Un suspenso para Banca Cívica

Es de esperar que los resultados de la prueba de esfuerzo (stress test) realizada a la banca española y europea no habrán sentado muy bien en la sede de Banca Cívica (en Madrid) ni, por tanto, en la de Caja Navarra (¿en Pamplona?). Los argumentos utilizados para justificar tales resultados han sido pueriles y consisten, en esencia, en el manido truco de matar al mensajero: el problema está, se ha dicho, en la metodología utilizada, sobre la que existe consenso en Europa. Ha faltado tiempo para anunciar la entrada de capital privado (estadounidense) y, por tanto, el inicio de la privatización de la entidad. Ciertamente, hay que situar la prueba de esfuerzo —que no de solvencia, como se ha llegado a escribir— en su contexto y no perder de vista lo que trata de medir. Como tampoco hay que olvidar las razones que llevaron al Gobierno y al Banco de España a realizar la prueba a un número inusitadamente elevado de entidades. Pero, finalmente, sólo cuatro de un total de veintisiete no la superaron. Así pues, las cosas no parecen ir como se anunció a bombo y platillo —en esa permanente confusión de información con propaganda— que iban a ir. La manera misma en que se anuncia la entrada de JC Flowers en Banca Cívica, y los detalles de la operación, no hacen sino añadir leña al fuego. Vayamos por partes.

Las medidas de «gran alcance» de Sanz

El Parlamento está debatiendo un proyecto de ley foral «de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 2009-2011», remitido por el Gobierno y en cuya exposición de motivos se argumenta que una iniciativa de «gran alcance» como el plan Navarra 2012 requiere ser complementada con medidas fiscales y financieras. El proyecto no contiene grandes novedades. Se trata de trasladar a Navarra medidas ya adoptadas por el Gobierno de Zapatero.

En primer lugar, se regula la devolución de los 400 euros en versión foral. Con la excusa de mejorar la progresividad del impuesto, se introducen cuatro tramos que van desde los 440 euros para las rentas del trabajo más bajas a 0 euros para las que superen los 45.800 euros. Claro que el proyecto habla exclusivamente de «rendimientos netos del trabajo», sin ninguna cautela adicional, lo que significa que, por ejemplo, una persona que tuviera 100.000 euros de rentas del capital y 9.000 euros de rendimientos del trabajo (por ejemplo, por asistencia a algún consejo de administración), se podría deducir 440 euros. Pero una persona cuya renta salarial sea tan reducida que no tenga obligación de declarar y no se le haya retenido nada, no se deduciría nada. Para poder obtener la deducción de 440 euros una persona sin obligaciones familiares tendría que percibir, como mínimo, 4.000 euros de rendimientos del trabajo y, unos 7.800 de ingresos totales (11.200 si tiene dos hijos). Eso es lo que significa, para el Gobierno de Navarra, “acentuar la progresividad del tributo”, favoreciendo “a las rentas laborales más bajas”. Regresivo, inconsistente y demagógico.

Una segunda medida se refiere a las deducciones por rehabilitación de vivienda. A falta de una revisión en profundidad del tratamiento fiscal de la vivienda, es, creo, una medida acertada, que llega con retraso. Pero acertada no por las razones que aduce el Gobierno. Mientras los promotores hacían su agosto con la vivienda nueva, le ha importado poco la rehabilitación. Ahora que falta el negocio, se apresura a facilitarles las cosas. Últimamente el único objeto de la acción de gobierno parece ser asegurar los beneficios a un grupito reducido y bien identificado de empresas y empresarios. Entiendo, por el contrario, que es una medida acertada tras años de fomentar una expansión urbana irracional que ha generado un tejido urbano deslavazado y caótico, la pérdida de consistencia del centro urbano, el deterioro y desperdicio de buena parte del patrimonio construido y unos enormes costes sociales y ambientales. Por algo se empieza, aunque sea con tanto retraso.

Hay dos medidas más que pretenden facilitar la actividad de las empresas y que afectan a la amortización acelerada de activos y a la concesión de avales. Son medidas típicas de tiempos de crisis, que no aportan nada nuevo y de las que no cabe esperar tampoco grandes efectos.

Pero en este caso el interés no está en las medidas en sí, sino en la justificación, que no tiene desperdicio. Quizá para intentar ocultar que el proyecto no es más que un cascarón vacío; quizá para dar la sensación de que se gobierna; quizá, simplemente, por pura ignorancia.

Que se diga que al aplicar una escala a la deducción de los 400 euros se «acentúa la progresividad del impuesto» no deja de ser una burla, cuando las rentas del capital tributan al 15%. La progresividad fiscal no se puede analizar figura a figura, impuesto a impuesto, sino en conjunto. Queda por ver si el sistema fiscal navarro es progresivo. Lo que está claro es que no es nada progresista.

Otro objetivo declarado de la medida es incrementar la renta disponible de las familias, «propiciando un impulso de la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, estimulando la producción y generando una mayor actividad». Nada menos. Si el mismo Banco de España reconocía que la medida similar (más generosa, incluso) aplicada por el gobierno de Zapatero va a tener escasos efectos, ¿qué cabe esperar en una economía tan pequeña y abierta como la de Navarra? La medida sólo tendría efectos reseñables (y, con todo, reducidos) si la totalidad de la deducción se tradujera en consumo de productos y servicios plenamente navarros, algo impensable. Conmueve tanta ingenuidad.

A continuación el texto del proyecto de ley foral ofrece una perla para saborear con delectación. Dice que «la disminución de la carga tributaria de estos rendimientos amplía los incentivos a incrementar la oferta de trabajo y favorece la productividad, como consecuencia de la disminución del coste del factor trabajo». Es cierto que para disfrutar plenamente de la frase hay que tener cierta familiaridad con la jerga espantosa y triste de la economía, pero quizá se pueda hacer algo.

Conviene aclarar que la oferta de trabajo la realizan los trabajadores, mientras que las empresas demandan trabajo. ¿Cómo una deducción así puede incrementar la oferta de trabajo? ¿Es que como consecuencia de la deducción habrá más personas dispuestas a trabajar? ¿Quienes viven de las rentas preferirán ponerse a trabajar (por menos de 45.800 euros) para beneficiarse de tan cuantioso premio? Si Sanz inventó el keynesianismo foral, esto parece también la versión foral (y aplicada al mercado de trabajo) de la curva de Laffer (una elucubración con ecos etílicos que sólo se creyeron el astrólogo de cabecera de Reagan, Montoro y ahora, al parecer, Miranda).

Pero la medida no sólo incrementa la oferta de trabajo, sino que favorece la productividad, al reducirse el coste del trabajo. El disparate es antológico. ¿Cómo puede afectar al coste del trabajo una deducción en la cuota del IRPF? No se me ocurre, salvo que forcemos el razonamiento hasta extremos inverosímiles: al ver los contribuyentes que se reduce su carga fiscal, estarían dispuestos a trabajar a un menor salario… sin comentarios. Que, además, dé lugar a un incremento de la productividad es algo que se me escapa, porque el coste de un factor no interviene en el cálculo de aquélla; lo que no significa que no estén relacionados, pero desde luego no en el sentido que apunta el texto del proyecto de ley. Igual es que, al sentirse mejor tratadas, las masas trabajadoras acudirán al tajo más contentas y producirán más…

¿En qué manos estamos? Tenemos un borrador de medidas económicas rebozadas en el disparate. Se habla de caídas de los ingresos del 13%, pero en los presupuestos del próximo año se prevé una reducción del 3%. Se actúa con notable irresponsabilidad al dramatizar la situación por intereses espurios. A la desafortunada gestión del consejero Miranda se añade la guinda del lehendakari Sanz, nervioso, errático e histérico. Es consciente de que su política ha llevado a Navarra a un callejón sin salida y busca cómplices desesperadamente para compartir el desaguisado. Habrá que ver el precio de esa complicidad. Jiménez debería tentarse la ropa, no vaya a ser que la marca del PSOE en Navarra termine siendo UPN. Y es que detrás de Sanz parece adivinarse últimamente la meliflua sonrisa de un seminarista gallego…

Autonomía fiscal, política económica y sobornos electorales

La promesa electoral de la «devolución» de 400 euros del IRPF ha generado una polémica en la que se mezclan dos aspectos bien distintos que conviene tratar por separado. El primero tiene que ver con la conveniencia de la medida en la actual coyuntura económica. El segundo, con su aplicación en Navarra.

La medida consiste en una deducción de la cuota líquida del impuesto para perceptores de rentas del trabajo o autónomos, que reduce la carga fiscal individual en 400 euros. Tal como aparece en el decreto que la regula, la idea es adoptar «medidas de naturaleza fiscal que mejoren la renta disponible de las familias». Un somero repaso a cualquier manual de introducción a la economía nos proporcionará un respaldo sólido: la reducción del ritmo de actividad económica aconsejaría aumentar la capacidad de gasto de las familias para así incrementar el gasto agregado y frenar la desaceleración económica. En este sentido, podríamos considerar teóricamente indiferente la reducción de impuestos o el incremento del gasto público para encarar tiempos difíciles. Sin embargo, no es así.

Para empezar, los impuestos progresivos como el IRPF ya reflejan la evolución de la situación económica, por cuanto la cuantía a pagar se altera automáticamente al variar la renta (declarada) de los individuos. Si la presión fiscal fuera insostenible o, al menos, muy elevada, se podría admitir un alivio fiscal adicional en período de crisis. Pero no es el caso: el gasto público en España está en torno al 80% de la media de la Unión Europea (27 países). Precisamente —y siguiendo al propio Solbes— si el equilibrio presupuestario ha de ser un objetivo a alcanzar en el conjunto del ciclo económico y no año a año, es porque en las fases de menor crecimiento o de recesión entran en funcionamiento mecanismos que impulsan el gasto público al alza y los ingresos a la baja. Si a esa recaudación ya disminuida se añaden reducciones fiscales, el superávit acumulado se agota rápidamente —se dilapida— y el déficit puede desbocarse, de manera que al operar los estabilizadores automáticos e incrementarse el gasto social, se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que en recesiones anteriores, esto es, la reducción de prestaciones sociales, que afecta con mayor intensidad a los grupos más desfavorecidos. Por ello es discutible que una medida así sea «progresista»: se reduce capacidad de actuación precisamente cuando más necesaria va a ser, especialmente en el terreno social.

En una «cata a ciegas» de políticas económicas, difícilmente un catador avezado atribuiría a un gobierno de izquierdas una medida así, más propia del thatcherismo o del «conservadurismo compasivo» de Bush. Es característico de gobiernos de derechas traducir de inmediato cualquier superávit que pueda aparecer en las cuentas públicas en reducciones impositivas con el argumento, falaz, de devolver a la ciudadanía parte de lo que aporta. Recientemente, para justificar su veto a una ampliación de la cobertura sanitaria infantil, Bush adujo que «no es aceptable la expansión del sector público, en lugar de hacer los cambios necesarios para fortalecer un sistema basado en el consumidor». No es que el gobierno socialista haga suyas necesariamente esas premisas (alguno de sus más influyentes miembros sí), pero los resultados son los mismos. El conservadurismo compasivo (una mezcla de políticas económicas y supuestamente sociales cuyas bases ideológicas proceden de la época de Reagan) dirige todos sus esfuerzos a reducir la presencia del sector público, especialmente en el terreno social, aun a costa de aceptar mayores desigualdades y formas diversas de beneficencia. Repartir cupones de comida no es política social. Evitar que sea necesario repartirlos, sí. Una vez más, Zapatero muestra la debilidad de sus convicciones progresistas en favor de medidas regresivas pero populares (y populistas).

¿Y qué pasa en Navarra? Si la situación ya resulta difícil de entender a los naturales del Reyno, para los foráneos debe de ser completamente incomprensible. El lehendakari Sanz parece no conocer el régimen fiscal de Navarra, y al tiempo que presume de un keynesianismo de alpargata (cemento y gasto ya previsto), reclama que sea el Gobierno de Madrid el que devuelva los 400 euros a los contribuyentes de Navarra. Un brindis al sol, que sale gratis. Puestos a ser rigurosos, ni siquiera es cierto que —como ha afirmado— los navarros hayan contribuido al superávit presupuestario, salvo en un sentido muy genérico e indirecto.

El PSN, por su parte, exhibe su populismo de derechas y, con su portavoz Jiménez en pose zarzuelera, exige que la Hacienda Foral se haga cargo del coste. Es decir, pretende que un gobierno de otro partido aplique una promesa electoral suya. Como de costumbre, van de farol. Quizá sólo pretendan tapar sus propias vergüenzas, al aire desde el momento en que no se molestan en aclarar a sus posibles votantes que la medida no era de aplicación inmediata en Navarra, porque la decisión corresponde al Gobierno de Navarra, que es de UPN. Otro brindis al sol, que sale gratis. El PSN sólo podría prometer algo así si gobernara en Navarra, que, como todo el mundo sabe, no es el caso. Pero aunque fuera así (algo que no parece entrar en los planes de Elena Torres), sólo muestra que el PSN cree poco en la autonomía fiscal de Navarra, ya que se limita a trasladar miméticamente lo que otros deciden fuera.

La autonomía fiscal de la que tanto alardean socialistas y conservadores y que tan mal administran y protegen, significa que —con más limitaciones de las deseables— Navarra controla los dos lados del presupuesto: los ingresos y los gastos. Es ese detalle el que convierte dicha autonomía en el elemento esencial, en la base de la autonomía política y del bienestar (muy menoscabado después de tantos años de gobierno de UPN) de nuestra sociedad. De tal manera que, para ver si —como tanto se ha oído estos días— un navarro está en mejor o peor situación que otros ciudadanos, habría que comparar el resultado final, en términos de obligación fiscal a igualdad de condiciones y de calidad de prestaciones sociales; nunca partida por partida, un mecanismo que, de paso, llevaría a la desnaturalización de la autonomía fiscal y terminaría en la pura traslación a Navarra del IRPF estatal.

Lo que sí es grave, y de ello apenas se habla, es la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que significa de señal a la ciudadanía de la deriva de la política fiscal. Su misma justificación: no lo pagan los más ricos, sino las fortunas medias; si se admite el argumento, habría que suprimir el IRPF, que se ceba en las rentas salariales y no precisamente en las más altas. O la eliminación de los impuestos que gravan sucesiones y donaciones. La derecha se dedica a difundir la idea (insidiosa) de que todo lo público (salvo la ley y el orden) es malo y que el fisco no hace más que confiscar rentas limpiamente ganadas. Se olvida de que buena parte de esas rentas (en número y cuantías) se debe justamente a la existencia del sector público. Y no es causalidad que los cambios que se ejecutan al amparo de estas argumentaciones vayan en detrimento de quienes están en peor situación. Las recesiones se suelen saldar con menos prestaciones y de peor calidad y más desigualdad. Esta vez con la complicidad de un gobierno que se dice de izquierdas.

¿Crisis en Nafarroa Bai?

Nafarroa Bai está en crisis. Nafarroa Bai se rompe. Ya lo decía yo, dicen algunos chapoteando en el barro de sus temores y su nerviosismo. Como Sanz, líder de un partido caudillista y a pesar de ello fracturado y fatigado, con los cientos de puestos y sueldos públicos como único aglutinante. Lo dicen también en el PSN, dividido aún hoy en dos mitades, a pesar de los esfuerzos de la actual dirección por acallar, ignorar o depurar a los discrepantes.

El lehendakari Sanz, con su habitual desfachatez, dice que el nacionalismo es un cáncer. Y tiene razón. Su nacionalismo, sin ir más lejos, que sólo es capaz de medrar con el conflicto, la crispación, la satanización del disidente y la imposición de un concepto de España rancio y de trágico recuerdo como armas. Y no vamos a recurrir a la historia (ahí están sus ancestros políticos para dar lecciones de nacionalismo), basta la más reciente, los últimos cuatro años. Pero Sanz —y lo que representa— es un cáncer no sólo por nacionalista, sino por su falta de interés por liderar a toda la sociedad, representarla y trabajar por los intereses colectivos, por su incapacidad para proponer proyectos o ideas para el futuro. Un cáncer que lo va invadiendo todo, mutando la vitalidad y el dinamismo de toda una sociedad en oportunidades de negocio para unos pocos. ¡Qué casualidad que los tres últimos informes de la Cámara de Comptos hayan sido demoledores para la gestión que UPN hace de los dineros públicos! Obsérvese el panorama: si el Gobierno de Navarra se embarca en un proyecto industrial, es a rebufo de alguna empresa interesada (cuando no reacciona a golpe de ultimátum); si lanza un plan de vivienda, es porque se lo presentan promotores que no sólo se erigen en planificadores (nuestras ciudades al albur de intereses crematísticos particulares) sino que, para colmo, puentean así al Ayuntamiento afectado… ¿Quién gobierna en Navarra y para quién? ¿Dónde está el tumor? ¿Dónde la parálisis?

Así las cosas, tan grises (por no hablar del descalabro social que se avecina, tras el adelgazamiento de lo público a que hemos asistido estos años: mal para la educación, mal para la sanidad, se pretende arreglar todo con cemento), es normal que Sanz y su entorno político y mediático (ardua tarea discernir corifeo y coro) agranden cualquier atisbo de discrepancia, debate o, por qué no decirlo, franca discusión en Nafarroa Bai.

Que surgen discrepancias es evidente. Como en todo colectivo. En este caso se llegan a manifestar con crudeza, lo que no significa que esté desmoronándose o amenazada por la piqueta, qué más quisieran algunos. Se trata de una coalición joven, con mecanismos de adopción de decisiones y generación de consensos imperfectos y en fase de rodaje. También, hay que reconocerlo, con un hábito muy arraigado en los partidos que la forman de dirimir sus diferencias en la plaza pública. ¿Es eso malo? Es costumbre criticar el autoritarismo, la cerrazón o la falta de debate interno en las organizaciones. Pero cuando se observan discrepancias en alguna de ellas se pone, incoherente e interesadamente, el grito en el cielo. ¿En qué quedamos? ¿Habrá que recordar las vendettas a que hemos asistido la pasada legislatura foral en el seno de UPN, sirviéndose para ello —y eso sí es grave— de la Administración Pública? ¿Habríamos sabido algo de Humanismo y Democracia de no existir esa pelea? ¿Nos hemos olvidado de cómo se dirimió el último congreso del PSN? Por poner ejemplos cercanos, que ahí anda Esperanza Aguirre atronando el solar hispano con sus gritos de guerra para ajustar las cuentas a Rajoy (la concepción que del liberalismo tiene Aguirre es una rareza intelectual digna de glosa).

Nafarroa Bai, para pasmo y desconcierto, primero, y mal disimulado nerviosismo, después, ha logrado articular un proyecto de cambio para Navarra progresista e integrador y ha conseguido unir a un sector de la sociedad tradicionalmente silenciado u obviado mediante el reparto canovista de cuotas de poder o el puro soborno político de los más sumisos (es lo que tiene administrar las prebendas). Y aspira, además, a contribuir a la unión de fuerzas progresistas de Navarra para conseguir el cambio político. Naturalmente, eso no gusta. Y no gusta, en primer lugar, a quienes pretendiendo impedir una supuesta venta de Navarra que sólo existía en sus delirios y terrores nocturnos, consiguieron mantenerse en el poder a coste cero. O a quienes se han instalado en una posición vicaria al cómodo abrigo del presupuesto público.

Se habla de ineficacia en la gestión. ¿Barañain? Los que impiden el gobierno municipal son los que, dentro incluso del PSN, negaron el pan y la sal al anterior alcalde. ¿Zizur? Un grave error, ya reconocido, al elegir a alguien que parece anteponer el medro personal al servicio público. La prueba es que después de arremeter contra todo lo que se movía ha terminado votando con UPN… curioso. ¿Beriain? Léase la carta objeto de disputa y sáquense conclusiones.

Por más que se diga, Nafarroa Bai sigue viva. Hace cuatro años se iba a desleír como un azucarillo. Ahora es un cáncer. Significativa la evolución metafórica, se van resignando, señal que cabalgamos. La última trifulca, debidamente comentada por Sanz y su troupe, no ha sido más que una confrontación de concepciones sobre el tipo de representante que conviene tener en el Consejo General de Caja Navarra; una fiebre infantil de la que la criatura no puede sino salir fortalecida, porque no anda mal de anticuerpos. Eso sí, se impone ya ese debate interno tantas veces aplazado sobre organización, toma de decisiones, apertura a la sociedad, formas de afiliación o el papel de los independientes, que no han de ser la alternativa —una competencia indeseada— a los militantes de los partidos, sino su complemento, el engrudo que hace que Nafarroa Bai sea bastante más que la suma de sus partes. Ello requiere trabajo, pero en Nafarroa Bai hay capacidad, capital humano (empezando por una militancia no siempre reconocida y a veces sacrificada en el altar de intereses superiores) y un proyecto de futuro. Seguramente el primer proyecto realmente integrador, que concibe Navarra como un todo, y no como realidades enfrentadas o la mera yuxtaposición de identidades, algunas molestas. En Nafarroa Bai cabe toda Navarra. Está por ver si otros pueden decir, y practicar, lo mismo.

Canovismo foral

El 24 de noviembre de 1885, con Alfonso XII agonizando, Cánovas y Sagasta acordaron lo que se conoce como Pacto de El Pardo , que sancionaba la alternancia en el Gobierno —vigente de hecho desde 1881— entre el Partido Conservador y el Liberal. Se alumbró así un sistema político con apariencia democrática pero autoritario en su esencia. En su diseño fue fundamental la profunda aversión de Cánovas al sufragio universal y su convicción (tan querida por la derecha actual) de que la nación es una realidad externa, independiente y ajena a la voluntad del pueblo que la forma; el sufragio censitario y el sistema caciquil se encargaron, en cualquier caso, de barrer todo resquicio de concesión a la voluntad popular.

Un buen puñado de historiadores —y desde luego los oficialistas— ha tejido una imagen de Cánovas como gran estadista, artífice de una larga etapa de paz y estabilidad en el marco de una monarquía constitucional. Incluso se ha convertido en la referencia totémica de la actual derecha española, y tanto Fraga como Aznar han soñado ser el nuevo Cánovas de la, por enésima (y esperemos que última) vez, restaurada monarquía borbónica: pero Fraga se queda en simple teórico de la democracia orgánica y apropiador desabrido de calles; Aznar, por su parte, no pasa de un mal remedo del peor Gil Robles. Cánovas como figura histórica representa la desconfianza en la democracia y las maniobras para desvirtuarla, la adaptación en la forma para preservar el fondo, esto es, un estado de cosas y un reparto del poder (como Dios manda ) más propio del Antiguo Régimen (se opuso tenazmente a la libertad religiosa). No obstante, a diferencia de sus epígonos posfranquistas, fue un individuo brillante, con el punto de cinismo que suele ir unido a esa cualidad y lo bastante escéptico para no creerse su propio discurso y ser bien consciente de sus limitaciones. A él se atribuye la famosa (y más acabada) definición de los españoles: los que no pueden ser otra cosa.

Tampoco el lehendakari Sanz se ha podido sustraer (¡qué malo es leer!) al magnetismo de la figura de Cánovas. O quizá es simplemente que está muy nervioso (táchese lo que no proceda). Pero hace unas semanas todos asistimos al lamentable y bochornoso espectáculo de un presidente de Navarra ofreciendo al PSN nada menos que consensuar algún tipo de alternancia entre los dos partidos, para dejar fuera del Gobierno sine die a Nafarroa Bai. En sus propias palabras, «un reparto en las cuotas de poder en cuanto al acceso a las instituciones». No se trata de abundar aquí en lo que significa semejante oferta (rápidamente repudiada por Puras, dicho sea de paso) por cuanto adultera el sistema democrático, degrada las elecciones a mera farsa e implica que una pandilla de iluminados se autoadjudique la potestad de decidir sobre lo que conviene o no a Navarra. Más aún, de haberse quedado ahí las cosas, la historia no habría pasado de una anécdota grotesca.

Pero parece que alguien avisado ha convencido a nuestro lenguaraz lehendakari de que estas cosas es mejor ventilarlas al abrigo de la vergonzante discreción de conciliábulos y contubernios, huyendo del escrutinio público. Así al menos parecen indicarlo los rumores sobre una nueva y mucho menos aireada oferta al PSN que consistiría, en lo esencial, en permitir que el PSN formara Gobierno, con el apoyo de CDN (¿adónde vas, CDN? porque si de lo que se trata es de destacar, en Lagartera confeccionan unos trajes muy apropiados); hasta meten en el saco a IU. UPN se comprometería a no obstaculizar la labor de Gobierno, pactando previamente con el PSN las principales iniciativas políticas, en una especie de benign neglect, un dejar hacer condescendiente y hasta negligente, a modo de perdonavidas de patio de colegio. Partiendo de que seguramente IU no se prestaría a semejante componenda, esta situación sólo sería factible si PSN y CDN obtuvieran más escaños que Nafarroa Bai e IU. En otro caso, se requeriría el apoyo activo de UPN, sea dentro o fuera del Gobierno. Cualquiera de las dos posibilidades es impensable en el estado actual de relaciones PSOE-PP, aunque la segunda sería mucho más escandalosa, en Pamplona y en Madrid.

Pero lo más ilustrativo de la situación es lo que deja traslucir. En primer lugar, estas ofertas están ya lejos de los tiempos en que Sanz trataba al PSN a base de exabruptos, chantajes o, simplemente, amenazas. De ahí se pasó al cortejo displicente con aires de superioridad, pero con la obsesión de fondo por los pactos poselectorales de los socialistas. La última fase (la tercera, la de los encuentros alienígenas) consiste llanamente en ceder el Gobierno al PSN. Es decir, se ha pasado de la incertidumbre sobre los resultados a la certeza de que van a ser malos y se atisban mayorías alternativas.

En segundo lugar, muestra una vez más la debilidad de las convicciones democráticas de esta derecha nuestra, que cuando intuye que las cosas no van a salir como le gustaría —como debe ser, porque identifican ambas cosas con demasiado desenfado— comienza a maniobrar para subvertir los resultados, aun a costa, si hace falta, de componendas o pucherazos. Siguen anclados en el siglo XIX. Ni siquiera tienen el fondo de armario ideológico suficiente como para haber asimilado el bagaje intelectual de la derecha del siglo XX (aunque alguna complicidad han tenido con la más perversa o sanguinaria).

Una vez más, Sanz consigue avergonzar a buena parte de la opinión pública navarra, quedar en ridículo fuera y demostrar que carece de cualquier respeto a Navarra, su ciudadanía y sus instituciones. Involucra a la monarquía, a la Iglesia (Sebastián siempre estará dispuesto a rezar por la Navarra de siempre) y a quien haga falta en sus delirios histéricos y ultramontanos. Dice querer blindar Navarra, quizá para poder saquearla (en lo poco que queda ya por vender) con mayor soltura e impunidad. Van a hacer falta años de trabajo para reparar el daño al régimen foral y a esos servicios que son la base del bienestar de la sociedad a que ha conducido un gobierno tan vociferante e irresponsable como falto de ideas y programas. Puede que Sanz aspire a ser Cánovas (o Gamazo, porque parece no tener muy claros algunos conceptos). Pero se queda en trasunto patético del conde de Lerín, ese personaje escaso de escrúpulos y sobrado de desparpajo que vendió Navarra (éste sí que la vendió) y se ganó merecidamente un puesto de honor en nuestra particular historia de la infamia.

(Diario de Noticias, 28 de abril de 2007)