Injusta, inncecesaria e impuesta

Rodríguez Zapatero parece haberse metido plenamente en su papel de mártir por la salvación (económica) de España, apurando hasta las heces el cáliz de su sacrificio. Tras su verborrea entre tecnocrática y rimbombante se agazapa, sin embargo, un gigantesco fraude político, económico y social cuyos frutos recogerá, de una forma u otra, el Partido Popular, puesto que consiste, para nuestro mal, en la realización del programa de dicho partido.

Economía positiva, economía normativa y ruedas de molino

Dice el presidente Zapatero que es mejor reformas sin consenso que ausencia de reformas. Lo dice y quiere aparecer como salvador en una situación extrema. Todo estaría bien si no fuera por dos detalles no menores. El primero, que él es responsable directo de la situación. El segundo, que no se trata de reformar para derribar privilegios o afrontar oscuros intereses creados, sino de empeorar la situación de los más débiles, en nombre de una eficiencia en la que sólo creen algunos incautos que hacen el caldo gordo y sirven de ariete teórico e ideológico a los verdaderos beneficiarios de las reformas. Tampoco esos sindicatos que ahora se niegan al acuerdo son inocentes, seducidos por incentivos no siempre confesables en los plácidos años de la paz social.

Muchos planes y pocas nueces

Una vez más, el Gobierno de Zapatero vuelve por sus fueros y, perseverante en su vicio, anuncia una y otra vez las mismas medidas, como si fueran diferentes, seguramente para generar apariencia de actividad gubernamental cuando, en realidad, no es que no se haga nada, es que ni siquiera hay ideas. O quizá no hay margen, pero entonces habría que sincerarse y reconocerlo.

El Presidente gesticular (Bambi atrapado en la maleza de la crisis)

Rodríguez Zapatero es, en esencia, un gobernante gesticular. Fue así desde el inicio mismo de su período de gobierno, con el plausible anuncio de la retirada de tropas de Irak. Mientras la oposición corrió a cargo de un PP asilvestrado y una caverna mediática desenfrenada, resultaba todo muy fácil. Si, además, el ciclo económico era favorable, miel sobre hojuelas.

En este momento la situación ha cambiado drásticamente: el PP está desaparecido (aunque, émulo al fin del Cid, con todo y con eso gana la batalla de la intención de voto: les conviene estar callados), Jiménez Losantos de juicio en juicio, Díez y Savater defendiendo una lengua que, como todo el mundo sabe, está en peligro de extinción. Así que Rodríguez Zapatero se ve en la tesitura, quizá por primera vez, de asumir por sí y para sí la responsabilidad de sus decisiones, de la tarea de gobierno, sin velos, subterfugios ni añagazas. Para su desgracia, justo en el peor momento.

Y sobreviene la parálisis. El Gobierno da una sensación de inacción, quizá de impotencia o, lo que es peor, de incapacidad, que no es un invento mediático. Y no será porque la crisis no estuviera anunciada. Se sabía que el ciclo habría de cambiar. Y se sabía que, dadas las bases insanas del crecimiento de los últimos años, en España la situación sería particularmente dura. Es inverosímil que en el Ministerio de Economía no se hubieran enterado de nada. Pero, comprensiblemente, evitaban generar alarma, en la esperanza de controlar la situación y lograr un aterrizaje suave. Ahí pecaron seguramente de ingenuidad, porque las crisis inmobiliarias suelen ser incontrolables una vez desatadas y se suelen precipitar, al menos hasta que se vuelve a valores normales de mercado. El problema está en las repercusiones de la crisis inmobiliaria, pero sobre todo, de las menguantes rentas de unas familias fuertemente endeudadas y empobrecidas por la subida de los tipos de interés y la inflación, sobre variables como el consumo, la inversión, el empleo o las expectativas empresariales y sociales.

¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué hace Zapatero? Nuevamente nada. O sí: gesticular. Hasta ahora se habían lanzado dos paquetes de medidas contra la crisis. La mayoría sin nada que ver directamente con la situación económica. De las que sí estaban relacionadas con la crisis, muchas, las más, tienen escasa enjundia. Alguna, como la dichosa devolución de los 400 euros, es inútil en sus objetivos y perversa en sus implicaciones.

A pesar de tantos desvelos, la situación sigue empeorando, los malos datos se suceden, la opinión pública entiende que no se hace nada. La solución vuelve a ser la misma: gesticular. Zapatero interrumpe sus beatíficas vacaciones en Doñana, se pone al frente de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y convoca un Consejo de Ministros en pleno mes de agosto con el fin de aprobar un tercer plan. Si atendemos a las notas de prensa y la información oficial sobre el número de medidas a adoptar, diríase que la actividad gubernamental es frenética. Un examen más detenido indica, sin embargo, que no es para tanto. Centrémonos en las más llamativas.

La más publicada es la habilitación de 10.000 millones de euros en dos años para la concesión de avales para VPO: suena a balón de oxígeno para los promotores, tal como propuso en su día el ministro Sebastián. Otras medidas, como la reforma legal del alquiler, o el fomento de la rehabilitación y de la eficiencia energética, ya estaban previstas. Asimismo se incrementan las cantidades asignadas para la concesión de avales a las PYMES. En realidad, se extiende a 2009 y 2010 una medida que ya se había adoptado para 2008 (ampliación de 1.000 a 3.000 millones). Estas son las medidas que, se compartan o no, pueden tener más que ver con la situación económica.

Otra medida propuesta es la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Se trata de una promesa electoral del PSOE que nada tiene que ver con la crisis. Añádase que es dudosamente progresista y reduce en 1.800 millones de euros la ya maltrecha capacidad recaudatoria de la hacienda pública y tendremos alguna idea sobre sus efectos: el principal, «inyectar liquidez» a contribuyentes poco necesitados de ayudas gubernamentales.

El resto de medidas pueden ser más o menos sensatas, más o menos defendibles —que de todo hay—, más o menos vinculadas a la actividad económica pero dudosamente relacionadas con la crisis. ¿Qué decir de la Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales? ¿O de que entre los «procedimientos para impulsar la actividad económica» se cite la opción de pagar multas de tráfico a través de Internet? ¿O del fomento del transporte de mercancías por ferrocarril? Lo mismo cabe decir de un conjunto de medidas que no son más que la transposición de la directiva europea sobre servicios (la famosa Directiva Bolkestein, luego modificada en sus aspectos más polémicos). La transposición consiste en trasladar a la legislación de cada Estado el contenido de las directivas europeas y es obligatoria. En este caso el plazo acaba el 28 de diciembre de 2009 y el Ministerio de Economía estableció ya en julio de 2007 el calendario y el plan de adaptación de la legislación española al contenido de la directiva. También prevé el plan gubernamental la transposición de normas comunitarias sobre ahorro energético. Una vez más, se venden como medidas contra la crisis actuaciones que nada tienen que ver con la misma ni encuentran en ella su causa. Pueden tener algún efecto, puesto que su objetivo es facilitar el desenvolvimiento de las empresas o mejorar la eficacia administrativa, por eso se ponen en marcha. Pero no pasa de ahí. Muchas de ellas son actuaciones estructurales que debían haberse acometido mucho antes, precisamente cuando la situación económica permitía financiarlas con mayor holgura.

Zapatero muestra un rostro político congelado, envarado, entre atónito y demudado. En plena regresión infantil, asemeja un bambi —esta vez sí— atrapado en la maleza y reclamando ayuda lastimeramente al ver que su «economía de Champions League» (si entonces sonó a cachondeo, fíjense ahora) se deshace al mismo ritmo que los beneficios de los promotores que alimentaron su soberbia.

Coitus interruptus (el estilo Zapatero)

Uno de los retos —quizá el fundamental— a que se enfrentaba Nafarroa Bai en la última campaña electoral era la fuerte polarización bipartidista a que jugaban —porque a ambos interesaba— tanto PSOE como PP y de la que, por cierto, la gran perjudicada (esa y no la ley electoral es la causa) fue Izquierda Unida. Había que trasladar al electorado el riesgo que suponía caer en esa trampa. Desde una perspectiva progresista, no convenía dar a Rodríguez Zapatero el cheque en blanco del voto útil, y sí condicionar de cerca su acción de gobierno, máxime cuando ya entonces era evidente que se aproximaban tiempos de desolación. Y ello por dos razones: la primera, porque el presidente español parece dar algún valor mágico, taumatúrgico, a las palabras, al margen de su contenido; parece pensar que con tildar algo de progresista ya lo es. Así, inició la campaña electoral con una promesa, la de los 400 euros, típicamente conservadora y regresiva. La segunda es que su supuesto y cacareado optimismo antropológico aparenta ser más bien incapacidad (¿también antropológica?) para enfrentarse a situaciones complicadas. La pasada legislatura gobernó a través del prisma deformante de los sondeos y todo fue un continuo amagar y no pegar, freno y marcha atrás, un ininterrumpido coitus interruptus. Por si no fuera suficiente para ganar, se dedicó a cultivar y alimentar la crispación del PP, en una apuesta muy arriesgada cuyas consecuencias se empiezan a ver ahora.

Pero gobernar así no es demasiado complicado si la situación económica es buena. Claro que, en realidad, no era tan buena. Hemos llegado a un punto en que a la Administración de turno sólo le interesa exhibir agregados macroeconómicos aparentemente brillantes, sin atender a la forma como se alcanzan. De tal manera que se utilizan las cifras para engañar y manipular. Mucho de lo que se exhibía con triunfalismo era ficticio, puro efecto riqueza de una sociedad que vivía de algo tan vaporoso como una burbuja inmobiliaria. Eso significa, primero, que no se puede echar toda la culpa de lo que pasa a la situación internacional; y segundo, que, precisamente por eso, la caída es más rápida y dramática de lo que cabría esperar. Hasta hace unos meses, y en la misma campaña electoral, el PSOE alardeaba de ser el responsable de una situación económica envidiable. Ahora, cuando las tornas han cambiado, se buscan culpables exteriores. Pero el razonamiento debe ser el opuesto. Las cosas van peor de lo que debieran, porque cuando iban bien la gestión no fue la adecuada, no se fortaleció la economía, no se eliminaron viejos desequilibrios, se vivió del aire, desaprovechando una coyuntura y un contexto que, entonces sí, empujaban la economía hacia arriba y hubieran facilitado esas actuaciones.

Resultado: el Gobierno paralizado y Rodríguez Zapatero con la sonrisa congelada como quien piensa que eso no le puede estar pasando a él. Su torpe empecinamiento en evitar la palabra crisis es sintomático. Y eso que coincido en su apreciación, porque prefiero utilizar el término en su acepción más restrictiva. Pero tener al país pendiente de que pronuncie la palabra de marras roza la estupidez. Es lo que pasa cuando se renuncia a la pedagogía en favor del electoralismo.

Hasta la fecha el Gobierno español ha presentado dos planes de contenido económico. El primero, un decreto en el que lo fundamental era la reforma del IRPF para incluir la deducción de 400 euros. El resto de medidas tenían poca enjundia, incluyendo una sobre el calendario de adaptación de las empresas a la reforma contable (¡en un decreto "de medidas de impulso a la actividad económica"!). El segundo plan tampoco contiene medidas relevantes, salvo una ampliación de la partida presupuestaria para otorgar avales a medianas y pequeñas empresas. Eso y algunos pequeños ahorros en gasto corriente (incluyendo la congelación salarial de los altos cargos), que suponen 250 millones de euros en dos años. No han sido capaces de ofrecer nada más, precisamente por la parálisis que afecta al Gobierno, mientras se siguen haciendo pronósticos irresponsables y la población empieza a percibir un rápido empeoramiento de la situación. Ciertamente, hay también mucho agorero empeñado en hacer ver las cosas más negras de lo que son, pero sin la ayuda inestimable de la inacción gubernamental sus mensajes apocalípticos perderían mucha verosimilitud.

Los estudios de opinión revelan con claridad que la población, y el propio electorado del PSOE, percibe la parálisis que aqueja a Rodríguez Zapatero y su Gobierno y duda incluso de su capacidad para manejar la situación. Hasta el punto que el PP, sumido en una profunda crisis desde las elecciones, iguala ya al PSOE en intención de voto. La respuesta gubernamental es, nuevamente, humo: una campaña de propaganda en toda regla, incluyendo entrevistas en periódicos y televisiones saturadas de almíbar y ditirambos (por no hablar de un congreso a la coreana en el que la razón para que se adopten o rechacen acuerdos es que el líder así lo quiere). Y, por supuesto, más coitus interruptus y más intentos de crispar a la derecha. Vuelta a empezar con tantos temas por su repercusión mediática, sin entrar a fondo en ellos: vuelta a empezar con la reforma de la ley del aborto: es decir, con la reflexión sobre la reforma; vuelta a empezar con la laicidad sin tocar la cuestión fundamental, que son los acuerdos con el Vaticano: curioso el giro dado al asunto en mitad del congreso y más curiosa aún la razón esgrimida para no suprimir los funerales de Estado (la liturgia católica queda bien); vuelta a empezar con ese patrioterismo jacobino y sensiblero (al rebufo de triunfos deportivos que, al parecer, muestran bien a las claras la intrínseca superioridad gonadal española), que ya llevó a Rodríguez Zapatero a envolverse la pasada legislatura en la bandera monárquica.

Es triste que el mejor remedio (el más concreto) que se le ocurre a Zapatero para salir de la crisis sea —lo dijo en el congreso del PSOE— consumir. ¿Qué será lo próximo? ¿Instar a los parados a colocarse? ¿Quién será entonces capaz de distinguir si quien habla es el presidente del Gobierno español o un camello?

Zapatero y su dilema: principios sin poder, poder sin principios

Las elecciones del 9 de marzo trajeron consigo cambios en el mapa político que han sacado a la luz el verdadero trasunto del PSOE de Zapatero, caracterizado por un populismo electoralista y el principio de conservación del poder a cualquier coste. Ciertamente, el PSOE tiene motivos para sentirse satisfecho a posteriori con el resultado, dado que puede gobernar con tranquilidad los próximos años, permitiéndose incluso hacerlo con una soberbia de la que ya ha habido sobradas muestras en apenas tres meses.

Pero un análisis detenido muestra que las razones para el triunfalismo no son tantas ni de tanto peso. La estrategia de la tensión seguida por el PP la pasada legislatura impidió que el PSOE se despegara en las encuestas, a pesar de tenerlo todo de cara, empezando por la situación económica. La única respuesta que fueron capaces de pergeñar a última hora los estrategas socialistas fue, junto a sobornos electorales descarados, fomentar la crispación y generar un clima de emergencia que ponía al electorado progresista en la tesitura de elegir entre Zapatero o el caos. Resultado: si el PSOE ganó votos, el PP —aun asilvestrado y extremista— ganó más; especialmente, y esto es relevante, en los feudos que ya eran suyos. La drástica bipolarización se llevó por delante Izquierda Unida y acentuó la quiebra territorial del Estado, dejando como futuros árbitros —algo no deseado ni por populares ni por socialistas— a los nacionalistas. La busca de réditos a muy corto plazo ha podido provocar cambios estructurales de largo alcance, quizá en la dirección opuesta a la pretendida.

También resta dulzura a la victoria socialista que haya sido posible gracias a votos prestados. El extraordinario resultado obtenido en Cataluña (donde había pocas razones internas y externas para votar al PSOE) se debe a un fuerte voto anti-PP (es inaudito que un partido que aspira a gobernar lance campañas, no contra adversarios políticos concretos, sino contra la misma población, en este caso, en forma de boicot a productos catalanes). Con matices, pero algo parecido —aunque Patxi López no esté dispuesto a reconocerlo— puede predicarse de la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra. En este último caso se ha visto cuán acertado estaba José Blanco cuando advirtió a su militancia navarra que los votos de las generales son del PSOE y no del PSN. Algo que la dirección socialista local se empeña en ignorar.

Se trata, pues, de una situación cómoda a corto plazo —no se esperan grandes inconvenientes para gobernar— pero más complicada a medio plazo. Si la izquierda ha tenido tradicionalmente más problemas para mantener su voto movilizado, al tratarse esta vez de votos prestados —el voto del miedo, que no es patrimonio exclusivo de la derecha— la dificultad es aún mayor. Todo ello genera un panorama enrevesado en el que resulta difícil desenvolverse y susceptible de terminar en catástrofe. Por no hablar de la ezquizofrenia organizativa que puede generar.

Por un lado, al PSOE le sigue interesando un PP radicalizado para mantener su propio voto movilizado ante la amenaza de la derecha más montaraz. No es casualidad que se haya resucitado el debate religioso; y Rouco y Cañizares, benditos ellos, no necesitan muchos estímulos para lanzarse en tromba, báculo en ristre y presto el anatema. Que el PP consiga incrementar su base electoral con ese discurso ultranacionalista no es mayor problema, puesto que está incapacitado para ser alternativa real de gobierno, salvo que obtuviera mayoría absoluta, hipótesis esta muy poco probable habida cuenta de su desmoronamiento en Cataluña y Euskadi (ay, si María pudiera sustituir flores por votos).

Por otra parte, da la sensación de que el PSOE ha decidido centrar sus desvelos en el Gobierno en Madrid y, por tanto, en la conformación de mayorías suficientes en el Congreso, con o sin aliados. No es una mala elección, dado que Madrid sigue teniendo las llaves de muchas —demasiadas— puertas. Con el PP aislado, no resulta difícil. Cuenta para ello con sus aliados tradicionales, especialmente CiU (también, aventuro, el PNV), mucho más fiables y menos arriesgados, entienden ahora en Ferraz, que otros como ERC, el BNG o, incluso, los restos de IU. Y ahí comienzan los problemas. El PSOE depende más que nunca para gobernar en Madrid de Cataluña y Euskadi, ya sea por los votos directos (muchos, insisto, prestados), ya sea por los indirectos, en forma de apoyos parlamentarios. Pero es muy probable que la traducción de tales apoyos en pactos de gobierno pase por la ausencia de incompatibilidades o conflictos en el país de origen, esto es, que los nacionalistas no estén en sus respectivos parlamentos en la oposición.

En suma, la aparente deriva socialista le llevaría a preferir ceder el gobierno catalán a CiU y buscar algún entendimiento con el PNV (quizá un gobierno de coalición). Eso choca, desde luego, con los intereses del partido en Cataluña (PSC) y Euskadi (PSE). Y choca —sobre todo en Cataluña— con un discurso progresista: tendrá que explicar por qué lo que vale para Madrid no sirve en Barcelona o por qué concede tan poco valor a sus votos al Parlament. De todas formas, no sería más que el desarrollo de lo que en su momento ensayó en Navarra. Claro que, como siempre, aquí salimos perdiendo y no le han regalado el poder a un partido más o menos conservador, pero de raigambre democrática, sino a una sucursal del PP con demasiadas servidumbres predemocráticas (permítaseme el eufemismo). Así pues, la búsqueda del poder en Madrid a toda costa lleva al PSOE a traicionar a muchos de sus votantes. Hemos de asistir a espectáculos interesantes a cuenta del trío PSOE-CiU-PSC.

De todas formas, sería previsiblemente una estrategia perdedora, porque requiere condiciones muy exigentes. En primer lugar, que el PP se mantenga en sus posiciones actuales: Aguirre, Ramírez y Jiménez están por la labor, pero otros personajes significados parecen remar en distinta dirección. Requiere, en segundo lugar, que las variantes territoriales del PSOE, acepten ser sacrificadas en el altar de intereses que es difícil percibir como superiores y que parecen espurios, cuando no puramente crematísticos. Y requiere, en tercer lugar, que los votantes entren en el juego y no extraigan conclusiones, algo que sólo ocurre en modelos teóricos, partiendo del supuesto de que son imbéciles.

Autonomía fiscal, política económica y sobornos electorales

La promesa electoral de la «devolución» de 400 euros del IRPF ha generado una polémica en la que se mezclan dos aspectos bien distintos que conviene tratar por separado. El primero tiene que ver con la conveniencia de la medida en la actual coyuntura económica. El segundo, con su aplicación en Navarra.

La medida consiste en una deducción de la cuota líquida del impuesto para perceptores de rentas del trabajo o autónomos, que reduce la carga fiscal individual en 400 euros. Tal como aparece en el decreto que la regula, la idea es adoptar «medidas de naturaleza fiscal que mejoren la renta disponible de las familias». Un somero repaso a cualquier manual de introducción a la economía nos proporcionará un respaldo sólido: la reducción del ritmo de actividad económica aconsejaría aumentar la capacidad de gasto de las familias para así incrementar el gasto agregado y frenar la desaceleración económica. En este sentido, podríamos considerar teóricamente indiferente la reducción de impuestos o el incremento del gasto público para encarar tiempos difíciles. Sin embargo, no es así.

Para empezar, los impuestos progresivos como el IRPF ya reflejan la evolución de la situación económica, por cuanto la cuantía a pagar se altera automáticamente al variar la renta (declarada) de los individuos. Si la presión fiscal fuera insostenible o, al menos, muy elevada, se podría admitir un alivio fiscal adicional en período de crisis. Pero no es el caso: el gasto público en España está en torno al 80% de la media de la Unión Europea (27 países). Precisamente —y siguiendo al propio Solbes— si el equilibrio presupuestario ha de ser un objetivo a alcanzar en el conjunto del ciclo económico y no año a año, es porque en las fases de menor crecimiento o de recesión entran en funcionamiento mecanismos que impulsan el gasto público al alza y los ingresos a la baja. Si a esa recaudación ya disminuida se añaden reducciones fiscales, el superávit acumulado se agota rápidamente —se dilapida— y el déficit puede desbocarse, de manera que al operar los estabilizadores automáticos e incrementarse el gasto social, se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que en recesiones anteriores, esto es, la reducción de prestaciones sociales, que afecta con mayor intensidad a los grupos más desfavorecidos. Por ello es discutible que una medida así sea «progresista»: se reduce capacidad de actuación precisamente cuando más necesaria va a ser, especialmente en el terreno social.

En una «cata a ciegas» de políticas económicas, difícilmente un catador avezado atribuiría a un gobierno de izquierdas una medida así, más propia del thatcherismo o del «conservadurismo compasivo» de Bush. Es característico de gobiernos de derechas traducir de inmediato cualquier superávit que pueda aparecer en las cuentas públicas en reducciones impositivas con el argumento, falaz, de devolver a la ciudadanía parte de lo que aporta. Recientemente, para justificar su veto a una ampliación de la cobertura sanitaria infantil, Bush adujo que «no es aceptable la expansión del sector público, en lugar de hacer los cambios necesarios para fortalecer un sistema basado en el consumidor». No es que el gobierno socialista haga suyas necesariamente esas premisas (alguno de sus más influyentes miembros sí), pero los resultados son los mismos. El conservadurismo compasivo (una mezcla de políticas económicas y supuestamente sociales cuyas bases ideológicas proceden de la época de Reagan) dirige todos sus esfuerzos a reducir la presencia del sector público, especialmente en el terreno social, aun a costa de aceptar mayores desigualdades y formas diversas de beneficencia. Repartir cupones de comida no es política social. Evitar que sea necesario repartirlos, sí. Una vez más, Zapatero muestra la debilidad de sus convicciones progresistas en favor de medidas regresivas pero populares (y populistas).

¿Y qué pasa en Navarra? Si la situación ya resulta difícil de entender a los naturales del Reyno, para los foráneos debe de ser completamente incomprensible. El lehendakari Sanz parece no conocer el régimen fiscal de Navarra, y al tiempo que presume de un keynesianismo de alpargata (cemento y gasto ya previsto), reclama que sea el Gobierno de Madrid el que devuelva los 400 euros a los contribuyentes de Navarra. Un brindis al sol, que sale gratis. Puestos a ser rigurosos, ni siquiera es cierto que —como ha afirmado— los navarros hayan contribuido al superávit presupuestario, salvo en un sentido muy genérico e indirecto.

El PSN, por su parte, exhibe su populismo de derechas y, con su portavoz Jiménez en pose zarzuelera, exige que la Hacienda Foral se haga cargo del coste. Es decir, pretende que un gobierno de otro partido aplique una promesa electoral suya. Como de costumbre, van de farol. Quizá sólo pretendan tapar sus propias vergüenzas, al aire desde el momento en que no se molestan en aclarar a sus posibles votantes que la medida no era de aplicación inmediata en Navarra, porque la decisión corresponde al Gobierno de Navarra, que es de UPN. Otro brindis al sol, que sale gratis. El PSN sólo podría prometer algo así si gobernara en Navarra, que, como todo el mundo sabe, no es el caso. Pero aunque fuera así (algo que no parece entrar en los planes de Elena Torres), sólo muestra que el PSN cree poco en la autonomía fiscal de Navarra, ya que se limita a trasladar miméticamente lo que otros deciden fuera.

La autonomía fiscal de la que tanto alardean socialistas y conservadores y que tan mal administran y protegen, significa que —con más limitaciones de las deseables— Navarra controla los dos lados del presupuesto: los ingresos y los gastos. Es ese detalle el que convierte dicha autonomía en el elemento esencial, en la base de la autonomía política y del bienestar (muy menoscabado después de tantos años de gobierno de UPN) de nuestra sociedad. De tal manera que, para ver si —como tanto se ha oído estos días— un navarro está en mejor o peor situación que otros ciudadanos, habría que comparar el resultado final, en términos de obligación fiscal a igualdad de condiciones y de calidad de prestaciones sociales; nunca partida por partida, un mecanismo que, de paso, llevaría a la desnaturalización de la autonomía fiscal y terminaría en la pura traslación a Navarra del IRPF estatal.

Lo que sí es grave, y de ello apenas se habla, es la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que significa de señal a la ciudadanía de la deriva de la política fiscal. Su misma justificación: no lo pagan los más ricos, sino las fortunas medias; si se admite el argumento, habría que suprimir el IRPF, que se ceba en las rentas salariales y no precisamente en las más altas. O la eliminación de los impuestos que gravan sucesiones y donaciones. La derecha se dedica a difundir la idea (insidiosa) de que todo lo público (salvo la ley y el orden) es malo y que el fisco no hace más que confiscar rentas limpiamente ganadas. Se olvida de que buena parte de esas rentas (en número y cuantías) se debe justamente a la existencia del sector público. Y no es causalidad que los cambios que se ejecutan al amparo de estas argumentaciones vayan en detrimento de quienes están en peor situación. Las recesiones se suelen saldar con menos prestaciones y de peor calidad y más desigualdad. Esta vez con la complicidad de un gobierno que se dice de izquierdas.

Rajoy, su contrato y los inmigrantes (España cañete)

Pocas campañas electorales se presentan tan interesantes como la actual. Los sondeos no dan resultados claros, los gurús de cabecera de Rajoy y Zapatero andan desconcertados, en el PP Aznar da una vuelta de tuerca y deja claro —por si quedaban dudas— por qué ungió a Mariano con su libérrimo dedo. Por el gesto desabrido y el aire de estar permanentemente sometidos a cuaresmales abstinencias, diríase —permítame Gallardón la licencia— que todos son Esperanza.

Zapatero, por su parte, oscila entre el optimismo inveterado —propio de seminaristas iluminados— de José Blanco, que le promete mayorías absolutas, el pragmatismo inmoral de Rubalcaba, que maneja tiempos, detenciones e ilegalizaciones con la misma desenvoltura que si hiciera la lista de la compra, los lúgubres empates anunciados por los más realistas o la tentación canovista con que intenta seducirle el sector más ultra del partido, encabezado por un Bono incapaz de disimular las ansias de desquite.

Y todo como si no hubiera más alternativa y las cosas se dilucidaran exclusivamente entre tan impresentables contendientes. Ni conmigo ni sin mi —parecen decir al elector— tienen tus males remedio, pero opta por quien te va a causar el menor de los daños. Afortunadamente, hay otros mundos que no son el del PP-PSOE (UPN-PSN), otras visiones de la vida y otras formas de hacer política.

En este contexto, ambos líderes —ambos capitidisminuidos— se afanan en una carrera histérica por sobornar a la ciudadanía con añagazas diversas, algunas apelando a lo más oscuro del alma humana. Es lo que ocurre con el «contrato de integración» de Rajoy. Contrato que sólo se compadece con adjetivos como ridículo o patético. No vayamos a pensar que la política del PSOE ha sido mucho mejor. Como en casi todo, se ha quedado a medio camino y después de una regularización tan necesaria como mal explicada, ha dado rienda suelta a corrientes xenófobas más dignas de atención por razones de pedagogía política que de captura de votos.

Por supuesto, el pretendido contrato es inconstitucional de punta a rabo, aunque en los tiempos que corren es algo —lo de los derechos fundamentales— que parece preocupar poco tanto al PP como al PSOE. Pero fijémonos en algunos detalles. Prescribe compromisos como cumplir las leyes o aprender la lengua. El primero es ridículo porque es exigible a todo el mundo. El segundo, porque si quieren desenvolverse adecuadamente no les quedará más remedio. Queda la duda de a qué lengua se refiere Rajoy o si hablar catalán en la intimidad supone incumplimiento contractual.

Otros son ofensivos, como pagar impuestos (se supone que directos, porque los indirectos los pagan, como —casi— todo hijo de vecino). Seguramente —y esta aseveración debería ser un aldabonazo en la conciencia de próceres tan sesudos como Rajoy o Arias Cañete— el de los inmigrantes es el único colectivo interesado en pagar impuestos, entre otras razones porque eso significa que están en una situación regular y hasta estable. Cuando no los pagan suele ser porque no pueden, demasiado a menudo por estar en las garras explotadoras y chantajistas de empresarios (autóctonos) sin escrúpulos.

Comentario singular merece el compromiso de respetar las costumbres de los españoles. ¿Las buenas o las malas? ¿Las tópicas o las sensatas? ¿Las de la España eterna o las de los que quieren romper España? ¿Terminarán los inmigrantes obligados a ir a los toros con peineta y mantilla (española, of course)? No dejaría de tener gracia, habida cuenta de que el PP también se plantea restringir el uso del velo. ¿Extenderán la medida a las monjas católicas o a las majas madrileñas? ¿Cómo se establecerá el criterio delimitador de lo lícito y lo ilícito? ¿Metros cuadrados de tela, superficie del rostro visible (oculta), distancia hasta el suelo? Arduo dilema de consecuencias imprevisibles… Seguramente con esto de los toros, la mantilla y el exigible atracón de «canción española» (igual así venden algo; que pongan a Ramoncín en el catálogo), estará relacionado el requisito de trabajar activamente para integrarse en la sociedad. O quizá ello pasa por afiliarse a algún club parroquial, hartarse de morcilla y trabajar con ahínco viernes, sábados y, ya que son inmigrantes y vienen a lo que vienen, domingos también.

Pero Rajoy es magnánimo y, a cambio del cumplimiento de tan nimias y razonables exigencias, les promete algo: nada menos que «los mismos derechos y prestaciones que a un español». Es decir, mientras no cumplan los requisitos contractuales estipulados por don Mariano —que por eso mismo no van a ser un dechado de tolerancia— están condenados a un appartheid de hecho que los convierte en ciudadanos de segunda o de tercera mientras Rajoy no decida lo contrario. Su problema, y el de Aznar, es que quieren imitar a caudillos protofascistas como Berlusconi o Sarkozy pero les falta mucho glamour para ello. Por no hablar de las referencias de algunos miembros del PP a la higiene. Son como nuevos ricos, que acaban de descubrir las excelencias del agua corriente, aunque todavía no saben a ciencia cierta para qué sirve el bidé… Ahí quedan también las declaraciones de Arias Cañete sobre los camareros «españoles». Está claro que la situación ideal, de los «españoles» y de los inmigrantes, para los capitostes del PP, es la sumisión y la servidumbre.

Rajoy promete a los que cumplan sus condiciones «ayudarles en su integración y respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a las españolas». Esto es, que vayan espabilando porque si no son de misa dominical y sábado sabadete (esto los más afortunados) se arriesgan a una ominosa deportación, quizá —siguiendo el ejemplo de Mayor Oreja— debidamente «colocados».

Al final, estas propuestas denotan no ya el omnipresente miedo de la derecha a lo extraño sino, lo que es mucho peor, el afán de explotar electoralmente los más bajos instintos de la población. Sería muy triste que el electorado fuera efectivamente sensible a argumentos como los expuestos.

Cambalache: ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!

Después de tanto ruido en los últimos meses, después de proclamar unos que Navarra no se vende y otros que Navarra, siempre, les ha faltado tiempo para empezar a trapichear a costa de Navarra. El comunicado de ETA anunciando el final del alto el fuego ha contribuido decisivamente a embrollar aún más las cosas. Nada inesperado, por otra parte. Quedaba por saber el momento y ETA ha dejado clara su opción. Ha elegido la mejor coyuntura para dinamitar las negociaciones para la formación de gobiernos alternativos y, concretamente, la posibilidad de que Nafarroa Bai obtuviera la alcaldía de Pamplona. Existe un curioso maridaje entre ETA y UPN-PP, una confluencia de intereses que hace que cada uno se beneficie de las decisiones del otro. De hecho, el PP necesita a ETA y así lo ha reconocido implícitamente con su obsesión enfermiza tras el 11-M, que sólo ha comenzado a ceder cuando el juicio ha ido refutando las peregrinas hipótesis que sucesivamente se ponían sobre la mesa; pero para entonces el PP ya disponía de un nuevo juguete con el que mantener prietas las filas y arremeter contra Zapatero: Navarra.

A su vez, ETA también necesita al PP. Diríase que ha llegado a la conclusión de que Zapatero carece de capacidad de decisión a causa del estrecho marcaje al que está sometido, y que quien puede tomar decisiones efectivas es Rajoy. El corolario es obvio: hacer lo posible para que el PP vuelva al poder. Y hablando de ETA ese «hacer lo posible» pone los pelos de punta.

En medio, Zapatero. Su gran preocupación tras la ruptura del alto el fuego es suavizar la actitud del PP, para mitigar su repercusión en las próximas elecciones generales y lo que, como consecuencia, pueda ocurrir hasta entonces. Curiosamente, el cambio de estrategias da lugar a un nuevo escenario en el que todo vuelve a ser posible. Por un lado, la moderación del PP le puede facilitar la vuelta al gobierno. Por otro, ETA puede acobardarse y facilitar las cosas a Zapatero. Por último, el PSOE puede descubrir que la mano dura vende y optar por seguir esa vía...

Sea lo que sea, la primera víctima de la reunión Zapatero-Rajoy fue el Ayuntamiento de Pamplona. Podrán decir lo que quieran, el PSN podrá intentar salvar la cara —y la dignidad— apelando a que la decisión fue suya. Pero la evidencia es abrumadora, incluyendo la críptica apelación de Rajoy a Zapatero para que «cumpliera lo que habían acordado el lunes», tras su «absurda» pregunta en la sesión de control al Gobierno.

Por cierto, que la lectura del acuerdo del PSN de no apoyar candidaturas que requieran los votos de ANV puede llevar a situaciones curiosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría en una votación de los presupuestos de Pamplona en la que NaBai, PSN y ANV estuvieran en contra? Como los votos de ANV serían decisivos para el resultado de la votación el PSN se abstendría, lo que implicaría la aprobación de los presupuestos con la mayoría relativa de UPN. Es decir, el PSN sólo se involucrará en cuestiones de poca enjundia. Entonces, ¿para qué se ha presentado a las elecciones? ¿hay votos más inútiles que los que ha recibido ese partido? En estas condiciones, enternecen las declaraciones de Torrens sobre la oposición que va a hacer. Quizá Mori sepa explicarle lo que significa estar en la oposición en un ayuntamiento, dado el carácter presidencialista de su gobierno (no digamos nada si, además, lo preside alguien del talante autoritario y despótico de Barcina).

Pese a quien pese, ETA marca la agenda política y las decisiones de PSOE y PP. Pese a quien pese, Barcina debe la alcaldía a ETA. Si está dispuesta a aceptar el cargo en una situación de excepcionalidad como la presente y satisfaciendo los deseos de una organización terrorista, debería aplicar criterios igualmente excepcionales y gobernar por consenso, dando entrada en el equipo de gobierno al menos al grupo que, previsiblemente, hubiera obtenido la alcaldía de no mediar el chantaje de ETA.

En resumen, Navarra no se vende pero Zapatero nos ha vendido (y al peor postor).

Zapatero y la «realpolitik»: ¿Se desvanece el impulso del 14-M?

Parece que hasta las matemáticas se alían con el bueno de Zapatero. Y si no, fíjense: si llamamos —como es habitual— Z al conjunto de los números enteros y consideramos aquéllos que son múltiplos de un número natural p, el resultado es un conjunto, Zp, cuya estructura se
denomina ideal. Quizá sea por esta concatenación de elementos favorecedores —todo recuerda las cartas astrales de los reyes de la Antigüedad— que de ser un bambi objeto de burlas y chistes fáciles, se ha convertido en la bestia negra de la derecha, un monstruo agazapado en las espesas brumas de las peores pesadillas del ZAR (el clan Zaplana-Acebes-Rajoy). Es cierto que el período de gobierno de Zapatero ha dado alas a cuantos, desanimados por el desbarajuste de los últimos años de gobierno de González y la regresión del aznarato, desconfiaban ya de la posibilidad de acometer cambios con una orientación progresista. Sin embargo, a medida que Zapatero y su gobierno perdían la virginidad (en política eso ocurre poco a poco y las más de las veces el interesado ni se entera) surgían sombras, medias tintas o francos incumplimientos que empobrecen el saldo final. Veamos algunos ejemplos.

En primer lugar, la conocida coloquialmente como Ley de la Memoria Histórica, uno de los señuelos en que el presidente más había insistido, dando a entender que se trataba de un empeño personal suyo. Era evidente que se imponía algún tipo de reparación a quienes soportaron incluso el oprobio de ser condenados por rebelión militar debido a su lealtad constitucional y republicana, sin que nadie se haya molestado en anular esas causas (no hablemos de enjuiciar a tantos responsables de aquello y de lo que vino después: ¿dónde está el Garzón chileno que haga aquí su trabajo?); y ello por mucho que pese a quienes se dedican a publicar esquelas de «asesinados por las hordas (marxistas, rojas, republicanas, póngase lo que mejor acomode)»; muertos que, en todo caso, no cesaron de generar honores, prebendas y aun pensiones durante bastante más de cuarenta años. Sin embargo, después de presentar un proyecto ya de por sí limitado, aunque admisible, la propia Presidencia del Gobierno dio instrucciones para rebajar y diluir drásticamente las pretensiones iniciales. La excusa, atraer al PP a un consenso al que difícilmente se va a prestar porque lleva mucho tiempo recibiendo en longitudes de onda incompatibles con emisores democráticos.

Un segundo aspecto a considerar del período de Zapatero es el de la inmigración. Después de un comienzo prometedor, incluyendo una regularización tan beneficiosa como mal explicada, se cae en la trampa pueril tendida por el PP a cuenta de la llegada de cayucos a Canarias (que es, recuérdese, una ínfima parte de la inmigración total) y comienzan los bandazos al socaire de las encuestas. Una de las consecuencias la estamos viendo estos días, con el vídeo del PP en el que se liga de forma nada sutil inmigración y delincuencia. Algo que ya hizo el Gobierno de Aznar en su día, violentando sus propias estadísticas para apelar a los instintos más viles.

Igualmente pobre ha sido la actuación gubernamental en relación con la financiación de la Iglesia y el tratamiento de la asignatura de religión, perdiéndose una nueva oportunidad y dejando el problema latente. Era una ocasión excelente para denunciar los inconstitucionales acuerdos con la Santa Sede, establecer unas relaciones España-Vaticano propias de estados modernos, resolver la escandalosa situación laboral de los profesores de religión (tolerada y, lo que es peor, financiada por el propio Estado) y llevar la impartición de doctrinas religiosas y el proselitismo a su ámbito natural. Lejos de eso, se eleva la financiación pública a la Iglesia nada menos que en un 40%. Para colmo, se vende la historia como si no fuera una subvención, sino una especie de derecho privativo de la Iglesia Católica y se da a entender que desaparece la financiación presupuestaria. El mismo obispo de Pamplona así lo afirma: «Esta modificación permitirá prescindir del complemento presupuestario que el Gobierno añadía cada año para completar el resultado de la asignación tributaria hasta la cantidad prevista». Debe quedar
claro que esa cantidad es sólo para sostenimiento del clero, no para las actividades sociales que puedan desempeñar organizaciones católicas, que se financian por otras vías. Por tanto, lo único que ha hecho el Gobierno ha sido incrementar más que generosamente la financiación de la Iglesia con cargo a los presupuestos públicos. Y a cambio sólo obtiene una oposición política feroz y muy sesgada hacia postulados extremistas, al tiempo que alienta la desobediencia civil (¿procesará algún juez al portavoz Camino?).

Para terminar el catálogo, la última rebaja fiscal, aprovechando el superávit presupuestario: una acción socialmente regresiva y que socava las bases de la acción redistribuidora que usualmente se reconoce al sector público. Y ello no por la existencia en sí del superávit. La idea del ministro Solbes de contemplar el objetivo del equilibrio presupuestario en el conjunto del ciclo económico es razonable. Las alegrías presupuestarias en fases expansivas terminan por ser dañinas para los más desfavorecidos cuando llegan las recesiones, porque el déficit se hace insostenible y da lugar a la reducción o eliminación de prestaciones sociales. Baste recordar lo que ocurrió durante la crisis de principios de los noventa. Pero traducir el superávit en rebajas fiscales cuando el Estado del Bienestar deja en España tanto que desear es otra historia. Debería ser la última medida en contemplar, nunca la primera.

Habría más aspectos de la actividad gubernamental a comentar, pero este pequeño catálogo es, entiendo, el más significativo. Da la impresión que se gobierna a golpe de encuestas y sondeos, algo peligroso y de resultados inciertos, porque relega ideologías y principios a favor de un
pragmatismo no siempre coherente. Como ejemplo, ahí tienen a Blair, a punto de concluir su período de gobierno sin logros particulares que exhibir, como no sea la guerra de Irak o la habilidad para ganar elecciones sin tener nada que ofrecer. Y, mientras tanto, practicando políticas de seguridad y derechos humanos dignos de la derecha más rancia en su obsesión por la ley y el orden. Zapatero olvida que ha llegado al Gobierno por el entusiasmo de una izquierda que busca algo más que un progresismo social de gestos. Si se empeña, como hizo en su día González, en sobornar a la clase media para mantenerse en el poder, olvidando su base social natural, se quedará sin base y sin poder.

(Diario de Noticias, 28 de noviembre de 2006)