Eficiencia, equidad y redistribución

Estas semanas atrás el centro de los debates ha estado en Navarra en los presupuestos, aprobados finalmente por el Parlamento el pasado día 22. Hemos oído hasta cansarnos que son los únicos presupuestos posibles, que son los que Navarra necesita o que no se puede hacer otra cosa si se ha de cumplir el objetivo de déficit. Pues bien, Navarra no los necesitará tanto cuando ya son, y se sabía que así iba a ocurrir, papel mojado. Pero es que aun admitiendo el objetivo de déficit, la distribución del gasto en sus distintas partidas es una cuestión ideológica, que trasluce una concepción de la sociedad, la economía y, por qué no, la política. La estructura de los ingresos (peso de impuestos directos e indirectos, tipos impositivos, progresividad) también nos dice cuáles son las prioridades, preferencias y lealtades del Gobierno. Puede parecer perogrullada u obviedad recordarlo, pero se suele olvidar que el presupuesto tiene dos lados: ingresos y gastos. No hay nada inocente o casual en la forma concreta que finalmente adquiere el presupuesto.

Deflactan, luego cabalgamos

Gobierno de Navarra y PSN (esto es, el Movimiento, en versión foral y reseteada) anuncian con evidente autocomplacencia la deflactación (vaya palabro) de la tarifa del IRPF para 2009 en un 2,5%. No deja de sorprender la capacidad de Miranda para decir con toda naturalidad una cosa y la contraria en plazos de días, vendiéndolo, además, como idea propia. Lo hizo con los 400 euros, lo repitió con los Presupuestos Generales del Estado y lo vuelve a hacer ahora. Está claro que este hombre tiene futuro en UPN.

A lo que iba. ¿Qué están anunciando a bombo y platillo? Simplemente, que cumplen con su obligación de gobernar. Más o menos como si Miranda diera una rueda de prensa cada mes para dejar constancia de que ha firmado la nómina del personal de la Administración navarra. La medida acordada no significa reducir impuestos, sino dejarlos como están. Por el contrario, no deflactar la tarifa supone una subida (encubierta y, se presume, menos dolorosa) de impuestos. Luego lo que, en su caso, hubiera debido anunciarse es precisamente la renuncia a la deflactación. Demasiado a menudo da la sensación de que estos gobernantes consideran que las entendederas de la ciudadanía son escasas o que apechuga con cualquier tontería que se le pretenda encasquetar.

Pero el asunto aún da más de sí. En una nueva profesión de fe en su peculiar —por cutre, alpargatera y casposa— noción del keynesianismo, nos salen con que, magnánimos ellos, la reducción de la tarifa no se queda en la inflación prevista sino que añaden ¡un 0,5% más! a fin de aumentar la renta disponible de las familias «para que ahorren, consuman o paguen préstamos» (la cita quizá no sea literal, es lo que se recoge en la prensa, pero me da pudor no entrecomillarla, no sea que parezca mía). Es, dicen, «una nueva medida social». ¿Qué entenderá la gente del Movimiento por «social»? ¿Un sistema sólido de prestaciones sociales y solidaridad interpersonal? ¿Pagar un 0,5% menos de IRPF? Porque los sedicentes socialistas navarros están haciendo todo lo posible para que lo primero sea inviable…

Y es que lo del «regalo» del 0,5% suena a cachondeo, porque se basa en una inflación prevista para 2009 del 2%. De risa. ¿Apostaría Miranda su congeladísimo sueldo de lo que queda de legislatura a una inflación del 2% en 2009? ¿A que no? Porque no se cree esa cifra. Una nueva burla, dar a entender que hay un regalo adicional cuando es muy probable que la inflación esté en 2009 por encima de ese 2,5%. Miranda ha dejado claro este mismo año, con su propio sueldo, la seriedad con que se toma la cifra de inflación prevista.

De este paripé cabe extraer dos conclusiones: la primera, que el Gobierno de Navarra está paralizado, es incapaz de afrontar situaciones críticas y carece de propuestas distintas a las de asegurar el negocio a sus socios en la sombra de tantos años, sobre todo del mundo inmobiliario. La segunda, que necesitan dar pábulo al PSN para que parezca que tiene iniciativas y puede ser un socio eficaz. Ya sólo falta oficializar el noviazgo. A tal fin, si me permiten, propondría una denominación de síntesis para el Movimiento. La unión de UPN y PSN daba UPNPSN. Como el orden de los factores no altera el por otra parte indefinible producto, podemos escribir UPPNSN, esto es, U(PPN)SN. Dado que el PPN voló, lo que nos queda es USN ¿Que qué quieren decir esas siglas? Qué más da. Si hasta ahora no ha importado, no vamos a empezar a preocuparnos ahora…

Autonomía fiscal, política económica y sobornos electorales

La promesa electoral de la «devolución» de 400 euros del IRPF ha generado una polémica en la que se mezclan dos aspectos bien distintos que conviene tratar por separado. El primero tiene que ver con la conveniencia de la medida en la actual coyuntura económica. El segundo, con su aplicación en Navarra.

La medida consiste en una deducción de la cuota líquida del impuesto para perceptores de rentas del trabajo o autónomos, que reduce la carga fiscal individual en 400 euros. Tal como aparece en el decreto que la regula, la idea es adoptar «medidas de naturaleza fiscal que mejoren la renta disponible de las familias». Un somero repaso a cualquier manual de introducción a la economía nos proporcionará un respaldo sólido: la reducción del ritmo de actividad económica aconsejaría aumentar la capacidad de gasto de las familias para así incrementar el gasto agregado y frenar la desaceleración económica. En este sentido, podríamos considerar teóricamente indiferente la reducción de impuestos o el incremento del gasto público para encarar tiempos difíciles. Sin embargo, no es así.

Para empezar, los impuestos progresivos como el IRPF ya reflejan la evolución de la situación económica, por cuanto la cuantía a pagar se altera automáticamente al variar la renta (declarada) de los individuos. Si la presión fiscal fuera insostenible o, al menos, muy elevada, se podría admitir un alivio fiscal adicional en período de crisis. Pero no es el caso: el gasto público en España está en torno al 80% de la media de la Unión Europea (27 países). Precisamente —y siguiendo al propio Solbes— si el equilibrio presupuestario ha de ser un objetivo a alcanzar en el conjunto del ciclo económico y no año a año, es porque en las fases de menor crecimiento o de recesión entran en funcionamiento mecanismos que impulsan el gasto público al alza y los ingresos a la baja. Si a esa recaudación ya disminuida se añaden reducciones fiscales, el superávit acumulado se agota rápidamente —se dilapida— y el déficit puede desbocarse, de manera que al operar los estabilizadores automáticos e incrementarse el gasto social, se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que en recesiones anteriores, esto es, la reducción de prestaciones sociales, que afecta con mayor intensidad a los grupos más desfavorecidos. Por ello es discutible que una medida así sea «progresista»: se reduce capacidad de actuación precisamente cuando más necesaria va a ser, especialmente en el terreno social.

En una «cata a ciegas» de políticas económicas, difícilmente un catador avezado atribuiría a un gobierno de izquierdas una medida así, más propia del thatcherismo o del «conservadurismo compasivo» de Bush. Es característico de gobiernos de derechas traducir de inmediato cualquier superávit que pueda aparecer en las cuentas públicas en reducciones impositivas con el argumento, falaz, de devolver a la ciudadanía parte de lo que aporta. Recientemente, para justificar su veto a una ampliación de la cobertura sanitaria infantil, Bush adujo que «no es aceptable la expansión del sector público, en lugar de hacer los cambios necesarios para fortalecer un sistema basado en el consumidor». No es que el gobierno socialista haga suyas necesariamente esas premisas (alguno de sus más influyentes miembros sí), pero los resultados son los mismos. El conservadurismo compasivo (una mezcla de políticas económicas y supuestamente sociales cuyas bases ideológicas proceden de la época de Reagan) dirige todos sus esfuerzos a reducir la presencia del sector público, especialmente en el terreno social, aun a costa de aceptar mayores desigualdades y formas diversas de beneficencia. Repartir cupones de comida no es política social. Evitar que sea necesario repartirlos, sí. Una vez más, Zapatero muestra la debilidad de sus convicciones progresistas en favor de medidas regresivas pero populares (y populistas).

¿Y qué pasa en Navarra? Si la situación ya resulta difícil de entender a los naturales del Reyno, para los foráneos debe de ser completamente incomprensible. El lehendakari Sanz parece no conocer el régimen fiscal de Navarra, y al tiempo que presume de un keynesianismo de alpargata (cemento y gasto ya previsto), reclama que sea el Gobierno de Madrid el que devuelva los 400 euros a los contribuyentes de Navarra. Un brindis al sol, que sale gratis. Puestos a ser rigurosos, ni siquiera es cierto que —como ha afirmado— los navarros hayan contribuido al superávit presupuestario, salvo en un sentido muy genérico e indirecto.

El PSN, por su parte, exhibe su populismo de derechas y, con su portavoz Jiménez en pose zarzuelera, exige que la Hacienda Foral se haga cargo del coste. Es decir, pretende que un gobierno de otro partido aplique una promesa electoral suya. Como de costumbre, van de farol. Quizá sólo pretendan tapar sus propias vergüenzas, al aire desde el momento en que no se molestan en aclarar a sus posibles votantes que la medida no era de aplicación inmediata en Navarra, porque la decisión corresponde al Gobierno de Navarra, que es de UPN. Otro brindis al sol, que sale gratis. El PSN sólo podría prometer algo así si gobernara en Navarra, que, como todo el mundo sabe, no es el caso. Pero aunque fuera así (algo que no parece entrar en los planes de Elena Torres), sólo muestra que el PSN cree poco en la autonomía fiscal de Navarra, ya que se limita a trasladar miméticamente lo que otros deciden fuera.

La autonomía fiscal de la que tanto alardean socialistas y conservadores y que tan mal administran y protegen, significa que —con más limitaciones de las deseables— Navarra controla los dos lados del presupuesto: los ingresos y los gastos. Es ese detalle el que convierte dicha autonomía en el elemento esencial, en la base de la autonomía política y del bienestar (muy menoscabado después de tantos años de gobierno de UPN) de nuestra sociedad. De tal manera que, para ver si —como tanto se ha oído estos días— un navarro está en mejor o peor situación que otros ciudadanos, habría que comparar el resultado final, en términos de obligación fiscal a igualdad de condiciones y de calidad de prestaciones sociales; nunca partida por partida, un mecanismo que, de paso, llevaría a la desnaturalización de la autonomía fiscal y terminaría en la pura traslación a Navarra del IRPF estatal.

Lo que sí es grave, y de ello apenas se habla, es la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que significa de señal a la ciudadanía de la deriva de la política fiscal. Su misma justificación: no lo pagan los más ricos, sino las fortunas medias; si se admite el argumento, habría que suprimir el IRPF, que se ceba en las rentas salariales y no precisamente en las más altas. O la eliminación de los impuestos que gravan sucesiones y donaciones. La derecha se dedica a difundir la idea (insidiosa) de que todo lo público (salvo la ley y el orden) es malo y que el fisco no hace más que confiscar rentas limpiamente ganadas. Se olvida de que buena parte de esas rentas (en número y cuantías) se debe justamente a la existencia del sector público. Y no es causalidad que los cambios que se ejecutan al amparo de estas argumentaciones vayan en detrimento de quienes están en peor situación. Las recesiones se suelen saldar con menos prestaciones y de peor calidad y más desigualdad. Esta vez con la complicidad de un gobierno que se dice de izquierdas.

Milagros, mentiras y privilegios

Una de dos, o la jerarquía eclesiástica y sus adláteres (neocatecumenales o Foro de la Familia, por ejemplo) son mentirosos contumaces o son capaces de repetir hasta la náusea el milagro de los panes y los peces. Porque es demasiada casualidad que cuando la Conferencia Episcopal alienta directa o indirectamente una manifestación, las cifras que surgen del proceso de razonamiento y la aplicación de técnicas de cálculo convencionales difieren sustancialmente de las que ofrecen los organizadores. Y si no, veamos.

Manifestación del 18 de junio de 2005. La imagen de Rouco con gorra de béisbol y gafas negras, ejerciendo de capo di tutti capi entre otros obispos de parecida guisa es imborrable. Pero más allá de la anécdota, los organizadores de la manifa dieron una cifra de 1.500.000 participantes. El cálculo del periódico El País, que puede calificarse de generoso puesto que se basaba en una ocupación de cuatro personas por metro cuadrado, estimaba la asistencia en 180.000 personas. El factor de multiplicación es, pues, de 8,33.

Manifestación del 30 de diciembre de 2007. Conmovedor e iluminador llamamiento de Rouco y García-Gasco en favor de la democracia y los derechos humanos. Hasta dónde llegará nuestra ignorancia que desconocíamos que ampliando derechos y libertades de los individuos se pone en peligro la misma democracia. Hay que decir en nuestro descargo que si san Agustín no pudo con lo de la Santísima Trinidad, ¿cómo vamos a poder nosotros, ignaros mortales, con semejante misterio? Pero vayamos a lo que interesa. La organización proporciona una cifra de 2.000.000 de asistentes. El periódico El País, aplicando una ocupación media por metro cuadrado de dos o tres personas, según zonas, obtiene un total de algo menos de 160.000 manifestantes. He de decir que no tengo una devoción especial por ese periódico, pero suele ser riguroso y certero en estos cálculos y, además, proporciona el método utilizado. A mayor abundamiento, es sintomático que en este caso la Comunidad de Madrid, fuente audaz, poco comedida y muy proclive al falseamiento de datos, no ha ofrecido ninguna estimación. El factor de multiplicación es de 12,5.

¿Qué pasa con el original, esto es, la multiplicación de los panes y los peces? Con ligeras variaciones, aparece narrado en los evangelios de san Marcos (6, 1-15) y san Juan (6, 30-46) (san Marcos vuelve a narrar un episodio similar unos capítulos más adelante, seguramente por despiste). Es el caso que con cinco panes y dos peces se dio de comer a una muchedumbre de 5.000 hombres. Y digo hombres porque no queda claro si sólo había hombres, si sólo se dio de comer a los hombres o si sólo se cuentan los hombres porque el resto (presumiblemente mujeres y niños) no es digno de consideración. Por no hacer cálculos complicados y tener que asignar ponderaciones a panes y peces, se puede admitir que, en una tesitura como la que había, con cinco panes y dos peces podían comer entre tres y cinco personas (en aquella época la dieta mediterránea consistía en cereales y vino). Esto significa un factor de multiplicación de 1.250, muy lejos, pues, de los émulos actuales.

Ciertamente, son posibles algunas correcciones sobre las estimaciones basadas en la ocupación del suelo. Por ejemplo, téngase en cuenta que en las dos manifestaciones había un buen puñado de asistentes que eran menores y que, por tanto, estaban haciendo bulto pero no asistían libremente. Dadas las características del colectivo al que se dirigían las convocatorias, cabe suponer que la proporción de menores es mayor que en un colectivo representativo de la población. Quedémonos con los que tienen menos de 16 años, que representan el 16 por ciento de la población española. Supongamos, pues, que en estas manifestaciones los menores de 16 años son el 20 por ciento. Añadamos a ello que los niños, pese a tener menos volumen, ocupan más espacio, ya sea por sus naturales necesidades de movilidad, ya sea porque van en carritos. Por no ser drásticos, rebajaremos los cálculos en una persona por metro cuadrado en ambas manifestaciones, salvo en la del pasado día 30 en las zonas de la calle de Génova, Castellana y Recoletos, donde se mantienen las dos personas por metro cuadrado de la estimación inicial. Con esta corrección, quedarían 135.000 asistentes en 2005 y 137.000 en la del día 30. Descontando los menores de 16 años, da un total de 108.000 y 110.000, lo que eleva el factor de multiplicación a, respectivamente, 13,90 y 18,18, todavía muy lejos del original.

Aún sería posible algún perfeccionamiento más sutil. Por ejemplo, ¿cabe contabilizar como asistentes a una manifestación en favor de la familia a personas que están retiradas de la vida familiar convencional y alimentan formas «familiares» peculiares, alejadas del estándar católico y de tipo cuasimilitar, con voto de obediencia y sometimiento disciplinario incluidos? Me refiero, claro está, a tantos clérigos como se veían en las dos manifestaciones. Pero la exclusión de ese colectivo tampoco va a mejorar tanto el resultado.

La conclusión más pertinente es, creo yo, que una mentira tan gorda no puede justificarse por el cándido afán de emular al Maestro (se quedan muy lejos de su proeza), sino por la pura ambición de engañar, siguiendo a otro maestro, el que decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad.

Y un tema de reflexión. Ambas manifestaciones han tenido lugar para pedir la reducción de derechos (y eso es discriminación, no precisamente positiva) a personas concretas. Y a pesar de eso, siguen recibiendo cuantiosos fondos públicos (no se olvide que la dichosa crucecita de la declaración del IRPF es, exclusivamente, para los sueldos de curas y obispos). No hace mucho han propugnado el incumplimiento de la ley por funcionarios y ciudadanos ¿Qué pasaría si cualquier otro colectivo hiciera lo mismo? A qué espera Garzón para abrir un procedimiento de ilegalización de la Iglesia católica, meter en chirona a Rouco y sus secuaces e incautar los bienes eclesiásticos? ¿O es que las exigencias no son iguales para todos? ¿Va a resultar cierto que quienes forman el clero católico son ciudadanos superiores a los demás?

De impuestos y transferencias: ¿qué política fiscal?

El pasado 17 de septiembre hubo elecciones en Suecia y las ganó el bloque conservador, en lo que se interpretó como una reacción de hastío tras doce años de gobierno socialdemócrata. Conviene aclarar que desde 1930 los conservadores apenas han gobernado diez años (1976-1982 y 1991-1994). Su último período concluyó abruptamente debido, al parecer, a que el electorado no veía con buenos ojos la aplicación de las teorías neoliberales en lo que a intervención pública en la economía y sistema de prestaciones sociales afectaba. El señuelo de las reducciones impositivas no funcionó. En 1994, cuando la derrota conservadora parecía inminente, los empresarios intervinieron en la campaña electoral, advirtiendo que de ganar los socialdemócratas podría haber un desplazamiento masivo de empresas e inversiones a países con menores exigencias ambientales, fiscales y laborales.

Pues bien, nada de eso ocurrió. La situación de Suecia es hoy envidiable en muchos aspectos. Incluso tiene superávit presupuestario y todo ello a pesar de permanecer fuera de la unión monetaria europea. Hace unos años se llegó a pensar en realizar un referéndum para aprobar rebajas impositivas y se renunció porque los estudios de opinión señalaban que una mayoría amplia de la población prefería pagar más impuestos a cambio de mantener el sistema de prestaciones sociales. ¿Qué ha pasado en estos años para que los conservadores hayan podido llegar al gobierno? Algo tan simple como que han renunciado a sus viejas aspiraciones y ya no hablan de adelgazar el Estado del Bienestar.

Desde que se iniciara la denominada revolución conservadora , la reducción de impuestos ha sido objeto de una competencia frenética entre gobiernos de todo signo; nadie quiere aparecer como el elevador -ni siquiera mantenedor- de impuestos (otra cosa es la carga fiscal, como bien sabe el PP). Puesto que unos menores ingresos dan menor capacidad de gasto (y, no se olvide, menores posibilidades de reacción cuando vienen mal dadas), el resultado es una reducción (asimétrica y regresiva) de las prestaciones y servicios sociales, en cantidad y calidad.

A pesar de todo, hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.

La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.

Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proveer de recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. No estaría de más en este contexto alguna reflexión sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias.

Viene esto a cuento de la presentación al Parlamento del proyecto de presupuestos de Navarra para 2007 y las declaraciones del consejero Iribarren en torno a los mismos. El consejero planteó dos cuestiones que son muy reveladoras de la concepción que tiene la derecha acerca del funcionamiento de la economía y el papel del sector público, así como de la actuación de UPN en sus años de gobierno (dejemos aparte el ciclo electoral del gasto público, que daría para mucho, especialmente en los presupuestos de 2007, buen indicador de hasta dónde cunde el nerviosismo). Y explican el ya evidente deterioro de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Deterioro que no se arregla a última hora proyectando algún colegio o vacunando contra la varicela.

Iribarren reconoció que no es posible incrementar el gasto social, pero el argumento es, como mínimo, irrespetuoso con los asalariados: el 87% de la recaudación del IRPF procede de los salarios y los trabajadores no van a querer que se les suban los impuestos. Es decir, los salarios representan algo más de la mitad de las rentas de la economía, pero el 87% de la recaudación por IRPF. En esas condiciones es lógico que los asalariados no quieran pagar más. Pero seguro que se puede incrementar el exiguo 13% de las rentas del capital. Aplicado a los presupuestos de 2007 ello equivaldría a recaudar de media el 14% de los salarios, pero sólo el 2% de las rentas del capital. Eso sí que es un paraíso fiscal. Y para colmo, el consejero alardeando de que se premia el ahorro. Hagan una cuenta sencilla: con unos ingresos netos anuales de 18.000 euros (sin deducciones familiares ni de otro tipo), la cuota a pagar es de casi un 50% más si las rentas son del trabajo que si proceden del capital; y para tener unas rentas del capital así es necesario un patrimonio de cierta entidad. El viejo cuento de vender reducciones de impuestos y mejora de prestaciones termina por ser insultante y demagógico porque, a diferencia de lo que afirma el consejero, no incrementa el bienestar. Y ahora nos viene con que no vale compararse con Alemania. Quizá hay que compararse con Haití. Cuando conviene, Navarra es el ombligo del mundo. ¿Y cuando no, qué es? ¿Una hemorroide?

(Diario de Noticias, 8 de noviembre de 2006)