
Del último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España (agosto 2013), se ha resaltado casi exclusivamente su propuesta de reducción salarial nominal de un 10% en dos años, unida a un compromiso empresarial de creación de empleo, una rebaja de la imposición al trabajo y la subida del IVA a partir del tercer año (mediante la ampliación de la base imponible, es decir, subida de los tipos reducidos). No es para menos, pero conviene no olvidar que esa propuesta procede y se incardina plenamente en un planteamiento teórico y político que impregna todo el documento. Desacreditada hace tiempo la pamema de la austeridad expansiva, ese templo de la ortodoxia económica va matizando, no sin resistencia, sus posiciones de comienzos de la crisis, aunque sin abandonar unos presupuestos de partida que se presentan como axiomas pero que son muy discutibles y poco evidentes. Así, ya no defiende la consolidación fiscal a ultranza, considera que hay que ir amoldando los objetivos a la evolución económica e, incluso, admite que para 2013 “no son deseables medidas adicionales significativas”.