrador de medidas económicas rebozadas en el disparate. Se habla de caídas de los ingresos del 13%, pero en los presupuestos del próximo año se prevé una reducción del 3%. Se actúa con notable irresponsabilidad al dramatizar la situación por intereses espurios. A la desafortunada gestión del consejero Miranda se añade la guinda del lehendakari Sanz, nervioso, errático e histérico. Es consciente de que su política ha llevado a Navarra a un callejón sin salida y busca cómplices desesperadamente para compartir el desaguisado. Habrá que ver el precio de esa complicidad. Jiménez debería tentarse la ropa, no vaya a ser que la marca del PSOE en Navarra termine siendo UPN. Y es que detrás de Sanz parece adivinarse últimamente la meliflua sonrisa de un seminarista gallego…

La crisis

Tal como están las cosas, entre dimes y diretes sobre si hay o no crisis y la competición que se empieza a vislumbrar sobre quién le otorga el calificativo más fuerte, estridente o imaginativo, mejor titular esta entrada con brevedad, rotundidad y borbónica sencillez. El documento que sigue es, advierto, prolijo (quizá en todas sus acepciones). Contiene algunas ideas sobre la actual situación económica, su impacto en Navarra, así como posibilidades de actuación. Me he ceñido al problema concreto, consciente de que hay un debate subyacente sobre modelos económicos globales y el mundo que queremos. Pero esa es otra historia y será contada en otra parte (no necesariamente por mí). El texto tiene tres apartados:

1. El diagnóstico
2. La respuesta
3. ¿Qué hacer?

1 El diagnóstico

La crisis económica obedece a una multitud de causas, porque se juntan aspectos coyunturales con otros estructurales. Algunas de ellas son inmediatas en el tiempo, otras se han gestado en un período más largo. En eso es igual que todas las crisis. A veces, incluso, lo que suele aparecer como causa principal no es más que un detonante. Es lo que ocurrió en los setenta con la subida de los precios del petróleo, que no hizo sino sacar a la luz con toda crudeza una situación muy deteriorada que se arrastraba desde mediados de los sesenta. Es lo que pasa también ahora con la crisis hipotecaria en los Estados Unidos.

Las causas de una crisis pueden ser exógenas, generadas en la economía internacional y más allá de la capacidad de control del ámbito de decisión política; pero sus efectos finales sobre una economía dependen de la estructura de ésta y de las políticas que se apliquen. Por ejemplo, la economía española está en peor situación que la alemana para enfrentarse a una crisis, a pesar del «buen» comportamiento de los agregados macroeconómicos en los últimos diez o doce años. El crecimiento era ficticio, especulativo, con unas bases tan poco sólidas como el consumo y la burbuja inmobiliaria.

Se pueden distinguir tres factores que han coincidido en el tiempo y han contribuido al deterioro galopante de la situación económica internacional. Se ha llegado a hablar, incluso, de una «tormenta perfecta», término que en meteorología alude a una poco probable pero catastrófica conjunción de circunstancias.

El primero de ellos es la subida del precio del petróleo. Para empezar, es conveniente situar las cifras en su contexto. Aunque la subida ha sido espectacular, vino precedida de una caída en términos reales. Entre 1986 y 2004 el precio estuvo por debajo del de 1974. Y ha sido recientemente, en 2008, cuando se ha superado el nivel récord de 1984 (con las últimas caídas está aproximadamente al nivel que alcanzó ese año). A diferencia de crisis anteriores, esta vez el problema no viene por el lado de la oferta, sino por un fuerte incremento de la demanda, alimentada por el dinamismo de las economías emergentes, singularmente China e India. La oferta ha respondido con mayor lentitud de lo esperado, en parte por la insuficiencia de la capacidad de refino, en parte por razones técnicas asociadas a los nuevos yacimientos.

El segundo es el incremento en precios de otros productos básicos, como los alimentos, especialmente cereales. Fenómeno que, unido al mencionado de los precios de los combustibles, pone en cuestión el modelo de «desarrollo» económico occidental, iniciado en el siglo XVIII y basado en la depredación de recursos, el derroche de energía barata y el incremento de la capacidad de consumo de una parte relativamente pequeña de la población mundial (el 15% disfruta del 80% de la riqueza). Cuando países de gran tamaño como China o India (juntos representan casi el 40% de la población mundial) intentan seguir el mismo modelo, el sistema se muestra incapaz de responder a corto plazo. Y aunque en Occidente los problemas de adaptación a los nuevos precios (se prevé que, al menos los del petróleo sigan siendo elevados por bastante tiempo) pueden ser duros, el mayor drama se va a vivir en los países más pobres, incluida la población rural china e india, porque no pueden pagar esos precios. Parte de la subida de los precios de los cereales se achaca a la producción de biocombustibles, si bien los datos disponibles indican que su responsabilidad (aun existiendo, sobre todo por su incidencia en los mercados de futuros) es pequeña, porque —al menos de momento— absorben una parte muy reducida de la producción total.

El modelo de desarrollo ha fracasado también en el terreno ambiental. A la depredación de recursos hay que unir la generación de residuos y otros problemas ambientales que hacen imposible, por razones de sostenibilidad, su extensión a otras áreas y países.

El tercer factor, o la tercera crisis que coincide en el escenario actual, es la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que genera desconfianza en los mercados financieros, sobre todo entre los bancos, y va a ocasionar grandes problemas de liquidez: los bancos que necesitan dinero no lo consiguen fácilmente porque nadie se atreve a prestar, dando lugar a una restricción del crédito a los agentes privados (empresas, consumidores). En ausencia de otros factores, sin embargo, el impacto de la crisis de las subprime hubiera sido pasajero y, seguramente, muy centrado en la economía estadounidense.

Esta situación se da en un contexto de creciente globalización, sin que ésta haya venido acompañada por una profundización de los mecanismos institucionales de coordinación internacional, lo cual genera efectos negativos y contribuye a incrementar las diferencias entre ricos y pobres (internacionales e intranacionales), porque las relaciones económicas y políticas son asimétricas. Se carece de un entramado internacional digno de tal nombre que fije unas mínimas reglas del juego y las haga respetar (algo parecido al «keynesianismo multinacional» que reclamaban algunos autores en los años ochenta).

Junto a estas causas, que podemos considerar específicas de la crisis actual, están las que se presentan en toda crisis. Alguien dijo que lo único que un economista puede predecir con alguna solvencia es que después de una expansión viene la recesión, y al revés. La economía se mueve a ciclos, que se pueden suavizar más o menos mediante políticas económicas, pero no eliminarlos. La última expansión ha sido larga (no se conocían fases expansivas así desde los años sesenta), estimulada en nuestro caso por la unión monetaria europea, que dará lugar a una reducción de los tipos de interés hasta niveles históricamente bajos. Se alimentó así la expansión del consumo, del endeudamiento de las familias y, significativamente, de la construcción. Las políticas públicas (especialmente la de vivienda) han sido en parte procíclicas, coadyuvando al proceso y generando efectos negativos que empiezan a manifestarse con crudeza en la actual fase.


2 La respuesta

En Navarra la respuesta ha sido tímida y a remolque de las circunstancias. Ha consistido en juntar proyectos de obras ya previstos y, en algunos casos, adelantar algo su realización. También se ha realizado un recorte significativo del gasto en el actual ejercicio (150 millones de euros). Además, la hacienda foral se ha plegado a las promesas electorales del PSOE y ha introducido, con matices, la reducción fiscal de 400 euros, una medida que no sólo no cabe considerar progresista, sino que contribuye a agravar los problemas presupuestarios.

El Gobierno de UPN se propone, igualmente, trasplantar a Navarra las medidas adoptadas por el Gobierno español, que plantean serias dudas sobre sus efectos. Se trata, en suma, de una actitud meramente reactiva aderezada con dosis de histeria y desconcierto. La tormenta desatada por Sanz en torno a la hipótesis —que no futurible— del apoyo de UPN a los presupuestos del Estado es una buena muestra. La polémica y su torpe manejo revelan el nerviosismo que cunde y la búsqueda desesperada de complicidades para avalar unos presupuestos sumamente restrictivos y con un recorte social que cabe esperar sustancial.


3 ¿Qué hacer?

Para empezar, no queda más remedio que asumir la parte exógena del problema, esto es, la que nos viene impuesta desde fuera. No son aconsejables medidas paliativas de, por ejemplo y como reclaman algunos sectores, la subida de los combustibles. Es un ajuste forzado por las circunstancias, más duro que si se hubiera hecho con inteligencia y gradualmente, pero al que hay que amoldarse, porque el modelo actual es insostenible. El «lado bueno» de la crisis —si alguno hay— es, pues, que va a obligar a cambios que hace tiempo reclamaba el sentido común, pero que no se acometían por su coste político, presiones interesadas, falta de visión de largo plazo o, simplemente, cobardía política.

En situaciones como la actual es muy importante combinar medidas a corto plazo para paliar los efectos más duros, con medidas estructurales para introducir cambios profundos que permitan adaptarse a las nuevas circunstancias. En un planteamiento de izquierdas, la actuación pública deberá tener una orientación fundamentalmente social, para compensar a los más afectados por la crisis, que suelen ser los grupos sociales más desfavorecidos. La «calidad» de una sociedad se mide por su capacidad para reducir desigualdades y generar derechos sociales. No se trata tanto de frenar u obstaculizar cambios que, muchas veces, vienen impuestos desde fuera, como de tener un entramado institucional sólido para atender a los perjudicados. Precisamente uno de los problemas a que nos tendremos que enfrentar será seguramente la insuficiencia de los mecanismos fiscales y presupuestarios, dado que las reformas fiscales que se han sucedido en los últimos veinte años han ido siempre en la misma dirección: reducir impuestos.

Igualmente, responder adecuadamente a la situación significa «olvidarse» del saldo presupuestario por un tiempo. No es de recibo justificar el superávit de los años de bonanza en que hay que ahorrar para cuando vengan mal dadas y, llegado el momento, buscar el equilibrio presupuestario. Hay capacidad para soportar cierto déficit. Por esa razón, es necesario vigilar el gasto social estrechamente, porque aunque el Gobierno no va a reconocer que esté en sus planes reducirlo, terminará haciéndolo. Igualmente deberá explicar qué se ha hecho con los superávit acumulados en los últimos años, en qué se han utilizado y por qué no están disponibles —como debería ser— para paliar los efectos sociales de la crisis. Las transferencias a empresas públicas no sólo sirven para dar opacidad al uso de recursos públicos, sino que previsiblemente van a servir para sostener el esfuerzo en obras públicas, evitándose usos alternativos a esos fondos.

Junto a las medidas de corte social y redistribuidor, hay que acometer otras de mayor calado por cuanto buscan reformas estructurales. Reformas que, además, son insoslayables si se quiere mantener la sociedad navarra en sus niveles actuales de bienestar. En Navarra hay un «divorcio» entre indicadores de renta y otros de mayor calado cualitativo. Así, el puesto que ocupa en nivel de PIB per cápita en la Unión Europea es más alto que el que le corresponde, por ejemplo, por esfuerzo tecnológico o indicadores sociales y educativos. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo de las rentas del pasado, de un modelo que está ya agotado, basado exclusivamente en la atracción de inversiones foráneas y la despreocupación creciente por el tejido empresarial autóctono, la innovación o el sistema educativo. «Que inviertan ellos», podría ser un buen eslogan de toda una época, que ha dado buenos resultados pero que ya no sirve. Ya no se pueden ofrecer incentivos financieros tan generosos. Las posibilidades futuras sólo pueden venir de la atracción de inversión de calidad y la generación interna de iniciativas e inversiones.

Hay que tener en cuenta, además, que en ámbitos económicos tan abiertos, la política económica se ha de desenvolver en el largo plazo. Y en este campo no hay nada nuevo: esfuerzo tecnológico, esfuerzo educativo y política social, teniendo en cuenta que cualquier política ha de cumplir unos requisitos mínimos en materia ambiental, es decir, los criterios de sostenibilidad han de impregnar todas las políticas públicas.

La política social ni es un adorno ni es beneficencia laica. No debe ser entendida sólo como un problema de justicia, sino, también, como un imperativo económico, porque aporta algo esencial para el bienestar colectivo, como es la cohesión de la sociedad mediante la reducción de las desigualdades.

Desde hace bastantes años asistimos a un deterioro de las rentas salariales, que crecen muy por debajo de las rentas del capital. Además, la evolución es muy desigual entre los propios salarios, de manera que los más bajos se deterioran en términos reales. No es sostenible socialmente un contexto en el cual en los años de bonanza se pide moderación, para hacer recaer en períodos de crisis el coste del ajuste en los trabajadores, tanto por la vía de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios como por el aumento del desempleo. Es obsceno, por ejemplo, que Miguel Sanz chantajee a los trabajadores públicos y los haga responsables del recorte social. Es necesario hacer políticas de rentas, que podrían pasar, incluso, por fórmulas de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas o el diseño de nuevas formas jurídicas para iniciativas sociales de carácter empresarial.

La búsqueda de competitividad mediante los salarios es una arma peligrosa, sobre todo si va acompañada de incrementos en la precariedad laboral, porque da lugar a pérdida de calidad del empleo y, por tanto, al empeoramiento de las expectativas a medio y largo plazo. Hoy sólo es posible mantener niveles de renta elevados y un sistema de prestaciones sociales avanzado mediante una alta productividad. La batalla de los salarios bajos está perdida. Productividad y salarios elevados no sólo son compatibles, sino que están íntimamente relacionados. Para ello es necesario el esfuerzo tecnológico, pero también el educativo, y no sólo en los niveles superiores, sino especialmente en los intermedios. La gran asignatura pendiente sigue siendo la formación profesional, que es el eslabón fundamental para incorporar las nuevas tecnologías en el sistema productivo. A medio plazo nos podríamos enfrentar, incluso, a un problema serio de falta de personal cualificado, que podría significar un retroceso económico y social.

La política tecnológica debe tener un componente social acusado, no puede consistir simplemente, como es el caso, en el diseño de medidas para incentivar la incorporación de nuevas tecnologías por las empresas, Se trata de un paso necesario, pero no suficiente. De hecho, el número de empresas innovadoras todavía es reducido, especialmente entre las más pequeñas. Por tanto, se trata de imbricar el esfuerzo tecnológico en la sociedad y no exclusivamente en el sistema productivo. Es decir, los planes tecnológicos deben plantearse para quién es la innovación. La respuesta no puede ser simplemente para las empresas, por más que sean ellas las que realizan, prima facie, el esfuerzo.

La aplicación intensiva de nuevas tecnologías a la Administración, por ejemplo a través del teletrabajo, puede servir, además, como un factor de equilibrio territorial, para frenar el despoblamiento de algunas áreas. Igualmente, la política social debe servir para fomentar la innovación y la exploración de yacimientos de empleo de calidad. En este sentido, es contraproducente la política seguida en los últimos años de externalizar los servicios sociales mediante su subcontratación a empresas privadas, lo que redunda en la pérdida de calidad del servicio, la mercantilización de derechos sociales y la merma en la calidad del empleo. La sustitución de prestaciones sociales por compensaciones dinerarias actúa de la misma manera, además de precarizar la propia existencia de la prestación, puesto que es más fácil su eliminación (basta con suprimir la partida presupuestaria).

La globalización y la deslocalización no son amenazas por sí mismas. Incluso, hablando en rigor, no son sino una manifestación del dinamismo inherente a la actividad económica. Sin empresas que se desplazan buscando mejores oportunidades de negocio o, incluso, salarios más bajos, posiblemente Navarra no se hubiera industrializado en los sesenta. Recuérdese que es tan tarde como 1964 cuando la industria sobrepasa en peso económico a la agricultura. Pero se requiere un tejido empresarial autóctono que cuente, además, con empresas de cierta dimensión imbricadas en el mismo. Es un buen argumento para dotar de mayor discrecionalidad la política tecnológica.

El Presidente gesticular (Bambi atrapado en la maleza de la crisis)

Rodríguez Zapatero es, en esencia, un gobernante gesticular. Fue así desde el inicio mismo de su período de gobierno, con el plausible anuncio de la retirada de tropas de Irak. Mientras la oposición corrió a cargo de un PP asilvestrado y una caverna mediática desenfrenada, resultaba todo muy fácil. Si, además, el ciclo económico era favorable, miel sobre hojuelas.

En este momento la situación ha cambiado drásticamente: el PP está desaparecido (aunque, émulo al fin del Cid, con todo y con eso gana la batalla de la intención de voto: les conviene estar callados), Jiménez Losantos de juicio en juicio, Díez y Savater defendiendo una lengua que, como todo el mundo sabe, está en peligro de extinción. Así que Rodríguez Zapatero se ve en la tesitura, quizá por primera vez, de asumir por sí y para sí la responsabilidad de sus decisiones, de la tarea de gobierno, sin velos, subterfugios ni añagazas. Para su desgracia, justo en el peor momento.

Y sobreviene la parálisis. El Gobierno da una sensación de inacción, quizá de impotencia o, lo que es peor, de incapacidad, que no es un invento mediático. Y no será porque la crisis no estuviera anunciada. Se sabía que el ciclo habría de cambiar. Y se sabía que, dadas las bases insanas del crecimiento de los últimos años, en España la situación sería particularmente dura. Es inverosímil que en el Ministerio de Economía no se hubieran enterado de nada. Pero, comprensiblemente, evitaban generar alarma, en la esperanza de controlar la situación y lograr un aterrizaje suave. Ahí pecaron seguramente de ingenuidad, porque las crisis inmobiliarias suelen ser incontrolables una vez desatadas y se suelen precipitar, al menos hasta que se vuelve a valores normales de mercado. El problema está en las repercusiones de la crisis inmobiliaria, pero sobre todo, de las menguantes rentas de unas familias fuertemente endeudadas y empobrecidas por la subida de los tipos de interés y la inflación, sobre variables como el consumo, la inversión, el empleo o las expectativas empresariales y sociales.

¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué hace Zapatero? Nuevamente nada. O sí: gesticular. Hasta ahora se habían lanzado dos paquetes de medidas contra la crisis. La mayoría sin nada que ver directamente con la situación económica. De las que sí estaban relacionadas con la crisis, muchas, las más, tienen escasa enjundia. Alguna, como la dichosa devolución de los 400 euros, es inútil en sus objetivos y perversa en sus implicaciones.

A pesar de tantos desvelos, la situación sigue empeorando, los malos datos se suceden, la opinión pública entiende que no se hace nada. La solución vuelve a ser la misma: gesticular. Zapatero interrumpe sus beatíficas vacaciones en Doñana, se pone al frente de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y convoca un Consejo de Ministros en pleno mes de agosto con el fin de aprobar un tercer plan. Si atendemos a las notas de prensa y la información oficial sobre el número de medidas a adoptar, diríase que la actividad gubernamental es frenética. Un examen más detenido indica, sin embargo, que no es para tanto. Centrémonos en las más llamativas.

La más publicada es la habilitación de 10.000 millones de euros en dos años para la concesión de avales para VPO: suena a balón de oxígeno para los promotores, tal como propuso en su día el ministro Sebastián. Otras medidas, como la reforma legal del alquiler, o el fomento de la rehabilitación y de la eficiencia energética, ya estaban previstas. Asimismo se incrementan las cantidades asignadas para la concesión de avales a las PYMES. En realidad, se extiende a 2009 y 2010 una medida que ya se había adoptado para 2008 (ampliación de 1.000 a 3.000 millones). Estas son las medidas que, se compartan o no, pueden tener más que ver con la situación económica.

Otra medida propuesta es la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Se trata de una promesa electoral del PSOE que nada tiene que ver con la crisis. Añádase que es dudosamente progresista y reduce en 1.800 millones de euros la ya maltrecha capacidad recaudatoria de la hacienda pública y tendremos alguna idea sobre sus efectos: el principal, «inyectar liquidez» a contribuyentes poco necesitados de ayudas gubernamentales.

El resto de medidas pueden ser más o menos sensatas, más o menos defendibles —que de todo hay—, más o menos vinculadas a la actividad económica pero dudosamente relacionadas con la crisis. ¿Qué decir de la Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales? ¿O de que entre los «procedimientos para impulsar la actividad económica» se cite la opción de pagar multas de tráfico a través de Internet? ¿O del fomento del transporte de mercancías por ferrocarril? Lo mismo cabe decir de un conjunto de medidas que no son más que la transposición de la directiva europea sobre servicios (la famosa Directiva Bolkestein, luego modificada en sus aspectos más polémicos). La transposición consiste en trasladar a la legislación de cada Estado el contenido de las directivas europeas y es obligatoria. En este caso el plazo acaba el 28 de diciembre de 2009 y el Ministerio de Economía estableció ya en julio de 2007 el calendario y el plan de adaptación de la legislación española al contenido de la directiva. También prevé el plan gubernamental la transposición de normas comunitarias sobre ahorro energético. Una vez más, se venden como medidas contra la crisis actuaciones que nada tienen que ver con la misma ni encuentran en ella su causa. Pueden tener algún efecto, puesto que su objetivo es facilitar el desenvolvimiento de las empresas o mejorar la eficacia administrativa, por eso se ponen en marcha. Pero no pasa de ahí. Muchas de ellas son actuaciones estructurales que debían haberse acometido mucho antes, precisamente cuando la situación económica permitía financiarlas con mayor holgura.

Zapatero muestra un rostro político congelado, envarado, entre atónito y demudado. En plena regresión infantil, asemeja un bambi —esta vez sí— atrapado en la maleza y reclamando ayuda lastimeramente al ver que su «economía de Champions League» (si entonces sonó a cachondeo, fíjense ahora) se deshace al mismo ritmo que los beneficios de los promotores que alimentaron su soberbia.

Coitus interruptus (el estilo Zapatero)

Uno de los retos —quizá el fundamental— a que se enfrentaba Nafarroa Bai en la última campaña electoral era la fuerte polarización bipartidista a que jugaban —porque a ambos interesaba— tanto PSOE como PP y de la que, por cierto, la gran perjudicada (esa y no la ley electoral es la causa) fue Izquierda Unida. Había que trasladar al electorado el riesgo que suponía caer en esa trampa. Desde una perspectiva progresista, no convenía dar a Rodríguez Zapatero el cheque en blanco del voto útil, y sí condicionar de cerca su acción de gobierno, máxime cuando ya entonces era evidente que se aproximaban tiempos de desolación. Y ello por dos razones: la primera, porque el presidente español parece dar algún valor mágico, taumatúrgico, a las palabras, al margen de su contenido; parece pensar que con tildar algo de progresista ya lo es. Así, inició la campaña electoral con una promesa, la de los 400 euros, típicamente conservadora y regresiva. La segunda es que su supuesto y cacareado optimismo antropológico aparenta ser más bien incapacidad (¿también antropológica?) para enfrentarse a situaciones complicadas. La pasada legislatura gobernó a través del prisma deformante de los sondeos y todo fue un continuo amagar y no pegar, freno y marcha atrás, un ininterrumpido coitus interruptus. Por si no fuera suficiente para ganar, se dedicó a cultivar y alimentar la crispación del PP, en una apuesta muy arriesgada cuyas consecuencias se empiezan a ver ahora.

Pero gobernar así no es demasiado complicado si la situación económica es buena. Claro que, en realidad, no era tan buena. Hemos llegado a un punto en que a la Administración de turno sólo le interesa exhibir agregados macroeconómicos aparentemente brillantes, sin atender a la forma como se alcanzan. De tal manera que se utilizan las cifras para engañar y manipular. Mucho de lo que se exhibía con triunfalismo era ficticio, puro efecto riqueza de una sociedad que vivía de algo tan vaporoso como una burbuja inmobiliaria. Eso significa, primero, que no se puede echar toda la culpa de lo que pasa a la situación internacional; y segundo, que, precisamente por eso, la caída es más rápida y dramática de lo que cabría esperar. Hasta hace unos meses, y en la misma campaña electoral, el PSOE alardeaba de ser el responsable de una situación económica envidiable. Ahora, cuando las tornas han cambiado, se buscan culpables exteriores. Pero el razonamiento debe ser el opuesto. Las cosas van peor de lo que debieran, porque cuando iban bien la gestión no fue la adecuada, no se fortaleció la economía, no se eliminaron viejos desequilibrios, se vivió del aire, desaprovechando una coyuntura y un contexto que, entonces sí, empujaban la economía hacia arriba y hubieran facilitado esas actuaciones.

Resultado: el Gobierno paralizado y Rodríguez Zapatero con la sonrisa congelada como quien piensa que eso no le puede estar pasando a él. Su torpe empecinamiento en evitar la palabra crisis es sintomático. Y eso que coincido en su apreciación, porque prefiero utilizar el término en su acepción más restrictiva. Pero tener al país pendiente de que pronuncie la palabra de marras roza la estupidez. Es lo que pasa cuando se renuncia a la pedagogía en favor del electoralismo.

Hasta la fecha el Gobierno español ha presentado dos planes de contenido económico. El primero, un decreto en el que lo fundamental era la reforma del IRPF para incluir la deducción de 400 euros. El resto de medidas tenían poca enjundia, incluyendo una sobre el calendario de adaptación de las empresas a la reforma contable (¡en un decreto "de medidas de impulso a la actividad económica"!). El segundo plan tampoco contiene medidas relevantes, salvo una ampliación de la partida presupuestaria para otorgar avales a medianas y pequeñas empresas. Eso y algunos pequeños ahorros en gasto corriente (incluyendo la congelación salarial de los altos cargos), que suponen 250 millones de euros en dos años. No han sido capaces de ofrecer nada más, precisamente por la parálisis que afecta al Gobierno, mientras se siguen haciendo pronósticos irresponsables y la población empieza a percibir un rápido empeoramiento de la situación. Ciertamente, hay también mucho agorero empeñado en hacer ver las cosas más negras de lo que son, pero sin la ayuda inestimable de la inacción gubernamental sus mensajes apocalípticos perderían mucha verosimilitud.

Los estudios de opinión revelan con claridad que la población, y el propio electorado del PSOE, percibe la parálisis que aqueja a Rodríguez Zapatero y su Gobierno y duda incluso de su capacidad para manejar la situación. Hasta el punto que el PP, sumido en una profunda crisis desde las elecciones, iguala ya al PSOE en intención de voto. La respuesta gubernamental es, nuevamente, humo: una campaña de propaganda en toda regla, incluyendo entrevistas en periódicos y televisiones saturadas de almíbar y ditirambos (por no hablar de un congreso a la coreana en el que la razón para que se adopten o rechacen acuerdos es que el líder así lo quiere). Y, por supuesto, más coitus interruptus y más intentos de crispar a la derecha. Vuelta a empezar con tantos temas por su repercusión mediática, sin entrar a fondo en ellos: vuelta a empezar con la reforma de la ley del aborto: es decir, con la reflexión sobre la reforma; vuelta a empezar con la laicidad sin tocar la cuestión fundamental, que son los acuerdos con el Vaticano: curioso el giro dado al asunto en mitad del congreso y más curiosa aún la razón esgrimida para no suprimir los funerales de Estado (la liturgia católica queda bien); vuelta a empezar con ese patrioterismo jacobino y sensiblero (al rebufo de triunfos deportivos que, al parecer, muestran bien a las claras la intrínseca superioridad gonadal española), que ya llevó a Rodríguez Zapatero a envolverse la pasada legislatura en la bandera monárquica.

Es triste que el mejor remedio (el más concreto) que se le ocurre a Zapatero para salir de la crisis sea —lo dijo en el congreso del PSOE— consumir. ¿Qué será lo próximo? ¿Instar a los parados a colocarse? ¿Quién será entonces capaz de distinguir si quien habla es el presidente del Gobierno español o un camello?

¿Crisis en Nafarroa Bai?

Nafarroa Bai está en crisis. Nafarroa Bai se rompe. Ya lo decía yo, dicen algunos chapoteando en el barro de sus temores y su nerviosismo. Como Sanz, líder de un partido caudillista y a pesar de ello fracturado y fatigado, con los cientos de puestos y sueldos públicos como único aglutinante. Lo dicen también en el PSN, dividido aún hoy en dos mitades, a pesar de los esfuerzos de la actual dirección por acallar, ignorar o depurar a los discrepantes.

El lehendakari Sanz, con su habitual desfachatez, dice que el nacionalismo es un cáncer. Y tiene razón. Su nacionalismo, sin ir más lejos, que sólo es capaz de medrar con el conflicto, la crispación, la satanización del disidente y la imposición de un concepto de España rancio y de trágico recuerdo como armas. Y no vamos a recurrir a la historia (ahí están sus ancestros políticos para dar lecciones de nacionalismo), basta la más reciente, los últimos cuatro años. Pero Sanz —y lo que representa— es un cáncer no sólo por nacionalista, sino por su falta de interés por liderar a toda la sociedad, representarla y trabajar por los intereses colectivos, por su incapacidad para proponer proyectos o ideas para el futuro. Un cáncer que lo va invadiendo todo, mutando la vitalidad y el dinamismo de toda una sociedad en oportunidades de negocio para unos pocos. ¡Qué casualidad que los tres últimos informes de la Cámara de Comptos hayan sido demoledores para la gestión que UPN hace de los dineros públicos! Obsérvese el panorama: si el Gobierno de Navarra se embarca en un proyecto industrial, es a rebufo de alguna empresa interesada (cuando no reacciona a golpe de ultimátum); si lanza un plan de vivienda, es porque se lo presentan promotores que no sólo se erigen en planificadores (nuestras ciudades al albur de intereses crematísticos particulares) sino que, para colmo, puentean así al Ayuntamiento afectado… ¿Quién gobierna en Navarra y para quién? ¿Dónde está el tumor? ¿Dónde la parálisis?

Así las cosas, tan grises (por no hablar del descalabro social que se avecina, tras el adelgazamiento de lo público a que hemos asistido estos años: mal para la educación, mal para la sanidad, se pretende arreglar todo con cemento), es normal que Sanz y su entorno político y mediático (ardua tarea discernir corifeo y coro) agranden cualquier atisbo de discrepancia, debate o, por qué no decirlo, franca discusión en Nafarroa Bai.

Que surgen discrepancias es evidente. Como en todo colectivo. En este caso se llegan a manifestar con crudeza, lo que no significa que esté desmoronándose o amenazada por la piqueta, qué más quisieran algunos. Se trata de una coalición joven, con mecanismos de adopción de decisiones y generación de consensos imperfectos y en fase de rodaje. También, hay que reconocerlo, con un hábito muy arraigado en los partidos que la forman de dirimir sus diferencias en la plaza pública. ¿Es eso malo? Es costumbre criticar el autoritarismo, la cerrazón o la falta de debate interno en las organizaciones. Pero cuando se observan discrepancias en alguna de ellas se pone, incoherente e interesadamente, el grito en el cielo. ¿En qué quedamos? ¿Habrá que recordar las vendettas a que hemos asistido la pasada legislatura foral en el seno de UPN, sirviéndose para ello —y eso sí es grave— de la Administración Pública? ¿Habríamos sabido algo de Humanismo y Democracia de no existir esa pelea? ¿Nos hemos olvidado de cómo se dirimió el último congreso del PSN? Por poner ejemplos cercanos, que ahí anda Esperanza Aguirre atronando el solar hispano con sus gritos de guerra para ajustar las cuentas a Rajoy (la concepción que del liberalismo tiene Aguirre es una rareza intelectual digna de glosa).

Nafarroa Bai, para pasmo y desconcierto, primero, y mal disimulado nerviosismo, después, ha logrado articular un proyecto de cambio para Navarra progresista e integrador y ha conseguido unir a un sector de la sociedad tradicionalmente silenciado u obviado mediante el reparto canovista de cuotas de poder o el puro soborno político de los más sumisos (es lo que tiene administrar las prebendas). Y aspira, además, a contribuir a la unión de fuerzas progresistas de Navarra para conseguir el cambio político. Naturalmente, eso no gusta. Y no gusta, en primer lugar, a quienes pretendiendo impedir una supuesta venta de Navarra que sólo existía en sus delirios y terrores nocturnos, consiguieron mantenerse en el poder a coste cero. O a quienes se han instalado en una posición vicaria al cómodo abrigo del presupuesto público.

Se habla de ineficacia en la gestión. ¿Barañain? Los que impiden el gobierno municipal son los que, dentro incluso del PSN, negaron el pan y la sal al anterior alcalde. ¿Zizur? Un grave error, ya reconocido, al elegir a alguien que parece anteponer el medro personal al servicio público. La prueba es que después de arremeter contra todo lo que se movía ha terminado votando con UPN… curioso. ¿Beriain? Léase la carta objeto de disputa y sáquense conclusiones.

Por más que se diga, Nafarroa Bai sigue viva. Hace cuatro años se iba a desleír como un azucarillo. Ahora es un cáncer. Significativa la evolución metafórica, se van resignando, señal que cabalgamos. La última trifulca, debidamente comentada por Sanz y su troupe, no ha sido más que una confrontación de concepciones sobre el tipo de representante que conviene tener en el Consejo General de Caja Navarra; una fiebre infantil de la que la criatura no puede sino salir fortalecida, porque no anda mal de anticuerpos. Eso sí, se impone ya ese debate interno tantas veces aplazado sobre organización, toma de decisiones, apertura a la sociedad, formas de afiliación o el papel de los independientes, que no han de ser la alternativa —una competencia indeseada— a los militantes de los partidos, sino su complemento, el engrudo que hace que Nafarroa Bai sea bastante más que la suma de sus partes. Ello requiere trabajo, pero en Nafarroa Bai hay capacidad, capital humano (empezando por una militancia no siempre reconocida y a veces sacrificada en el altar de intereses superiores) y un proyecto de futuro. Seguramente el primer proyecto realmente integrador, que concibe Navarra como un todo, y no como realidades enfrentadas o la mera yuxtaposición de identidades, algunas molestas. En Nafarroa Bai cabe toda Navarra. Está por ver si otros pueden decir, y practicar, lo mismo.