Reflexiones sobre la reforma fiscal en Navarra

Aunque a toro pasado, habida cuenta de que la reforma fiscal se ha aprobado, tanto en el Estado como en Navarra, ahí va una reflexión algo extensa en la que se ha basado mi opinión sobre el asunto. Creo que son cuestiones que no conviene olvidar si se parte de que la labor del sector público consiste en algo más que lubricar adecuadamente el sistema productivo para que funcione sin fricciones y asegurar así elevadas tasas de beneficio. No es que eso carezca de importancia, pero es sólo una parte de la historia. Centrarse sólo en ella significa renunciar a las posibilidades de cambio social que ha alimentado la izquierda desde sus mismos orígenes y convertir al sector público en mero agente del capital (productivo y, lo que es más peligroso, financiero).

El esquema del texto es el siguiente:

1. Introducción
2. Lo que dice la teoría: la política fiscal como medio para influir en la actividad económica
3. La rebaja fiscal de los 400 euros
4. Los 400 euros y la autonomía fiscal de Navarra
5. Valoración de la medida

1 Introducción

Antes de entrar en materia, conviene hacer tres consideraciones:

1. La política económica a corto plazo debe ser coherente con la visión de la sociedad y, particularmente, con lo que afecta a la política social, el sistema de prestaciones sociales o la igualdad.
2. Las subidas y bajadas de impuestos no son simétricas, por cuanto las segundas tienden a ser irreversibles. Por ello, no pueden contemplarse en el mismo plano, por más que en un razonamiento puramente teórico sean similares.
3. La estructura del presupuesto público da idea de las prioridades sociales, económicas y políticas del gobierno.

Hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo y con matices— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa —es la posición liberal, por ejemplo— que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.

La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el diferente tratamiento de las rentas según su origen, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.

Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proporcionar los recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. Por tanto, habrá de ser capaz para desempeñar esa función, respetándose en su diseño algunos principios básicos, como:

• Asegurar cierta progresividad.
• Corregir diferencias de tratamiento según fuentes de renta.
• Perseguir el fraude fiscal.

Estas consideraciones son relevantes, por ejemplo, a la hora de decidir sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias, como es el caso que nos ocupa.


2 Lo que dice la teoría: la política fiscal como medio para influir en la actividad económica

Aunque desde los años ochenta la corriente académica y doctrinal dominante («ortodoxa») ha tratado de imponer la idea de la «vía única» para la política económica, dista de ser cierta. Hay distintas posibilidades de actuación, que nos van a dar la medida de las concepciones más o menos progresistas, más o menos conservadoras, de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

Por poner un ejemplo, cuando Clinton llegó en 1993 a la presidencia, existía una convicción general de que habría una expansión keynesiana del gasto social, especialmente en educación y sanidad, para contrarrestar los excesos desreguladores de los tres mandatos republicanos anteriores, así como para atender una situación social que muchos sectores del país consideraban preocupante. Sin embargo, no ocurrió eso. Clinton se benefició del llamado «dividendo de la paz» (la reducción del gasto militar como consecuencia del fin de la guerra fría), pero no lo invirtió en políticas sociales sino que siguió una política muy ortodoxa de gestión del presupuesto, saneando las cuentas públicas y dejando el presupuesto federal con superávit.

En Europa, la unión monetaria ha supuesto la atribución de la responsabilidad de la política monetaria al Banco Central Europeo. La política fiscal, sin embargo, queda en manos de los Estados y demás niveles políticos y administrativos con competencias para ello.

La política fiscal actúa sobre los ingresos (impuestos) y los gastos del sector público. En teoría, una expansión del gasto pública y una reducción de impuestos tienen los mismos efectos sobre la economía, expansivos. La reducción del gasto o el aumento de impuestos tendrían efectos opuestos, restrictivos. En el caso de las políticas expansivas, el mecanismo sería el siguiente:

1. Una rebaja de impuestos incrementa la renta disponible de las familias, que se traduce en un mayor gasto privado y, por tanto, un incremento de la demanda agregada y del ritmo de actividad económica.
2. Por su parte, el aumento del gasto público supone un incremento del gasto agregado lo que genera también una mayor actividad económica.

Estas medidas deben ser coherentes con los objetivos sociales, económicos y políticos a largo plazo, esto es, con la ideología y las aspiraciones del grupo político. Pero también con el contexto económico: por ejemplo, no es igual una crisis de demanda que una de oferta, como no es igual un contexto inflacionista o deflacionista.

Por otra parte, las economías modernas cuentan con los denominados «estabilizadores automáticos», es decir, mecanismos que hacen aumentar o reducir gastos e ingresos públicos según la coyuntura económica. Por ejemplo, si los ingresos de las familias se reducen, también lo hace su carga fiscal y en una proporción mayor, debido a la progresividad de la tarifa. Igualmente, determinados gastos como los pagos por desempleo se incrementan en fases recesivas.


3 La rebaja fiscal de los 400 euros

La medida aplicada por el Estado consiste en la reducción de la cuota del impuesto en 400 euros. El resultado final es, en determinados casos, un incremento de la renta disponible del declarante hasta esa cuantía:

• Afecta a los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
• Las retenciones deben superar esa cuantía.
• Las rentas del trabajo exentas no obtienen el beneficio fiscal.

Se ha aducido como un inconveniente que la deducción es lineal, esto es, la misma cantidad sea cual sea la renta del contribuyente. Es un inconveniente relativo, puesto que al tratarse de una deducción de la cuota su impacto es proporcionalmente superior en las rentas más bajas y, por tanto, respeta la progresividad. Se trata, en suma, de una medida limitada con el objeto declarado de mejorar la situación económica de las familias.


4 Los 400 euros y la autonomía fiscal de Navarra

La deducción de 400 euros se pone en práctica, jurídicamente, mediante una reforma de la ley estatal que regula el IRPF (Ley 35/2006 de 28 de noviembre) y no es de aplicación en Navarra.
De acuerdo con el vigente Convenio Económico con el Estado, Navarra «tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario», con la condición de que la presión fiscal efectiva global sea equivalente a la existente en el resto del Estado.

Por tanto, la medida en sí no es aplicable en Navarra, donde para aplicar una medida similar es necesaria una reforma de la legislación fiscal foral. Tampoco es posible descontar su coste recaudatorio del cupo, por razones técnicas y conceptuales:

1. Por razones técnicas, porque es ajeno a la mecánica del Convenio.
2. Por razones conceptuales, porque supondría poner en cuestión la misma autonomía fiscal de Navarra o convertir la negociación con el Estado en un tira y afloja por ver quién engaña a quién. Es un juego peligroso que sólo serviría para generar desconfianza. Es cierto que habría alguna repercusión en el cupo, puesto que éste se fija para el primer año y en los restantes de vigencia del acuerdo se actualiza según la evolución de la recaudación del Estado por los tributos convenidos, pero sería de escasa cuantía.

5 Valoración de la medida

La medida plantea problemas y objeciones desde distintos puntos de vista. Dada la forma en que se ha planteado el debate, se puede abordar desde dos ángulos: su efectividad y su coherencia con una visión progresista. La referencia será Navarra. Por tanto, se trata de dilucidar la conveniencia de trasladar a Navarra la reforma del IRPF estatal o no, dando por zanjada la discusión sobre el descuento de su coste del cupo. El Gobierno de Navarra se negó a aplicarla tal cual, pero, en cambio, ha pactado con el PSN una reforma fiscal del mismo tipo, aunque matizada, al introducir cierta progresividad en la deducción que, por tanto, tendrá un alcance más limitado. De hecho, el coste recaudatorio es aproximadamente la mitad del que hubiera supuesto la traslación mimética de la norma estatal.

Si la efectividad parece que va a ser reducida en el Estado —así lo ha manifestado, por ejemplo, el Banco de España—, en Navarra lo será (razonando en términos relativos) mucho más, debido a que al ser la navarra una economía completamente abierta, las filtraciones o desbordamientos hacia el exterior son mayores; es decir, de traducirse una proporción significativa de la rebaja fiscal en incremento del consumo privado, una parte del mismo serviría para adquirir bienes y servicios producidos fuera de Navarra. Incluso si se esperara que la medida tuviera efectos significativos en el Estado, cabría objetar su aplicación en Navarra precisamente porque ésta se beneficiaría del efecto expansivo sin asumir su coste recaudatorio. Y, en cualquier caso, el empeoramiento de las expectativas puede hacer que buena parte de la rebaja fiscal se traduzca en mayor ahorro, sin efecto inmediato sobre el nivel de actividad.

También cabe plantearse si esta medida es compatible con una visión progresista de la sociedad y la economía. Los liberales suelen achacar a la izquierda una obsesión por los impuestos y el incremento de la carga fiscal. En la propia izquierda han surgido visiones más o menos dogmáticas que reniegan de cualquier reducción fiscal. En cualquier caso, las posiciones más progresistas suelen apostar por un reforzamiento de los mecanismos sociales. Por su parte, la derecha liberal o conservadora suele ser partidaria de actuar sobre los ingresos, siempre reduciéndolos. La justificación teórica gira en torno a la denominada «curva de Laffer», un artefacto que no ha tenido mucha credibilidad académica pero que ha sido muy utilizado como argumento por gobiernos conservadores (Reagan, Aznar-Rato). La idea es simple: una reducción de impuestos libera recursos para el consumo y el ahorro, lo que genera más inversión, más actividad económica y, de rebote, un aumento de la recaudación fiscal. El problema es determinar en qué punto de la curva se encuentra una economía. Se podría pensar en un escenario así con tipos impositivos confiscatorios, una situación altamente improbable.

No se trata de entrar en ese debate ni de negar a ultranza la posibilidad de aligerar la carga fiscal. Por el contrario, se trata de analizar los beneficios y los perjuicios de la medida desde la mencionada concepción progresista. Es significativo, por ejemplo, que en una sociedad que constituye el paradigma de Estado de Bienestar, como es la sueca, los conservadores sólo consiguieran llegar al gobierno (en 2006) cuando «aparcaron» sus propuestas anteriores de reducción de impuestos. Al parecer, el electorado sueco es muy consciente de la relación entre ingresos impositivos y prestaciones.

Evidentemente, una rebaja fiscal sería admisible, incluso deseable, si la presión fiscal fuera insoportable, estuviera mal distribuida o impidiera el desenvolvimiento económico. No parece ser el caso. Incluso cabría objetar la diferencia en la carga fiscal según su origen, que, sumado al elevado fraude fiscal, convierte el IRPF de hecho en un impuesto sobre las nóminas. Pero, como ya se ha dicho, las rebajas fiscales son prácticamente irreversibles y hoy nadie se plantea elevar la fiscalidad de las rentas del capital. Sin olvidar que la carga fiscal de las familias se reducirá si lo hace la renta debido a la escala progresiva de gravamen.

También se ha dicho que los impuestos son la contrapartida, la fuente que permite alimentar el gasto público y, dentro de éste, el gasto social, todo el entramado de prestaciones sociales que definen lo que conocemos como Estado de Bienestar. También en este aspecto podría justificarse una rebaja fiscal si existiera un exceso en la provisión de servicios públicos, una mala selección de los mismos (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o un manifiesto derroche. Tampoco es el caso. Los indicadores más gruesos, como el peso del presupuesto público en la economía, dan resultados opuestos (con datos estatales, España está en el puesto 16 de la UE-27 y, salvo Irlanda, los países con un menor esfuerzo en protección social son de las dos últimas ampliaciones y menor nivel de renta). Los indicadores sociales muestran en Navarra un deterioro sostenido en los últimos años, siendo especialmente perceptibles en servicios como la sanidad y la educación (a pesar del discurso triunfalista oficial): la formación profesional presenta muchas deficiencias, la productividad evoluciona negativamente, el desempeño tecnológico es mediocre, los niveles de pobreza relativa son preocupantes, hasta la proporción de camas hospitalarias deja mucho que desear. Dada la situación, parece que el camino a recorrer debería ir en la dirección de reforzar los servicios públicos y las prestaciones sociales e incrementarlas.

La rebaja fiscal sería incompatible con estos objetivos. La recesión económica (utilizando el término en sentido extenso) dará lugar de por sí a una reducción de los ingresos o, al menos, a un dinamismo menor, mientras que los gastos tenderán a incrementarse. Si, además, se reduce la capacidad recaudatoria, se corre el riesgo de que buena parte —si no todo— del superávit acumulado en la fase expansiva se dedique a financiar la rebaja fiscal, al tiempo que se limita la capacidad de respuesta del sector público. Se reproduciría así un esquema desgraciamente frecuente: cuando hay superávit se reducen impuestos. Si cambia el ciclo económico, el déficit se convierte rápidamente en insoportable y se reducen gastos y prestaciones sociales, especialmente las dirigidas a los grupos sociales más desfavorecidos. La consecuencia es un incremento de las desigualdades, una menor capacidad de actuación pública y un abandono a su suerte de los estratos sociales más débiles, puesto que la reducción de prestaciones es selectiva y regresiva.

En suma, después de las sucesivas rebajas fiscales habidas en las últimas dos décadas, el raquitismo y la vulnerabilidad del sistema de prestaciones sociales, desaconsejaban —y desaconsejan— la última reforma fiscal, máxime a la vista de su esperable efecto asimétrico y regresivo. Otra cuestión es cómo ve la opinión pública el asunto. Pero frente al electoralismo a ultranza, que justificaría cualquier medida según un cálculo de votos ganados y perdidos, se impone un ejercicio de pedagogía política.

Coitus interruptus (el estilo Zapatero)

Uno de los retos —quizá el fundamental— a que se enfrentaba Nafarroa Bai en la última campaña electoral era la fuerte polarización bipartidista a que jugaban —porque a ambos interesaba— tanto PSOE como PP y de la que, por cierto, la gran perjudicada (esa y no la ley electoral es la causa) fue Izquierda Unida. Había que trasladar al electorado el riesgo que suponía caer en esa trampa. Desde una perspectiva progresista, no convenía dar a Rodríguez Zapatero el cheque en blanco del voto útil, y sí condicionar de cerca su acción de gobierno, máxime cuando ya entonces era evidente que se aproximaban tiempos de desolación. Y ello por dos razones: la primera, porque el presidente español parece dar algún valor mágico, taumatúrgico, a las palabras, al margen de su contenido; parece pensar que con tildar algo de progresista ya lo es. Así, inició la campaña electoral con una promesa, la de los 400 euros, típicamente conservadora y regresiva. La segunda es que su supuesto y cacareado optimismo antropológico aparenta ser más bien incapacidad (¿también antropológica?) para enfrentarse a situaciones complicadas. La pasada legislatura gobernó a través del prisma deformante de los sondeos y todo fue un continuo amagar y no pegar, freno y marcha atrás, un ininterrumpido coitus interruptus. Por si no fuera suficiente para ganar, se dedicó a cultivar y alimentar la crispación del PP, en una apuesta muy arriesgada cuyas consecuencias se empiezan a ver ahora.

Pero gobernar así no es demasiado complicado si la situación económica es buena. Claro que, en realidad, no era tan buena. Hemos llegado a un punto en que a la Administración de turno sólo le interesa exhibir agregados macroeconómicos aparentemente brillantes, sin atender a la forma como se alcanzan. De tal manera que se utilizan las cifras para engañar y manipular. Mucho de lo que se exhibía con triunfalismo era ficticio, puro efecto riqueza de una sociedad que vivía de algo tan vaporoso como una burbuja inmobiliaria. Eso significa, primero, que no se puede echar toda la culpa de lo que pasa a la situación internacional; y segundo, que, precisamente por eso, la caída es más rápida y dramática de lo que cabría esperar. Hasta hace unos meses, y en la misma campaña electoral, el PSOE alardeaba de ser el responsable de una situación económica envidiable. Ahora, cuando las tornas han cambiado, se buscan culpables exteriores. Pero el razonamiento debe ser el opuesto. Las cosas van peor de lo que debieran, porque cuando iban bien la gestión no fue la adecuada, no se fortaleció la economía, no se eliminaron viejos desequilibrios, se vivió del aire, desaprovechando una coyuntura y un contexto que, entonces sí, empujaban la economía hacia arriba y hubieran facilitado esas actuaciones.

Resultado: el Gobierno paralizado y Rodríguez Zapatero con la sonrisa congelada como quien piensa que eso no le puede estar pasando a él. Su torpe empecinamiento en evitar la palabra crisis es sintomático. Y eso que coincido en su apreciación, porque prefiero utilizar el término en su acepción más restrictiva. Pero tener al país pendiente de que pronuncie la palabra de marras roza la estupidez. Es lo que pasa cuando se renuncia a la pedagogía en favor del electoralismo.

Hasta la fecha el Gobierno español ha presentado dos planes de contenido económico. El primero, un decreto en el que lo fundamental era la reforma del IRPF para incluir la deducción de 400 euros. El resto de medidas tenían poca enjundia, incluyendo una sobre el calendario de adaptación de las empresas a la reforma contable (¡en un decreto "de medidas de impulso a la actividad económica"!). El segundo plan tampoco contiene medidas relevantes, salvo una ampliación de la partida presupuestaria para otorgar avales a medianas y pequeñas empresas. Eso y algunos pequeños ahorros en gasto corriente (incluyendo la congelación salarial de los altos cargos), que suponen 250 millones de euros en dos años. No han sido capaces de ofrecer nada más, precisamente por la parálisis que afecta al Gobierno, mientras se siguen haciendo pronósticos irresponsables y la población empieza a percibir un rápido empeoramiento de la situación. Ciertamente, hay también mucho agorero empeñado en hacer ver las cosas más negras de lo que son, pero sin la ayuda inestimable de la inacción gubernamental sus mensajes apocalípticos perderían mucha verosimilitud.

Los estudios de opinión revelan con claridad que la población, y el propio electorado del PSOE, percibe la parálisis que aqueja a Rodríguez Zapatero y su Gobierno y duda incluso de su capacidad para manejar la situación. Hasta el punto que el PP, sumido en una profunda crisis desde las elecciones, iguala ya al PSOE en intención de voto. La respuesta gubernamental es, nuevamente, humo: una campaña de propaganda en toda regla, incluyendo entrevistas en periódicos y televisiones saturadas de almíbar y ditirambos (por no hablar de un congreso a la coreana en el que la razón para que se adopten o rechacen acuerdos es que el líder así lo quiere). Y, por supuesto, más coitus interruptus y más intentos de crispar a la derecha. Vuelta a empezar con tantos temas por su repercusión mediática, sin entrar a fondo en ellos: vuelta a empezar con la reforma de la ley del aborto: es decir, con la reflexión sobre la reforma; vuelta a empezar con la laicidad sin tocar la cuestión fundamental, que son los acuerdos con el Vaticano: curioso el giro dado al asunto en mitad del congreso y más curiosa aún la razón esgrimida para no suprimir los funerales de Estado (la liturgia católica queda bien); vuelta a empezar con ese patrioterismo jacobino y sensiblero (al rebufo de triunfos deportivos que, al parecer, muestran bien a las claras la intrínseca superioridad gonadal española), que ya llevó a Rodríguez Zapatero a envolverse la pasada legislatura en la bandera monárquica.

Es triste que el mejor remedio (el más concreto) que se le ocurre a Zapatero para salir de la crisis sea —lo dijo en el congreso del PSOE— consumir. ¿Qué será lo próximo? ¿Instar a los parados a colocarse? ¿Quién será entonces capaz de distinguir si quien habla es el presidente del Gobierno español o un camello?

Salvador Allende In Memoriam (26 de junio de 1908, 11 de septiembre de 1973)

Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.



ALLENDE

Para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
tuvieron que convertirse en pesadilla
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que congregar todos los odios
y además los aviones y los tanques
para batir al hombre de la paz
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama
porque el hombre de la paz era una fortaleza

para matar al hombre de la paz
tuvieron que desatar la guerra turbia
para vencer al hombre de la paz
y acallar su voz modesta y taladrante
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo
y matar mas para seguir matando
para batir al hombre de la paz
tuvieron que asesinarlo muchas veces
porque el hombre de la paz era una fortaleza

para matar al hombre de la paz
tuvieron que imaginar que era una tropa
una armada, una hueste, una brigada
tuvieron que creer que era otro ejercito
pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo
y tenia en sus manos un fusil y un mandato
y eran necesarios mas tanques mas rencores
mas bombas mas aviones mas oprobios
porque el hombre de la paz era una fortaleza

para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas
tuvieron que convertirse en pesadilla
para vencer al hombre de la paz
tuvieron que afiliarse siempre a la muerte
matar y matar mas para seguir matando
y condenarse a la blindada soledad
para matar al hombre que era un pueblo
tuvieron que quedarse sin el pueblo.

Mario Benedetti

Regional-socialismo: keynesianismo de alpargata y regresividad fiscal

La coalición UPN-PSN (con CDN ya no cuentan ni para la galería) tuvo su epifanía hace unas semanas con el anuncio de Navarra 2012, que no es una exposición, ni un aniversario (aunque por esas fechas, si el electorado no lo remedia, Sanz-Lerín y sus eventuales secuaces-sucesores celebrarán —seguro que con todo boato y profusión de recursos públicos— un ominoso centenario). Tampoco es un anuncio de olimpiadas, campeonatos variados o cualesquiera otras formas al uso de prodigarse con cargo a los presupuestos, comprar voluntades, ganar amigos y alimentar a los preexistentes. Nada de eso. El plan Navarra 2012 es una amalgama de obras ya previstas, algunas incluso iniciadas y otras que creíamos desechadas, como el museo de los Sanfermines, sorpresivamente recuperado, quizá por su fuerte efecto dinamizador sobre la economía navarra. Ya puestos, ¿por qué no incluir también el puente de Tudela, la casa consistorial de Pamplona, la ciudadela o el acueducto de Noain? Nadie se iba a dar cuenta.

La segunda entrega de la coyunda regional-socialista es la reforma fiscal. En este caso se da una situación curiosa. Quienes ideológicamente comulgan con los principios de la reforma, esto es, la derecha conservadora (y liberal, pero eso no existe en Navarra), no se atrevían con ella por miedo a la insuficiencia presupuestaria que se puede generar. Y quienes deberían rechazar una medida así, la imponen con chulería porque, no en vano, fue una promesa desesperada de quien se ha demostrado maestro en el manejo de sondeos, a pesar de que no le sirvió para ganar por los pelos unas elecciones en las que se alimentó de los miedos sembrados por el PP.

Decía Elena Torres al presentar el acuerdo que es una medida «realizable, progresiva y progresista». Es realizable, porque se va a hacer. Es progresiva sólo si se interpreta la medida sin ir más allá de su estricta formulación técnica. Si avanzamos en sus implicaciones, es claramente regresiva. Y, en consecuencia, es cualquier cosa menos progresista. El papel, las grabadoras, lo aguantan todo… En esa línea demagógica, dice también Torres que la medida se va a llevar a cabo «sin restar un euro» a las políticas sociales. Eso está por ver. A no ser que, siguiendo la estela del Navarra 2012, nos termine vendiendo como política social atender obligaciones ya contraídas, como los sueldos de los funcionarios o la factura de la luz de sus instalaciones.

Al parecer, la medida «inyecta liquidez, favorece el consumo, da mayor capacidad a las familias y ayuda mucho a los mileuristas». Ahí es nada. No entiendo por qué no se ha hecho mucho antes. A base de repartir cuatrocientos euros de vez en cuando, tendríamos ya el paraíso en la Tierra…

Para empezar, aunque los efectos teóricos agregados de una reducción de impuestos sean similares a los de una expansión del gasto, en la práctica no ocurre así, porque sus efectos sociales, especialmente en lo que se refiere a la redistribución de la renta, pueden ser notoriamente distintos. Tampoco hay que olvidar que la reducción de la actividad económica y, en su caso, de los ingresos de las familias, tiene traducción inmediata en los impuestos a pagar. Por tanto, una reducción adicional implica menor capacidad del sector público para atender una situación de crisis. Cualquier respuesta progresista a la situación actual debe plantearse desde el lado del gasto y con objetivos redistribuidores. Recuérdese la gestión que un gobierno socialista hizo de la recesión de principios de los noventa, que culminó con un recorte brutal del sistema de prestaciones sociales. Llevamos el mismo camino.

En cuanto a la efectividad de la medida, todos los técnicos, de todas las orientaciones políticas, coinciden en señalar que va a ser escasa. El propio Banco de España, junto a las consabidas y cansinas (lleva treinta años diciendo lo mismo) reclamaciones de mayor flexibilidad laboral, critica las reducciones de impuestos por entender que no queda margen para ello y aconseja dejar actuar los estabilizadores automáticos. La inyección de liquidez va a ser insignificante; dado el elevado endeudamiento de las familias, es dudoso que favorezca el consumo y muy probablemente —a la vista de las expectativas sobre tipos de interés— la mayor parte se destinará al ahorro (aunque sea a esa forma salvaje de ahorro forzoso que son las hipotecas). En cuanto a si da capacidad a las familias o ayuda «mucho» a los mileuristas, me temo que los efectos colaterales no van a ir en esa dirección: ¿es una ayuda para las familias tener que recurrir al sector sanitario privado de forma creciente para superar las deficiencias de un sistema público que no va a hacer sino empeorar con medidas como la acordada? ¿cómo se ayuda a los mileuristas, con limosnas o con prestaciones sociales? A cambio, se comen una parte sustancial del superávit acumulado, que pasa de colchón a incómoda estera.

Una rebaja fiscal sería aceptable, incluso sería progresista, si se dieran algunas condiciones: que la presión fiscal fuera insoportable; o que la provisión de servicios públicos fuera excesiva, estuvieran mal seleccionados (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o supusieran un manifiesto derroche. ¿Se puede argumentar eso en Navarra? No es lo que dicen los indicadores. Por ejemplo, Navarra cuenta con 3,85 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. La media de la UE-25 es de 5,81. La OMS, por su parte, estima que el óptimo está entre 8 y 10. Lo mismo pasa prácticamente con cualquier indicador social. El panorama es de deterioro sostenido en los últimos años, especialmente percibido en la sanidad y la educación; la formación profesional presenta muchas deficiencias; la productividad evoluciona negativamente; el desempeño tecnológico es, según la UE, mediocre; los niveles de pobreza relativa son preocupantes; el modelo económico está agotado y no hay capacidad ni entusiasmo por proponer alternativas; y todo ello en un contexto de crisis, de cambios todavía difíciles de percibir en su magnitud pero que se adivinan estructuralmente intensos.

Así las cosas, ¿qué interesa más a la sociedad navarra? ¿Diseñar un sistema económico y social acorde con los tiempos y a la altura de lo que demanda una sociedad avanzada, o hacer seguidismo con tufillo colonial de las promesas electorales a la desesperada de un iluminado?

Plan Navarra 2012: propuestas de mejora

Siempre dispuestos UPN y PSN (UPSN por mejor decir, ahora que la coyunda es plena y celebrada), con paternal amor, a derramar sus bendiciones sobre todos los pueblos de Navarra, dieron en aprobar el denominado Plan Navarra 2012 compuesto, en lo esencial, por obras ya previstas, alguna de ellas en marcha.

Con el mismo afán de novedad, queremos ayudar sugiriendo algunas obras más que contribuirán grandemente a completar el plan, así como al progreso económico y social de Navarra. Obras que —sigamos el consejo de anteriores regidores capitalinos— conviene «ejecutarse por administración, bajo la dirección y dictamen de los facultativos que se destinasen para el efecto, sin fiar la gravedad y delicadeza de sus obras a las contingencias y falibles resultas, litigios y discordias, que producen, según enseña la experiencia, las públicas subastaciones, en que por lo regular suele tener más lugar la emulación y empeño de los licitadores, que el justo miramiento a los propios intereses y los del común, con gravísimo perjuicio del proyecto y de las ventajas que desea el Público, sin que basten a precaverlos las fianzas con que parece se aseguran, pues se frustran todas las precauciones, o por las inteligencias que no se traslucen, o por los encontrados afectos y opiniones, o falta de pericia en los que intervienen en los reconocimientos de las obras que se hicieron a pública subasta, o por otras causas que no se descubren, pero abundan los ejemplares sin salir del Reino de Navarra» (diríase que en doscientos años no hemos avanzado nada...).

Las obras que proponemos (obsérvese que la segunda ha de ser muy del agrado de Sanz-Lerín para mejor tener sujetos a los naturales) son:

Primera. Que los jurados de la muy noble ciudat de Pamplona ayant aber á perpetuo una casa, é una jurería, et ayan á facer la dicha casa de jurería en el fosado que es ante la torr clamada la Galea enta la part de la Navarreria, dejando entre la dicha torr, et la dicha casa, camino suficiente para pasar.

Segunda. Que se vea y reconozca la Fortaleza de la ciudad de Pamplona y habiéndola reconocido y considerado bien, se trace y ordene lo que se oviere de hacer, así en la fortificación de la Ciudadela como en la de la Ciudad; y así mismo las casamatas que será necesario hacer y en qué partes y de qué forma, grandor y suerte.

Tercera. Introducir en la ciudad de Pamplona la agua necesaria para la limpieza de calles y dar salida a las aguas maiores desde las casas, sin arrojarlas, como se hace, a las calles.

Cuarta. Conducción de fuentes de agua dulce a dentro de los muros de la Ciudad de Pamplona, incluyendo la construcción de un puente aqüeducto de 65 pies de elevación desde la superficie de la tierra hasta el asiento de la cañeria, de longitud de 1.550 varas, con 97 arcos iguales de 30 pies de ancho y 15 de circunferencia.

Quinta. Formar trazas para las fuentes que se han de construir en la ciudad de Pamplona, y surtir con el agua de los manantios de subiza.

Sexta. Mejorar el camino real de Pamplona a la Provincia, haciéndolo llegar a la villa de Tolosa, construyendo un puente nuevo que sustituya al de Santa Engracia.

Séptima. Canal nabegable desde el Mar Mediterraneo al Oceano Cantábrico, continuando el Proiecto del Reyno de Aragon, cruzando el de Navarra y la Provincia de Guipuzcoa por los Rios Arga y Oria unidos por varios manantiales y depósitos de agua, en la altura de Lecumberri.

Nos guía el sano propósito de colaborar. Que nadie vea intereses ocultos o ánimo ninguno de escarnio o befa hacia el susodicho plan y, mucho menos, a los preclaros próceres que lo suscribieron. Se nos perdonará que no se acompañe memoria económica, pero hemos tenido algunos pequeños problemas de conversión monetaria. A cambio, solo una cosa: por lo que más quieran, ¡olvídense del museo de los sanfermines!

¿Crisis inmobiliaria? Un ajuste necesario

Desde que estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos se ha hablado mucho de la conveniencia o no de que la autoridad monetaria (en aquel caso la Reserva Federal) intervenga para paliar sus efectos y salvar los bancos comprometidos, a costa de avalar comportamientos temerarios e incluso aberrantes desde el punto de vista económico y social. Los partidarios de la intervención arguyen que así se evitan males mayores. Los detractores, que de esa manera se traslada a los agentes económicos el mensaje de que todo vale —hasta el falseamiento de datos— en la loca carrera por engordar las cuentas de resultados, siempre que el problema creado sea lo suficientemente grave. Es lo que se denomina un problema de riesgo moral, que se presenta cuando los costes y perjuicios de una decisión no recaen sobre quien decide.

Sin pretender equiparar dos situaciones con denominaciones similares pero bien diferentes en sus características, aquí esta pasando lo mismo con la construcción. Cuando los indicios de debilitamiento, enfriamiento, crisis, o comoquiera que llamemos a la actual circunstancia, se van imponiendo con la perseverancia de lo inexorable, comienza a generarse un estado de opinión favorable a la intervención pública para paliar los perjuicios que se adivinan. Incluso se ha creado un lobby que aglutina a los principales promotores inmobiliarios, con el fin, quizá no explícito pero sí explicitado en pronunciamientos y actuaciones públicas, de presionar al Gobierno y promover políticas que favorezcan sus intereses. Por eso es conveniente un análisis algo más pormenorizado de la situación y hacer un poco de memoria.

Como todo el mundo sabe —y buena parte lo ha sufrido en las carnes cada vez más escuálidas de su renta mensual (los salarios más bajos llevan años reduciéndose en términos reales)— el precio de la vivienda ha experimentado en la última década subidas que, con perspectiva histórica, cabe calificar de espectaculares. El fenómeno es resultado de una concatenación de elementos que van a coincidir cronológicamente en unos pocos años, a los que no es ajena la unión monetaria en Europa: reducción de tipos de interés hasta niveles desconocidos, necesidad de aflorar dinero fiscalmente oculto, fase expansiva del ciclo económico. Todo ello va a redundar en una especulación exacerbada, muy asociada a la corrupción urbanística, un contexto en el que todo vale y cualquier cantidad de viviendas que se construya encuentra inmediatamente compradores. El ritmo de construcción es frenético, sin relación con las necesidades reales y el número de viviendas vacías se incrementa tan deprisa como los precios. El problema ya no es de vivienda, que haberlas haylas, sino de acceso a la vivienda. Para colmo, la dinámica de ocupación de suelo es depredadora y generadora de servidumbres ambientales, económicas y sociales (emisiones de CO2, congestión, incremento de necesidades de movilidad, contaminación en todos sus tipos) difícilmente asumibles en el inmediato futuro.

Así pues, durante bastantes años se ha confiado el crecimiento económico (con lo que lleva consigo, claro, de exhibición de agregados macroeconómicos aparentemente sólidos y positivos) a la construcción; y, como no podía ser de otro modo por ser las bases muy débiles, tal crecimiento va a ser fuerte pero desordenado y enfermizo, con empleo de mala calidad y un peso preocupante (por lo que significa) del sector en la economía. Socialmente, se produce una gigantesca transferencia regresiva de rentas, desde la población de menor nivel de renta y el sector público hacia los grandes promotores (ni siquiera a los constructores, cuyos márgenes no son tan elevados). Basta observar las listas de las personas más ricas. En España, una buena porción de ellas están muy vinculadas a la promoción inmobiliaria y han hecho su fortuna en un plazo relativamente breve. Y es que la misma Administración ha alimentado el proceso mediante políticas miopes, por más que cuenten con un amplio respaldo social, especialmente las desgravaciones fiscales, pero también la VPO.

No contentos con enriquecerse de esa manera, ahora forman un grupo de presión y se permiten —en ocasiones con notable impertinencia— adoctrinar sobre qué políticas hay que aplicar que, casualmente, coinciden con sus intereses. Con el chantaje del aumento del desempleo, tienen el desparpajo de exigir —ése es el verbo adecuado— un aumento de las deducciones fiscales o más fondos para VPO. Saben, naturalmente, que los más beneficiados de medidas así serían ellos. Y saben, también, que pocos políticos tienen la honestidad intelectual suficiente como para explicar a la ciudadanía que el ajuste no sólo es necesario, sino saludable y que el empleo creado al amparo del boom inmobiliario es poco estable y de muy mala calidad. Al mismo tiempo, el coste de oportunidad (en términos de posibilidades perdidas por no invertir en actividades de mayor futuro) de dedicar tan inmensos recursos al ladrillo es muy elevado para una economía que, a pesar del triunfalismo oficial, presenta indicadores poco halagüeños en aspectos esenciales como la educación, la innovación tecnológica, el medio ambiente o la productividad.

¿A qué nos ha conducido todo ello? A la vista está: precios disparatados, una expansión urbana ambientalmente insostenible, la liquidación de patrimonio público, el agotamiento de las posibilidades financieras de muchos municipios y la condena de parte de la población a vivir durante décadas atados a una hipoteca. Buena culpa de ello la tiene la confusión (quizá interesada) entre derecho a la vivienda y derecho a la vivienda en propiedad. Si una sociedad opta por garantizar el segundo, allá ella con sus consensos. Como mecanismo de control social puede ser eficaz, pero ¿es progresista una política con resultados tan retrógrados?

Zapatero y su dilema: principios sin poder, poder sin principios

Las elecciones del 9 de marzo trajeron consigo cambios en el mapa político que han sacado a la luz el verdadero trasunto del PSOE de Zapatero, caracterizado por un populismo electoralista y el principio de conservación del poder a cualquier coste. Ciertamente, el PSOE tiene motivos para sentirse satisfecho a posteriori con el resultado, dado que puede gobernar con tranquilidad los próximos años, permitiéndose incluso hacerlo con una soberbia de la que ya ha habido sobradas muestras en apenas tres meses.

Pero un análisis detenido muestra que las razones para el triunfalismo no son tantas ni de tanto peso. La estrategia de la tensión seguida por el PP la pasada legislatura impidió que el PSOE se despegara en las encuestas, a pesar de tenerlo todo de cara, empezando por la situación económica. La única respuesta que fueron capaces de pergeñar a última hora los estrategas socialistas fue, junto a sobornos electorales descarados, fomentar la crispación y generar un clima de emergencia que ponía al electorado progresista en la tesitura de elegir entre Zapatero o el caos. Resultado: si el PSOE ganó votos, el PP —aun asilvestrado y extremista— ganó más; especialmente, y esto es relevante, en los feudos que ya eran suyos. La drástica bipolarización se llevó por delante Izquierda Unida y acentuó la quiebra territorial del Estado, dejando como futuros árbitros —algo no deseado ni por populares ni por socialistas— a los nacionalistas. La busca de réditos a muy corto plazo ha podido provocar cambios estructurales de largo alcance, quizá en la dirección opuesta a la pretendida.

También resta dulzura a la victoria socialista que haya sido posible gracias a votos prestados. El extraordinario resultado obtenido en Cataluña (donde había pocas razones internas y externas para votar al PSOE) se debe a un fuerte voto anti-PP (es inaudito que un partido que aspira a gobernar lance campañas, no contra adversarios políticos concretos, sino contra la misma población, en este caso, en forma de boicot a productos catalanes). Con matices, pero algo parecido —aunque Patxi López no esté dispuesto a reconocerlo— puede predicarse de la Comunidad Autónoma Vasca o Navarra. En este último caso se ha visto cuán acertado estaba José Blanco cuando advirtió a su militancia navarra que los votos de las generales son del PSOE y no del PSN. Algo que la dirección socialista local se empeña en ignorar.

Se trata, pues, de una situación cómoda a corto plazo —no se esperan grandes inconvenientes para gobernar— pero más complicada a medio plazo. Si la izquierda ha tenido tradicionalmente más problemas para mantener su voto movilizado, al tratarse esta vez de votos prestados —el voto del miedo, que no es patrimonio exclusivo de la derecha— la dificultad es aún mayor. Todo ello genera un panorama enrevesado en el que resulta difícil desenvolverse y susceptible de terminar en catástrofe. Por no hablar de la ezquizofrenia organizativa que puede generar.

Por un lado, al PSOE le sigue interesando un PP radicalizado para mantener su propio voto movilizado ante la amenaza de la derecha más montaraz. No es casualidad que se haya resucitado el debate religioso; y Rouco y Cañizares, benditos ellos, no necesitan muchos estímulos para lanzarse en tromba, báculo en ristre y presto el anatema. Que el PP consiga incrementar su base electoral con ese discurso ultranacionalista no es mayor problema, puesto que está incapacitado para ser alternativa real de gobierno, salvo que obtuviera mayoría absoluta, hipótesis esta muy poco probable habida cuenta de su desmoronamiento en Cataluña y Euskadi (ay, si María pudiera sustituir flores por votos).

Por otra parte, da la sensación de que el PSOE ha decidido centrar sus desvelos en el Gobierno en Madrid y, por tanto, en la conformación de mayorías suficientes en el Congreso, con o sin aliados. No es una mala elección, dado que Madrid sigue teniendo las llaves de muchas —demasiadas— puertas. Con el PP aislado, no resulta difícil. Cuenta para ello con sus aliados tradicionales, especialmente CiU (también, aventuro, el PNV), mucho más fiables y menos arriesgados, entienden ahora en Ferraz, que otros como ERC, el BNG o, incluso, los restos de IU. Y ahí comienzan los problemas. El PSOE depende más que nunca para gobernar en Madrid de Cataluña y Euskadi, ya sea por los votos directos (muchos, insisto, prestados), ya sea por los indirectos, en forma de apoyos parlamentarios. Pero es muy probable que la traducción de tales apoyos en pactos de gobierno pase por la ausencia de incompatibilidades o conflictos en el país de origen, esto es, que los nacionalistas no estén en sus respectivos parlamentos en la oposición.

En suma, la aparente deriva socialista le llevaría a preferir ceder el gobierno catalán a CiU y buscar algún entendimiento con el PNV (quizá un gobierno de coalición). Eso choca, desde luego, con los intereses del partido en Cataluña (PSC) y Euskadi (PSE). Y choca —sobre todo en Cataluña— con un discurso progresista: tendrá que explicar por qué lo que vale para Madrid no sirve en Barcelona o por qué concede tan poco valor a sus votos al Parlament. De todas formas, no sería más que el desarrollo de lo que en su momento ensayó en Navarra. Claro que, como siempre, aquí salimos perdiendo y no le han regalado el poder a un partido más o menos conservador, pero de raigambre democrática, sino a una sucursal del PP con demasiadas servidumbres predemocráticas (permítaseme el eufemismo). Así pues, la búsqueda del poder en Madrid a toda costa lleva al PSOE a traicionar a muchos de sus votantes. Hemos de asistir a espectáculos interesantes a cuenta del trío PSOE-CiU-PSC.

De todas formas, sería previsiblemente una estrategia perdedora, porque requiere condiciones muy exigentes. En primer lugar, que el PP se mantenga en sus posiciones actuales: Aguirre, Ramírez y Jiménez están por la labor, pero otros personajes significados parecen remar en distinta dirección. Requiere, en segundo lugar, que las variantes territoriales del PSOE, acepten ser sacrificadas en el altar de intereses que es difícil percibir como superiores y que parecen espurios, cuando no puramente crematísticos. Y requiere, en tercer lugar, que los votantes entren en el juego y no extraigan conclusiones, algo que sólo ocurre en modelos teóricos, partiendo del supuesto de que son imbéciles.