Eficiencia, equidad y redistribución

Estas semanas atrás el centro de los debates ha estado en Navarra en los presupuestos, aprobados finalmente por el Parlamento el pasado día 22. Hemos oído hasta cansarnos que son los únicos presupuestos posibles, que son los que Navarra necesita o que no se puede hacer otra cosa si se ha de cumplir el objetivo de déficit. Pues bien, Navarra no los necesitará tanto cuando ya son, y se sabía que así iba a ocurrir, papel mojado. Pero es que aun admitiendo el objetivo de déficit, la distribución del gasto en sus distintas partidas es una cuestión ideológica, que trasluce una concepción de la sociedad, la economía y, por qué no, la política. La estructura de los ingresos (peso de impuestos directos e indirectos, tipos impositivos, progresividad) también nos dice cuáles son las prioridades, preferencias y lealtades del Gobierno. Puede parecer perogrullada u obviedad recordarlo, pero se suele olvidar que el presupuesto tiene dos lados: ingresos y gastos. No hay nada inocente o casual en la forma concreta que finalmente adquiere el presupuesto.

Techo de gasto y PIB

Andaba hasta hace unos días el río autonómico revuelto (la convocatoria de elecciones lo relega todo a un segundo plano) a cuenta de los dineros. Por un lado, demandan las Comunidades Autónomas la ampliación del plazo previsto para devolver al Estado lo recibido de más. Con argumentos de mal pagador, pretenden que la culpa es del Estado por errar en los cálculos. La mala gestión no va con ellos. Este problema pone de manifiesto, una vez más, el deficiente diseño del sistema de financiación autonómica, que no ha sabido resolver el divorcio entre quien recauda y quien gasta, la dichosa corresponsabilidad fiscal. Añádase a eso una concepción caciquil y decimonónica de la acción política —que se exacerba conforme se desciende en el nivel de gobierno— y ya tenemos todos los ingredientes para el desastre. Y no se libra nadie, porque los ejemplos de pésima gestión, derroche y corrupción surgen por doquier. Lo último, a modo de pataleta infantil, el amago de algunos gobiernos (del PP) de devolver transferencias. Que lo hagan, seguramente les vienen grandes. Es una muestra clamorosa del fracaso de la estrategia del “café para todos” pergeñada en su día para descafeinar o desnaturalizar el autogobierno vasco y catalán.

Las deslocalizaciones de UPN

El final de la legislatura, como era de prever, está impregnado de ese aire entre melancólico y decadente que suele caracterizar los traspasos de caudillaje: mientras el saliente se empeña en dejar claro continuamente que sigue mandando, la aspirante pretende dar a entender que las cosas han cambiado, y seguirán cambiando, aun a costa de enmendar la plana a su mentor: necesita demostrar y consolidar su aún incipiente poder. Los cortesanos, por su parte, se esmeran en captar las variaciones en los delicados equilibrios del poder y se van deslizando hacia el nuevo sol, procurando no quedar con las posaderas al aire ni herir innecesariamente a quien, desprovisto ya del dedo munificente, poco tiene que ofrecer. Agazapado en las sombras, algún heredero despechado habrá (siempre los hay), tejiendo apoyos, evaluando riesgos y esperando acontecimientos.

Paraísos fiscales, paranoias riojanas y lógica económica

El pasado 26 de abril el presidente del Gobierno de La Rioja presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que equipara las normas fiscales de las diputaciones forales a las leyes ordinarias, el mal llamado blindaje del Concierto vasco. Hay razones jurídicas de peso para ello, pero molesta al Partido Popular y molesta a las Comunidades Autónomas vecinas, especialmente La Rioja y Castilla y León.

Navarra y su Universidad: ¿para quién gobierna UPN?

Que a UPN no le gusta la Universidad Pública de Navarra (UPNA) es un hecho ampliamente demostrado por la tozudez empírica de una actuación gubernamental que pasó primero por intentar hacer de ella un aborto alicorto, luego por ignorarla, como si fuera un absceso en el trasero de la culta y civilizada derecha navarra; y, finalmente, por pretender estrangularla financieramente, mermando poco a poco sus posibilidades de supervivencia. Este proceso se ha vuelto más descarnado con la llegada de Alberto Catalán a la consejería del ramo. Seguramente en ningún momento de la historia reciente de la Navarra cispirenaica hemos contemplado una gestión tan sectaria de la educación: a lo ocurrido con la UPNA hay que añadir la degradación de toda la enseñanza pública o el tratamiento al euskera, con la excusa de una crisis que, sin embargo, no ha estorbado el incremento de partidas presupuestarias muy sesgadas económica o ideológicamente.

Canícula foral

Hay épocas del año particularmente propicias para perderse por andurriales en los que no es fácil acceder a la prensa habitual, especialmente la más cercana. La ausencia de información resultante tiene también sus ventajas. Además de ser un ejercicio higiénico, a la vuelta, al repasar la hemeroteca, se ven los acontecimientos con más desapego y dosis mayores de sorna y hasta escepticismo; también es más fácil extraer lo fundamental, así como apreciar con mayor nitidez las posiciones relativas de los distintos medios y su manera de informar, pero también de desinformar, manipular y hasta definir pautas, que de todo hay.

Navarra tiene un plan

El último artefacto-juguete de UPN en su permanente y contumaz simulacro de gobierno (es evidente la parálisis) es el plan Moderna, perfecto resumen del concepto (bilingüe, desde luego) que Sanz y sus acólitos tienen de Navarra, convertida en un cortijo, a mayor gloria de la caterva de saqueadores que pululan en los aledaños del presupuesto de Navarra. Saqueadores que, muy a menudo, se aplican a sí mismos, sin rebozo y con evidente benevolencia, la denominación de empresarios cuando, lejos de crear riqueza —función que el discurso sociopolítico al uso atribuye a ese menester— centran todos sus esfuerzos en esquilmar y apropiarse de la creada por otros. También sorprende su proclividad a ensalzar las virtudes del libre mercado, cuando son parásitos enquistados en los pliegues del sector público, al que deben su hacienda y su fortuna, no siempre en leal y abierta concurrencia con otros agentes.

Familia foral y navarra

Al parecer, los estrategas de la Iglesia católica creen haber encontrado un filón, quizá un recurso de supervivencia, en la familia. Así, en diciembre de 2007, con el ambiente político caldeado y el PP en el monte, convocaron una misa-manifestación (o manifestación-con-misa) a la que se sumó gustosa toda la extrema derecha y que, por lo mismo, fue un «éxito» (dejemos a un lado la inflación interesada de asistentes, delirios de contables frustrados, mejores discípulos de Goebbels que del autor del milagro de los panes y los peces). Así que se dispusieron gozosamente a repetir la algarada en 2008. Ahí la cosa ya no les fue tan bien. La asistencia se redujo a la mitad, sea cual sea la cifra de referencia. Hubo, además, ausencias episcopales y políticas significativas; el PP no se involucró con la misma intensidad; a última hora el propio Rouco pretendió quitar hierro político al evento. Todo ello pudo influir en la merma de asistentes.

Las cuentas de Navarra: cemento vs. educación

Ya tenemos proyecto de presupuestos de Navarra. La primera impresión es que no hay sorpresas: se amoldan a lo previsible en un gobierno de derechas sin alternativas. A falta de un análisis más detallado, sólo apuntaré algún aspecto particularmente llamativo.

1. Las partidas de mayor contenido social (educación; salud; asuntos sociales, familia, juventud y empleo), se incrementan por debajo del IPC, es decir, se reducen en términos reales.
2. De entre ellas, destaca el caso de la partida de educación, que sólo se incrementa un 0,51%, esto es, retrocede significativamente, cuando hay una mayor demanda que atender. A consignar que dentro de esta partida la transferencia a la Universidad Pública se reduce casi un 20%.
3. También el presupuesto de cultura se reduce, en este caso y siempre en términos nominales, en casi un 21%.
4. Como no hay mal que por bien no venga, menos mal que la partida de obras públicas, transporte y comunicaciones se incrementa ¡un 28,35%! sobre el presupuesto de 2008.

Esta es la respuesta del regional-socialismo (UPSN) a la crisis: más cemento, menos gasto social, reducción significativa del esfuerzo en educación. Muy típico de sociedades poco desarrolladas que sólo son capaces de pensar en el cemento cuando vienen mal dadas: en otro tiempo eran pantanos y ahora son autovías. Keynes sigue vivo, a pesar del suntuoso funeral que se le oficiara en los ochenta, pero el Keynes foral es un remedo, un espantajo, un zombi del verdadero.

Lo que ahora toca no es refundar el capitalismo, sino rearmar ideológicamente la izquierda para ofrecer una alternativa viable y humanista a la barbarie del liberalismo a ultranza y la lógica tramposa del mercado por el mercado. ¿Quiénes están en Navarra en condiciones de acometer la tarea?

Las medidas de «gran alcance» de Sanz

El Parlamento está debatiendo un proyecto de ley foral «de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 2009-2011», remitido por el Gobierno y en cuya exposición de motivos se argumenta que una iniciativa de «gran alcance» como el plan Navarra 2012 requiere ser complementada con medidas fiscales y financieras. El proyecto no contiene grandes novedades. Se trata de trasladar a Navarra medidas ya adoptadas por el Gobierno de Zapatero.

En primer lugar, se regula la devolución de los 400 euros en versión foral. Con la excusa de mejorar la progresividad del impuesto, se introducen cuatro tramos que van desde los 440 euros para las rentas del trabajo más bajas a 0 euros para las que superen los 45.800 euros. Claro que el proyecto habla exclusivamente de «rendimientos netos del trabajo», sin ninguna cautela adicional, lo que significa que, por ejemplo, una persona que tuviera 100.000 euros de rentas del capital y 9.000 euros de rendimientos del trabajo (por ejemplo, por asistencia a algún consejo de administración), se podría deducir 440 euros. Pero una persona cuya renta salarial sea tan reducida que no tenga obligación de declarar y no se le haya retenido nada, no se deduciría nada. Para poder obtener la deducción de 440 euros una persona sin obligaciones familiares tendría que percibir, como mínimo, 4.000 euros de rendimientos del trabajo y, unos 7.800 de ingresos totales (11.200 si tiene dos hijos). Eso es lo que significa, para el Gobierno de Navarra, “acentuar la progresividad del tributo”, favoreciendo “a las rentas laborales más bajas”. Regresivo, inconsistente y demagógico.

Una segunda medida se refiere a las deducciones por rehabilitación de vivienda. A falta de una revisión en profundidad del tratamiento fiscal de la vivienda, es, creo, una medida acertada, que llega con retraso. Pero acertada no por las razones que aduce el Gobierno. Mientras los promotores hacían su agosto con la vivienda nueva, le ha importado poco la rehabilitación. Ahora que falta el negocio, se apresura a facilitarles las cosas. Últimamente el único objeto de la acción de gobierno parece ser asegurar los beneficios a un grupito reducido y bien identificado de empresas y empresarios. Entiendo, por el contrario, que es una medida acertada tras años de fomentar una expansión urbana irracional que ha generado un tejido urbano deslavazado y caótico, la pérdida de consistencia del centro urbano, el deterioro y desperdicio de buena parte del patrimonio construido y unos enormes costes sociales y ambientales. Por algo se empieza, aunque sea con tanto retraso.

Hay dos medidas más que pretenden facilitar la actividad de las empresas y que afectan a la amortización acelerada de activos y a la concesión de avales. Son medidas típicas de tiempos de crisis, que no aportan nada nuevo y de las que no cabe esperar tampoco grandes efectos.

Pero en este caso el interés no está en las medidas en sí, sino en la justificación, que no tiene desperdicio. Quizá para intentar ocultar que el proyecto no es más que un cascarón vacío; quizá para dar la sensación de que se gobierna; quizá, simplemente, por pura ignorancia.

Que se diga que al aplicar una escala a la deducción de los 400 euros se «acentúa la progresividad del impuesto» no deja de ser una burla, cuando las rentas del capital tributan al 15%. La progresividad fiscal no se puede analizar figura a figura, impuesto a impuesto, sino en conjunto. Queda por ver si el sistema fiscal navarro es progresivo. Lo que está claro es que no es nada progresista.

Otro objetivo declarado de la medida es incrementar la renta disponible de las familias, «propiciando un impulso de la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, estimulando la producción y generando una mayor actividad». Nada menos. Si el mismo Banco de España reconocía que la medida similar (más generosa, incluso) aplicada por el gobierno de Zapatero va a tener escasos efectos, ¿qué cabe esperar en una economía tan pequeña y abierta como la de Navarra? La medida sólo tendría efectos reseñables (y, con todo, reducidos) si la totalidad de la deducción se tradujera en consumo de productos y servicios plenamente navarros, algo impensable. Conmueve tanta ingenuidad.

A continuación el texto del proyecto de ley foral ofrece una perla para saborear con delectación. Dice que «la disminución de la carga tributaria de estos rendimientos amplía los incentivos a incrementar la oferta de trabajo y favorece la productividad, como consecuencia de la disminución del coste del factor trabajo». Es cierto que para disfrutar plenamente de la frase hay que tener cierta familiaridad con la jerga espantosa y triste de la economía, pero quizá se pueda hacer algo.

Conviene aclarar que la oferta de trabajo la realizan los trabajadores, mientras que las empresas demandan trabajo. ¿Cómo una deducción así puede incrementar la oferta de trabajo? ¿Es que como consecuencia de la deducción habrá más personas dispuestas a trabajar? ¿Quienes viven de las rentas preferirán ponerse a trabajar (por menos de 45.800 euros) para beneficiarse de tan cuantioso premio? Si Sanz inventó el keynesianismo foral, esto parece también la versión foral (y aplicada al mercado de trabajo) de la curva de Laffer (una elucubración con ecos etílicos que sólo se creyeron el astrólogo de cabecera de Reagan, Montoro y ahora, al parecer, Miranda).

Pero la medida no sólo incrementa la oferta de trabajo, sino que favorece la productividad, al reducirse el coste del trabajo. El disparate es antológico. ¿Cómo puede afectar al coste del trabajo una deducción en la cuota del IRPF? No se me ocurre, salvo que forcemos el razonamiento hasta extremos inverosímiles: al ver los contribuyentes que se reduce su carga fiscal, estarían dispuestos a trabajar a un menor salario… sin comentarios. Que, además, dé lugar a un incremento de la productividad es algo que se me escapa, porque el coste de un factor no interviene en el cálculo de aquélla; lo que no significa que no estén relacionados, pero desde luego no en el sentido que apunta el texto del proyecto de ley. Igual es que, al sentirse mejor tratadas, las masas trabajadoras acudirán al tajo más contentas y producirán más…

¿En qué manos estamos? Tenemos un borrador de medidas económicas rebozadas en el disparate. Se habla de caídas de los ingresos del 13%, pero en los presupuestos del próximo año se prevé una reducción del 3%. Se actúa con notable irresponsabilidad al dramatizar la situación por intereses espurios. A la desafortunada gestión del consejero Miranda se añade la guinda del lehendakari Sanz, nervioso, errático e histérico. Es consciente de que su política ha llevado a Navarra a un callejón sin salida y busca cómplices desesperadamente para compartir el desaguisado. Habrá que ver el precio de esa complicidad. Jiménez debería tentarse la ropa, no vaya a ser que la marca del PSOE en Navarra termine siendo UPN. Y es que detrás de Sanz parece adivinarse últimamente la meliflua sonrisa de un seminarista gallego…

La crisis

Tal como están las cosas, entre dimes y diretes sobre si hay o no crisis y la competición que se empieza a vislumbrar sobre quién le otorga el calificativo más fuerte, estridente o imaginativo, mejor titular esta entrada con brevedad, rotundidad y borbónica sencillez. El documento que sigue es, advierto, prolijo (quizá en todas sus acepciones). Contiene algunas ideas sobre la actual situación económica, su impacto en Navarra, así como posibilidades de actuación. Me he ceñido al problema concreto, consciente de que hay un debate subyacente sobre modelos económicos globales y el mundo que queremos. Pero esa es otra historia y será contada en otra parte (no necesariamente por mí). El texto tiene tres apartados:

1. El diagnóstico
2. La respuesta
3. ¿Qué hacer?

1 El diagnóstico

La crisis económica obedece a una multitud de causas, porque se juntan aspectos coyunturales con otros estructurales. Algunas de ellas son inmediatas en el tiempo, otras se han gestado en un período más largo. En eso es igual que todas las crisis. A veces, incluso, lo que suele aparecer como causa principal no es más que un detonante. Es lo que ocurrió en los setenta con la subida de los precios del petróleo, que no hizo sino sacar a la luz con toda crudeza una situación muy deteriorada que se arrastraba desde mediados de los sesenta. Es lo que pasa también ahora con la crisis hipotecaria en los Estados Unidos.

Las causas de una crisis pueden ser exógenas, generadas en la economía internacional y más allá de la capacidad de control del ámbito de decisión política; pero sus efectos finales sobre una economía dependen de la estructura de ésta y de las políticas que se apliquen. Por ejemplo, la economía española está en peor situación que la alemana para enfrentarse a una crisis, a pesar del «buen» comportamiento de los agregados macroeconómicos en los últimos diez o doce años. El crecimiento era ficticio, especulativo, con unas bases tan poco sólidas como el consumo y la burbuja inmobiliaria.

Se pueden distinguir tres factores que han coincidido en el tiempo y han contribuido al deterioro galopante de la situación económica internacional. Se ha llegado a hablar, incluso, de una «tormenta perfecta», término que en meteorología alude a una poco probable pero catastrófica conjunción de circunstancias.

El primero de ellos es la subida del precio del petróleo. Para empezar, es conveniente situar las cifras en su contexto. Aunque la subida ha sido espectacular, vino precedida de una caída en términos reales. Entre 1986 y 2004 el precio estuvo por debajo del de 1974. Y ha sido recientemente, en 2008, cuando se ha superado el nivel récord de 1984 (con las últimas caídas está aproximadamente al nivel que alcanzó ese año). A diferencia de crisis anteriores, esta vez el problema no viene por el lado de la oferta, sino por un fuerte incremento de la demanda, alimentada por el dinamismo de las economías emergentes, singularmente China e India. La oferta ha respondido con mayor lentitud de lo esperado, en parte por la insuficiencia de la capacidad de refino, en parte por razones técnicas asociadas a los nuevos yacimientos.

El segundo es el incremento en precios de otros productos básicos, como los alimentos, especialmente cereales. Fenómeno que, unido al mencionado de los precios de los combustibles, pone en cuestión el modelo de «desarrollo» económico occidental, iniciado en el siglo XVIII y basado en la depredación de recursos, el derroche de energía barata y el incremento de la capacidad de consumo de una parte relativamente pequeña de la población mundial (el 15% disfruta del 80% de la riqueza). Cuando países de gran tamaño como China o India (juntos representan casi el 40% de la población mundial) intentan seguir el mismo modelo, el sistema se muestra incapaz de responder a corto plazo. Y aunque en Occidente los problemas de adaptación a los nuevos precios (se prevé que, al menos los del petróleo sigan siendo elevados por bastante tiempo) pueden ser duros, el mayor drama se va a vivir en los países más pobres, incluida la población rural china e india, porque no pueden pagar esos precios. Parte de la subida de los precios de los cereales se achaca a la producción de biocombustibles, si bien los datos disponibles indican que su responsabilidad (aun existiendo, sobre todo por su incidencia en los mercados de futuros) es pequeña, porque —al menos de momento— absorben una parte muy reducida de la producción total.

El modelo de desarrollo ha fracasado también en el terreno ambiental. A la depredación de recursos hay que unir la generación de residuos y otros problemas ambientales que hacen imposible, por razones de sostenibilidad, su extensión a otras áreas y países.

El tercer factor, o la tercera crisis que coincide en el escenario actual, es la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que genera desconfianza en los mercados financieros, sobre todo entre los bancos, y va a ocasionar grandes problemas de liquidez: los bancos que necesitan dinero no lo consiguen fácilmente porque nadie se atreve a prestar, dando lugar a una restricción del crédito a los agentes privados (empresas, consumidores). En ausencia de otros factores, sin embargo, el impacto de la crisis de las subprime hubiera sido pasajero y, seguramente, muy centrado en la economía estadounidense.

Esta situación se da en un contexto de creciente globalización, sin que ésta haya venido acompañada por una profundización de los mecanismos institucionales de coordinación internacional, lo cual genera efectos negativos y contribuye a incrementar las diferencias entre ricos y pobres (internacionales e intranacionales), porque las relaciones económicas y políticas son asimétricas. Se carece de un entramado internacional digno de tal nombre que fije unas mínimas reglas del juego y las haga respetar (algo parecido al «keynesianismo multinacional» que reclamaban algunos autores en los años ochenta).

Junto a estas causas, que podemos considerar específicas de la crisis actual, están las que se presentan en toda crisis. Alguien dijo que lo único que un economista puede predecir con alguna solvencia es que después de una expansión viene la recesión, y al revés. La economía se mueve a ciclos, que se pueden suavizar más o menos mediante políticas económicas, pero no eliminarlos. La última expansión ha sido larga (no se conocían fases expansivas así desde los años sesenta), estimulada en nuestro caso por la unión monetaria europea, que dará lugar a una reducción de los tipos de interés hasta niveles históricamente bajos. Se alimentó así la expansión del consumo, del endeudamiento de las familias y, significativamente, de la construcción. Las políticas públicas (especialmente la de vivienda) han sido en parte procíclicas, coadyuvando al proceso y generando efectos negativos que empiezan a manifestarse con crudeza en la actual fase.


2 La respuesta

En Navarra la respuesta ha sido tímida y a remolque de las circunstancias. Ha consistido en juntar proyectos de obras ya previstos y, en algunos casos, adelantar algo su realización. También se ha realizado un recorte significativo del gasto en el actual ejercicio (150 millones de euros). Además, la hacienda foral se ha plegado a las promesas electorales del PSOE y ha introducido, con matices, la reducción fiscal de 400 euros, una medida que no sólo no cabe considerar progresista, sino que contribuye a agravar los problemas presupuestarios.

El Gobierno de UPN se propone, igualmente, trasplantar a Navarra las medidas adoptadas por el Gobierno español, que plantean serias dudas sobre sus efectos. Se trata, en suma, de una actitud meramente reactiva aderezada con dosis de histeria y desconcierto. La tormenta desatada por Sanz en torno a la hipótesis —que no futurible— del apoyo de UPN a los presupuestos del Estado es una buena muestra. La polémica y su torpe manejo revelan el nerviosismo que cunde y la búsqueda desesperada de complicidades para avalar unos presupuestos sumamente restrictivos y con un recorte social que cabe esperar sustancial.


3 ¿Qué hacer?

Para empezar, no queda más remedio que asumir la parte exógena del problema, esto es, la que nos viene impuesta desde fuera. No son aconsejables medidas paliativas de, por ejemplo y como reclaman algunos sectores, la subida de los combustibles. Es un ajuste forzado por las circunstancias, más duro que si se hubiera hecho con inteligencia y gradualmente, pero al que hay que amoldarse, porque el modelo actual es insostenible. El «lado bueno» de la crisis —si alguno hay— es, pues, que va a obligar a cambios que hace tiempo reclamaba el sentido común, pero que no se acometían por su coste político, presiones interesadas, falta de visión de largo plazo o, simplemente, cobardía política.

En situaciones como la actual es muy importante combinar medidas a corto plazo para paliar los efectos más duros, con medidas estructurales para introducir cambios profundos que permitan adaptarse a las nuevas circunstancias. En un planteamiento de izquierdas, la actuación pública deberá tener una orientación fundamentalmente social, para compensar a los más afectados por la crisis, que suelen ser los grupos sociales más desfavorecidos. La «calidad» de una sociedad se mide por su capacidad para reducir desigualdades y generar derechos sociales. No se trata tanto de frenar u obstaculizar cambios que, muchas veces, vienen impuestos desde fuera, como de tener un entramado institucional sólido para atender a los perjudicados. Precisamente uno de los problemas a que nos tendremos que enfrentar será seguramente la insuficiencia de los mecanismos fiscales y presupuestarios, dado que las reformas fiscales que se han sucedido en los últimos veinte años han ido siempre en la misma dirección: reducir impuestos.

Igualmente, responder adecuadamente a la situación significa «olvidarse» del saldo presupuestario por un tiempo. No es de recibo justificar el superávit de los años de bonanza en que hay que ahorrar para cuando vengan mal dadas y, llegado el momento, buscar el equilibrio presupuestario. Hay capacidad para soportar cierto déficit. Por esa razón, es necesario vigilar el gasto social estrechamente, porque aunque el Gobierno no va a reconocer que esté en sus planes reducirlo, terminará haciéndolo. Igualmente deberá explicar qué se ha hecho con los superávit acumulados en los últimos años, en qué se han utilizado y por qué no están disponibles —como debería ser— para paliar los efectos sociales de la crisis. Las transferencias a empresas públicas no sólo sirven para dar opacidad al uso de recursos públicos, sino que previsiblemente van a servir para sostener el esfuerzo en obras públicas, evitándose usos alternativos a esos fondos.

Junto a las medidas de corte social y redistribuidor, hay que acometer otras de mayor calado por cuanto buscan reformas estructurales. Reformas que, además, son insoslayables si se quiere mantener la sociedad navarra en sus niveles actuales de bienestar. En Navarra hay un «divorcio» entre indicadores de renta y otros de mayor calado cualitativo. Así, el puesto que ocupa en nivel de PIB per cápita en la Unión Europea es más alto que el que le corresponde, por ejemplo, por esfuerzo tecnológico o indicadores sociales y educativos. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo de las rentas del pasado, de un modelo que está ya agotado, basado exclusivamente en la atracción de inversiones foráneas y la despreocupación creciente por el tejido empresarial autóctono, la innovación o el sistema educativo. «Que inviertan ellos», podría ser un buen eslogan de toda una época, que ha dado buenos resultados pero que ya no sirve. Ya no se pueden ofrecer incentivos financieros tan generosos. Las posibilidades futuras sólo pueden venir de la atracción de inversión de calidad y la generación interna de iniciativas e inversiones.

Hay que tener en cuenta, además, que en ámbitos económicos tan abiertos, la política económica se ha de desenvolver en el largo plazo. Y en este campo no hay nada nuevo: esfuerzo tecnológico, esfuerzo educativo y política social, teniendo en cuenta que cualquier política ha de cumplir unos requisitos mínimos en materia ambiental, es decir, los criterios de sostenibilidad han de impregnar todas las políticas públicas.

La política social ni es un adorno ni es beneficencia laica. No debe ser entendida sólo como un problema de justicia, sino, también, como un imperativo económico, porque aporta algo esencial para el bienestar colectivo, como es la cohesión de la sociedad mediante la reducción de las desigualdades.

Desde hace bastantes años asistimos a un deterioro de las rentas salariales, que crecen muy por debajo de las rentas del capital. Además, la evolución es muy desigual entre los propios salarios, de manera que los más bajos se deterioran en términos reales. No es sostenible socialmente un contexto en el cual en los años de bonanza se pide moderación, para hacer recaer en períodos de crisis el coste del ajuste en los trabajadores, tanto por la vía de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios como por el aumento del desempleo. Es obsceno, por ejemplo, que Miguel Sanz chantajee a los trabajadores públicos y los haga responsables del recorte social. Es necesario hacer políticas de rentas, que podrían pasar, incluso, por fórmulas de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas o el diseño de nuevas formas jurídicas para iniciativas sociales de carácter empresarial.

La búsqueda de competitividad mediante los salarios es una arma peligrosa, sobre todo si va acompañada de incrementos en la precariedad laboral, porque da lugar a pérdida de calidad del empleo y, por tanto, al empeoramiento de las expectativas a medio y largo plazo. Hoy sólo es posible mantener niveles de renta elevados y un sistema de prestaciones sociales avanzado mediante una alta productividad. La batalla de los salarios bajos está perdida. Productividad y salarios elevados no sólo son compatibles, sino que están íntimamente relacionados. Para ello es necesario el esfuerzo tecnológico, pero también el educativo, y no sólo en los niveles superiores, sino especialmente en los intermedios. La gran asignatura pendiente sigue siendo la formación profesional, que es el eslabón fundamental para incorporar las nuevas tecnologías en el sistema productivo. A medio plazo nos podríamos enfrentar, incluso, a un problema serio de falta de personal cualificado, que podría significar un retroceso económico y social.

La política tecnológica debe tener un componente social acusado, no puede consistir simplemente, como es el caso, en el diseño de medidas para incentivar la incorporación de nuevas tecnologías por las empresas, Se trata de un paso necesario, pero no suficiente. De hecho, el número de empresas innovadoras todavía es reducido, especialmente entre las más pequeñas. Por tanto, se trata de imbricar el esfuerzo tecnológico en la sociedad y no exclusivamente en el sistema productivo. Es decir, los planes tecnológicos deben plantearse para quién es la innovación. La respuesta no puede ser simplemente para las empresas, por más que sean ellas las que realizan, prima facie, el esfuerzo.

La aplicación intensiva de nuevas tecnologías a la Administración, por ejemplo a través del teletrabajo, puede servir, además, como un factor de equilibrio territorial, para frenar el despoblamiento de algunas áreas. Igualmente, la política social debe servir para fomentar la innovación y la exploración de yacimientos de empleo de calidad. En este sentido, es contraproducente la política seguida en los últimos años de externalizar los servicios sociales mediante su subcontratación a empresas privadas, lo que redunda en la pérdida de calidad del servicio, la mercantilización de derechos sociales y la merma en la calidad del empleo. La sustitución de prestaciones sociales por compensaciones dinerarias actúa de la misma manera, además de precarizar la propia existencia de la prestación, puesto que es más fácil su eliminación (basta con suprimir la partida presupuestaria).

La globalización y la deslocalización no son amenazas por sí mismas. Incluso, hablando en rigor, no son sino una manifestación del dinamismo inherente a la actividad económica. Sin empresas que se desplazan buscando mejores oportunidades de negocio o, incluso, salarios más bajos, posiblemente Navarra no se hubiera industrializado en los sesenta. Recuérdese que es tan tarde como 1964 cuando la industria sobrepasa en peso económico a la agricultura. Pero se requiere un tejido empresarial autóctono que cuente, además, con empresas de cierta dimensión imbricadas en el mismo. Es un buen argumento para dotar de mayor discrecionalidad la política tecnológica.

Reflexiones sobre la reforma fiscal en Navarra

Aunque a toro pasado, habida cuenta de que la reforma fiscal se ha aprobado, tanto en el Estado como en Navarra, ahí va una reflexión algo extensa en la que se ha basado mi opinión sobre el asunto. Creo que son cuestiones que no conviene olvidar si se parte de que la labor del sector público consiste en algo más que lubricar adecuadamente el sistema productivo para que funcione sin fricciones y asegurar así elevadas tasas de beneficio. No es que eso carezca de importancia, pero es sólo una parte de la historia. Centrarse sólo en ella significa renunciar a las posibilidades de cambio social que ha alimentado la izquierda desde sus mismos orígenes y convertir al sector público en mero agente del capital (productivo y, lo que es más peligroso, financiero).

El esquema del texto es el siguiente:

1. Introducción
2. Lo que dice la teoría: la política fiscal como medio para influir en la actividad económica
3. La rebaja fiscal de los 400 euros
4. Los 400 euros y la autonomía fiscal de Navarra
5. Valoración de la medida

1 Introducción

Antes de entrar en materia, conviene hacer tres consideraciones:

1. La política económica a corto plazo debe ser coherente con la visión de la sociedad y, particularmente, con lo que afecta a la política social, el sistema de prestaciones sociales o la igualdad.
2. Las subidas y bajadas de impuestos no son simétricas, por cuanto las segundas tienden a ser irreversibles. Por ello, no pueden contemplarse en el mismo plano, por más que en un razonamiento puramente teórico sean similares.
3. La estructura del presupuesto público da idea de las prioridades sociales, económicas y políticas del gobierno.

Hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo y con matices— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa —es la posición liberal, por ejemplo— que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.

La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el diferente tratamiento de las rentas según su origen, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.

Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proporcionar los recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. Por tanto, habrá de ser capaz para desempeñar esa función, respetándose en su diseño algunos principios básicos, como:

• Asegurar cierta progresividad.
• Corregir diferencias de tratamiento según fuentes de renta.
• Perseguir el fraude fiscal.

Estas consideraciones son relevantes, por ejemplo, a la hora de decidir sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias, como es el caso que nos ocupa.


2 Lo que dice la teoría: la política fiscal como medio para influir en la actividad económica

Aunque desde los años ochenta la corriente académica y doctrinal dominante («ortodoxa») ha tratado de imponer la idea de la «vía única» para la política económica, dista de ser cierta. Hay distintas posibilidades de actuación, que nos van a dar la medida de las concepciones más o menos progresistas, más o menos conservadoras, de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

Por poner un ejemplo, cuando Clinton llegó en 1993 a la presidencia, existía una convicción general de que habría una expansión keynesiana del gasto social, especialmente en educación y sanidad, para contrarrestar los excesos desreguladores de los tres mandatos republicanos anteriores, así como para atender una situación social que muchos sectores del país consideraban preocupante. Sin embargo, no ocurrió eso. Clinton se benefició del llamado «dividendo de la paz» (la reducción del gasto militar como consecuencia del fin de la guerra fría), pero no lo invirtió en políticas sociales sino que siguió una política muy ortodoxa de gestión del presupuesto, saneando las cuentas públicas y dejando el presupuesto federal con superávit.

En Europa, la unión monetaria ha supuesto la atribución de la responsabilidad de la política monetaria al Banco Central Europeo. La política fiscal, sin embargo, queda en manos de los Estados y demás niveles políticos y administrativos con competencias para ello.

La política fiscal actúa sobre los ingresos (impuestos) y los gastos del sector público. En teoría, una expansión del gasto pública y una reducción de impuestos tienen los mismos efectos sobre la economía, expansivos. La reducción del gasto o el aumento de impuestos tendrían efectos opuestos, restrictivos. En el caso de las políticas expansivas, el mecanismo sería el siguiente:

1. Una rebaja de impuestos incrementa la renta disponible de las familias, que se traduce en un mayor gasto privado y, por tanto, un incremento de la demanda agregada y del ritmo de actividad económica.
2. Por su parte, el aumento del gasto público supone un incremento del gasto agregado lo que genera también una mayor actividad económica.

Estas medidas deben ser coherentes con los objetivos sociales, económicos y políticos a largo plazo, esto es, con la ideología y las aspiraciones del grupo político. Pero también con el contexto económico: por ejemplo, no es igual una crisis de demanda que una de oferta, como no es igual un contexto inflacionista o deflacionista.

Por otra parte, las economías modernas cuentan con los denominados «estabilizadores automáticos», es decir, mecanismos que hacen aumentar o reducir gastos e ingresos públicos según la coyuntura económica. Por ejemplo, si los ingresos de las familias se reducen, también lo hace su carga fiscal y en una proporción mayor, debido a la progresividad de la tarifa. Igualmente, determinados gastos como los pagos por desempleo se incrementan en fases recesivas.


3 La rebaja fiscal de los 400 euros

La medida aplicada por el Estado consiste en la reducción de la cuota del impuesto en 400 euros. El resultado final es, en determinados casos, un incremento de la renta disponible del declarante hasta esa cuantía:

• Afecta a los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
• Las retenciones deben superar esa cuantía.
• Las rentas del trabajo exentas no obtienen el beneficio fiscal.

Se ha aducido como un inconveniente que la deducción es lineal, esto es, la misma cantidad sea cual sea la renta del contribuyente. Es un inconveniente relativo, puesto que al tratarse de una deducción de la cuota su impacto es proporcionalmente superior en las rentas más bajas y, por tanto, respeta la progresividad. Se trata, en suma, de una medida limitada con el objeto declarado de mejorar la situación económica de las familias.


4 Los 400 euros y la autonomía fiscal de Navarra

La deducción de 400 euros se pone en práctica, jurídicamente, mediante una reforma de la ley estatal que regula el IRPF (Ley 35/2006 de 28 de noviembre) y no es de aplicación en Navarra.
De acuerdo con el vigente Convenio Económico con el Estado, Navarra «tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario», con la condición de que la presión fiscal efectiva global sea equivalente a la existente en el resto del Estado.

Por tanto, la medida en sí no es aplicable en Navarra, donde para aplicar una medida similar es necesaria una reforma de la legislación fiscal foral. Tampoco es posible descontar su coste recaudatorio del cupo, por razones técnicas y conceptuales:

1. Por razones técnicas, porque es ajeno a la mecánica del Convenio.
2. Por razones conceptuales, porque supondría poner en cuestión la misma autonomía fiscal de Navarra o convertir la negociación con el Estado en un tira y afloja por ver quién engaña a quién. Es un juego peligroso que sólo serviría para generar desconfianza. Es cierto que habría alguna repercusión en el cupo, puesto que éste se fija para el primer año y en los restantes de vigencia del acuerdo se actualiza según la evolución de la recaudación del Estado por los tributos convenidos, pero sería de escasa cuantía.

5 Valoración de la medida

La medida plantea problemas y objeciones desde distintos puntos de vista. Dada la forma en que se ha planteado el debate, se puede abordar desde dos ángulos: su efectividad y su coherencia con una visión progresista. La referencia será Navarra. Por tanto, se trata de dilucidar la conveniencia de trasladar a Navarra la reforma del IRPF estatal o no, dando por zanjada la discusión sobre el descuento de su coste del cupo. El Gobierno de Navarra se negó a aplicarla tal cual, pero, en cambio, ha pactado con el PSN una reforma fiscal del mismo tipo, aunque matizada, al introducir cierta progresividad en la deducción que, por tanto, tendrá un alcance más limitado. De hecho, el coste recaudatorio es aproximadamente la mitad del que hubiera supuesto la traslación mimética de la norma estatal.

Si la efectividad parece que va a ser reducida en el Estado —así lo ha manifestado, por ejemplo, el Banco de España—, en Navarra lo será (razonando en términos relativos) mucho más, debido a que al ser la navarra una economía completamente abierta, las filtraciones o desbordamientos hacia el exterior son mayores; es decir, de traducirse una proporción significativa de la rebaja fiscal en incremento del consumo privado, una parte del mismo serviría para adquirir bienes y servicios producidos fuera de Navarra. Incluso si se esperara que la medida tuviera efectos significativos en el Estado, cabría objetar su aplicación en Navarra precisamente porque ésta se beneficiaría del efecto expansivo sin asumir su coste recaudatorio. Y, en cualquier caso, el empeoramiento de las expectativas puede hacer que buena parte de la rebaja fiscal se traduzca en mayor ahorro, sin efecto inmediato sobre el nivel de actividad.

También cabe plantearse si esta medida es compatible con una visión progresista de la sociedad y la economía. Los liberales suelen achacar a la izquierda una obsesión por los impuestos y el incremento de la carga fiscal. En la propia izquierda han surgido visiones más o menos dogmáticas que reniegan de cualquier reducción fiscal. En cualquier caso, las posiciones más progresistas suelen apostar por un reforzamiento de los mecanismos sociales. Por su parte, la derecha liberal o conservadora suele ser partidaria de actuar sobre los ingresos, siempre reduciéndolos. La justificación teórica gira en torno a la denominada «curva de Laffer», un artefacto que no ha tenido mucha credibilidad académica pero que ha sido muy utilizado como argumento por gobiernos conservadores (Reagan, Aznar-Rato). La idea es simple: una reducción de impuestos libera recursos para el consumo y el ahorro, lo que genera más inversión, más actividad económica y, de rebote, un aumento de la recaudación fiscal. El problema es determinar en qué punto de la curva se encuentra una economía. Se podría pensar en un escenario así con tipos impositivos confiscatorios, una situación altamente improbable.

No se trata de entrar en ese debate ni de negar a ultranza la posibilidad de aligerar la carga fiscal. Por el contrario, se trata de analizar los beneficios y los perjuicios de la medida desde la mencionada concepción progresista. Es significativo, por ejemplo, que en una sociedad que constituye el paradigma de Estado de Bienestar, como es la sueca, los conservadores sólo consiguieran llegar al gobierno (en 2006) cuando «aparcaron» sus propuestas anteriores de reducción de impuestos. Al parecer, el electorado sueco es muy consciente de la relación entre ingresos impositivos y prestaciones.

Evidentemente, una rebaja fiscal sería admisible, incluso deseable, si la presión fiscal fuera insoportable, estuviera mal distribuida o impidiera el desenvolvimiento económico. No parece ser el caso. Incluso cabría objetar la diferencia en la carga fiscal según su origen, que, sumado al elevado fraude fiscal, convierte el IRPF de hecho en un impuesto sobre las nóminas. Pero, como ya se ha dicho, las rebajas fiscales son prácticamente irreversibles y hoy nadie se plantea elevar la fiscalidad de las rentas del capital. Sin olvidar que la carga fiscal de las familias se reducirá si lo hace la renta debido a la escala progresiva de gravamen.

También se ha dicho que los impuestos son la contrapartida, la fuente que permite alimentar el gasto público y, dentro de éste, el gasto social, todo el entramado de prestaciones sociales que definen lo que conocemos como Estado de Bienestar. También en este aspecto podría justificarse una rebaja fiscal si existiera un exceso en la provisión de servicios públicos, una mala selección de los mismos (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o un manifiesto derroche. Tampoco es el caso. Los indicadores más gruesos, como el peso del presupuesto público en la economía, dan resultados opuestos (con datos estatales, España está en el puesto 16 de la UE-27 y, salvo Irlanda, los países con un menor esfuerzo en protección social son de las dos últimas ampliaciones y menor nivel de renta). Los indicadores sociales muestran en Navarra un deterioro sostenido en los últimos años, siendo especialmente perceptibles en servicios como la sanidad y la educación (a pesar del discurso triunfalista oficial): la formación profesional presenta muchas deficiencias, la productividad evoluciona negativamente, el desempeño tecnológico es mediocre, los niveles de pobreza relativa son preocupantes, hasta la proporción de camas hospitalarias deja mucho que desear. Dada la situación, parece que el camino a recorrer debería ir en la dirección de reforzar los servicios públicos y las prestaciones sociales e incrementarlas.

La rebaja fiscal sería incompatible con estos objetivos. La recesión económica (utilizando el término en sentido extenso) dará lugar de por sí a una reducción de los ingresos o, al menos, a un dinamismo menor, mientras que los gastos tenderán a incrementarse. Si, además, se reduce la capacidad recaudatoria, se corre el riesgo de que buena parte —si no todo— del superávit acumulado en la fase expansiva se dedique a financiar la rebaja fiscal, al tiempo que se limita la capacidad de respuesta del sector público. Se reproduciría así un esquema desgraciamente frecuente: cuando hay superávit se reducen impuestos. Si cambia el ciclo económico, el déficit se convierte rápidamente en insoportable y se reducen gastos y prestaciones sociales, especialmente las dirigidas a los grupos sociales más desfavorecidos. La consecuencia es un incremento de las desigualdades, una menor capacidad de actuación pública y un abandono a su suerte de los estratos sociales más débiles, puesto que la reducción de prestaciones es selectiva y regresiva.

En suma, después de las sucesivas rebajas fiscales habidas en las últimas dos décadas, el raquitismo y la vulnerabilidad del sistema de prestaciones sociales, desaconsejaban —y desaconsejan— la última reforma fiscal, máxime a la vista de su esperable efecto asimétrico y regresivo. Otra cuestión es cómo ve la opinión pública el asunto. Pero frente al electoralismo a ultranza, que justificaría cualquier medida según un cálculo de votos ganados y perdidos, se impone un ejercicio de pedagogía política.

Regional-socialismo: keynesianismo de alpargata y regresividad fiscal

La coalición UPN-PSN (con CDN ya no cuentan ni para la galería) tuvo su epifanía hace unas semanas con el anuncio de Navarra 2012, que no es una exposición, ni un aniversario (aunque por esas fechas, si el electorado no lo remedia, Sanz-Lerín y sus eventuales secuaces-sucesores celebrarán —seguro que con todo boato y profusión de recursos públicos— un ominoso centenario). Tampoco es un anuncio de olimpiadas, campeonatos variados o cualesquiera otras formas al uso de prodigarse con cargo a los presupuestos, comprar voluntades, ganar amigos y alimentar a los preexistentes. Nada de eso. El plan Navarra 2012 es una amalgama de obras ya previstas, algunas incluso iniciadas y otras que creíamos desechadas, como el museo de los Sanfermines, sorpresivamente recuperado, quizá por su fuerte efecto dinamizador sobre la economía navarra. Ya puestos, ¿por qué no incluir también el puente de Tudela, la casa consistorial de Pamplona, la ciudadela o el acueducto de Noain? Nadie se iba a dar cuenta.

La segunda entrega de la coyunda regional-socialista es la reforma fiscal. En este caso se da una situación curiosa. Quienes ideológicamente comulgan con los principios de la reforma, esto es, la derecha conservadora (y liberal, pero eso no existe en Navarra), no se atrevían con ella por miedo a la insuficiencia presupuestaria que se puede generar. Y quienes deberían rechazar una medida así, la imponen con chulería porque, no en vano, fue una promesa desesperada de quien se ha demostrado maestro en el manejo de sondeos, a pesar de que no le sirvió para ganar por los pelos unas elecciones en las que se alimentó de los miedos sembrados por el PP.

Decía Elena Torres al presentar el acuerdo que es una medida «realizable, progresiva y progresista». Es realizable, porque se va a hacer. Es progresiva sólo si se interpreta la medida sin ir más allá de su estricta formulación técnica. Si avanzamos en sus implicaciones, es claramente regresiva. Y, en consecuencia, es cualquier cosa menos progresista. El papel, las grabadoras, lo aguantan todo… En esa línea demagógica, dice también Torres que la medida se va a llevar a cabo «sin restar un euro» a las políticas sociales. Eso está por ver. A no ser que, siguiendo la estela del Navarra 2012, nos termine vendiendo como política social atender obligaciones ya contraídas, como los sueldos de los funcionarios o la factura de la luz de sus instalaciones.

Al parecer, la medida «inyecta liquidez, favorece el consumo, da mayor capacidad a las familias y ayuda mucho a los mileuristas». Ahí es nada. No entiendo por qué no se ha hecho mucho antes. A base de repartir cuatrocientos euros de vez en cuando, tendríamos ya el paraíso en la Tierra…

Para empezar, aunque los efectos teóricos agregados de una reducción de impuestos sean similares a los de una expansión del gasto, en la práctica no ocurre así, porque sus efectos sociales, especialmente en lo que se refiere a la redistribución de la renta, pueden ser notoriamente distintos. Tampoco hay que olvidar que la reducción de la actividad económica y, en su caso, de los ingresos de las familias, tiene traducción inmediata en los impuestos a pagar. Por tanto, una reducción adicional implica menor capacidad del sector público para atender una situación de crisis. Cualquier respuesta progresista a la situación actual debe plantearse desde el lado del gasto y con objetivos redistribuidores. Recuérdese la gestión que un gobierno socialista hizo de la recesión de principios de los noventa, que culminó con un recorte brutal del sistema de prestaciones sociales. Llevamos el mismo camino.

En cuanto a la efectividad de la medida, todos los técnicos, de todas las orientaciones políticas, coinciden en señalar que va a ser escasa. El propio Banco de España, junto a las consabidas y cansinas (lleva treinta años diciendo lo mismo) reclamaciones de mayor flexibilidad laboral, critica las reducciones de impuestos por entender que no queda margen para ello y aconseja dejar actuar los estabilizadores automáticos. La inyección de liquidez va a ser insignificante; dado el elevado endeudamiento de las familias, es dudoso que favorezca el consumo y muy probablemente —a la vista de las expectativas sobre tipos de interés— la mayor parte se destinará al ahorro (aunque sea a esa forma salvaje de ahorro forzoso que son las hipotecas). En cuanto a si da capacidad a las familias o ayuda «mucho» a los mileuristas, me temo que los efectos colaterales no van a ir en esa dirección: ¿es una ayuda para las familias tener que recurrir al sector sanitario privado de forma creciente para superar las deficiencias de un sistema público que no va a hacer sino empeorar con medidas como la acordada? ¿cómo se ayuda a los mileuristas, con limosnas o con prestaciones sociales? A cambio, se comen una parte sustancial del superávit acumulado, que pasa de colchón a incómoda estera.

Una rebaja fiscal sería aceptable, incluso sería progresista, si se dieran algunas condiciones: que la presión fiscal fuera insoportable; o que la provisión de servicios públicos fuera excesiva, estuvieran mal seleccionados (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o supusieran un manifiesto derroche. ¿Se puede argumentar eso en Navarra? No es lo que dicen los indicadores. Por ejemplo, Navarra cuenta con 3,85 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. La media de la UE-25 es de 5,81. La OMS, por su parte, estima que el óptimo está entre 8 y 10. Lo mismo pasa prácticamente con cualquier indicador social. El panorama es de deterioro sostenido en los últimos años, especialmente percibido en la sanidad y la educación; la formación profesional presenta muchas deficiencias; la productividad evoluciona negativamente; el desempeño tecnológico es, según la UE, mediocre; los niveles de pobreza relativa son preocupantes; el modelo económico está agotado y no hay capacidad ni entusiasmo por proponer alternativas; y todo ello en un contexto de crisis, de cambios todavía difíciles de percibir en su magnitud pero que se adivinan estructuralmente intensos.

Así las cosas, ¿qué interesa más a la sociedad navarra? ¿Diseñar un sistema económico y social acorde con los tiempos y a la altura de lo que demanda una sociedad avanzada, o hacer seguidismo con tufillo colonial de las promesas electorales a la desesperada de un iluminado?

Plan Navarra 2012: propuestas de mejora

Siempre dispuestos UPN y PSN (UPSN por mejor decir, ahora que la coyunda es plena y celebrada), con paternal amor, a derramar sus bendiciones sobre todos los pueblos de Navarra, dieron en aprobar el denominado Plan Navarra 2012 compuesto, en lo esencial, por obras ya previstas, alguna de ellas en marcha.

Con el mismo afán de novedad, queremos ayudar sugiriendo algunas obras más que contribuirán grandemente a completar el plan, así como al progreso económico y social de Navarra. Obras que —sigamos el consejo de anteriores regidores capitalinos— conviene «ejecutarse por administración, bajo la dirección y dictamen de los facultativos que se destinasen para el efecto, sin fiar la gravedad y delicadeza de sus obras a las contingencias y falibles resultas, litigios y discordias, que producen, según enseña la experiencia, las públicas subastaciones, en que por lo regular suele tener más lugar la emulación y empeño de los licitadores, que el justo miramiento a los propios intereses y los del común, con gravísimo perjuicio del proyecto y de las ventajas que desea el Público, sin que basten a precaverlos las fianzas con que parece se aseguran, pues se frustran todas las precauciones, o por las inteligencias que no se traslucen, o por los encontrados afectos y opiniones, o falta de pericia en los que intervienen en los reconocimientos de las obras que se hicieron a pública subasta, o por otras causas que no se descubren, pero abundan los ejemplares sin salir del Reino de Navarra» (diríase que en doscientos años no hemos avanzado nada...).

Las obras que proponemos (obsérvese que la segunda ha de ser muy del agrado de Sanz-Lerín para mejor tener sujetos a los naturales) son:

Primera. Que los jurados de la muy noble ciudat de Pamplona ayant aber á perpetuo una casa, é una jurería, et ayan á facer la dicha casa de jurería en el fosado que es ante la torr clamada la Galea enta la part de la Navarreria, dejando entre la dicha torr, et la dicha casa, camino suficiente para pasar.

Segunda. Que se vea y reconozca la Fortaleza de la ciudad de Pamplona y habiéndola reconocido y considerado bien, se trace y ordene lo que se oviere de hacer, así en la fortificación de la Ciudadela como en la de la Ciudad; y así mismo las casamatas que será necesario hacer y en qué partes y de qué forma, grandor y suerte.

Tercera. Introducir en la ciudad de Pamplona la agua necesaria para la limpieza de calles y dar salida a las aguas maiores desde las casas, sin arrojarlas, como se hace, a las calles.

Cuarta. Conducción de fuentes de agua dulce a dentro de los muros de la Ciudad de Pamplona, incluyendo la construcción de un puente aqüeducto de 65 pies de elevación desde la superficie de la tierra hasta el asiento de la cañeria, de longitud de 1.550 varas, con 97 arcos iguales de 30 pies de ancho y 15 de circunferencia.

Quinta. Formar trazas para las fuentes que se han de construir en la ciudad de Pamplona, y surtir con el agua de los manantios de subiza.

Sexta. Mejorar el camino real de Pamplona a la Provincia, haciéndolo llegar a la villa de Tolosa, construyendo un puente nuevo que sustituya al de Santa Engracia.

Séptima. Canal nabegable desde el Mar Mediterraneo al Oceano Cantábrico, continuando el Proiecto del Reyno de Aragon, cruzando el de Navarra y la Provincia de Guipuzcoa por los Rios Arga y Oria unidos por varios manantiales y depósitos de agua, en la altura de Lecumberri.

Nos guía el sano propósito de colaborar. Que nadie vea intereses ocultos o ánimo ninguno de escarnio o befa hacia el susodicho plan y, mucho menos, a los preclaros próceres que lo suscribieron. Se nos perdonará que no se acompañe memoria económica, pero hemos tenido algunos pequeños problemas de conversión monetaria. A cambio, solo una cosa: por lo que más quieran, ¡olvídense del museo de los sanfermines!

Condenas y complejos

Supongo que en Nafarroa Bai la costumbre de ser objeto de escrutinio permanente está tan arraigada que puede terminar por generar una especie de adicción a chutes periódicos de adrenalina organizativa (si tal cosa pudiere existir). Y no es que esto ocurra porque se busque deliberadamente, ni siquiera por torpeza, negligencia o falta de previsión (a veces sí, que nadie está libre de pecado). No hace falta ser muy avispado ni estar muy al tanto de los entresijos políticos para adivinar que hay mucha gente (entiéndase: personas, organizaciones, medios de comunicación) vivamente interesada en airear y tergiversar cuanto procede de Nafarroa Bai, haya motivo o no. Que el motivo es nimio, se exagera hasta la caricatura; que ni siquiera existe, se fabrica.

No se confunda esta reflexión con victimismo en ningún grado. Personalmente creo que es saludable para mantener debidamente lubricados los reflejos colectivos. Y, qué diablos, si se ocupan tanto de Nafarroa Bai no va a ser porque consideren que es irrelevante (señal que cabalgamos, que diría alguien). Pero es verdad que a veces afloran complejos, una especie de necesidad de no ser castigados, ser aceptados o, simplemente, obtener una mirada amable del padre padrone.

Con la condena del atentado terrorista de Legutiano parece haberse dado una mezcla de todo. Ha habido mucho de creación de una noticia que no era tal, incluso de manipulación periodística, llegándose a decir que Nafarroa Bai no condenaba el atentado o divagando sobre si Nafarroa Bai apoyaba unas cosas en unos sitios y otras en otros y exigiéndole una coherencia que nadie más tiene. Y también se han manifestado esos complejos.

Vamos con las incoherencias: UPN, por ejemplo, votó en contra (no le bastó la abstención) de un texto en el Parlamento de Navarra que el PP había apoyado en el Parlamento Vasco, distinto a su vez del que el PP y sus acólitos navarros apoyaron en el Congreso de los Diputados. Por primera vez en mucho tiempo, el PP ha permitido la unanimidad en Madrid, al renunciar a imponer su consabido apartado sobre la prohibición al Gobierno de negociar con ETA. El PSOE ha votado tres textos distintos, en Madrid, Vitoria y Pamplona; y en Pamplona se abstuvo respecto al texto que sí había apoyado en Vitoria. ¿Quién da más? ¿Dónde está el problema?

Vamos con el contenido: ¿alguien tiene algo que reprochar al texto propuesto por Nafarroa Bai en el Parlamento de Navarra? ¿por qué hay quien se empeña, también en Nafarroa Bai, en hacer el juego incluso a esa extrema derecha que proclama que si no estás con ella en sus delirios ultranacionalistas eres un terrorista peligroso, que pretende marcar como camino único lo que no es sino su particular visión de las cosas? Nafarroa Bai está obligada a tener su propio criterio, a definir su posición y defenderla. Su calidad de segunda fuerza política en el Parlamento de Navarra la avala. Ni es una vergüenza ni va en menoscabo de su dignidad y capacidad política. Todo lo contrario. Más aún, desde un punto de vista formal, ético y político, el texto de Nafarroa Bai era superior al de UPN.

El problema de las condenas de los actos terroristas es que todo el mundo se siente obligado a decir las cosas más duras y más duras cada vez, de forma que, al final, se convierten en rosarios de palabras altisonantes que no dicen nada por el abuso que de ellas se hace, cuando la lengua (cualquiera de ellas) posee expresiones mucho más sencillas pero igualmente rotundas y claras. Es parte de la perversión de lo políticamente correcto, pero es también fruto de la estulticia, la negligencia o la dejadez. La defensa de los derechos humanos —pues de eso se trata— no requiere insultos, ni desmesura ni palabras grandilocuentes, sino serenidad y palabras claras y sencillas, aunque sean siempre las mismas. Tampoco un comunicado de condena es lugar para hacer comulgar a nadie con ruedas de molino, practicar jugarretas de bajo nivel o entrar en cuestiones de política penal y penitenciaria, mucho menos cuando es institucional.

Por poner un ejemplo, estoy seguro que esta derecha (sociológica) de nuestros pecados no habría consentido una placa como la del monumento a los fueros: «Se erigió este monumento para conmemorar la unión de los navarros en defensa de sus libertades. Libertades aún más dignas de amor que la propia vida». Apostaría a que, hoy, alguien se habría empeñado en añadir algo así como: «dentro de la sagrada e indisoluble unidad de España»; e igualmente habría habido voces, aventuro, partidarias de tragar y callar con tal de no quedar mal. A la vista de cómo han evolucionado otras personas, muchos acomplejados corren el riesgo, de no controlarse, de terminar envueltos en la bandera monárquica y dando vivas a la Virgen del Pilar. Que no es que tenga nada de malo, pero tampoco es eso.

La dura labor de oposición

Las elecciones de mayo de 2007 marcaron un hito significativo en el devenir político de Navarra. Aun manteniendo UPN la mayoría, los resultados permitían vislumbrar alternativas y un relevo en el liderazgo de la oposición. Bastaba que el PSN se olvidara de su tradicional política de obstrucción a cualquier alternativa a UPN para que fuera posible un gobierno progresista en Navarra.

Con todo, lo más significativo fue la emergencia —y como segunda fuerza— de Nafarroa Bai, una coalición de partidos que comparten una visión integradora y progresista de Navarra. Nafarroa Bai ha conseguido aglutinar buena parte de las esperanzas de cambio, constituyendo todo un fenómeno social y adquiriendo rápidamente entidad propia al sumar —sea cual sea el ámbito de referencia— bastante más que los partidos que la integran.

Pero hay una diferencia entre Nafarroa Bai y otras fuerzas políticas. Así como algunos partidos tienen —o presumen tener— un espacio considerado «propio» y que administran como una finca privada, el que obtuvo Nafarroa Bai no es una finca familiar, mucho menos de recreo. Es un usufructo, un préstamo de la ciudadanía que debe ser gestionado con esmero porque la sociedad espera que le sea devuelto mejorado, con réditos, y no aminorado por una mala administración o por haber sido, simplemente, dilapidado.

Ha pasado prácticamente un año desde las elecciones. Un período que se inicia con un verano traumático de negociaciones imposibles, con fundadas sospechas de que no llegarían a ningún sitio. Se hizo un buen papel y, creo, se estuvo a la altura de las circunstancias. Quedó bien claro que si finalmente no había gobierno progresista en Navarra no sería por culpa de Nafarroa Bai. Pero una vez las cosas establecidas «como Dios manda», «como debe ser», esto es, el orden natural de la derecha, tocaba ponerse a trabajar. Con el agravante u obstáculo de que el PSN mostraba su verdadera cara y se disponía a gobernar en férrea alianza con UPN. Nafarroa Bai quedaba, pues, como la oposición.

Decía Andreotti —tan pragmático y políticamente sabio como oscuro— que el poder desgasta a quien no lo tiene. La tarea de oposición es dura e ingrata. Pero es un trabajo que hay que hacer. Y no consiste simplemente en decir no a todo, ni en buscar las vueltas a lo que dice el Gobierno, ni en no querer «mojarse» en los temas relevantes, mucho menos en intentar quedar bien permanentemente ante la opinión pública (el «coste cero» de la acción política es un objetivo pernicioso). La tarea de oposición consiste, por el contrario, en escudriñar, averiguar, controlar, conocer los temas y proponer alternativas solventes (aun al coste de perder una virginidad política poco deseable en quien aspira a gobernar). Es la única vía para ganar credibilidad y poder presentarse ante la ciudadanía con réditos suficientes para demostrarle que ha hecho un buen negocio.

Francamente, yo no diría que el balance de este año es alentador. En el debate presupuestario, la presencia de Nafarroa Bai fue testimonial y se desaprovechó el caudal de ideas y proyectos que existen y que con tanto entusiasmo y trabajo se han ido elaborando. En el asunto del Consejo General de Caja Navarra faltó fluidez en las comunicaciones. Y en un tema tan sensible como el euskera, se falla a la ciudadanía clamorosa y flagrantemente. Que es una reforma menor, de acuerdo. Que ha faltado cortesía parlamentaria, de acuerdo. Queda por saber si de haber estado presentes todos los parlamentarios de Nafarroa Bai la reforma hubiera salido igualmente adelante. Pero Nafarroa Bai ha incumplido su contrato. Y no basta con pedir disculpas. Es hora ya de empezar a asumir responsabilidades, también personales.

Y ponerse a trabajar sin dilación en alternativas de gobierno y no en meras glosas de decisiones o proyectos del Gobierno (que van a contar, ya se sabe de antemano, con el respaldo de sus coaligados socialistas). En el momento actual el PSN sólo vota contra UPN cuando se ve acorralado por compromisos electorales que, por haber sido tan voceados, no admiten marcha atrás. Y, con todo, el grupo parlamentario socialista tiene la cintura y el cinismo necesarios para decir diego donde dijo digo, así que las posibilidades no son muchas. Seguramente hay que fortalecer hábitos internos de trabajo en común (no en compartimentos estancos que sólo consensúan conclusiones) e ir creando y consolidando grupos de discusión, reflexión y elaboración de propuestas, plurales en su composición y especializados en su objeto, para apuntalar el trabajo parlamentario.

Quedan tres años de legislatura. Seguramente la legislatura más trascendental a la que se vaya a enfrentar Nafarroa Bai en mucho tiempo. En nuestras manos está aprovecharlos. Cuando el elector deposita su voto en la urna, implícitamente está exigiendo que el destinatario del voto no le falle. No sé si hasta ahora se ha fallado al electorado y a la sociedad. Pero a partir de ahora es un lujo que no está al alcance de Nafarroa Bai.

Autonomía fiscal, política económica y sobornos electorales

La promesa electoral de la «devolución» de 400 euros del IRPF ha generado una polémica en la que se mezclan dos aspectos bien distintos que conviene tratar por separado. El primero tiene que ver con la conveniencia de la medida en la actual coyuntura económica. El segundo, con su aplicación en Navarra.

La medida consiste en una deducción de la cuota líquida del impuesto para perceptores de rentas del trabajo o autónomos, que reduce la carga fiscal individual en 400 euros. Tal como aparece en el decreto que la regula, la idea es adoptar «medidas de naturaleza fiscal que mejoren la renta disponible de las familias». Un somero repaso a cualquier manual de introducción a la economía nos proporcionará un respaldo sólido: la reducción del ritmo de actividad económica aconsejaría aumentar la capacidad de gasto de las familias para así incrementar el gasto agregado y frenar la desaceleración económica. En este sentido, podríamos considerar teóricamente indiferente la reducción de impuestos o el incremento del gasto público para encarar tiempos difíciles. Sin embargo, no es así.

Para empezar, los impuestos progresivos como el IRPF ya reflejan la evolución de la situación económica, por cuanto la cuantía a pagar se altera automáticamente al variar la renta (declarada) de los individuos. Si la presión fiscal fuera insostenible o, al menos, muy elevada, se podría admitir un alivio fiscal adicional en período de crisis. Pero no es el caso: el gasto público en España está en torno al 80% de la media de la Unión Europea (27 países). Precisamente —y siguiendo al propio Solbes— si el equilibrio presupuestario ha de ser un objetivo a alcanzar en el conjunto del ciclo económico y no año a año, es porque en las fases de menor crecimiento o de recesión entran en funcionamiento mecanismos que impulsan el gasto público al alza y los ingresos a la baja. Si a esa recaudación ya disminuida se añaden reducciones fiscales, el superávit acumulado se agota rápidamente —se dilapida— y el déficit puede desbocarse, de manera que al operar los estabilizadores automáticos e incrementarse el gasto social, se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que en recesiones anteriores, esto es, la reducción de prestaciones sociales, que afecta con mayor intensidad a los grupos más desfavorecidos. Por ello es discutible que una medida así sea «progresista»: se reduce capacidad de actuación precisamente cuando más necesaria va a ser, especialmente en el terreno social.

En una «cata a ciegas» de políticas económicas, difícilmente un catador avezado atribuiría a un gobierno de izquierdas una medida así, más propia del thatcherismo o del «conservadurismo compasivo» de Bush. Es característico de gobiernos de derechas traducir de inmediato cualquier superávit que pueda aparecer en las cuentas públicas en reducciones impositivas con el argumento, falaz, de devolver a la ciudadanía parte de lo que aporta. Recientemente, para justificar su veto a una ampliación de la cobertura sanitaria infantil, Bush adujo que «no es aceptable la expansión del sector público, en lugar de hacer los cambios necesarios para fortalecer un sistema basado en el consumidor». No es que el gobierno socialista haga suyas necesariamente esas premisas (alguno de sus más influyentes miembros sí), pero los resultados son los mismos. El conservadurismo compasivo (una mezcla de políticas económicas y supuestamente sociales cuyas bases ideológicas proceden de la época de Reagan) dirige todos sus esfuerzos a reducir la presencia del sector público, especialmente en el terreno social, aun a costa de aceptar mayores desigualdades y formas diversas de beneficencia. Repartir cupones de comida no es política social. Evitar que sea necesario repartirlos, sí. Una vez más, Zapatero muestra la debilidad de sus convicciones progresistas en favor de medidas regresivas pero populares (y populistas).

¿Y qué pasa en Navarra? Si la situación ya resulta difícil de entender a los naturales del Reyno, para los foráneos debe de ser completamente incomprensible. El lehendakari Sanz parece no conocer el régimen fiscal de Navarra, y al tiempo que presume de un keynesianismo de alpargata (cemento y gasto ya previsto), reclama que sea el Gobierno de Madrid el que devuelva los 400 euros a los contribuyentes de Navarra. Un brindis al sol, que sale gratis. Puestos a ser rigurosos, ni siquiera es cierto que —como ha afirmado— los navarros hayan contribuido al superávit presupuestario, salvo en un sentido muy genérico e indirecto.

El PSN, por su parte, exhibe su populismo de derechas y, con su portavoz Jiménez en pose zarzuelera, exige que la Hacienda Foral se haga cargo del coste. Es decir, pretende que un gobierno de otro partido aplique una promesa electoral suya. Como de costumbre, van de farol. Quizá sólo pretendan tapar sus propias vergüenzas, al aire desde el momento en que no se molestan en aclarar a sus posibles votantes que la medida no era de aplicación inmediata en Navarra, porque la decisión corresponde al Gobierno de Navarra, que es de UPN. Otro brindis al sol, que sale gratis. El PSN sólo podría prometer algo así si gobernara en Navarra, que, como todo el mundo sabe, no es el caso. Pero aunque fuera así (algo que no parece entrar en los planes de Elena Torres), sólo muestra que el PSN cree poco en la autonomía fiscal de Navarra, ya que se limita a trasladar miméticamente lo que otros deciden fuera.

La autonomía fiscal de la que tanto alardean socialistas y conservadores y que tan mal administran y protegen, significa que —con más limitaciones de las deseables— Navarra controla los dos lados del presupuesto: los ingresos y los gastos. Es ese detalle el que convierte dicha autonomía en el elemento esencial, en la base de la autonomía política y del bienestar (muy menoscabado después de tantos años de gobierno de UPN) de nuestra sociedad. De tal manera que, para ver si —como tanto se ha oído estos días— un navarro está en mejor o peor situación que otros ciudadanos, habría que comparar el resultado final, en términos de obligación fiscal a igualdad de condiciones y de calidad de prestaciones sociales; nunca partida por partida, un mecanismo que, de paso, llevaría a la desnaturalización de la autonomía fiscal y terminaría en la pura traslación a Navarra del IRPF estatal.

Lo que sí es grave, y de ello apenas se habla, es la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que significa de señal a la ciudadanía de la deriva de la política fiscal. Su misma justificación: no lo pagan los más ricos, sino las fortunas medias; si se admite el argumento, habría que suprimir el IRPF, que se ceba en las rentas salariales y no precisamente en las más altas. O la eliminación de los impuestos que gravan sucesiones y donaciones. La derecha se dedica a difundir la idea (insidiosa) de que todo lo público (salvo la ley y el orden) es malo y que el fisco no hace más que confiscar rentas limpiamente ganadas. Se olvida de que buena parte de esas rentas (en número y cuantías) se debe justamente a la existencia del sector público. Y no es causalidad que los cambios que se ejecutan al amparo de estas argumentaciones vayan en detrimento de quienes están en peor situación. Las recesiones se suelen saldar con menos prestaciones y de peor calidad y más desigualdad. Esta vez con la complicidad de un gobierno que se dice de izquierdas.

¿Crisis en Nafarroa Bai?

Nafarroa Bai está en crisis. Nafarroa Bai se rompe. Ya lo decía yo, dicen algunos chapoteando en el barro de sus temores y su nerviosismo. Como Sanz, líder de un partido caudillista y a pesar de ello fracturado y fatigado, con los cientos de puestos y sueldos públicos como único aglutinante. Lo dicen también en el PSN, dividido aún hoy en dos mitades, a pesar de los esfuerzos de la actual dirección por acallar, ignorar o depurar a los discrepantes.

El lehendakari Sanz, con su habitual desfachatez, dice que el nacionalismo es un cáncer. Y tiene razón. Su nacionalismo, sin ir más lejos, que sólo es capaz de medrar con el conflicto, la crispación, la satanización del disidente y la imposición de un concepto de España rancio y de trágico recuerdo como armas. Y no vamos a recurrir a la historia (ahí están sus ancestros políticos para dar lecciones de nacionalismo), basta la más reciente, los últimos cuatro años. Pero Sanz —y lo que representa— es un cáncer no sólo por nacionalista, sino por su falta de interés por liderar a toda la sociedad, representarla y trabajar por los intereses colectivos, por su incapacidad para proponer proyectos o ideas para el futuro. Un cáncer que lo va invadiendo todo, mutando la vitalidad y el dinamismo de toda una sociedad en oportunidades de negocio para unos pocos. ¡Qué casualidad que los tres últimos informes de la Cámara de Comptos hayan sido demoledores para la gestión que UPN hace de los dineros públicos! Obsérvese el panorama: si el Gobierno de Navarra se embarca en un proyecto industrial, es a rebufo de alguna empresa interesada (cuando no reacciona a golpe de ultimátum); si lanza un plan de vivienda, es porque se lo presentan promotores que no sólo se erigen en planificadores (nuestras ciudades al albur de intereses crematísticos particulares) sino que, para colmo, puentean así al Ayuntamiento afectado… ¿Quién gobierna en Navarra y para quién? ¿Dónde está el tumor? ¿Dónde la parálisis?

Así las cosas, tan grises (por no hablar del descalabro social que se avecina, tras el adelgazamiento de lo público a que hemos asistido estos años: mal para la educación, mal para la sanidad, se pretende arreglar todo con cemento), es normal que Sanz y su entorno político y mediático (ardua tarea discernir corifeo y coro) agranden cualquier atisbo de discrepancia, debate o, por qué no decirlo, franca discusión en Nafarroa Bai.

Que surgen discrepancias es evidente. Como en todo colectivo. En este caso se llegan a manifestar con crudeza, lo que no significa que esté desmoronándose o amenazada por la piqueta, qué más quisieran algunos. Se trata de una coalición joven, con mecanismos de adopción de decisiones y generación de consensos imperfectos y en fase de rodaje. También, hay que reconocerlo, con un hábito muy arraigado en los partidos que la forman de dirimir sus diferencias en la plaza pública. ¿Es eso malo? Es costumbre criticar el autoritarismo, la cerrazón o la falta de debate interno en las organizaciones. Pero cuando se observan discrepancias en alguna de ellas se pone, incoherente e interesadamente, el grito en el cielo. ¿En qué quedamos? ¿Habrá que recordar las vendettas a que hemos asistido la pasada legislatura foral en el seno de UPN, sirviéndose para ello —y eso sí es grave— de la Administración Pública? ¿Habríamos sabido algo de Humanismo y Democracia de no existir esa pelea? ¿Nos hemos olvidado de cómo se dirimió el último congreso del PSN? Por poner ejemplos cercanos, que ahí anda Esperanza Aguirre atronando el solar hispano con sus gritos de guerra para ajustar las cuentas a Rajoy (la concepción que del liberalismo tiene Aguirre es una rareza intelectual digna de glosa).

Nafarroa Bai, para pasmo y desconcierto, primero, y mal disimulado nerviosismo, después, ha logrado articular un proyecto de cambio para Navarra progresista e integrador y ha conseguido unir a un sector de la sociedad tradicionalmente silenciado u obviado mediante el reparto canovista de cuotas de poder o el puro soborno político de los más sumisos (es lo que tiene administrar las prebendas). Y aspira, además, a contribuir a la unión de fuerzas progresistas de Navarra para conseguir el cambio político. Naturalmente, eso no gusta. Y no gusta, en primer lugar, a quienes pretendiendo impedir una supuesta venta de Navarra que sólo existía en sus delirios y terrores nocturnos, consiguieron mantenerse en el poder a coste cero. O a quienes se han instalado en una posición vicaria al cómodo abrigo del presupuesto público.

Se habla de ineficacia en la gestión. ¿Barañain? Los que impiden el gobierno municipal son los que, dentro incluso del PSN, negaron el pan y la sal al anterior alcalde. ¿Zizur? Un grave error, ya reconocido, al elegir a alguien que parece anteponer el medro personal al servicio público. La prueba es que después de arremeter contra todo lo que se movía ha terminado votando con UPN… curioso. ¿Beriain? Léase la carta objeto de disputa y sáquense conclusiones.

Por más que se diga, Nafarroa Bai sigue viva. Hace cuatro años se iba a desleír como un azucarillo. Ahora es un cáncer. Significativa la evolución metafórica, se van resignando, señal que cabalgamos. La última trifulca, debidamente comentada por Sanz y su troupe, no ha sido más que una confrontación de concepciones sobre el tipo de representante que conviene tener en el Consejo General de Caja Navarra; una fiebre infantil de la que la criatura no puede sino salir fortalecida, porque no anda mal de anticuerpos. Eso sí, se impone ya ese debate interno tantas veces aplazado sobre organización, toma de decisiones, apertura a la sociedad, formas de afiliación o el papel de los independientes, que no han de ser la alternativa —una competencia indeseada— a los militantes de los partidos, sino su complemento, el engrudo que hace que Nafarroa Bai sea bastante más que la suma de sus partes. Ello requiere trabajo, pero en Nafarroa Bai hay capacidad, capital humano (empezando por una militancia no siempre reconocida y a veces sacrificada en el altar de intereses superiores) y un proyecto de futuro. Seguramente el primer proyecto realmente integrador, que concibe Navarra como un todo, y no como realidades enfrentadas o la mera yuxtaposición de identidades, algunas molestas. En Nafarroa Bai cabe toda Navarra. Está por ver si otros pueden decir, y practicar, lo mismo.

La oportunidad perdida con EHN

En octubre de 2004 se cerró un acuerdo en virtud del cual Acciona adquiría el 50% del capital de Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) a Sodena (39,58%) y Caja Navarra (10,42%). De esta manera Acciona se convertía en propietario único de EHN, puesto que en 2003 ya había adquirido el otro 50% a Cementos Portland (21%), Sodena y Caja Navarra (17%), así como la autocartera generada tras la retirada de Iberdrola (12%). Acciona es un conglomerado diversificado que, en el momento de su entrada en EHN contaba con una potencia instalada en energía eólica de 138 megavatios, frente a los 573 megavatios de EHN.

La operación suscitó considerable polémica, por su justificación, por el procedimiento seguido —de dudosa legalidad— y por el uso que se dio a los 307 millones de euros en plusvalías obtenidos por el Gobierno de Navarra, invertidos en Iberdrola en unas condiciones más que discutibles. Entre las razones para justificar la venta, se adujo que ya había sido completado el mapa eólico de Navarra o que el plan estratégico de EHN preveía unas inversiones de 2.000 millones de euros que el sector público navarro no podía asumir. Y, sobre ellas, la fundamental, la más esclarecedora: era, en palabras de Sanz, «positiva para los intereses generales de los navarros». Dejando aparte esta última, por vacía e inconsistente, las otras dos tampoco tienen demasiada enjundia y parecen más bien dictadas por la necesidad de decir algo: la primera porque EHN estaba ya experimentando una expansión que, en la medida en que podía permitir la adquisición de una dimensión adecuada para enfrentarse a las necesidades financieras que impone mantenerse tecnológicamente en puestos de cabeza, ha de ser considerada saludable; la segunda, porque el mencionado plan fue elaborado estando ya Acciona en EHN y, seguramente, atendiendo a sus intereses corporativos.

No es raro que una empresa llegue a un punto en su existencia en el que se enfrente a la disyuntiva de dar el salto más allá de su mercado de origen (muchas veces regional o local) o desaparecer en el torbellino de la competencia internacional. Es, pues, una cuestión de pura supervivencia, que puede asegurarse (de tener éxito) por dos vías: el crecimiento a partir de los propios recursos o la integración en una empresa o grupo más grande, a menudo multinacional. El grupo cooperativo de Mondragón (con 4.000 empleos en Navarra) es un ejemplo de lo primero; la fuerte presencia de multinacionales en Navarra refleja, en parte, lo segundo). Que se opte por una u otra vía depende tanto de la idiosincrasia empresarial como del contexto, es decir, del sesgo de la política industrial y tecnológica (cuando existe).

Tradicionalmente la políticas de fomento han consistido en Navarra en la atracción de inversiones foráneas. Ello ha dado buenos resultados y ha permitido un crecimiento sostenido, con sus efectos ya conocidos sobre la renta y el empleo. A cambio, los centros de decisión están fuera. Además, los grupos multinacionales tienden a localizar sus actividades de I+D allí donde se ubica la sede social de la empresa, normalmente su lugar de origen. Navarra puede terminar, como consecuencia de este proceso, reducida a una región puramente manufacturera, con el riesgo consiguiente —esta vez sí— de deslocalización.

EHN reunía las condiciones para superar estos dos obstáculos. Por un lado, podía haber sido el centro de un grupo industrial potente con centro en Navarra (toma de decisiones, I+D); por otro, constituir el motor del desarrollo tecnológico en un campo tan sensible y con tantas posibilidades de futuro como el de las energías alternativas. A pesar del compromiso de Acciona, las decisiones de mayor trascendencia ya no se toman aquí y, en cualquier caso, se está al albur de la conveniencia de una empresa cuyo grado de compromiso puede variar por circunstancias que quedan fuera del control del Gobierno de Navarra. Cuando tantos gobiernos desearían tener una herramienta como EHN para incidir en el desarrollo económico y tecnológico, en Navarra se desperdicia con razones, las oficiales, de escaso fuste.

(Publicado en El Debate de Navarra el 10 de noviembre de 2007)

Empleo precario: economía precaria, sociedad precaria

Más allá de las proclamas políticas, de la propaganda o de presentaciones interesadas —por no decir manipuladas— de datos, la crisis de la empresa Sysmo pone de manifiesto con crudeza la realidad en la que nos toca movernos, los rasgos de la política industrial (por llamarla de alguna manera) que se ha venido realizando y, lo que es más grave, el marasmo profesional, laboral y humano a que se condena a buena parte de la mano de obra y especialmente a los más jóvenes.

Así, estamos acostumbrados a que se exhiba la buena evolución económica de Navarra, cifras de paro que nos sitúan de hecho en el pleno empleo (masculino) o una posición destacada en energías renovables. Las magnitudes macroeconómicas, las grandes cifras, son necesarias para estudiar, diagnosticar y, en su caso, diseñar medidas de política económica. Pero no deben tomarse como indicadores absolutos porque no son más que un resumen y, en cuanto tal, esconden situaciones que pueden ser muy dispares (la injusticia de las medias). Es, pues, necesario rascar en esas cifras para ver qué es lo que realmente contienen o si, como a veces ocurre, no son más que artefactos vacíos.

También es verdad que se tiende a demonizar a Volkswagen como si fuera la causa de todos los males industriales de Navarra. El sistema productivo no funciona como un apacible intercambio de cromos en el patio de un colegio; se asemeja más a una jungla en la que todos los actores intentan apoderarse del mayor trozo de pastel posible, en forma de beneficios, salarios u otras rentas. En ausencia de mecanismos sociales equilibradores, el más fuerte se termina por imponer. Seguramente esta forma de operar es más evidente en la industria del automóvil y, en parte, lo ocurrido con Sysmo es buen ejemplo de ello. Hubo un tiempo en que trabajar en ese sector significaba salarios elevados y buenas condiciones laborales. Eso ya sólo es cierto para algunas empresas, entre las que no se cuentan ni el propio ensamblador ni la mayoría de las instaladas en el parque de proveedores de Volkswagen que, en esencia, son talleres de montaje final, sin actividad productiva. Pero la situación se generaliza. En muchas actividades industriales y, por supuesto, en el sector servicios, el empleo que se crea es, en general, de muy baja calidad y mal pagado. La precarización es un hecho.

El primer problema que se plantea es que los bajos salarios no son una fuente duradera de ventajas competitivas, máxime en la industria, donde el peso de aquéllos en el coste total es pequeña, por lo que para obtener reducciones significativas de costes es necesario rebajar los salarios de forma notable. Y la reducción de salarios lleva consigo una menor calidad del empleo. Las consecuencias no afectan sólo a los directamente implicados (quienes pasan indiferentes ante las pancartas y manifestaciones de los trabajadores de Sysmo deberían reflexionar sobre ello) sino a la economía en su conjunto, cuya vulnerabilidad aumenta al reducirse la calidad del tejido productivo y, por tanto, la exposición a la competencia de países y regiones que siempre podrán ofrecer salarios más bajos.

Así pues, reducirlo todo a simples consideraciones logísticas o salariales, reclamar por enésima vez la liberalización del mercado de trabajo o respuestas similares impiden llegar a la raíz del problema. Tampoco hay que confiar en novedosos remedios mágicos fruto de la inspiración de iluminados. Los remedios son bien conocidos y nada espectaculares: se trata de mejorar la calidad de la inversión y la mano de obra, así como el nivel tecnológico de la economía. Hasta el consejero Miranda lo ha reconocido al hablar de un «nuevo modelo económico»: nuevo, con veinte años de retraso.

Ello requiere dos tipos de políticas: la industrial y tecnológica, por un lado, y la educativa por otro. En Navarra no ha existido, al menos en la última década, una política industrial merecedora de tal denominación. Las tímidas e inconexas actuaciones al respecto han tenido dos ejes: la industria del automóvil y la energía eólica. En el primer caso, el dinamismo del sector genera por sí mismo inversiones e implantaciones nuevas (no todas de igual calidad), por lo que las medidas públicas, especialmente si, como ha ocurrido, no son selectivas, tienen escaso efecto, subvencionándose actividades que surgirían igualmente sin esas ayudas. En el segundo, la claridad de ideas quedó de manifiesto palmariamente con la venta de EHN, un error de largo alcance, por la renuncia a desarrollar un sector con grandes posibilidades de futuro a partir de una empresa de gran tamaño y, lo que es más importante, con centro de decisión en Navarra. Entre otros efectos negativos, el Gobierno de Navarra contribuyó así a agudizar uno de los mayores problemas de nuestra economía, cual es que las decisiones de los principales agentes se toman en otros lugares y dando prioridad a otros intereses.

La política tecnológica, por su parte, sólo puede calificarse de tímida, a remolque de las circunstancias y aplicando patrones estandarizados, como si todo consistiera en rellenar formularios. El último plan tecnológico aprobado (el tercero) ganó algo en ambición y la proximidad de las elecciones no fue seguramente ajena a ello. Pero, en conjunto, los planes aplicados se han propuesto objetivos modestos, con un enfoque exclusivamente de demanda y renunciando a hacer apuestas de futuro.

Por último, el sistema educativo viene sufriendo un deterioro fruto tanto del menor esfuerzo presupuestario como del adelgazamiento del sistema público, que deja un campo tan sensible social y económicamente como el de la formación profesional a la intemperie. Las perspectivas no son halagüeñas, si nos atenemos a lo anunciado por Sanz en el discurso de investidura.

En última instancia, se trata de decidir en qué lugar insertar nuestra economía: si compitiendo salarialmente con otras de nivel de desarrollo medio o bajo, o bien con las áreas más avanzadas, mediante la tecnología y el capital físico y humano. A pesar de pronunciamientos y declaraciones (el papel lo aguanta todo), los datos objetivos indican que, de seguir así las cosas, es más probable terminar en el primero.

(Diario de Noticias, 16 de octubre de 2007)